Lineamientos de política económica. Propuesta para el debate.

Publicado el 19/09/12 a las 7:56 pm

En el marco de los talleres preparatorios de la 7ma. Conferencia del Partido por la Victoria del Pueblo han comenzado a circular documentos de interés en buen número. Publicamos uno de ellos, agudo y polémico, aportado por el Ec. Jorge Notaro, que estimulará el debate estratégico.

1. Introducción

Se proponen cambios en la implementación de tres puntos del programa del FA, la distribución del ingreso, la promoción de inversiones y la inserción internacional.

Si se acepta que no se ha agotado el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de las relaciones de producción capitalistas y que los países dependientes tienen un margen para mejorar la situación económica y social, la estrategia deberá articular a los actores que contribuyan a estos cambios y al mismo tiempo, a modificar las relaciones de poder. Se requieren políticas que contribuyan a la constitución y fortalecimiento de los actores que pueden formar parte de un proyecto nacional y para aumentar la autonomía enfocar el MERCOSUR como proyecto político y regular el movimiento internacional de capital.

Se requiere también una estrategia de inclusión económica, social, cultural y política, con un enfoque multidimensional y participativo que articule diversas instituciones y políticas sectoriales, así como un programa con metas sectoriales y de inclusión, instrumentos, medidas y asignación de recursos.

Hyman dice que las luchas sindicales y las medidas de los gobiernos en economías capitalistas deben tener en cuenta la posición privilegiada del capital en la sociedad y en el Estado por la importancia de sus decisiones de inversión y producción en la estabilidad económica. Al mismo tiempo consideraba que el conflicto y la huelga son expresiones de la creatividad de la clase trabajadora y manifestación de su capacidad de cooperación.

El reconocimiento de la dominación del capital no impide utilizar al máximo los márgenes disponibles por el gobierno para sus decisiones de política económica, que son la resultante de un conjunto de fuerzas económicas, sociales y políticas contradictorias. Las medidas de luchas del movimiento sindical dan un respaldo al gobierno para enfrentar el poder del capital. De lo contrario se generan ganancias extraordinarias y como contrapartida más pobreza que la inevitable. Cuando se discutió la reforma tributaria el equipo económico proponía menos impuestos al capital y a sus ingresos de los que finalmente se aprobaron; estimó mal los límites de lo posible.

En Uruguay a principios del siglo XXI hay que respetar al capital sin tenerle miedo ni olvidar que es imprescindible erosionar su poder progresivamente si se aspira a construir una sociedad sin dominación ni explotación, con una real igualdad de oportunidades.

2. La distribución del ingreso

Durante el gobierno del Frente Amplio (FA) de 2005 a junio de 2012 el número de personas ocupadas tuvo un aumento sin precedentes y el salario real superó el nivel previo a la crisis con el aumento paralelo de las pasividades. Fue muy importante la transferencia de ingresos hacia el 20% más pobre de la población, se creó un Sistema Nacional Integrado de Salud que por su cobertura y su financiación tuvo un impacto redistributivo positivo y se redujo el número de personas pobres del 30% al 13.7 % .
Al mismo tiempo el acelerado aumento de la actividad económica y en particular, el aumento de los precios de la producción agropecuaria y de la tierra, tuvieron un efecto concentrador del ingreso.

La redistribución del ingreso es un punto del programa para el segundo período de gobierno del FA que reconoce que es necesario adoptar medidas con ese objetivo y se discute como, cuando y cuanto se redistribuye; el tema central es político y no técnico, se trata de elegir entre el riesgo de reducir o enlentecer el ingreso de capital o el de condenar a la pobreza durante más tiempo a más personas.
Con un límite, ya que si el capital no tiene ganancias, abandonará la actividad. Cabe preguntarse ¿en el Uruguay a fines del 2011 ya se alcanzó el límite o hay margen para aumentar los salarios y los impuestos, reduciendo ganancias? El documento intenta una respuesta.

