El sindicalismo ante los gobiernos de la izquierda. Uruguay 2005-2010.
Publicado el 07/11/11 a las 11:53 pm
Por Gustavo Méndez y Luis Senatore.
Los afiliados cotizantes del PIT-CNT pasaron de 100.000 en 2003 a 330.000 en 2011, y se equilibró la relación entre trabajadores públicos y privados. Eso fue posible con la llegada del Frente Amplio al gobierno nacional, y ha permitido mejoras en el nivel de vida y las condiciones laborales. Pese a esos avances, la relación con el gobierno no es concebida de la misma manera por las distintas corrientes. La postura de cooperación adoptada en el primer gobierno del FA puede dar paso a una estrategia de mayor cuestionamiento.
En diversos artículos (Senatore 2008, Méndez, Senatore, Traversa 2009, Méndez y Senatore 2009) hemos argumentado que en los últimos 20 años en el Uruguay pueden distinguirse dos modelos de relaciones laborales. El primero, producto del reformismo liberal, se extiende desde 1992 hasta 2004. A partir de 2005, con la llegada del Frente Amplio (FA) al gobierno nacional, se introdujeron importantes cambios en la regulación de las relaciones laborales, configurando un nuevo modelo. En este artículo nos proponemos presentar las principales características de los dos modelos, haciendo hincapié en los impactos que produjeron en el movimiento sindical. En ese sentido realizamos una mirada panorámica que simplifica la trayectoria de estos últimos 20 años.
1. Las Reformas de los ‘90
Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, el Uruguay experimentó a lo largo de la década de los noventa los efectos de las reformas estructurales, promovidas por coaliciones políticas y sociales internas con el respaldo ideológico y material de los organismos financieros internacionales. Aun cuando se ha señalado la peculiar modalidad heterodoxa y gradualista del reformismo liberal en Uruguay –por contraposición a la profundidad y ritmo que caracterizó los procesos de reforma, entre otros, en Argentina y Brasil– el hecho es que la economía uruguaya experimentó un verdadero ajuste estructural que constituyó una segunda fase del operado en los setenta, en los tiempos de la dictadura cívico-militar (Moreira, 2001). En el año 2000, la economía estaba más abierta y más desregulada que en 1990. A su vez, la política de estabilización de precios con ancla cambiaria había apreciado la moneda nacional en relación a las de los socios comerciales extra-regionales.
Los impactos de estos fenómenos sobre la estructura productiva y ocupacional del país fueron muy fuertes. Por efecto de la apertura, la desregulación y la apreciación cambiaria, buena parte de la industria manufacturera nacional sucumbió frente a la competencia extranjera; en tanto, la competitividad externa de los transables uruguayos se deterioró. En ese marco, la actividad bancaria, el turismo y el comercio florecieron alimentando la imagen del “país de servicios” y de “plaza financiera” con la que buena parte del elenco gobernante soñaba desde tiempo atrás. En un contexto pautado por la liquidez financiera internacional, con una tasa de interés moderada y un esquema de integración comercial regional con socios que también se embarcaron en procesos de apertura externa y estabilización con apreciación cambiaria, la economía ingresó en una fase de crecimiento que se sostuvo hasta fines de los noventa.
Al mismo tiempo, el creciente desempleo generado por la caída de la actividad en el sector secundario no fue compensado por la creación de nuevos empleos en el terciario que se expandía, lo que provocó un aumento del desempleo. Éste pasó de un promedio de poco menos de 10% en el quinquenio 1985–1989 a algo más de 15% en 2001. Asimismo, la pobreza que se había reducido desde 1986, pasando del 46% al 15% en 1993, se estancó desde entonces en ese nivel. Así fue que en la segunda mitad de los noventa el crecimiento económico convivió con el alza del desempleo y el mantenimiento del nivel de pobreza. Luego, la crisis iniciada en 1999 con epicentro en 2002 llevaría el desempleo y la pobreza a niveles sorprendentes, del orden de 17% y 31% respectivamente en 2003.
Impactos en el sindicalismo
La desregulación del mercado laboral y la flexibilización de las relaciones entre empresarios y trabajadores eran un objetivo de la política laboral del gobierno. En 1991, en el marco de la liberalización, el gobierno suspendió la convocatoria a los Consejos de Salarios, despojando a los sindicatos del ámbito institucional en el que se negociaban los salarios. En ese marco, el Poder Ejecutivo (PE) se limitó a establecer, por decreto, el salario mínimo nacional, el salario mínimo del sector doméstico y el del sector rural. Como excepción, siguió participando en sectores estratégicos que debían ser resguardados, ya sea por su impacto en la economía o en la sociedad[1]. En síntesis, este período se caracterizó, a excepción de los sectores ya señalados, por la descentralización y el carácter bilateral de la negociación colectiva. Cuando ésta existía, se producía a nivel de empresa y no por rama de actividad[2].
