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Publicado el 17/10/11 a las 9:54 pm

Por Graciela Muniz.

La Ley de participación público–privada (nº 18.786) aprobada en julio de este año dio el lugar a una serie de manifestaciones de opiniones a favor y en desacuerdo con la misma.

La nueva normativa se refiere y reglamenta la contratación de privados que realiza el Estado para las obras de infraestructura del país, así como también lo referente a la colonización de tierras; explicitando en su artículo número 3, parte D, los casos en los que no se podrá utilizar este recurso bajo ningún concepto: “servicios educativos cuando se trate de centros educativos, servicios sanitarios cuando se trate de centros de salud y servicios de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos cuando se trate de cárceles”.

Esta ley no deroga los métodos de contratación que ya existen y está inspirada en los modelos europeos; principalmente en el de España que aplican este tipo de asociación desde el año 2007.

La mayor discrepancia que surgió en la opinión pública fue la sensación de que con esta ley “se estaría privatizando el Estado”. En este sentido surgen varias opiniones. “Esta norma es un cambio en las reglas de juego, pero lejos de ser una privatización, aumenta el patrimonio del Estado, porque a la larga la obra queda en manos de él”, afirmó Luis Porto, Subsecretario de Economía. Por otra parte, Juan Castillo del secretariado del PIT-CNT manifestó que desde el movimiento sindical no existe una postura única, que hay de los que están de acuerdo y los que no, pero él declaró que “tras haber luchado tanto para mantener en manos del Estado a las empresas públicas, desconfiamos de que cualquier cambio, y esta ley es un cambio, se asemeja a una privatización”, además advirtió que “ya existe la figura de la concesión de obra pública, y entonces nos preguntábamos por qué había que hacer una ley de Participación Público – Privada”. También manifestó su preocupación ya que, si bien este gobierno puede utilizar la ley en un sentido, los gobiernos cambian y no se sabe qué puede pasar con otro.

A modo de recordatorio… algo sobre las licitaciones

La Ley que trata el tema de las licitaciones (nº 16.211) en su primer artículo establece que: “ El Poder Ejecutivo podrá conceder u otorgar permisos para la ejecución de servicios públicos nacionales a su cargo. En caso que la ley haya asignado a un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado la prestación de un servicio público, el Directorio o Director General del Ente o Servicio podrá otorgar la concesión o permiso, con aprobación del Poder Ejecutivo. En todos los casos el otorgamiento deberá ser efectuado mediante llamado público a los interesados sobre la base de la igualdad de oferentes ( artículo 482 y siguientes de la Ley Nº 15.903 , de 10 de noviembre de 1987 y artículos 653 y 655 de la Ley Nº 16.170 , de 28 de diciembre de 1990). La concesión o el permiso podrán incluir la transferencia de derechos de uso, usufructo y personales, así como la constitución de derechos reales o personales, respecto de los bienes muebles o inmuebles útiles o necesarios para la ejecución del servicio por el período de concesión.

El otorgamiento de concesiones y permisos se hará por un plazo determinado y reservándose la Administración el derecho de controlar que los servicios sean prestados en forma continua, regular y eficiente. Para la fijación de tarifas se tomará en cuenta el costo del servicio, de acuerdo a prácticas contables generalmente aceptadas y márgenes de utilidad razonables ( artículo 51 de la Constitución de la República).

En el otorgamiento de concesiones y permisos se favorecerá la libre concurrencia procurando evitar situaciones de monopolio de hecho.

La concesión o el permiso otorgados de conformidad con este artículo, no confieren al concesionario o permisario la facultad de expropiar. Esta será ejercida en todo caso por el Poder Ejecutivo o por el Ente o Servicio Descentralizado, según corresponda”.

Tomado de Nota al Pié Revista Web.