El informe de la Dirección General Impositiva sobre la recaudación durante al año 2010 muestra que el 63.1% fueron impuestos al consumo, el 27.7% impuestos a la renta, el 6.6% impuestos a la propiedad y el resto, varios de menor importancia. En el principal impuesto al consumo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) existen tres situaciones, los bienes y servicios exonerados por la Constitución como la educación o por leyes; los que pagan la tasa mínima de 10% o la máxima de 22%. En el impuesto a la renta el 14% se cobra a empresas, el 0.6% corresponde al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el 1.6% corresponde a ingresos de capital y el 9.6% a ingresos del trabajo, el 1.4% a las pasividades (IASS) y el 1.1% al IRNR (Ver Recaudación del año 2010 en www.dgi.gub.uy).

Cuando se aprobó la reforma tributaria luego de complejas negociaciones que duraron aproximadamente un año, dos argumentos del equipo económico fueron convincentes, la complejidad de la implementación de la reforma obligaba a dejar de lado algunos aspectos de justicia y era un proceso por el cual se podrían incorporar mejoras en el futuro.

En enero de 2011 entró en vigencia un impuesto a los ingresos generados por operaciones financieras (depósitos, créditos y todo tipo de préstamos) en el exterior de residentes en el Uruguay (Ley 18.718 de 03/01/11 que modifica la Ley 18.093) con tasas que van de un 3% a un 12% según el tipo de operación y se complementó con disposiciones para evitar la doble imposición (Ley 18.719 de 03/01/11). Simultáneamente se flexibilizó el secreto bancario, que podrá ser levantado por la justicia a solicitud de la DGI, sin la exigencia previa de demostrar el posible delito.

También se incluyó una exoneración del 6% del alquiler pagado si el inquilino identifica al propietario; la tasa del IRPF sobre los alquileres que deben pagar los propietarios es del 12% y con esta medida se busca la colaboración de los inquilinos para reducir la evasión que es muy alta.

En un proyecto de ley aprobado a fines de diciembre de 2011 se incluyeron algunos cambios tributarios con impactos positivos en la distribución del ingreso. Cabe destacar:

a) facultar al Poder Ejecutivo eliminar el IVA en las compras utilizando las tarjetas de débito financiadas por el Estado tales como la tarjeta Uruguay Social, tarjeta para el pago de Asignaciones Familiares y otras similares. Tendrá un efecto positivo en la reducción de la pobreza
b) dos cambios en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un aumento del mínimo imponible en una Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) y la creación de una franja para los ingresos mayores que pagarán una tasa mayor. Actualmente el mínimo no imponible está en 7 BPC, $ 15.582, y al pasar a 8 BPC a precios de hoy sería de $17.808; volverá a aumentar por el cambio de la BPC a principios de 2012, probablemente de acuerdo al IPC. El primer cambio mejorará la situación de familias de ingresos medios, y ambos contribuyen a una mejor distribución del ingreso.
c) aumento del mínimo imponible del Impuesto de la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que hoy está en 8 BPC mensuales y subiría a 9 BPC.

Es discutible el impacto de otra modificación propuesta, la reducción de hasta dos puntos de la tasa de IVA aplicable a las operaciones efectuadas a consumidores finales que se realicen mediante la utilización de tarjetas de crédito, débito u otros instrumentos similares.

En un trabajo de Barreix, Bés y Roca (2011) se concluye que la reducción del 2% del IVA beneficia más a los grupos que perciben los mayores ingresos. La reducción beneficia por ejemplo a los que compran autos cero kilómetro y no tiene efecto en los bienes de primera necesidad exonerados o que pagan la tasa mínima. Para asegurar la reducción del 2% del IVA llegue al consumidor, se otorgará a los que paguen con tarjeta de débito o de crédito; por lo tanto se requiere tener una cuenta en un banco. Esta medida implica reconocer que los mercados no son de competencias por lo que una reducción del impuesto no se trasladaría al consumidor y se implementa una operación que parece desproporcionada ya que para acceder a esta reducción, todos los ingresos de las familias y de los comercios deben pasar por el sistema bancario.

La información que aparece en la ECH sobre los propietarios de los medios de producción no es relevante. La caracterización de estos grupos sociales requiere conocer la magnitud de sus activos, del trabajo asalariado que compran, del valor de lo que producen, de su localización e interrelaciones, en la medida en que, por ejemplo, los propietarios de las acciones de una empresa extranjera localizada en el país no aparecen en la ECH si no residen en el país.

