Del dicho al hecho.
Publicado el 08/04/12 a las 6:30 pm
La prensa informó la semana pasada acerca de la disertación del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, en un almuerzo de ADM. Salvo excepción, las crónicas se centraron en la respuesta de Fernández Huidobro a una pregunta del auditorio. Varios se escandalizaron por el “estilo” del ministro. Casi todos obviaron lo importante. Ninguno intentó ir un poco más allá.
No estuve entre los concurrentes. Mis reflexiones fueron motivadas por lo que los medios comunicaron. Tardíamente “descubrí” que el video del almuerzo está en la web.
Obvio lo accesorio: el “estilo” del ministro, pese al escándalo que provocó en algunos. En cambio, quiero rescatar dos asuntos: ciertas opiniones del ministro acerca de la defensa nacional y su posición respecto a ese “acto de contrición” que ciertos actores políticos reclamaron en ocasión del acto en el cual el presidente de la República asumió la responsabilidad, en nombre del Estado y cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. En particular, aquellos directamente sufridos por la familia Gelman.
Comienzo por lo segundo. Fernández Huidobro, sin explicitarlo, se desmarcó de esa interpretación de la historia reciente denominada “teoría de los dos demonios”. El ministro pidió “una mesa muy grande” para quienes deberían pedir perdón. Y citó, además de los manidos “dos demonios” -militares y tupamaros-, a otros actores que, por sus responsabilidades, también debieran ser convocados: los embajadores de Estados Unidos y de la ex URSS, los directores de El País -que púdicamente omitió el dato en su crónica- y de otros medios de la ‘gran prensa’, las grandes patronales y políticos de los partidos tradicionales.
La idea de que Fernández Huidobro (y por extensión otros aún dirigentes del MLN) y su promotor, el ex presidente Julio María Sanguinetti, son cultores de la “teoría de los dos demonios” es un lugar común, abonado incluso por estudiosos serios. Una “teoría” que, objetivamente, oculta verdades históricas incontrastables.
Citemos algunas. En abril de 1972, la mayoría del Parlamento consagró por ley el “estado de guerra interna”, suspendiendo el goce de las garantías individuales de los ciudadanos. Después -en agosto de ese año-, permitió que los civiles sean sometidos a la jurisdicción penal militar. Mucho antes -setiembre de 1971-, el presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la represión de la guerrilla. Así, y al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, la tortura en unidades militares se fue generalizando. Impulsada por el asesoramiento exterior resultó el método principal de la “guerra”, enlodando el honor de la mayoría de militares activos de aquella época. Primero en el interior, luego en todo el país. La sufrieron guerrilleros, sindicalistas, frenteamplistas, estudiantes, militares antigolpistas y hasta blancos y colorados. La mayoría parlamentaria y la prensa “grande” miraron hacia otro lado.
Así, es interesante que Fernández Huidobro se haya desmarcado de la “teoría de los dos demonios”.
El segundo asunto: las opiniones del ministro sobre la defensa nacional. Lo más importante de la disertación, junto con su introducción sobre la historia y realidad estratégico-militar actual del Uruguay y la región.
De la crónica de la diaria tomo entrecomillados. Dijo que es “urgente pensar y cambiar” el MDN y remarcó su “íntima relación” -agrego novedosa y necesaria- con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Anunció que, siguiendo la “hoja de ruta” de la Ley Marco de Defensa Nacional, el país tendrá “un documento que exprese los lineamientos y directrices de la defensa que incluye a todos los ministerios”, porque la defensa es “primordialmente civil antes que militar”. También recordó dos leyes que están en el Parlamento: la que deroga el “fuero penal militar” y la Ley de Inteligencia. Se declaró favorable a que servicios como Meteorología y Sanidad Militar pasen a la “órbita civil”(sic).
El pensamiento de Fernández Huidobro es conocido. Siempre ha proclamado que las grandes definiciones en materia de defensa requieren el acuerdo político y social más amplio. Aplaudo la idea.
Comparto también que el MDN debería urgentemente iniciar el camino para romper con la larguísima tradición de opacidad que ha signado su historia institucional, desde que era Ministerio de Guerra y Marina. Opacidad consustancial a su naturaleza de institución militarizada. Hasta que en 2005 comenzó a ser modificada, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de 1974 consagraba que, salvo ministro y subsecretario, sus cargos eran simples “destinos militares”.
Y si la defensa es “primordialmente civil” me inquieta que, hasta donde conozco, el Estado Mayor de la Defensa (Esmade), organismo militar creado para, entre otras cosas, asesorar al ministro sobre defensa nacional militar, parece ser el único centro de elaboración dotado de capacidades y recursos humanos, dedicado a preparar el documento con lineamientos y directrices anunciado por el ministro.
Más: en sus dos reuniones conocidas, el Consejo de Defensa Nacional (Codena) -organismo que depende de Presidencia- consideró documentos elaborados por el Esmade, ahora también encargado de la Secretaría del Codena.
Mientras, la Dirección de Políticas de Defensa creada por la Ley de Presupuesto en aplicación de la Ley Marco de Defensa no ha logrado despegar para asumir su competencia: “Asesoramiento y gestión de políticas de defensa nacional”. No desconozco las dificultades para convertir al MDN en el organismo de elaboración y gestión de políticas de defensa nacional. Pero también percibo que, de hecho, aunque el discurso ministerial señale lo contrario, parece perpetuarse la histórica omisión político-gubernamental en la elaboración de las políticas de defensa nacional. Así, inevitablemente, los organismos militares de asesoramiento del ministro ocupan el lugar que corresponde al gobierno.
Desde siempre, los ministros se han limitado a aprobar documentos de los comandos militares. La Ley Marco de Defensa intenta generar condiciones para que el Mando Superior -artículo 168 de la Constitución- gobierne la defensa nacional. Sería un error desnaturalizar el contenido y el espíritu de la Ley Marco de Defensa Nacional.
* Julián González Guyer, coordinador del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, FFAA Política y Sociedad (PRISFAS), Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.