UN SALUDO A LA BANDERA.

Publicado el 04/03/12 a las 9:14 pm

Por Andrés Figari Neves.

Finalmente y sin mayores modificaciones resultó aprobado el ICIR (impuesto a la concentración de inmuebles rurales), proyecto de ley remitido al parlamento por el Poder Ejecutivo con la intención de “captar para la sociedad parte de la valorización de la tierra y desalentar su proceso de concentración”.

Según ese remitido, el valor de la hectárea se multiplicó por 9 en los últimos 20 años, a una tasa promedio anual de 8.7%, pasando de US$ 340/ha en 1989 a US$ 3.114 en 2009. Como contrapartida “en términos del valor de la tierra en los últimos 10 años la contribución total del sector agropecuario disminuyó un 75%. En los últimos 10 años la contribución inmobiliaria rural disminuyó en porcentaje del PIB agropecuario, casi un 60%, y en porcentaje de valor de la tierra un 85%. Dice el P.E. que los US$ 4 por hectárea que actualmente se tributan deberían ser US16, si acompañaran la evolución del valor de la tierra. Además constata que la propiedad está mucho más concentrada que los ingresos: “mientras el 10% con más altos ingresos percibe el 30,5% del ingreso total, el 10% de los “productores” más grandes (así los llama) es propietario del 64% de la tierra, en tanto el 40% de los más chicos dispone del 2%”.

Para corregir los males que se denuncian propone: 1) la creación de un impuesto que gravará a los propietarios de extensiones mayores a las 2.000 has Coneat 100 (unos 1.200 aproximadamente) de acuerdo al siguiente régimen; de 2.000 a 5.000 has, US$ 8/ha/año; de 5.001 a 10.000, US$ 12/ha/año y de 10.001 en adelante US$ 16/ha/año. Se estima recaudar 60 millones de dólares anuales, los que les serán destinados a la reparación de la caminería rural profunda, (la misma que utilizan).
2) Complementariamente se propone la modificación del régimen de liquidación del IRPF y del IRAE para que puedan captar la valorización de los inmuebles desde julio del 2007 a la fecha. Lo recaudado (que no se estima) será destinado a financiar al Instituto Nacional de Colonización”.

En aras de la brevedad y sin hacer muchas cuentas porque las cifras expuestas hablan por sí mismas (US$ 12 equivale a 6 Kg. de novillo en pie); si se deja de lado otras consideraciones sobre el esfuerzo contributivo de los terratenientes al tesoro público en relación con sus posibilidades (impuesto de primaria, por ejemplo), a nadie se le puede escapar que esta “migaja” de US$ 60 millones que se volcará en beneficio de los propios afectados por el impuesto, no es justamente una medida que se pueda calificar de “desestimulante” para la conducta que se pretende corregir. Por lo tanto la pregunta es: ¿Por qué el gobierno del FA instrumenta esta farsa? ¿Por qué no propone liquidar a las sociedades anónimas o fijar por ley el tamaño máximo? ¿Cómo es que esa fuerza política que proponía nada más ni menos que la reforma agraria, que rechazaba por insuficientes las propuestas de Wilson Ferreira Aldunate, ahora que está en el Gobierno y dispone de las mayorías necesarias, no es capaz de impedir el brutal aumento de la concentración y extranjerización de la tierra, sino que además lo continúa estimulando? ¿Qué es lo que la ata? ¿Qué es lo que se ha modificado en la izquierda, -aparte de su “responsabilidad política”- para que haya renunciado a sus “reivindicaciones básicas”? ¿Se trata de simple oportunismo, de aprovechar una coyuntura exportadora extraordinaria para pagar cuentas y hacer caja, o en realidad es algo más profundo que pone de manifiesto carencias y debilidades de un proyecto estratégico?

Porque más allá de lo que se esté dispuesto a declarar, una cosa queda clara después de la propuesta de este impuesto y de su discusión en la interna del FA: para la mayor parte de los que integran esa fuerza política, la concentración de la propiedad rural no es el verdadero problema (y se juega para la tribuna) o se está a favor de lo que se dice combatir (y se trabaja soto voce).
Los unos, quedan en evidencia con la inocuidad de la propuesta; los otros, cuando se oponen a los primeros. Porque en definitiva, tanto unos como otros lo que no quieren o no se atreven a discutir es el “problema” de la propiedad en general y el de la tierra en particular; es decir la cuestión de la “distribución de la riqueza”, no como distribución de los rentas personales (ingresos), sino al revés, las “diferencias” de las “rentas personales” como efecto de la desigual distribución de la propiedad, asunto que en el sector agropecuario es casi transparente, porque pone a la vista de todos sus “efectos”. Es decir, al “copetudo de riñón cubierto” -propietario de miles de hectáreas- y al que se “conchaba” porque “solo tiene chiripá de bolsa pa taparse el rabo”.
El asunto de la propiedad del suelo es el que pone en evidencia a un sistema social supuestamente libre, igualitario y democrático porque los que ejercen ese monopolio no solo viven del trabajo ajeno, sino porque además, también extorsionan a los que no lo ejercen. ¿En razón de que otra cosa que ese “derecho de pernada” que es la propiedad territorial, el terrateniente puede reclamar un pago por el uso de un pedazo del territorio “nacional”?

Por lo tanto, lo que pone en evidencia este “renuncio” no es solo el temor a enfrentar a un adversario que se sabe poderoso; es la debilidad ideológica del proyecto de una fuerza política que no se atreve a llamar a las cosas por su nombre en lo confuso de su modelo de “sociedad rural”; pero sobre todo, en la utilización acrítica de las categorías mentales de los mismos agentes que dice combatir. Por ejemplo: los terratenientes que lucran a costilla de la sociedad con el monopolio del suelo de la nación, se han convertido en “productores”; los especuladores inmobiliarios (propios y extraños), que no aportan absolutamente nada al patrimonio nacional, pero que consolidan su portafolio y aumentan la fortuna de algunos particulares, ahora son “inversores” a los que no se puede ahuyentar; los latifundistas, que concentran la propiedad del suelo y desplazan a los genuinos productores directos, pasaron a ser “productores de vanguardia”.

Pero además de legitimar lo que se debiera combatir, lo que también pone en evidencia este “renuncio”, es una idea de “crecimiento” originaria del capitalismo y de su matriz ideológica con la que no se quiere romper y a la que haciendo como que se la critica, se la visualiza como perspectiva. En algún momento una izquierda digna de ese nombre se tendrá que definir; o apuesta a un mundo rural basado en el “desarrollo capitalista” con todas sus secuelas (concentración de la propiedad, explotación de muchos por unos pocos, éxodo rural, monocultivos, agroquímicos, transgénicos, etc.) o se trabaja por el libre acceso al uso del suelo, por relaciones fraternales entre los trabajadores y amigables con la naturaleza.
Esos son los cuernos del dilema, por lo tanto si se posterga la discusión hacia donde caminar, si se sigue creyendo ingenuamente que “desarrollo” es lo mismo que “crecimiento” y que el aumento del PIB es sinónimo de bienestar, se seguirá atrapado en la encrucijada en que el sistema capitalista se empantana y amenaza con destruir el planeta.