Gonsalves (2011:14) señaló que “A modo de ejemplo en la forestación Montes del Plata y UPM – KYMENE controlan el 50% de la superficie plantada; en la faena más del 50% en manos de capitales brasileros (Marfrig 30%); en el arroz 87% de la industria controlada por capitales brasileros; en la agricultura de secano 6 empresas (cinco argentinas y una brasilera) controlan 400.000 hectáreas.”

En el Cuadro 1 se presentan los ingresos de los grupos sociales que trabajan y de los pasivos según la ECH, como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto Disponible. Los ingresos de los sectores populares son poco más del 40% del total de ingresos generados en el país y durante los últimos cinco años tuvieron variaciones irrelevantes. Del 60% restante aproximadamente un 5% son salarios de directores de empresas y profesionales en relación de dependencia, un 20% o 25% son pagos de las empresas al Banco de Previsión Social (BPS) y a la Dirección General Impositiva (DGI) y aproximadamente 30% del INBD, es decir, catorce mil millones de dólares anuales podrían ser ingresos del capital.

Según la ECH los ingresos del capital en 2010 se ubicaron entre el 5% y el 7% de los ingresos totales, que con una cotización promedio del dólar del mismo año de $20, son un mínimo de 1.139 y un máximo de 1.595 millones de dólares.

En el Cuadro 2 se presenta otra estimación de los ingresos del capital en 2010 entre 8.877 millones y 10.627 millones dólares. Cabe reiterar que esta última cifra no es un máximo ya que podría aumentar por las ganancias de las actividades agropecuarias que superen la renta media. Como se ha visto en la información del BCU podrían llegar a 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, la presión fiscal sobre los ingresos del capital, dividiendo la recaudación de la DGI de 1.425 millones de dólares por estos ingresos estimados, se ubicaría entre el 16 % y el 10 %

Los instrumentos y las medidas de política económica para implementar objetivos de distribución del ingreso son múltiples. Este documento, que pretende participar en el debate que se realiza en Uruguay, se limita a lineamientos de medidas impositivas y de política salarial.

En un documento Indicadores Tributarios de María Victoria Espada se informa que en 2009 los ingresos del Estado fueron el 34% del PBI en Brasil, el 32% en Argentina y el 25% en Uruguay. La menor recaudación de Uruguay es resultado de cobrar menos impuestos a la propiedad que los países vecinos, mientras que el impuesto a la renta en Uruguay representa el mismo porcentaje del PBI que en Argentina y es menor que en Brasil. Esta información, así como los ingresos del capital estimados, muestran que en el Uruguay hay posibilidad de mejorar la distribución del ingreso cobrando más impuestos a la propiedad y a los ingresos del capital, sin perder una ventaja competitiva con Argentina y Brasil.

Se propone:

a) Aumentar los impuestos al capital y sus ingresos. Como toda opción de política económica, el resultado final tiene cierto grado de incertidumbre. La alternativa es mantener los niveles de rentabilidad sin precedentes del capital y postergar la redistribución del ingreso, o asumir el riesgo de que el flujo de capital se pueda enlentecer y acelerar la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares.

El segundo camino se apoya en tres argumentos. El primero son la señales de los mercados internacionales que muestran una abundancia de capital que busca oportunidades de inversión; Lara (2010) utiliza la información de “The Institute of Internacional Finance” que estimó que durante 2010 y 2011 ingresarán a América Latina más de 200.000 millones de dólares por año.

El segundo son las tendencias de los flujos de capital que en la década de los ochenta buscaron mano de obra barata en Asia, en los noventa los servicios públicos y al comienzo del siglo veintiuno los recursos naturales.

El tercero es el rebrote de la crisis en julio de 2011 con una perspectiva incierta. Los bancos europeos, principalmente alemanes, corren riesgo de quebrar por tener una gran cantidad de deuda del gobierno, los bancos y las empresas griegas e italianas, sufren también una fuga de depósitos que por la falta de confianza se dirigen a otros destinos más seguros.

