FUCVAM: Declaración del Día Internacional de los Sin Techo – 3 de octubre de 2011

Publicado el 04/10/11 a las 1:21 am

Durante décadas, los diferentes gobiernos de turno han ignorado el problema de la vivienda. Los gobernantes, civiles o militares, han legislado sin intención de aplicar soluciones a ese tema. Es así que tenemos una Ley de Vivienda (Ley 13.728 de 1968) que nunca se aplicó en todo su alcance salvo en los primeros años de su existencia y que, como dio origen a las cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua y Propiedad Colectiva, rápidamente se dejo de lado en estos capítulos.

Esta Ley sentaba un punto fundamental para contar con una política de vivienda a largo plazo: creaba un Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) que disponía de recursos de asignación directa, ya que se nutría con un aporte sobre los sueldos de los trabajadores: el 1% a cargo de los patrones y otro 1% de aporte de los trabajadores.

El 1973 se aprobó la Ley 14.105, que aportaba un segundo puntal para poder instrumentar un Plan Nacional de Vivienda a largo plazo. Esta ley garantizaba el subsidio a la permanencia luego que la sociedad hacia el esfuerzo de financiarle a un trabajador una vivienda digna, esta ley lo protegía de las crisis económicas y vicisitudes de la economía, otorgándole un subsidio si en algún momento no podía pagar la amortización. Esta ley no sólo protegía al trabajador, sino también el esfuerzo social que esa vivienda había requerido.

Sin embargo, sucesivos gobiernos no vieron oportuno aplicar estos instrumentos. En 1990 se derogó el aporte de los patrones privados para el FONAVI, quedando sólo el de los trabajadores. Y en 1992 se derogó la ley 14.105 que otorgaba el subsidio a la permanencia. Por último con la creación del IRPF se dejó de aportar el 1% para vivienda por parte de los trabajadores y los recursos para vivienda pasaron a ser exclusivamente de asignación presupuestal, dependiendo de la voluntad de los legisladores y de los ministros de Economía, voluntad que en muchos casos depende de los réditos políticos que les otorga.

Como reza la declaración de un conjunto de técnicos y activistas de la vivienda, emitida en Cochabamba el 13 de setiembre de 2011: “En todos esos lugares (nuestra América) la gente lucha para mejorar su calidad de vida, se organiza, pide, reclama, propone, y sobre todo hace: hace la ciudad que pueden, en un campo en que el Estado -aun siendo su obligación garantizar ese derecho- y el Mercado -porque no es su negocio- no pueden, no saben o no les interesa actuar”.

La situación por la que pasan nuestras cooperativas es el fiel reflejo de esta larga lucha de 40 años por producir y defender la vivienda. Como establece la declaración citada, la llegada de partidos “progresistas” a los gobiernos de muchos países de la región no ha cambiado esta situación. En nuestro país, recién la administración Mujica declaró la Vivienda en Emergencia Nacional.

Aplaudimos fuertemente, desde un inicio, el reconocimiento que no se puede construir ciudadanía sin resolver el tema de la vivienda y aplaudimos también el deseo de crear instrumentos que sienten bases de una política a largo plazo. Sin embargo, creemos que para lograr esto, además de instrumentos coyunturales, se deben crear instrumentos legislativos de respaldo. Hoy se cuenta con las mayorías necesarias para hacerlo y con el respaldo de las organizaciones sociales si se encara la tarea.

El FONAVI debe volver a tener financiación directa de la sociedad, mediante impuestos distintos de los de antes. El agro y el capital, como fuentes fundamentales de recursos deben aportar a apuntalar las políticas sociales, y en especial la de vivienda. Por supuesto también deben hacerlo los destinatarios: no nos oponemos a ello, como nunca nos opusimos.

A su vez las diferentes propuestas de subsidios a la permanencia instrumentadas por las dos últimas administraciones deben ser ley y no decretos ministeriales, que pueden cambiar con otra administración, dejando la lucha en el mismo punto que estaba cuando asumió este gobierno.
La creación de barrios de integración social debe ser un objetivo fundamental del Plan Nacional de Vivienda, por lo cual debería contar con recursos directos del FONAVI, sin rechazar la posibilidad de contar con recursos extras. Nadie en el Parlamento se opone a un plan de esta índole pero al momento de votar muchos son los peros que se levantan para postergar inmiscuirse.