Desde entonces el Estado se retiró de la negociación y el nivel salarial quedó sujeto al libre juego de las partes, y en definitiva a la fortaleza o debilidad de las organizaciones de trabajadores. Éstas se vieron fuertemente afectadas por la convergencia de tres factores: la desaparición física de numerosas actividades productivas vinculadas al sector manufacturero orientado al mercado interno, donde residía buena parte de los núcleos tradicionales del sindicalismo obrero; la pasividad de los gobiernos frente a la deliberada política de desmantelamiento de las organizaciones sindicales emprendida por las patronales, especialmente en los sectores en expansión vinculados al comercio y los servicios en general; y la propia desregulación del mercado laboral, que al quitar la institucionalidad de la negociación colectiva eliminó un ámbito que incentivaba la acción organizada.
Así fue que en estos años el sindicalismo se redujo cuantitativamente, con una sensible caída de la tasa de sindicalización, que pasó del 35% en 1987 al 15% en el año 2000. Este descenso fue especialmente marcado en el sector privado de la economía, donde cayó del 28% al 8% en el mismo período. Como resultado de ello, se produjo al interior del movimiento sindical una sobre-representación de los funcionarios públicos, que pasaron de ser el 49 % de los afiliados en 1987 al 69% en 2003 (Gráfico 1).
Con la casi única excepción en el sector privado del gremialismo bancario, este sindicalismo reducido cuantitativamente, desposeído de los ámbitos institucionales de negociación salarial y, por la vía de los hechos, sin la garantía estatal del derecho de asociación y de huelga, perdió gravitación como actor social viéndose, en el sector privado, notablemente reducida su capacidad para defender a los trabajadores frente a los embates de un nuevo empresariado vinculado a las actividades más dinámicas en el contexto del modelo de crecimiento de los noventa.
En este panorama, el movimiento sindical, debilitado en su ámbito de acción específico, se reposicionó como un actor relevante en el espacio político, constituyéndose en la más firme y persistente oposición a las reformas pro-mercado impulsadas por los gobiernos de coalición de los partidos tradicionales, Partido Nacional (PN) y Partido Colorado (PC). En esta oposición, su único aliado en el sistema político fue el FA. Sin embargo, los sindicatos fueron, en ese frente anti-reformas, la vertiente más radical y contundente.
El PIT-CNT fue el principal promotor –a veces con éxito, otras sin él– de los recursos de referéndum para derogar diversas leyes que pautaron el proceso del reformismo liberal. En estas iniciativas no siempre contó con el apoyo del FA, que en ocasiones se mostró reticente, aun cuando por último se plegara a las acciones promovidas por los sindicatos. De todas formas, el PIT-CNT y el FA fueron aliados en la oposición a las reformas, y el constante crecimiento electoral de la izquierda a lo largo de los años noventa fue creando amplias expectativas en el sindicalismo, centradas en la posibilidad de poner fin al ciclo reformista liberal. En particular, a la desregulación del mercado laboral y a la desprotección de los derechos sindicales (Doglio, Senatore y Yaffé, 2004).
2. Primer Gobierno del Frente Amplio
El primer gobierno del FA introdujo importantes cambios en materia de regulación de las relaciones laborales. El Frente fue muy activo en materia legislativa, sancionando aproximadamente cuarenta leyes en ese ámbito. De manera resumida, puede decirse que dos fueron las principales modificaciones que, conjuntamente, dieron lugar a un nuevo modelo de relaciones laborales. Por un lado, la reanudación de la negociación colectiva y su posterior institucionalización; por el otro, el fortalecimiento de dos de los actores principales del sistema: el Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y los trabajadores.
Es preciso remarcar el quiebre que implicaron los cambios con el modelo de relaciones instaurado durante la década de los noventa, basado en el retiro del Estado y el traspaso de la regulación de las relaciones laborales a la lógica de mercado. En este marco, la negociación colectiva reapareció con la intensidad habitual. Sin embargo, se presentó con la novedad de una mayor extensión, ya que por primera vez en la historia de las relaciones laborales se extendió a los trabajadores rurales y a la totalidad de los funcionarios públicos. A su vez, esta mayor extensión se cristalizó en la ronda de Consejos de Salarios de 2008, en la cual se creó el grupo de actividad que abarca al servicio doméstico.
En 2009, finalizando la legislatura pasada, el Parlamento aprobó las Leyes de Negociación Colectiva para el sector privado (Ley 18.566) y para el público (Ley 18.508), consolidando los cambios implementados. A partir de la aprobación de estas leyes el Uruguay institucionalizó la negociación colectiva, tripartita en el caso de los privados y bipartita en el caso de los públicos. En ese sentido, las mayores garantías a la actividad sindical otorgadas por la Ley de Promoción y Protección Sindical, así como el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que pasó de un lugar marginal a uno central en la regulación de las relaciones laborales, son elementos que dotan de mayor solidez al sistema de negociación colectiva.