Estas incertidumbres generan alta volatilidad en tres aspectos: i) los principales índices accionarios en las Bolsas mundiales; ii) los precios de las commodities y iii) las cotizaciones de las monedas. Reducen las opciones de inversión previas, como las hipotecas y sus derivados en los EE.UU, la deuda pública de varios países del hemisferio norte y los depósitos en los bancos de esos países. Los recursos naturales aumentan su importancia para conservar el valor del capital y por lo tanto se pueden cobrar más impuestos por su uso y por las ganancias extraordinarias que resultan de los altos precios internacionales.

El impuesto al patrimonio es el que asegura que los que tienen más pagan más. Es posible bajar los mínimos no imponibles, revisar los activos exonerados y aumentar las tasas.

b) Detracciones a las exportaciones de baja industrialización.

Los especialistas coinciden en afirmar que los precios de los productos agropecuarios se mantendrán elevados durante varios años. Las detracciones a las exportaciones contribuyen a: i) recaudar más gravando los ingresos extraordinarios lo que permite aumentar el gasto público y/o reducir otros impuestos; ii) bajar los precios de los bienes de consumo y mejorar el poder de compra de alimentos de los sectores populares sin aumentar los costos laborales; iii) reestructurar la producción por el aumento de la actividad no gravada como la lechería, la agroindustria mediante la provisión de materias primas más baratas y el desarrollo de la producción familiar creando un Fondo de Apoyo con parte de estos recursos; iv) desestimular la extranjerización y la concentración de la tierra.
Tanto en el Uruguay como en la Argentina, las detracciones surgieron como respuesta a importantes devaluaciones. En la situación mundial actual se fundamentan en los precios altos y crecientes de las “commodities” que constituyen los principales rubros de exportación de los países dependientes.

Como señalan los economistas del Plan Fénix las detracciones contribuyen a reducir en el mercado interno el precio de los alimentos que se exportan, permiten la apropiación social de la renta proveniente de los recursos naturales y contribuyen a aumentar los ingresos públicos, los que a su vez se podrían utilizar para subsidios. Entre 2004 y 2006 representaron un 10% de los ingresos públicos. Al mismo tiempo la producción de granos continuó creciendo y en 2010 alcanzó un nuevo máximo.

En el Uruguay las detracciones podrían gravar algunos productos de exportación con bajo grado de industrialización, como por ejemplo el ganado en pie, la lana sucia, los cueros, los granos y los productos forestales. El porcentaje se establecería sobre las ganancias extraordinarias, estimadas con la siguiente fórmula:

i) se toma el año 2006 como base y se calcula un índice teniendo en cuenta la evolución de cuatro variables, los precios internacionales de las exportaciones seleccionadas, el tipo de cambio, la producción por hectárea y algún indicador de costos como el precio del combustible. Una aproximación más rigurosa se podría hacer con una paramétrica del costo de los rubros gravados.
ii) el porcentaje que supere el valor del período base, paga un impuesto con una tasa a definir. Por ejemplo, si en 2011 el precio internacional de la soja aumenta un 5%, y los demás índices son estables, el impuesto se paga sobre 5%; en cambio si el precio internacional aumenta un 5%, pero el dólar o la producción por hectárea baja un 5%, no se paga nada.
iii) a los productores pequeños y medianos, por ejemplo con una superficie hasta 1.000 hectáreas CONEAT, se les devuelve.
iv) entrarían en vigencia para el año agrícola siguiente a su aprobación, de modo que los productores tengan esta información antes de tomar las decisiones.

Si la detracción baja la rentabilidad de los rubros gravados, se promueve que los campos tengan otro uso que podría aumenta el nivel de producción y el empleo.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la presión fiscal en el agro entre 2007 y 2009 se ubicó en 6.5%, nivel muy bajo y además aproximadamente un 1% menor a la de los años 2005 y 2006 (Tambler 2010). El MGAP estimó que el margen bruto por hectárea en los últimos cinco años pasó de 16 a 51 dólares en la ganadería, de 31 a 339 dólares en la lechería, de 66 a 389 dólares en el trigo y de 180 a 252 dólares en el maíz; en los últimos cuatro de 95 a 269 en la soja y de 49 a 721 en el arroz.

c) Impuesto al movimiento internacional de capital

El ingreso de capital que no es para inversiones productivas se convierte en una base para la expansión del crédito y contribuye a la apreciación de la moneda nacional (Hausman et al 2005, OIT 2004). Para promover la transformación de la estructura productiva y las exportaciones, orientando la inversión, es necesario el mantenimiento de un tipo de cambio real estable y competitivo, así como desestimular el ingreso de capitales especulativos.

