Observatorio de seguimiento de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos.

Publicado el 15/08/12 a las 10:30 pm

Raúl Olivera Alfaro – Asesor de Secretaría DD-HH y Políticas Sociales PIT CNT.

Un análisis de la Secretaría de DD.HH. y Políticas Sociales del PIT CNT, de la situación de la lucha contra la impunidad en el Uruguay, motivó algunas iniciativas que se encuadran en las definiciones de nuestro último Congreso.

La nueva coyuntura que se instaló en el país, a partir de la Sentencia de la Corte IDH, tiene como aspectos fundamentales y determinantes, que la misma ordenó: que las investigaciones judiciales sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura fueran llevadas adelante por el Estado de forma eficaz, en plazos razonables y con determinadas garantías. Esas garantías, radican en el pleno acceso de las víctimas en todas las etapas de la investigación y juzgamiento de los responsables. Pero para que ese acceso de las víctimas en los procesos de investigación, sea efectivo, deben tener una verdadera capacidad para actuar durante las mismas, y para ello se hace necesario contar con herramientas que lo hagan posible.

Que la Corte IDH estableciera con meridiana claridad y contundencia esas garantías, es un aspecto importante que debe orientar nuestra acción y la de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sobre todo a partir de que el Estado, cumpliendo otro aspecto de la sentencia, removiera los obstáculos que habían impedido las investigaciones y sanciones de los responsables.

La importancia de ese aspecto al que se le debe prestar especial atención, surge del hecho que el Poder Ejecutivo – al haber dispuesto la revocación de todos los actos administrativos que ampararon en su momento las denuncias de violaciones a los derechos humanos -, reinstaló en los juzgados todas las causas que estaban paralizadas por imperio de la ley de caducidad. Y que a ellas se sumaron y se seguirán sumando, nuevas denuncias a partir de que el Parlamento sancionó una ley, mediante la cual se restablece el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado que había caducado por aplicación de la ley 15.848, para los delitos cometidos por agentes militares o policías.

Otro elemento a tener en cuenta, es el hecho que el Estado globalmente, no ha asumido una actitud pro-activa, que contribuya a materializar las garantías de eficacia de la acción de la justicia. El Estado a nivel del Ejecutivo y el Legislativo, parecen inclinados a pensar y actuar, como si las obligaciones que tiene el Estado uruguayo globalmente, ya no los incluyera. En algunos casos, instituciones estatales trabajan y militan para poner trabas y dificultades.

Pese a que a nivel del MERCOSUR se acompañó una decisión de impulsar una comisión conjunta de los estados para el esclarecimiento de las acciones del Plan Cóndor y que el Ejecutivo instaló una Comisión Interministerial sobre Derechos Humanos, y reforzó las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz), las causas judiciales siguen dependiendo del empeño de algunos jueces y fiscales y sobre todo de los aportes que puedan hacer las víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Causas que durmieron en los archivos judiciales durante más de tres décadas y que se refieren a hechos cometidos mucho antes por agentes del Estado, necesitan de una voluntad política del Estado en su conjunto para abordarlas, lo que no se constata.

Por otro lado, después de un trabajoso proceso para constituir la Directiva del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, fueron designados Ariela Peralta, Mirta Guianze, Juan Raúl Ferreira, Juan Faropa y Mariana González. Si bien en estas designaciones, se condensa la experiencia de años de trabajo y de compromiso con una concepción de integralidad de los derechos humanos en las diversas áreas de nuestra sociedad, su reciente integración no ha permitido aún que actuara en este terreno de la lucha contra la impunidad. Actuación que necesitará por otra parte, también de un apoyo desde la sociedad civil para que pueda defender con la mayor eficacia los derechos de los ciudadanos frente a las arbitrariedades del Estado y ser una auténtica defensoría del pueblo, tal como lo establece la ley que la creó.

En ese marco, el PIT CNT facultó a la Secretaría de Derechos Humanos a que en el marco de la Cátedra Obrera de Derechos Humanos, se abocara a la creación de un Observatorio sobre el estado del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH con relación a las causas judiciales radicadas ante el Poder Judicial uruguayo. Dicho Observatorio tendría como objeto realizar el seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, con la finalidad de mejorar o perfeccionar su eficacia con relación a garantizar el pleno acceso de las víctimas y/o sus familiares en todas las etapas de la investigación y juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos a que se refiere la sentencia de la CIDH.

Para ello, se definió completar la recopilación que en su momento se había enviado a la Suprema Corte de Justicia con la información existente sobre el estado de las causas judiciales, a los efectos de cooperar tanto con los tomadores de decisiones, operadores del sistema judicial, víctimas, familiares de víctimas y la ciudadanía en general. Y a partir de esos insumos se pretende elaborar una serie de indicadores que contextualizan el proceso de desarchivo y estado de las causas judiciales que contribuyan al monitoreo de los resultados del cumplimiento de la sentencia de la CIDH. Los mencionados indicadores nos permitirán analizar la evolución de las causas e identificar los diferentes obstáculos o dificultades con el objetivo de denunciar y reclamar su pronta solución.

Somos conscientes, que esa es una obligación que debería ser asumida por el Estado, y que su encare desde la sociedad civil, no implica renunciar a que ello finalmente sea así.

En momentos en que nos encontrábamos analizando los pasos a dar en ese sentido, en los primeros días de julio nos visitaron Jo-Marie Burt (WOLA y universidad George Mason, EEUU) y Lorena Balardini (CELS, Argentina), quienes se encontraban en Montevideo en el marco de la realización de una agenda de entre¬vistas con abogados y organismos de DD.HH sobre el estado de las denuncias presentadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

En razón de que ambas visitantes participan en programas de seguimiento al tema impunidad en varios países de la región, y están haciendo un estudio comparado para conocer los avances y obstáculos de la lucha contra la impunidad en cada lugar, el encuentro que se entabló con ellas desde la Secretaría de DD.HH, resultó muy fructífero a partir de las coincidencias con las iniciativas que el movimiento sindical venía analizando e instrumentando.

En ese marco y en la medida que las dos investigadoras colaboran desde hace varios años en una investigación sobre el proceso de justicia por crímenes contra los derechos humanos en los países latinoamericanos y han desarrollado una herramienta de seguimiento estadístico del desarrollo de los juicios que ha contribuido a identificar obstáculos y dificultades a medida que avanzaban los procesos de justicia, se exploraron las posibilidades de realizar un acuerdo de trabajo conjunto con esas orga-nizaciones (WOLA y CELS), y otras del medio local con el objetivo de materializar un observatorio.
Para ello, se acordó realizar en los primeros días de agosto un encuentro entre el PIT CNT, WOLA y el CELS, en Buenos Aires con el fin de ajustar un plan de trabajo que permita avanzar en los objetivos definidos.

Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la George Mason University. Es directora del Programa de Estudios Latinoamericanos y co-directora del Centro de Estudios Globales. Tuvo la cátedra “Alberto Flores Galindo” en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2010, y fue investigadora de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Actualmente es Asesora Principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), donde colabora con el programa Perú y sobre procesos de justicia transicional en América Latina.

Lorena Balardini se desempeña como investigadora en el CELS desde el año 2007 y desde 2011 es Coordinadora del Área de Investigación de dicha organización. Ha diseñado para el CELS bases de datos sobre diversas temáticas; entre ellas, la de más relevancia ha sido la base de datos para el monitoreo y seguimiento del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. La metodología de medición de esta base de datos ha sido transferida a la Universidad de George Mason para el caso de Perú y al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales para el caso de Chile.

Tomado de Trabajo & Utopía, julio/2012.