Impactos en el sindicalismo
En el quinquenio 2005–2010 se procesó una revitalización del movimiento sindical. En efecto, las mayores garantías legales a la acción sindical y la institucionalización de la negociación colectiva estuvieron acompañadas de una coyuntura económica muy favorable. Así, la tasa de desempleo cayó hasta niveles históricos y el salario real aumentó en todos los años del período. La revitalización del sindicalismo queda de manifiesto al observar la evolución de los afiliados cotizantes, que pasaron de 100.000 en 2003 a 330.000 en 2011. El crecimiento del número de afiliados equilibró la relación entre trabajadores públicos y privados.
Otro hecho de relevancia es que en todas las rondas de Consejos de Salarios se llegó a consenso en la gran mayoría de los convenios, como muestra el Cuadro 1. En este sentido, los resultados de las negociaciones parecen demostrar que las dificultades para acordar no eran insuperables, como se podía suponer en la década de los noventa, cuando los sectores que estuvieron cubiertos por convenios colectivos eran la excepción. Asimismo, la apuesta del gobierno del FA de impulsar la negociación colectiva con la convocatoria a los Consejos de Salarios parece haber sido exitosa a la luz de los resultados, cuestión que también se relaciona con el grado de madurez que poseen las organizaciones gremiales en el país.
* Cifra mínima, debido a que no encontramos datos de la forma de resolución de los otros dos convenios. De todos modos, el año 2007 tuvo solo 8 mesas de negociación, no hubo ronda de Consejos de Salarios.
Fuente: Presentación del MEF y el MTSS en el Consejo Superior de Salarios (04.06.2008) en base a datos del Programa de Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica (Ucudal) y MTSS y Memoria Anual del MTSS 2008.
Finalmente, es preciso remarcar que en cuanto a estrategia, el sindicalismo adoptó una postura de cooperación con el primer gobierno del FA, a diferencia del período 1992–2004 donde había mantenido una férrea oposición, en la cual tuvo como “hermano político” al FA. El VIII Congreso del PIT-CNT (octubre de 2003) estableció una estrategia de construcción del bloque social y político de los cambios, con independencia de clase pero sin indiferencia ante la posibilidad del acceso de la izquierda al gobierno. Los ejes fundamentales que debían pautar el cambio en las relaciones laborales eran: trabajo digno, recuperación de los salarios, negociación colectiva, respeto a las libertades sindicales y derechos humanos. Esta hermandad se plasmó en un acuerdo tácito entre gobierno y sindicatos en base a dos elementos: la mejora de la normativa laboral (Ley de Promoción Sindical y Negociación Colectiva) y la recuperación del salario real perdido durante el gobierno del doctor Jorge Batlle (2000-2005). La mayoría parlamentaria alcanzada por el FA y la coyuntura económica favorable permitieron cumplir con el acuerdo sin mayores sobresaltos.
3. Coyuntura Actual: Segundo Gobierno del Frente Amplio
Dos eran los desafíos inmediatos del gobierno del presidente José Mujica: enfrentar la impugnación a la Ley de Negociación Colectiva que interpusieron los empresarios ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y enfrentar la ronda grande de negociación salarial sin parámetros establecidos. Puede afirmarse que el primer desafío continúa y se ha agravado por una nueva denuncia ante la OIT por parte de los trabajadores públicos. En cuanto al segundo desafío, si bien no se siguieron a cabalidad los lineamientos que propuso el Poder Ejecutivo, la ronda de negociación colectiva fue “exitosa” a juzgar por la cantidad de acuerdos por consenso.
Al igual que las precedentes, la ronda de Consejos de Salarios (que se efectuó en dos etapas: una a mediados de 2010 y otra sobre fin de 2010 e inicio de 2011) arrojó la mayoría de acuerdos por consenso. De los 205 convenios alcanzados, el 84,4% fue por consenso, el 9,8% por acuerdo del PE con los trabajadores, el 3,9% por acuerdo entre el PE con los empresarios y el 2% fue por decreto del PE. No obstante esto, 2010 fue un año en que se preveían conflictos en las relaciones laborales, y en efecto se dieron.
En los últimos meses de 2010, los conflictos sindicales se transformaron en eje de la atención política. Los conflictos de la banca oficial y de la Intendencia de Montevideo fueron los de mayor repercusión. Ambos conflictos culminaron sin logros reivindicativos importantes, con los sindicatos aislados del apoyo ciudadano y con fuertes tensiones en la interna sindical. Lo común de ambas situaciones es que las conducciones sindicales priorizaron la confrontación con el gobierno.