El aumento de la oferta de moneda extranjera contribuye a que baje la cotización de dólar lo que a su vez tiene efecto en que los productos importados son más baratos y en un aumento de su demanda desplazando a productos nacionales. Este proceso de entrada de capitales a corto plazo, expansión del crédito, atraso cambiario y aumento del consumo de bienes importados, fue uno de los componentes principales de la crisis del período 1999 – 2003.

En este momento tiene otro impacto negativo en el aumento del costo de la deuda pública. Una parte del ingreso de capital del exterior se convierte en moneda nacional y se coloca en Unidades Indexadas al IPC a un plazo de un año. Al cabo del mismo recibirá un ajuste por inflación de 7 a 8% según los pronósticos de los analistas privados y un interés en torno al 2%. Podrá volver a comprar los dólares a un precio muy parecido al de la venta original y como resultado obtendrá una rentabilidad entre 10 y 11% en dólares, niveles que no se logran en casi ningún lugar del mundo (un 1% menos descontando el impuesto a la renta).

El economista del Partido Nacional Javier de Haedo plantea bien el tema y con sus mismos argumentos se puede llegar a una conclusión diferente. Destaca que la deuda pública en moneda nacional ha llegado al 45% del total de la deuda y considera que “Este proceso, llevado adelante con inteligencia y aprovechando las oportunidades que los mercados nos han dado, ha restado vulnerabilidad a nuestras finanzas públicas, las que ya no temblarán ante una eventual devaluación de nuestra moneda. Como hemos visto muchas veces se trata de un seguro ante esas eventualidades, cuyo precio se paga en tiempo como los actuales, de fortaleza de la monedad nacional” (Suplemento Economía y Merca, diario El País, 11/04/11). Si se tiene en cuenta que no existe riesgo de devaluación y que por el contrario, el problema es la devaluación del dólar en un mundo inundado por esa moneda, se está pagando un seguro por una eventualidad que no va a ocurrir y por lo tanto no se justifica; la deuda en dólares vale cada día menos y la deuda en pesos cada día más.

3. La promoción de inversiones y la distribución de la riqueza

La promoción de inversiones debe tener objetivos políticos, como el fortalecimiento de los grupos sociales que participan de un proyecto nacional porque sus ingresos son el resultado de su trabajo. Para construir un país mas justo y mas independiente es imprescindible fortalecer con políticas de apoyo la iniciativa privada de los empresarios que son también trabajadores, como los pequeños y medianos productores agropecuarios; las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y otras formas de gestión asociativa. Se trata de redistribuir los medios de producción facilitando el acceso (el uso y no necesariamente la propiedad) de estos grupos sociales, contribuyendo a que los que tienen pequeñas propiedades las aumenten y no las pierdan y en segundo lugar, promoviendo el fortalecimiento de nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa.

Las defensas contra la concentración y la extranjerización de la economía del país son dos, las empresas públicas y la iniciativa privada nacional de empresarios que son también trabajadores, con el apoyo del Estado ocupe los espacios económicos.

Las empresas públicas tienen como límites la capacidad de inversión y de gestión del Estrado. En actividades monopólicas como el agua potable, la energía o la refinación de petróleo, las empresas públicas pueden combinar la defensa del interés nacional y popular con una gestión eficiente. En actividades sometidas a competencia como por ejemplo la venta de alimentos, la experiencia del Consejo Nacional de Subsistencias fue un fracaso.

i) el MGAP registra 32.000 productores agropecuarios familiares que precisan medidas de apoyo para mejorar su productividad y sus ingresos, como por ejemplo tierra, créditos baratos, asesoramiento técnico, capacitación y apoyo en la comercialización para tener acceso a la demanda y a buenos precios. Para lograr mejores ingresos es precondición la redistribución de la riqueza facilitando el aumento de la superficie trabajada.

