La inseguridad pública en cuestión.

Publicado el 19/03/12 a las 11:28 pm

Por Pablo Anzalone.

La sensación térmica.

La sensación de inseguridad es un hecho de gran peso en la sociedad actual. Las encuestas muestran este tema como la principal preocupación de la población superando a los problemas económicos, de empleo o de salud. Los partidos de derecha han tomado esto como bandera, en un operativo de largo plazo y con múltiples objetivos. Intentan capitalizar electoralmente el tema pero también fomentar el miedo de la gente como vínculo social. Criminalizan a los jóvenes y a los pobres estimulando un abordaje violento del tema por parte de la población, con reiteradas consecuencias trágicas.
El Reporte Social 2011 ( Mides y OPP) presenta un conjunto valioso de información a tener en cuenta en este debate. Analizarla y sacar conclusiones es un campo donde todos los actores estamos concernidos.
No es posible obviar ni minimizar el tema de la seguridad ni el sentimiento de inseguridad.
De todas formas hay que señalar que, en la comparación con el resto de América, nuestro país es el que presenta el menor porcentaje de personas que manifiestan haber sufrido un delito en el último año. Mientras en Uruguay 19% de las personas respondieron afirmativamente, en Argentina la cifra asciende a 36%, Costa Rica 34% y en toda América Latina el promedio es 31%. En cambio la percepción de inseguridad Uruguay está en el promedio de la región (9%). Esa diferencia merece ser analizada.

Homicidios, rapiñas y jóvenes.

Uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional para evaluar el grado de violencia y criminalidad de una sociedad es la tasa de homicidios que en Uruguay es 6,1 cada cien mil habitantes. En cambio en el promedio de América Latina dicha tasa sube a 20,3 mientras que países como Brasil llega a 22,7. Por otro lado en la mayoría de los casos los homicidios son cometidos por personas del entorno de la víctima y un porcentaje muy menor está vinculado con rapiñas u otros delitos semejantes.
A diferencia de los hurtos que bajaron de 3331 denuncias en 1998 a 2838 en 2010, las rapiñas aumentaron un 119,9 % tanto en denuncias como en procesamientos, llegando a 449 cada cien mil habitantes.
La participación de adolescentes en rapiñas aumentó significativamente en 2009 pasando de 0,67 rapiñas cada 1000 menores de 18 años en 2008 a 1,47 en el año siguiente, comenzando a descender en 2010.
No se trata de minimizar estos hechos sino de desentrañar sus causas y definir cuáles son las mejores estrategias de prevención y represión, promoviéndolas con la participación de la comunidad.

La derecha y el crimen organizado

Mientras las rapiñas cometidas por menores son reiteradas una y otra vez como mensaje político, ordenador del tema, hay otros delitos que son silenciados . En el discurso de la derecha se omite la gravedad de los delitos cometidos por los poderosos como el gran narcotráfico y el lavado de dinero, el contrabando y las redes de prostitución. Cuando empresarios del futbol, ex directores de semanarios de derecha o abogados vinculados al Partido Colorado aparecieron implicados en el narcotráfico y el lavado de dinero, se llamaron a silencio o los defendieron a capa y espada. Cuando el subsecretario del Ministerio del Interior Jorge Vázquez mencionó en Cuadernos de Compañero que en Punta del Este, meca de la “gente bien”, se planificaban grandes operaciones delictivas, el ataque fue furibundo, con muchos más insultos que argumentos. Sin embargo varias veces se encontró allí a narcotraficantes de gran envergadura y en este verano se destapó una red de prostitución de alto nivel, precisamente en aquel balneario y nadie asumió la cuota parte que le tocaba en relación con aquel debate.
En este período la cantidad de operativos contra los grandes narcotraficantes y la captura de cantidades muy importantes de droga, demostraron que era posible golpear arriba y no solo abajo. Esa impunidad también se resquebrajó. Por primera vez hubo acciones y procesamientos por lavado de dinero.

Aumento de las denuncias por Violencia doméstica

Los datos de Reporte Social 2011 muestran un ascenso de las denuncias por violencia doméstica que pasaron de 206 en 2005 a 452 en 2010. Desagregando por zona, en el interior el aumento ha sido muy considerable mientras que en Montevideo ha descendido.
Es posible que este aumento refleje el mayor rechazo a este tipo de delitos y la apertura de servicios especializados. Pero en cualquier plano el problema es grave y no hay señales de que se reduzca. El asesinato de mujeres por esta causa sigue siendo una demostración de un problema social profundo.

