lunes 19 de octubre, 2020

Raúl Olivera: «La plataforma más izquierdista es aquella que cumple todos los derechos sociales, políticos y culturales de los seres humanos»

Publicado el 10/10/11 a las 4:12 pm


Por Walter Cruz.

Raúl Olivera, integra la Secretaria de DDHH del PIT-CNT y recibió a EL POPULAR en la Sala «Susana Pintos» de la central obrera. En la cambiante realidad política nacional tuvimos que cambiar cosas.

Sacar unas y poner otras.

La nota a Raúl Olivera la hicimos en momentos que el PITCNT y otras organizaciones sociales lanzaban una fuerte ofensiva ante la posibilidad que los crímenes de la dictadura prescriban el 1º de noviembre y no se pueda investigar más. El miércoles estábamos charlando en la sede del PIT-CNT y al día siguiente el presidente Mujica recibía a una delegación en la Torre Ejecutiva.

Charlando con el presidente en la Torre Ejecutiva

El jueves de la semana pasada el Presidente de la República recibió a una delegación integrada por los representantes del PITCNT Washington Beltrán, Juan Castillos, Raúl Olivera y su asesor jurídico Pablo Chargonia; Valentín Enseñant, de la Organización HIJOS Uruguay e Ignacio Errandonea de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. «Mujica nos dijo – relata Olivera – que nuestro anteproyecto de ley está en la realidad política de lo que él iba a hacer. Que era un proyecto que iba en esa línea, que era políticamente viable. Nos dijo que habían estado analizando algunas ideas y que había ciertas coincidencias con el nuestro. Brovetto estuvo manejando con Mujica un proyecto. El presidente nos dijo que era lo mismo que el del PITCNT. Nos dijo que establecer y resolver los delitos de lesa humanidad constituiría un avance cultural importante y de alguna manera lo que nosotros estamos tratando de resolver es precisamente eso.

Esto me parece que es lo más fuerte de lo que él nos expresó. Vos tenés ahora que Mujica nos dice que está de acuerdo y que es importante que el Parlamento dicte una norma a los efectos de que cada juez noi nterprete la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como le venga en gana. Entonces no dice que es importante que haya un proyecto que de alguna manera unifique las posiciones y que ayude a que el Poder Judicial esto lo resuelva bien. Dice que si bien es cierto que cada juez tiene la obligación de cumplir la sentencia, existe el riesgo que haya tantas interpretaciones como jueces. Esos elementos implican que los poderes del Estado fijen una posición. Antes Mujica decía que no iba a haber proyecto y el Frente Amplio decía que si el presidente no estaba de acuerdo no iba a haber proyecto. Y como ahora habrá proyecto tenemos que traba jar en esa línea».

Simplemente cumplir

El proyecto de ley promovido por el PIT-CNT y otras organizaciones consta de un solo artículo y en lo esencial recoge los elementos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tal cual publicara EL POPULAR en la edición pasada.«Quiero aclarar dos cosas», manifiesta Raúl Olivera. «La primera es que el problema que tenemos actualmente con el cumplimiento de la sentencia de la Corte por el caso Gelman, no es la prescripción sola. No, es la prescripción y todos los elementos del ordenamiento jurídico normal de los delitos comunes que obstaculizan la acción de la Justicia. En realidad lo que prescribe el 1º de noviembre son los delitos más graves. Hay otros que ya prescribieron. O sea no es los que vana prescribir: son los que prescribieron para atrás. El fiscal Fernando Dovat en un dictamen reciente hizo archivar un caso, porque no había logrado establecer responsabilidades en una muerte. Y dice que sí, que hay otros delitos pero prescribieron. Entonces el problema que tenemos no solo son los que prescriben en noviembre, sino también los que ya prescribieron y evitan que en determinados casos no puedan ser investigados. En ese sentido nuestra preocupaciones que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana.

¿Por qué razón? Porque si Uruguay cumple cabalmente la sentencia habrá dado un paso muy importante desde el punto de vista de construir una cultura de los derechos humanos. Y la posibilidad de que nuestro país tenga políticas públicas con relación a los derechos humanos. No cumplir o incumplir a medias, pone al Uruguay en riesgo de nuevas condenas a nivel internacional». Esto es nada más y nada menos lo que precisamente plantea el proyecto del PITCNT. En esta fuerte avanzada de la central obrera está prevista una nueva ronda de encuentros a todos los niveles.