ii) En esta perspectiva de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los productores ganaderos en particular, cabe analizar otro de los puntos del programa del gobierno, la creación de un frigorífico como ente testigo. Los antecedentes a tener en cuenta son la exitosa experiencia de Conaprole y la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización. De la primera, la asociación de los productores a la industrialización y de la segunda, la cesión del uso pero no de la propiedad.
Se podría establecer un frigorífico de propiedad estatal y gestión privada. El Directorio estaría integrado con representantes de los productores que venden ganado al frigorífico, de los trabajadores y del Estado. Se le otorgaría como a Conaprole, el monopolio del abastecimiento a Montevideo durante algunos años. Con precios regulados, asegurando buen precio al pequeño productor, vendiendo a las carnicerías a un precio que cubriera los costos y fijando los precios al consumo de algunos cortes. La propiedad de los bienes de la empresa sería del Estado, de modo que no se puede vender y al mismo tiempo, tiene un fácil acceso al crédito.
Un esquema similar se podría experimentar en AFE, manteniendo la propiedad estatal y encargando la gestión a un directorio integrado por representantes de los usuarios (carga y pasajeros), los trabajadores y el Estado.

iii) En un plano más general, se podrían implementar empresas de propiedad estatal y gestión privada participativa. La propiedad de los bienes de las empresas sería del Estado, de modo que no se puede vender y al mismo tiempo tendría un fácil acceso al crédito así como condiciones especiales del BROU. La gestión estaría a cargo de directorios integrados por representantes de los trabajadores, de las principales empresas proveedoras o compradoras y del Estado.
iv) las cooperativas de trabajadores, las empresas recuperadas y las empresas con distintas formas de participación de los trabajadores en la propiedad del capital o en la gestión. Precisan medidas de apoyo como las mencionadas en i).

v) las pequeñas y medianas empresas son un conjunto heterogéneo. Se requiere un diagnóstico que permita identificar las actividades y empresas con potencial y apoyarlas con medidas similares a las mencionadas en i)

vi) los grupos sociales excluidos por el desempleo de larga duración, la deserción del sistema educativo y la segregación territorial en los asentamientos. Se requiere una estrategia de inclusión que combine políticas de empleo, de educación, de vivienda y de medio ambiente, con participación de los potenciales beneficiarios en la definición de prioridades así como en el diseño y la ejecución de las actividades.

vii) las cooperativas de vivienda y en particular, por ayuda mutua, que al mismo tiempo que contribuyen a la redistribución de la riqueza facilitando el acceso a la vivienda de familias de bajos ingresos, desarrollan prácticas solidarias y de cooperación que construyen ciudadanía y consolidan la democracia.

La política de promoción de inversiones no incorporó ninguno de estos aspectos, favoreció a las grandes inversiones extranjeras y contribuyó a la concentración y extranjerización de la riqueza.

4. La inserción internacional

Para lo que quieren superar el capitalismo, la integración es en primer lugar un proyecto político para que los países aumenten su autonomía, mejoren la correlación de fuerzas con el capital y las potencias militares. El MERCOSUR con nuevas incorporaciones podrá enfrentar mejor al poder económico del capital extranjero y al poder político y militar de los Estados Unidos,
aumentar la autonomía política y acelerar el crecimiento de acuerdo a un proyecto productivo

Se puede hablar de la decadencia económica de los EEUU y la Unión Europea, con problemas financieros y políticas de contracción de la demanda que producen enlentecimiento del crecimiento o recesión, aumento del desempleo y movilización popular en contra de las medidas.

China se encamina a ser la economía de mayor magnitud del mundo. Es el principal acreedor de los Estados Unidos y las dos terceras partes de sus reservas, 3.200 billones de dólares, están en esa moneda y continúan aumentando. La devaluación del dólar reduce el poder de compra de sus reservas, pero si deja de comprar bonos de Estados Unidos, exportará y crecerá menos.

