Una buena y una mala
Publicado el 06/12/11 a las 2:28 am
Como hijos de detenidos desaparecidos, creemos oportuno usar nuestros tres minutos para hablar sobre una fortaleza y una debilidad del momento político actual en materia de derechos humanos.
Como fortaleza valoramos el clima de optimismo vinculado a la importancia de las políticas reparatorias unido al clima de debate y difusión del tema.
La reparación integral ante los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado estaban ya señaladas en las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En algunos casos, por los mismos juristas que asesoraron al exilio uruguayo con la formación del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay en los 70. Las mismas concepciones son las que ahora subyacen en la sentencia de la CIDH. De allí habían surgido las consignas que movilizaron al conjunto de las organizaciones de derechos humanos y detrás de las que caminamos, año tras año, los veinte de mayo. Memoria, Verdad y Justicia.
Muchos de los hijos de desaparecidos hemos vivenciado los efectos positivos de esas búsquedas: las políticas del Estado argentino en materia de memoria habilitaron un segundo encuentro con Mariana; la búsqueda tenaz de la verdad supuso encontrar, por ejemplo, a Simón, a Mercedes, a Carlos, a Macarena, a Amaral, a Anatolle y Victoria y a Victoria Moyano; las denuncias presentadas ante la justicia por Valentín, por Pablo, por Sandro y por mí, junto a un grupo de familiares posibilitaron que por primera vez los principales responsables de delitos de lesa humanidad como Gavazzo, Arab, Silveira y otros, fueran encarcelados y condenados.
Todas instancias que marcaron un antes y un después en nuestras vidas. Por eso podemos afirmar que es bueno y promisorio que sea a través de políticas de Estado en materia de derechos humanos que abarquen a toda la población, como es ahora el caso de los que sufrieron torturas y violencia sexual, que se impulse el ejercicio pleno de nuestros derechos. Pasar de la eventual estigmatización de las víctimas a la convivencia en un clima de respeto es lo que todos deseamos. Para eso, es necesario dotar a estas políticas de mayor energía de gobierno y su correlato en una mayor convicción ciudadana.
Como debilidad, y sólo con la quizá ingenua intención de motivar una reflexión constructiva sobre el tema, señalamos que fue necesaria la sentencia de un organismo externo para que sólo la mitad del sistema político uruguayo encontrara la forma de ponerse de acuerdo.
Hemos pisado todas las cáscaras de banana que nos tiraron los defensores de la impunidad y caído en el debate de una colección de falsas oposiciones: mirar hacia adelante o tener ojos en la nuca; esperar la verdad que nos podían brindar tipos de la calaña de Gilberto Vázquez o exigir la justicia; elegir entre que el FA accediera al gobierno o la anulación de la ley de caducidad; cumplir con la ley o hacer respetar la Constitución; leer las derrotas en el referéndum y el plebiscito como mandatos incuestionables o leerlas como decisiones coyunturales, producto de años de hegemonía de cultura de impunidad y por lo tanto superables.
Deconstruir el discurso de la impunidad todavía nos da trabajo.
Es más, deconstruir los estigmas que creó la doctrina de seguridad nacional sobre los principales protagonistas de la oposición a la dictadura del tipo de esos: “pequeños grupos de agitadores”, todavía es un debe.
Este es sólo un capítulo, la historia continuará, necesitamos una mirada autocrítica que nos cohesione y fortalezca en torno a una ética de derechos humanos que nos permita mirar el futuro con optimismo. El otro día, durante una mesa redonda en la Facultad de Humanidades, un exjuez dijo, “podría haber actuado de oficio y no lo hice” y un político dijo “yo la voté y fue un grave error”. Esta práctica, lejos del clásico “yo tenía razón”, puede ser la conducta que necesita nuestro sistema político para aumentar sus probabilidades de acuerdo.
GRACIAS
Texto leído en Acto en Bellas Artes.