“Fallo Gelman nos hizo bien”

Publicado el 18/02/12 a las 8:26 pm

El embajador Milton Romani afirmó que la eventual baja de la edad de imputabilidad ocasionará un grave perjuicio a la imagen internacional de Uruguay en materia de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay por el caso Gelman. Transcurrido el tiempo suficiente, ¿qué evaluación hace de esa condena?

El fallo del caso Gelman ha servido como un gran removedor de las dificultades que teníamos en el tema. Es polémico y discutible, pero el fallo ha sido muy positivo para el Uruguay, le hizo bien al país porque destrabó muchas situaciones. Muchas veces, en un conflicto entre dos, la intervención de un tercero favorece las cosas. Además, es una Corte a la que le aceptamos la jurisdicción, esto no fue una intromisión. Nosotros suscribimos la CIDH y hay un patrimonio cultural y político que no está conformado por la letra fría, está amasado con mucho dolor y sufrimiento. La Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada fue producto del trabajo de familiares de víctimas y abogados que han trabajado durante muchos años en estos temas.

¿Uruguay está cumpliendo en tiempo y forma con ese fallo?

La Cancillería ha obrado en forma consecuente y tiene un seguimiento día a día del cumplimiento del fallo de la Corte, que ha sido un facilitador para mucha cosa que estaba adormecida. El acto que se está preparando y del que participarán los tres poderes del Estado es un elemento simbólico de mucha potencia. Hay discursos militares que son muy auspiciosos. Comenzamos a ver un pequeño cambio de apertura, gestos, etc. No me gusta la palabra perdón, es algo muy íntimo, pero el arrepentimiento del Estado es muy importante. No salvará nada, pero es una norma de vida. La verdad, la reparación y la justicia actúan desde el punto de vista civilizatorio como el impulso de vida contra el impulso de muerte. ¿Por qué se sigue recordando el holocausto? Algunos lo niegan, nosotros no estamos de acuerdo con quienes hacen eso. El holocausto es una falla de la civilización tan enorme que no solo hay que prevenirla sino que hay que expulsar ese impulso de muerte día a día.

Usted califica el fallo como facilitador y le da importancia simbólica al acto institucional que se realizará en marzo. ¿Esos hechos pueden generar un cambio en el acceso a información sobre los desaparecidos?

Con el caso del maestro Julio Castro se descubrió la dimensión del error. No era terrorista ni guerrillero y además fue ejecutado. Si el cuerpo se hubiera hallado antes del voto verde, ¿qué hubiese pasado? Nadie lo sabe, pero sin dudas que el asesinato de un maestro es un dato muy fuerte que, además, quienes hacían campaña en contra lo negaban. Tenemos todavía un problema con nuestra democracia porque hay muchos secretos de la dictadura que siguen enterrados. Siempre hay que pelear por la verdad y todas sus consecuencias. Tarde o temprano se impone la necesidad de saber y de hacer justicia, es inevitable, forma parte de una tensión civilizatoria.

La política internacional se hace con posiciones de fuerza y muchas veces se utilizan los derechos humanos para hacer barbaridades, de la misma forma que se utilizan para otros fines conceptos como libertad, desarrollo y democracia.

Uruguay también fue condenado por las condiciones de reclusión que padecen quienes cometen delitos. ¿Cómo se ve a Uruguay en este aspecto?

Hay una razonable expectativa con las líneas y decisiones que está tomando el Ministerio del Interior y el gobierno. Nos observaron y se admitió que se habían cometido errores. Uruguay es un país muy conservador y le cuesta procesar cambios. Algunos dirán que me sigo refiriendo a la herencia maldita, pero es cierto que esa herencia institucional es muy difícil de remontar. Si hoy gobernara otro partido tendría la misma herencia, las mismas dificultades y yo lo diría.

¿La eventual baja de la edad de imputabilidad cómo puede ser vista en esos organismos internacionales?