Reorganización, tecnificación y eficiencia del accionar policial.-

La cantidad de detenciones muestra que el problema principal de la seguridad no es la eficiencia policial. La capacitación, la reorganización y tecnificación desarrollados por el Ministerio del Interior han permitido mejorar el desempeño.
El saneamiento interno de la policía ante fenómenos de corrupción es un elemento importante. El reciente allanamiento de la seccional 3era de Montevideo para detener a personal policial implicado en formas de corrupción es una señal fuerte hacia adentro y hacia afuera del instituto policial. Aunque haya mucho por hacer todavía en ese plano.
El funcionamiento de la policía comunitaria introdujo agentes cuya labor más importante es la relación con el barrio, el diálogo y la información, la coordinación interinstitucional.

Vínculos con la comunidad .

Una estrategia integral en este tema pasa por asumir un enfoque intersectorial y su articulación en el territorio con todos los actores involucrados. Medidas como la conformación de las Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana van en ese sentido. Su fortalecimiento va más allá de lo operativo. Debe ser parte del discurso central referido a la seguridad. Además de sus efectos concretos en el encare de la seguridad , pone al tema dentro del campo de responsabilidad de todos los actores. Ordena las percepciones desde un punto distinto al mero reclamo de mayor presencia represiva, aunque lo incluya.

La estrategia de encarcelamiento como única respuesta.

El porcentaje de personas encarceladas en Uruguay es el más alto de todo el continente. En realidad supera en 2/3 la tasa promedio mundial y de América Latina. En nuestro país 268 personas cada cien mil habitantes están presos mientras que en Argentina son 151 y en Paraguay 97 y en el promedio mundial 164.
En los últimos doce años la cantidad de presos aumentó más de 100 %. Esta tendencia se incrementó a partir de la Ley de Seguridad Ciudadana que creó nuevos delitos y aumentó las penas. La cantidad de presos pasó de 3992 en 1998 a 7139 en 2004. Un leve descenso hasta el 2006 y luego el incremento continúa y ya llega a 8700 reclusos en 2010. Y sigue en aumento.
Las medidas alternativas a la privación de libertad son cada vez menos utilizadas. Mientras en 2009 solo 308 personas ingresaron a este programa por orden judicial, en 2010 la cifra baja aún más a 193. A pesar de la ley que lo habilita, el sistema judicial no recurre a este tipo de medidas y el Ministerio del Interior no ha instrumentado mecanismos eficientes para su implementación.
Los programas de rehabilitación como la bolsa laboral del Patronato de Encarcelados y Liberados tienen ingresos mínimos ( 113 personas en 2010) y puestos de trabajo concretados ínfimos (18 personas en 2010). Son imprescindibles proyectos como el que está en marcha con la Intendencia de Artigas para integrar reclusos junto a pequeños productores en actividades productivas agrarias. No solo para presos sino como penas alternativas a la prisión.
A pesar de la doctrina que preconiza la rehabilitación como objetivo de la cárcel, parece indiscutible que el sistema funciona en otra dirección completamente diferente. El hacinamiento carcelario es una consecuencia casi inevitable de este proceso, aunque se trabaje para reducirlo . Si el objetivo de la cárcel fuera la rehabilitación hay que levantar un acta de fracaso, decía Michel Foucault en “Vigilar y Castigar”.
Y aceptar que, por el contrario, es una fábrica de reincidentes. ¿Alguien puede dudar que casi diez mil presos son un hecho con un enorme impacto en una sociedad como la uruguaya y en la problemática misma de la seguridad pública?.
La estrategia que preconiza la derecha no solo es una respuesta equivocada sino que ha agudizado la situación de inseguridad. El incremento de las penas y la baja de la imputabilidad no han reducido los delitos en ninguna parte del mundo. Por el contrario los han incrementado.
Las firmas que recogieron el Partido Colorado y el Herrerismo van a instalar este debate con mayor fuerza aún que hoy en día. Pero incluso sin su ayuda estamos entrampados como sociedad en una lógica donde la única medida sancionatoria penal es la prisión. No es una discusión sobre severidad de las penas sino de la índole de la sanción y todas sus consecuencias.
¿Hasta cuándo podremos sostener el encierro como única opción cuando vemos cotidianamente que solo agrava la situación de inseguridad y de violencia en la sociedad?