Como dice la declaración antes mencionada, se requieren “políticas de Estado que contemplen la creación de mecanismos de financiamiento público (crédito accesible y diversas modalidades de subsidios adaptados a las necesidades) estables y duraderos, en base a fondos de vivienda que no dependan de eventualidades fiscales; que se reconozca el aporte de ahorro y trabajo de la población y contemple el financiamiento colectivo; que los programas abarquen los procesos de producción, pero también los de mantenimiento y mejoramiento de la vivienda y de su entorno; la recuperación de la función pública del Estado en la planeación; la creación de bancos públicos de suelo urbanizado e inmuebles para posibilitar el acceso a la tierra con servicios y a la vivienda de los sectores populares; que eviten el desplazamiento, el desarraigo, los desalojos forzados y la fragmentación urbana, y que respeten el ambiente.
A la vez, reclamamos de las universidades y la academia la formación de profesionales y técnicos para trabajar para y con la gente, privilegiando los métodos participativos, la investigación en el hábitat popular y la difusión de su conocimiento hacia la población.”

Recalcamos que aplaudimos fuertemente los pasos dados en el tema vivienda pero creemos que sin las decisiones anteriores pueden ser barridos por otras administraciones y que si no se incrementan los recursos, no se pasará de las buenas intenciones. Una política de vivienda debería, además, para no echar dinero en saco roto:

– Controlar el destino de las viviendas de interés social (VIS). Algo de esto hay en la Ley del Plan Juntos que se envió al parlamento, y podría extenderse a todas las viviendas financiadas por el FONAVI. Por ejemplo, reglamentar las causas por las cuales se puede perder la vivienda.

– Contar con mecanismos de financiación para el llenado de los cupos libres en los viejos complejos de vivienda, permitiendo por esta vía el acceso a ellos de familias por debajo de las 60 UR de ingreso, familias objetivo del FNV. Por este camino se resolvería también la situación de los hijos de cooperativistas, para los cuales es prácticamente imposible, acceder a una vivienda en la cooperativa que nacieron o se criaron.

– Contar con formas de financiamiento del mantenimiento de los complejos. Luego de 40 años existe una cantidad de necesidades de mantenimiento que se hace difícil de encarar por los mismos complejos sin el apoyo del Estado, por lo que se requiere una tarea conjunta.

– Re-estudiar los costos de la construcción de viviendas de interés social (en parte ya se hizo), tomando en cuenta las empresas sociales, y que los mismos no se fijen para hacer el juego a las empresas de construcción.

Por eso compartimos este otro párrafo de la declaración de Cochabamba: “El problema no es sólo de falta de viviendas; las viviendas que existen también tienen graves carencias y deben ser mejoradas, o presentan riesgos físicos considerables y ese otro enorme déficit, cualitativo, requiere tanta atención y es tan complejo como el cuantitativo.
Los programas de mejoramiento de asentamientos muestran cuánto más difícil y costoso socialmente es arreglar lo hecho sin planificación, que planificar desde el comienzo; cuánto más complicado es curar que prevenir, y cuán necesario es que las normas se adecúen a la realidad y no a la inversa. Tampoco es posible dar la espalda a esa inmensa porción de ciudad construida por la gente, por lo que es parte vital de la tarea mejorarla, integrarla e incluirla, a partir de sus aspiraciones y propuestas.
(…)Está demostrado hasta el cansancio que los problemas sociales no los soluciona el Mercado; que la única salida en este tema es apostar a las potencialidades y organización de la gente; que sus posibilidades son mucho mayores cuando los procesos son colectivos, participativos, autogestionarios y democráticos, como es el caso de las cooperativas de vivienda y otros modelos grupales similares.”

Luchar hasta vencer por el acceso popular a la vivienda – FUCVAM – Dirección Nacional