La incertidumbre genera alta volatilidad en tres aspectos: i) los principales índices accionarios en las Bolsas mundiales; ii) los precios de las commodities y iii) las cotizaciones de las monedas

En la reunión de Presidentes en Buenos Aires en el mes de agosto de 2011se lograron importantes acuerdos y el compromiso de implementarlos en 60 días: promover el aumento del intercambio comercial intrarregional; utilizar las monedas de los países de la región sustituyendo al dólar en el comercio; la integración de las cadenas de valor y la generación de puestos de trabajo de mejor calidad en todos los países.

Se destacan cuatro líneas de trabajo:

a) movilizar las reservas internacionales, la posibilidad de expansión del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para potenciarlo como instrumento de toda la región. El fortalecimiento del FLAR para préstamos de corto plazo a países con dificultades de pagos externos o problemas en el mercado cambiario daría a la región mayor independencia del Fondo Monetario Internacional y evitaría las políticas recesivas y antipopulares que este exige, como está ocurriendo actualmente en España, Grecia e Italia.

b) impulsar el uso de monedas de la región para el intercambio intrarregional como incentivo para profundizar la integración y analizar el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) u otros sistemas de compensación y unidad de cuenta regional. Diseñar mecanismos de financiamiento del comercio atendiendo a las asimetrías.

c) incentivar el comercio intrarregional considerando las asimetrías para confluir hacia la complementación socio productiva sobre las bases de la cooperación, el aprovechamiento de las capacidades y potencialidades así como el uso sustentable de los recursos naturales y la generación de empleo.

Para los países del Sur de América Latina una gran oportunidad es el aumento del valor de sus recursos naturales en un momento de gran incertidumbre sobre el valor de monedas y acciones así como de agotamiento de la compra de deuda de países de la zona del Euro. Es deseable una integración que vaya más allá del intercambio comercial y se instale en las cadenas productivas, promoviendo la sustitución de la competencia por la cooperación.

d) acelerar el lanzamiento del Banco del Sur. En setiembre Argentina fue el cuarto país en ratificar el convenio de creación del Banco y se sumó a Venezuela, Ecuador y Bolivia. Argentina, Brasil y Venezuela serán los que aporten la mayor parte de los recursos, dos mil millones cada uno en cinco años. En octubre el proyecto ingresó al Parlamento en Uruguay. Este Banco dará a los países de la región mayor independencia del Banco Mundial y del BID, accediendo a préstamos sin las condiciones que estas instituciones imponen.

En la crisis, es necesario profundizar la integración. Los críticos de la integración en el MERCOSUR y en la UNASUR ¿qué mercados alternativos para las exportaciones uruguayas ofrecen? Los Estados Unidos intentan con dificultades salir de la crisis y aumentar el empleo, lo que hace previsible que la protección del mercado interno se mantenga. En Europa, en la hipótesis más optimista se puede pronosticar una década de dificultades, bajos niveles de crecimiento y empleo, lo que repercute en caída de las importaciones. China sufre el impacto de la caída de sus exportaciones a estos destinos, puede atenuar el impacto con aumento de la inversión pública y del consumo, pero su ritmo de crecimiento será menor y por lo tanto también se reducirán sus importaciones. Como resultado importará menos de Brasil, este a su vez importará menos de Argentina y los tres importarán menos de Uruguay.

Al mismo tiempo es probable que el flujo de capitales se mantenga o aumente, como
destino de los depósitos que fugan de la inseguridad de los bancos europeos y como opción para los fondos que compraban deuda pública de gobiernos europeos que ha perdido seguridad según las calificadoras de riesgo.

La propuesta argentina de aumentar el arancel externo común de 22% a 35%, el máximo que admite la Organización Mundial de Comercio es condición necesaria para aumentar el comercio en la región y sustituir importaciones extrarregionales. Brasil ya la puso en práctica para unos cien productos de importación. El Uruguay debería ser el más interesado en el aumento de los aranceles (impuestos a las importaciones). Se trata de proteger el mercado interno regional y sustituir importaciones de fuera de la región por producción de los países de la región. El aumento del arancel externo común encarece las importaciones de otros países y aumenta la competitividad de la producción regional. De todos modos el arancel externo común subirá del 22% al 35% para 200 posiciones arancelarias.