Una primera ronda y varias sorpresas

El 24 de febrero de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la familia Gelman y contra el Estado uruguayo. El PITCNT realizó una primera ronda y se contactó con diversos organismos estatales y luego con todos los partidos. Entre desprolijidades varias comprobó que la sentencia no había sido comunicada a todos los poderes del Estado. «Con los primeros que hablamos – señala Raúl Olivera – fue con el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, con Javier Miranda de la Dirección de Derechos Humanos del MEC y con la directora de asuntos jurídicos de ese ministerio. Le planteamos que estábamos preocupados por este tema, que llevamos siete meses de la sentencia por el caso Gelman y que el Estado no había hecho nada. Al contrario: había ido para atrás en lugar de ir para adelante. Ahí nos enteramos que la sentencia no había sido notificada al resto de los poderes del Estado. Después fuimos a hablar con el Fiscal de Corte, donde también comprobamos que no había sido notificada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le preguntamos a Ubiría que haría en caso de ser notificado y nos dijo, ‘bueno, se la voy a notificar a todos los fiscales y ellos verán lo que hacen’. Le planteamos a Ubiría sobre las dificultades que había desde el punto de vista jurídico. Él tiene una posición muy clara de que la Ley de Caducidad es inconstitucional, pero en nuestras normas la inconstitucionalidad es caso por caso. Razón por la cual nos parecía que debía haber algo que de alguna manera eliminara todo ese trámite. Ya llevamos25 años con esto y por lo tanto es inhumano seguirlo prolongando. Luego concurrimos al Ministerio de Relaciones Exteriores y nos entrevistamos con el canciller Luis Almagro. Ahí encontramos la más clara posición de todas las del Poder Ejecutivo. ¿Por qué razón? Por dos razones: Almagro es un hombre de Derecho y segundo parquees el que tiene que dar la cara a nivel internacional. Tuvo una política muy activa en el comienzo del cumplimiento de la sentencia y luego por distintas razones fue desplazado. Posteriormente fuimos a hablar con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Nos escucharon en silencio. Algunos partidos nos dijeron que este tema ya lo habían discutido, que estaba saldado, que habían votado en contra de la ley interpretativa. Por tanto nos escucharon pero no nos dijeron que opinaban. Y nosotros queríamos saber que opina el sistema político.

La postura de todos los partidos

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PITCNT nos destaca que, a raíz de esta supuesta falta de opiniones, decidieron pedirles entrevistas a todos los partidos políticos. «En el directorio del Partido Nacional nos recibió Luis Alberto Heber – presidente de la colectividad – y la totalidad de su Comisión de Derechos Humanos, incluido Juan Raúl Ferreira que se había integrado en ese momento. Fue quizás una de las reuniones más productivas porque se abrieron puertas. Nos dijeron que estaban dispuestos a discutir el tema, que no todos tenían la misma posición y que había que buscar caminos. Porque ellos voluntad de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Hablamos con el Partido Independiente y también nos dijeron que estaban en la misma posición sobre el cumplimiento de la sentencia. Pero cuando le dijimos a Pablo Mieres, ‘pero mire que para cumplir con al sentencia el Parlamento tiene que aprobar una ley que evite la aplicación de la prescripción, la cosa juzgada, la pena más benigna’. Ahí Mieres nos dijo que no estaban dispuestos porque ello violentaría el derecho interno. Le respondimos: ‘señor Mieres usted no va a cumplir con la sentencia’. Ante ese hecho se nos terminó diciendo que en ese caso estaban abiertos para considerar si había una propuesta, que ellos no la iban a impulsar, pero si venía una nueva propuesta estaban dispuestos a considerar su posición. Nos entrevistamos con al totalidad del Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Ahí no logramos avanzar porque ellos interpretan que hay que leer la sentencia. Para ellos dice algo muy distinto de lo que comúnmente una persona normal que la lea puede interpretar. Consideran que la Ley de Caducidad está válida en la medida que fue ratificada por los ciudadanos, que no fue anulada por la ley interpretativa y que por tanto muchas de las cosas que está haciendo el gobierno son inconstitucionales y antidemocráticas. Y la última entrevista fue con Jorge Brovetto, presidente del Frente Amplio. Que mantuvo la posición de que había que cumplir con la sentencia. Que eran conscientes que para ello tenía que haber una iniciativa parlamentaria. Pero que el Frente Amplio no estaba dispuesto a propiciar ninguna iniciativa si no contaba antes con el apoyo dela Presidencia de la República».

Tomado de EL POPULAR, N°158, 30/9/2011.

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