lunes 26 de octubre, 2020

Animus carcerem *

Publicado el 25/03/12 a las 11:05 pm

Por ROGER RODRÍGUEZ.

Un estudio jurídico que patrocinará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al marino preso por crímenes en la dictadura presentó denuncia ante el juzgado penal de 20º turno, a cargo del doctor Alejandro Guido. Se pide condena de penitenciaría para el periodista, quien comparecerá hoy a las 14.00 en la sede judicial de Mercedes y Ejido. La defensa estará a cargo del doctor Federico Álvarez Petraglia.

El patrocinador del capitán de fragata (r) Juan Carlos Larcebeau, uno de los militares procesados con prisión por graves violaciones a los derechos humanos en los años de la dictadura, inició una causa por difamación e injurias contra Caras y Caretas por el contenido del artículo ‘La defensiva militar’, publicado en la edición del 10 de febrero, y pidió, expresamente, una sentencia de penitenciaría para el autor de la nota (quien suscribe), que comparecerá hoy a las 14.00 ante el juzgado penal de 20º turno.

El abogado de iniciales LBMR, quien no había sido mencionado en el artículo periodístico, se sintió agraviado porque en la crónica de Caras y Caretas se indicó que Larcebeau, “auspiciado por el abogado Pablo Galán (quien en Alemania estudió el tema Justicia de Transición) se propone plantear su caso ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Según aclara el denunciante, el abogado del marino preso en la cárcel de Domingo Arena se llama, en realidad, Didier Galán.

El estudio jurídico de LBMR, del que Galán es asistente, envió con fecha 27 de febrero una extensa aclaración a Caras y Caretas, que la publicación sintetizó en su edición del 9 de marzo, aclarando que el abogado era Didier y no Pablo, que no había estudiado Justicia de Transición en Alemania u otro lado, que no integraba una “coordinación defensiva de los militares procesados por violar los derechos humanos” y que no se había encarado una estrategia procurando la internacionalización del caso.

Sin embargo, el doctor LBMR entendió del caso presentar la denuncia por el delito de difamación e injurias contra este periodista por considerar que se les atribuye “en forma directa y explícita, o indirecta e implícita, presuntos hechos que de ser ciertos nos expondrían al desprecio público y que han lesionado gravemente nuestro derecho al goce del honor y la honra constitucionalmente tutelados” y no existe el “animus narrandi”*, según el escrito.

DENUNCIA INTERNACIONAL

La nota ‘La defensiva militar’ en realidad explicaba la estrategia de los grupos de abogados que han defendido a los militares presos por crímenes de lesa humanidad (datos que en su mayoría han sido confirmados por los hechos) y mencionaba en forma lateral el dato de que un doctor Galán de la defensa del procesado Larcebeau plantearía el caso del marino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El artículo del 10 de febrero decía: “La estrategia de los abogados no descarta internacionalizar otros casos propiciando la victimización de los violadores de los derechos humanos y recurrir a medios de prensa internacionales cuyos titulares ‘golpeen’ al gobierno del presidente José Mujica, cuando el oficialista partido Frente Amplio se aboca a disputar hasta el mes de mayo una tensa interna en la que definirá líneas políticas, autoridades, alianzas y correlación de fuerzas, que determinarán las futuras candidaturas de la coalición de izquierda”.

El jueves 15 de marzo último, bajo el título ‘Presentan denuncia en la ONU y en la Cruz Roja por José Nino Gavazzo’, el semanario Búsqueda confirmaba: “Rossana Gavazzo, hija del militar retirado José Nino Gavazzo, que está preso en la cárcel especial de Domingo Arena por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), presentó una denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y ante la Cruz Roja porque considera que la reclusión de su padre es ‘ilegal’ y ‘arbitraria’…”.

En realidad, la misma denuncia ya había sido hecha por la propia doctora Rossana Gavazzo en julio de 2008, cuando en el marco de una gira internacional, también presentó a su padre como un preso de conciencia ante organismos internacionales y frente al mismísimo Vaticano. Sin embargo, cuatro años después, la victimización de uno de los militares más comprometidos en violaciones a los derechos humanos de la dictadura sigue siendo noticia.