Es una medida necesaria para incentivar el comercio intrarregional considerando las asimetrías para confluir hacia la complementación socio productiva sobre las bases de la cooperación, el aprovechamiento de las capacidades y potencialidades así como el uso sustentable de los recursos naturales y la generación de empleo.

Para los países del Sur de América Latina el aumento del valor de sus recursos naturales en un momento de gran incertidumbre sobre el valor de monedas y acciones así como de agotamiento de la compra de deuda de países de la zona del Euro genera una gran oportunidad. Es deseable una integración que vaya más allá del intercambio comercial y se instale en las cadenas productivas, promoviendo la sustitución de la competencia por la cooperación. Los acuerdos con Brasil sobre la industria naval y de energía eólica son un excelente antecedente y debería extenderse a otras cadenas promovidas por el Ministerio de Industrias y Energía.
Argentina y Brasil toman medidas monetarias, fiscales, cambiarias y de comercio exterior para enfrentar la crisis. El equipo económico uruguayo sigue confiando en el funcionamiento de los mercados y las evaluaciones de las calificadoras de riesgo.

Los principales riesgos de los impactos de la crisis requieren coordinar medidas complementarias:

a) la volatilidad de los flujos internacionales de capital hace necesario desestimular el ingreso de capitales especulativos de corto plazo; seleccionar las actividades en las que se permitirán inversiones extranjeras; regular la repatriación del capital y la transferencia de utilidades de las inversiones directas; acelerar la creación de las instituciones financieras regionales; acordar el intercambio de información fiscal para perseguir la fuga de capitales y el lavado de activos.

En la recién finalizada cumbre del G 20 estuvo presente el debate sobre la creación de un impuesto al movimiento internacional de capitales para desestimular la especulación pero no se logró consenso. También estuvo presente la preocupación por el combate a los paraísos fiscales, que tampoco logró consenso. Alemania y Francia promueven ambas medidas y Argentina las apoyó, pero los Estados Unidos e Inglaterra se oponen.

b) la recesión en los países de mayor desarrollo tendrán impactos en las exportaciones y el nivel de actividad. Estos impactos negativos serán mayores si continúa la devaluación del dólar como resultado de la inyección de 447.000 millones de dólares propuesto por Obama al Congreso. Se requieren medidas para fortalecer el comercio interregional y aumentar la protección con el resto del mundo; aumentar la demanda interna en cada país para que aumente en la región; proteger el mercado regional con medidas antidumping y aumentar el Arancel Externo Común en el MERCOSUR.

c) el papel de China puede ser muy importante. Para el Banco del Sur sería una fuente de recursos de bajo costo teniendo en cuenta el nivel de las tasas de interés y a China le daría la oportunidad de colocar sus excedentes en monedas diferentes al dólar que se devalúa. Los países de América del Sur podrían también renegociar el intercambio comercial, dado que actualmente la región exporta casi exclusivamente materias primas e importa bienes con alta tecnología.

d) el Consejo de Economía de la UNASUR tendrá dificultades para lograr consensos. A las diferencias ideológicas y a las asimetrías se agrega que muchas veces los funcionarios que participan (ministros, presidentes de bancos centrales) mantienen su ideología neoliberal y no entienden, o no comparte, el proyecto político.

El Uruguay tiene dos grandes deudas éticas con los países vecinos y una limitación operativa que debe corregir si aspira a participar en la profundización de la integración.

En primer lugar, se presta para el lavado del dinero proveniente de la defraudación de impuestos, la corrupción y el delito. Es imperioso firmar los acuerdos de intercambio de información tributaria, inmobiliaria y de depósitos bancarios con los países de la región.

En segundo lugar, se presta como trampolín para las exportaciones de China. Algunos empresarios radicados en el país han logrado el apoyo del gobierno para importar tela, cortarla y coserle los bordes para intentar exportarla como frazadas. Lo mismo ocurre con los kits de bicicletas o automóviles, que no cumplen con los requisitos de las normas de origen. Es necesario que el gobierno uruguayo asuma un mayor compromiso con las normas de origen.

Montevideo, 28/8/2012.