Porto Alegre: 5 Encuentro Latinoamericano UNIDAD EN LA ACCION POR LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Publicado el 08/04/12 a las 12:37 am

COMPROMISO DE PORTO ALEGRE

Los participantes del 5° Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia – “Cumplir con la verdad”, reunidos en el Palacio de Farroupilhas de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, en la ciudad de Porto Alegre entre el 30 de marzo y el 1° de abril de 2012, a 48 años del golpe de Estado en Brasil, coincidimos en declarar que nuestros Estados deben respetar y aplicar el derecho internacional y las resoluciones de los organismos que vigilan su aplicación y que también deben cumplir con la verdad, esclareciendo las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las dictaduras sufridas en la región en la segunda mitad del siglo XX.

Como en los encuentros celebrados a lo largo de 2011 en Buenos Aires, Montevideo, Santiago y La Paz, en las fechas aniversarios de sus golpes de Estado, nos comprometemos hoy a impulsar, en los escenarios que correspondan, el carácter supranacional de las convenciones y tratados internacionales a los que adhieren nuestros Estado, las cuales deben ser incorporados a las cartas constitucionales o admitirles de hecho una equivalente jerarquía, en la medida que esas normas son las que recogen el derecho de gentes y permiten la convivencia entre nuestras naciones.

Nos comprometemos también a enfrentar toda ley, decreto o reglamento que pueda imponerse, anula o restringir las normas de protección de los derechos humanos y que los Estados impulsen y aprueben legislaciones que aseguren la ejecución y cumplimiento de las sentencias penales de los organismos internacionales, sin que puedan invocarse conceptos de amnistía, prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in ídem o cualquier excluyente similar de responsabilidad que puedan obstruir la investigación y castigo de los crímenes contra la humanidad, como ha establecido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la luz de las experiencias recogidas en varios de nuestros países, nos comprometemos a reclamar que las Comisiones de Verdad que deben constituirse para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos tengan las potestades y poderes que les permitan realizar su trabajo, y que las instituciones o entidades creadas por nuestros Estados para la protección y vigilancia de los derechos humanos también cuenten con la autonomía necesaria para actuar con independencia en la defensa de los derechos humanos y estar alertas de que aquellos hechos nunca más se repitan.

Reiteramos por ello nuestro compromiso de exigir la apertura de todos los archivos de Estado, particularmente los de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas (necesariamente sometidas al mando civil), para reconstruir lo ocurrido y la simultánea aprobación de normas de “habeas data” que protejan a las víctimas y señalen a los victimarios. En ese sentido, nos comprometemos a luchar desde de nuestros ámbitos de acción para exigir a nuestros representantes una “voluntad política” que trascienda los programas de un gobierno, y se constituya en una política de Estado para la defensa de los derechos humanos.

Conocedores de todos los horrores que padecieron millones de latinoamericanos en centros clandestinos de tortura y desaparición, en campos de concentración, en cárceles, cuarteles y regimientos, redoblamos nuestro comprometido esfuerzo para que los agentes del Estado que violaron esos derechos humanos y sus cómplices civiles sean perseguidos y castigados con penas proporcionales a sus crímenes. El Estado tiene el deber de prevenir la comisión de crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad, y en el caso que así no ocurra, debe ser perseguirse en todo tiempo y lugar a los que lo han cometido para sancionarlos.

A la vez, los Estados también debe reparar integralmente a las víctimas de las graves violaciones al derechos internacional humanitario, acatando y cumpliendo la Resolución 60/147 del 64° Plenario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del año 2005, cuando se estableció el derecho a la reparación integral con medidas adecuadas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y prevención, lo que también contribuyen a garantizar un nunca más al Terrorismo de Estado.

Comprometemos también nuestro apoyo a los esfuerzo del Estado argentino de investigar los crímenes de lesa humanidad de lo que fueron víctimas los ex soldados combatientes en 1982 en las Islas Malvinas (que constituyen una parte integral e indivisible del territorio argentino, cuya soberanía se ve violentada por la ocupación colonialista del reino de Gran Bretaña), entendiendo que fueron cometidos por sus superiores formados en la misma Doctrina de la Seguridad Nacional, alejados de las enseñanzas de los Libertadores de América, que implantaron la tortura, la desaparición de niños y las violaciones masivas de derechos humanos a nuestros pueblos.

Convocamos, finalmente, a un 6° Encuentro Latinoamericano por la Memoria, Verdad y Justicia que se celebrará en Paraguay en lugar y fecha que será comunicada oportunamente.