LEY DE PRESCRIPCIONES

El artículo del 10 de febrero también advertía: “Con la asesoría de grupos de abogados argentinos (que se dedican a defender a los militares presos en ese país), se planifica interponer recursos de todo tipo contra todo nuevo fallo judicial. Esperan alguna alusión a la ley aprobada a fines de octubre en el Parlamento por la que se decidió que no rige la prescripción en los delitos cometidos por la dictadura, según establecen las normas y convenios internacionales suscritos por Uruguay y de acuerdo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman”.

Con fecha 4 de marzo, la principal agencia española de noticias hacía circular por el mundo un despacho: “Montevideo, 4 mar (EFE).- Militares procesados por delitos de la dictadura uruguaya (1973-1985) recurrieron por primera vez en un juicio la ley que en 2011 impidió la prescripción de los crímenes del régimen militar, para el caso concreto del asesinato del médico Vladimir Roslik en 1984, informaron hoy a Efe fuentes del proceso”.

El artículo de Caras y Caretas del 10 de febrero indicaba: “Los abogados de los militares presos analizan fórmulas para generar nuevas ‘chicanas’ jurídicas y profundizan con el asesoramiento del ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez su alegato de inconstitucionalidad contra la ley que eliminó las prescripciones…”. Una de esas jugarretas también fue confirmanda por la agencia Efe el mismo día.

“Montevideo, 4 mar (EFE).- El hijo del coronel uruguayo Artigas Álvarez, hermano del ex dictador Gregorio Álvarez (1981-1985), presentó una denuncia penal contra ocho miembros de la guerrilla tupamara por su presunta responsabilidad en el asesinato de su padre en 1972, informó hoy a Efe el demandante”, informó mundialmente la agencia española que subrayó que los denunciados “hacían parte de la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, a la que perteneció el actual presidente del país, José Mujica, y varios miembros del Ejecutivo y del Legislativo”.

UN YERRO PERIODÍSTICO

Sin embargo, debe reconocerse públicamente que hubo un error del periodista que suscribió la crónica del 10 de febrero, cuando indicó que “el ex capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, auspiciado por el abogado Pablo Galán (quien en Alemania estudió el tema Justicia de Transición), se propone plantear su caso ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Es cierto que el capitán Larcebeau “entró en contacto con el estudio jurídico dirigido por el denunciante […] lo que determinó que el estudio asumiera el caso a efectos de promover la denuncia o petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, según admite LBMR en la denuncia Ficha Nº 2-7409/2012; y es correcto que “El doctor […] Galán […] es un integrante del estudio […] y, en esa calidad, […] se encargó en el mes de enero de 2012 de realizar la tarea de instrucción y redacción preliminar de la denuncia presentada ante la CIDH”, según la aclaración enviada.

El yerro periodístico se produjo al considerar que quien había tomado el caso de Larcebeau era el abogado Pablo Galain Palermo, un reconocido penalista uruguayo, doctorado en la Universidad de Salamanca y especializado en Justicia de Transición (Vergangenheitsbewältigung), tema que investiga en el Instituto Max Planck de Friburgo, Alemania, y sobre el cual ha dado conferencias a nivel internacional. [N. de R.: Nuestras disculpas al doctor Galain Palermo por pensar que patrocinaba al marino].

Debe rectificarse que: quien ha venido entendiendo en la presentación de Larcebeau ante la CIDH ha sido el doctor Didier Andrés Galán Lasarga, nacido el 17 de noviembre de 1982, asesor letrado de la Alianza de Jóvenes Españoles y Descendientes en el Uruguay y candidato al Consejo de Residentes Españoles en 2009, el cual se ha presentado a concursos laborales de la Cámara de Senadores y el Banco de Seguros del Estado, y hoy se desempeña en el estudio de LBMR, ex catedrático de la Universidad de la República.

* Animus narrandi refiere al ánimo o intención de contar algo, de narrar; el animus carcerem, sería, en una traducción libre, la intención de encarcelar a alguien.

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 23 DE MARZO DE 2012. Tomado de la página personal del autor en Facebook.

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