Cerrada la ronda de Consejos de Salarios, la temática económico-salarial perdió centralidad y otros temas políticos o programáticos ocuparon la agenda pública. El contencioso más importante se centra en el papel del Estado y su función en un modelo de desarrollo productivo. Las diferencias han surgido en relación a ciertos instrumentos, como la ley de Participación Público Privada (PPP) y con la propuesta gubernamental de reestructura de AFE para poner en funcionamiento los ferrocarriles.
Por otro lado, el movimiento sindical se abocó a la organización de su XI Congreso, que se realizó a principios de octubre. La discusión del congreso se procesó en tres comisiones principales: de plataforma programática, de funcionamiento y de estrategia. Tanto en las discusiones como en las resoluciones se expresó un alto nivel de acuerdo y de respaldo a la orientación general del PIT-CNT.
No obstante esto, se procedió a votación por listas para la integración de la Mesa Representativa, ya que –principalmente– los sindicatos de la Administración Central agremiados en la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) se opusieron a la confección de una lista única. Tras la votación se confirmaron los dos agrupamientos principales del período anterior (la lista 1: alianza liderada por sindicatos afines al Partido Comunista (PCU), Movimiento de Participación Popular (MPP), Partido Socialista (PS) y Partido por la Victoria del Pueblo (PVP); y la lista 1966 del grupo Articulación, sector más cercano al gobierno). Las corrientes más críticas del gobierno, lideradas por COFE, obtuvieron una mayor representación que en el período pasado. Así, los resultados del XI Congreso, si bien respaldan la estrategia seguida, también pueden verse como una apertura a un mayor debate en la interna del movimiento sindical, en particular, acerca de la relación con el gobierno.
4. A modo de Cierre
En la década del noventa, en el marco de las reformas liberales, el sindicalismo se vio fuertemente debilitado. Despojado de los ámbitos de negociación colectiva y con una caída pronunciada y constante del número de afiliados, el movimiento sindical adoptó una postura fuertemente opositora orientada a la construcción de un bloque social y político de los cambios. En esa estrategia el FA fue su aliado político.
A partir de 2005, con la llegada del FA al gobierno se procesó una revitalización del movimiento sindical. Los cambios en la regulación de las relaciones laborales (mayores garantías a la actividad sindical e institucionalización de la negociación colectiva) fueron el trasfondo de un aumento significativo del número de afiliados, alcanzando en 2011 los 330.000 trabajadores sindicalizados. En este marco, el movimiento sindical optó por una estrategia basada en la cooperación con el primer gobierno de izquierda.
En la coyuntura actual, tras el XI Congreso del PIT-CNT se confirmaron los liderazgos sindicales, aunque parece profundizarse el debate interno en el movimiento sindical. La relación con el gobierno es el eje de discusión de las distintas corrientes. Así, la estrategia de cooperación adoptada en el primer gobierno del FA, puede dar paso a una estrategia de mayor cuestionamiento, en particular, respecto a la redistribución del ingreso.
Bibliografía
DOGLIO, NATALIA; LUIS SENATORE y JAIME YAFFÉ (2004). “La izquierda política y los sindicatos: 1971-2004”, en Jorge Lanzaro (Coord.), La izquierda entre la oposición y el gobierno, Instituto de Ciencia Política, Montevideo, Ed. Banda Oriental.
MÉNDEZ, GUSTAVO, LUIS SENATORE Y FEDERICO TRAVERSA (2009). “La política laboral de un proyecto socialdemócrata periférico: los cambios institucionales en Uruguay 2005-2009”. Serie Cuestiones de Agenda, Fundación Friedrich Ebert (Fesur) y el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales.
MÉNDEZ, GUSTAVO y LUIS SENATORE (2009). “Relaciones laborales 2008-2009”. En Informe de Coyuntura: Encrucijada 2010: la política uruguaya a prueba. ICP – FCS – UdelaR. Fin de Siglo, Montevideo.
MOREIRA, CONSTANZA (2001). “La Reforma del Estado en Uruguay: Cuestionando el gradualismo y la heterodoxia”. En Calamé y Talmant, Con el Estado en el corazón. Trilce, Montevideo.
SENATORE, LUIS (2008). “Políticas Públicas Laborales y Sindicalismo en Uruguay 1992–2007”. Documento de Trabajo Nº 53, Montevideo, Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
NOTAS
[1] La intervención pública se mantuvo en las áreas de salud, el transporte y construcción, en tanto en sectores tales como la banca se continúo negociando según la importancia del sector y la fuerza de la organización sindical.
[2] El convenio colectivo del sector metalúrgico (2003) constituye una excepción importante.
Tomado de http://www.vadenuevo.com.uy/index.php/the-news/2543-38vadenuevo02