Si eso ocurre lesionará nuestra imagen como país. Uruguay tiene la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos en ONU. Eso no es gratuito, es un reconocimiento al país. Lesionar el prestigio que Uruguay tiene a nivel del cuidado de los derechos humano implica también un perjuicio en otros niveles. En el caso de la OCDE Uruguay tiene que pelear por un tratamiento justo y equitativo, pero no puede mirar para el costado y no acatar lo que se dice. En este caso es igual, la baja de la edad de imputabilidad está reñida con todos los conceptos hoy aceptados a nivel mundial vinculados a los derechos humanos de las personas. Más allá de que personalmente creo que es una medida absoluta ineficiente que no ha dado resultado donde se aplica. Por eso, el país debe tener una posición de principios y consecuente. Uruguay no está de acuerdo con la pena de muerte y lo va a señalar donde sea. Apegarse a las normas internacionales es algo que siempre nos va a convenir a los países chicos. Navegar en un mundo globalizado donde los fuertes son muy fuertes es complicado.

“Nos importa el derecho a informarse del ciudadano”

Uruguay defendió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) las relatorías y en especial la de Libertad de Expresión, rechazando un planteo de Ecuador.

Fue una definición política del ministro Luis Almagro con los insumos producidos en la sección de Derechos Humanos. Era importante fijar una posición de principios del gobierno uruguayo vinculada a la óptica que tenemos del sistema interamericano de Derechos Humanos. Se había formado un grupo para reflexionar sobre el fortalecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y a último momento Ecuador sorprendió con la presentación de seis puntos que debilitaban muchísimo la acción de la relatoría sobre Libertad de Expresión. Uruguay defiende la independencia y la autonomía de la CorteIDH, incluidas sus relatorías porque al que le toca le toca. Uruguay tiene dos fallos en contra de la CorteIDH pero no por eso va a desconocerlos. Uruguay defiende el derecho a informar y el derecho del ciudadano a estar informado. Ecuador es un país amigo, pero eso no significa que estemos de acuerdo en todo.

Muchos gobiernos de América Latina han sido cuestionados por su relación con los medios de comunicación. ¿Qué visión hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema?

En Uruguay está para salir una ley de medios. No me atrevo a meterme en los problemas internos de los países, pero también hay un fenómeno globalizado que es el desbalance brutal entre monopolios u oligopolios de hecho de los medios de comunicación y el ciudadano, que muchas veces no tiene herramientas para informarse debidamente. Debe haber un equilibrio entre las potestades que tiene el Estado para regular los canales de información, es una responsabilidad del Estado, y la libertad de expresión que le corresponde a cualquier grupo empresarial. Pero el monopolio de información en manos de privados está muy desbalanceado con respecto al Estado y al ciudadano común. Lo más importante es el ciudadano común y su derecho a informarse. Cuando era docente hacía un ejercicio de cultura general con los estudiantes. Si uno pregunta quién ganó la guerra de Vietnam, la enorme mayoría responderá que fue Estados Unidos. Un Estado democrático tiene que garantizar que se expresen todas las voces. La pluralidad en igualdad de condiciones.

Drogas: el viejo paradigma fracasó

¿Cómo es visto Uruguay a nivel internacional en materia de represión del tráfico ilícito de drogas?

La imagen del país ha evolucionado mucho en este tema. Uruguay se comporta en forma eficiente frente a los grupos criminales organizados y en materia antilavado se ha puesto a tono con lo que la comunidad internacional exige. También defendemos el derecho a la salud de los que consumen drogas, hemos avanzado mucho en ese aspecto y no es menor porque el paradigma de la represión como única forma de combate al narcotráfico ha fracasado y Uruguay se ha convertido en uno de los abanderados en abrir el debate y cambiar el modelo de la llamada “guerra contra las drogas”, introduciendo ideas para cambiar los abordajes y generando importantes apoyos.

El enfoque de guerra a las drogas omite que la respuesta represiva incrementa la violencia. El narcotráfico no es un problema militar, si lo encaramos así los metemos en un problema grave. Este tema del narcotráfico debe conducirse políticamente en una forma integral. El delito trasnacional es un problema policial y exige profesionalismo. Las Fuerzas Armadas son una agencia de control del espacio aéreo y fluvial, pero no es su problema.

Tomado de http://www.diariolarepublica.net/2012/02/fallo-gelman-muy-positivo-uruguay/