«Sin acceso al suelo urbano, no habrá plan de vivienda»
Publicado el 28/07/11 a las 2:56 am
ENTREVISTA. CON GUSTAVO GONZALEZ Y BENJAMIN NAHOUM
Los planes de vivienda no serán posibles si no se garantiza el acceso al suelo urbano, sostuvieron Gustavo González y Benjamín Nahoum. «El derecho a la vivienda choca a veces con el derecho de propiedad» destacaron al reclamar que el Estado asuma los terrenos y viviendas abandonadas.
González y Nahoum presentaron el jueves el libro «Los Sin Tierra Urbanos» donde abordan la problemática de la vivienda, la situación de los asentamientos, las ocupaciones de viviendas y plantean la necesidad de discutir hasta dónde el derecho de propiedad debe prevalecer cuando el dueño del terreno o casa, abandona el bien. LA REPUBLICA dialogó con los autores de la publicación de la editorial Trilce.
«Hoy cuando el gobierno dice que el derecho a la vivienda es una prioridad, y se habla del derecho a la ciudad, eso no es posible si no hay acceso al suelo urbano», subrayó Nahoum.
«El hecho de que la gente no tenga una alternativa formal de acceder al suelo es la primera causa de formación de asentamientos, de tugurios. Por eso tiene que ingeniársela por los caminos que están a su alcance, ocupar un terreno, una casa».
En tanto Gustavo González señala que «si no se resuelve este aspecto del suelo urbano, no hay ninguna posibilidad de resolver el tema de la vivienda popular».
Nahum señaló que hay muchos diagnósticos y planes de vivienda, y recordó un estudio de la Facultad de Arquitectura que indica que en los terrenos y casas abandonadas en el centro de la ciudad, con todos los servicios, se podría albergar a unas 33.000 personas.
«El asunto es que todos esos edificios y tierra son de propiedad privada», dijo.
«En la medida en que se siga pensando que la propiedad privada es el principal de todos los derechos, hay un obstáculo para que la sociedad pueda usar bienes a los cuales le dio valor la sociedad, porque el valor de un terreno en la Ciudad Vieja, Goes o Aguada, es todo lo que tiene alrededor, y todo lo que tiene alrededor no lo puso el propietario del terreno, sino la Intendencia, OSE, UTE, y lo pagamos todos. ¿Hasta qué punto se puede defender que hay un derecho para que ese bien se mantenga ocioso porque al propietario no le interesa usarlo?».
Nahoum y González coinciden en que los terrenos abandonados deberían pasar a propiedad del Estado después de un tiempo razonable y con todas las garantías de que el propietario pueda demostrar que lo está usando. Nahoum recuerda que algunos reclaman expropiar los terrenos o viviendas abandonadas. «Eso tiene sus puntos negativos, porque al expropiar se le está pagando el terreno a una persona que lo tiene abandonado». Otro problema es cuando no aparece un propietario, porque falleció sin dejar heredero, o era de una sociedad anónima que quebró, o se fue del país. Para ello no hay una solución todavía.
Un camino sería reglamentar la ley de Ordenamiento Territorial y aplicar la prescripción a los cinco años de abandono para que pasen a poder del Estado, dando las garantías a que aparezca el propietario y confirme el uso del bien.
González reivindica que esos terrenos pasen a formar parte de una cartera de tierras del Ministerio de Viviendas y recuerda experiencias anteriores en el país. «Hay que tener claro que en Uruguay hubo una experiencia sobre tierras. Primero fue la cartera de tierras de la Dinavi que dio lugar al Fondo Nacional de Viviendas. La otra experiencia muy importante fue la de la Intendencia de Montevideo del año 1990, que dio terrenos para unas 85 cooperativas en lugares con todos los servicios».
Nahum recuerda que la cartera de tierras de la Dinavi se destruyó en dictadura cuando se entregaron tierras a los promotores privados.
En cuanto a la cartera de tierras, hay grandes posibilidades de hacer mucho con los terrenos del Estado. Alcanza con que el Ejecutivo decrete su pasaje de un ministerio a la cartera de tierras. Nahoum recordó que trabajó en una consultoría para el Ministerio de Viviendas para crear su cartera de tierras. «Ahí manejamos todo lo que tenía el ministerio, los entes autónomos, y en un momento dado pareció que no tenía sentido hacer el inventario, porque era tan grande la cantidad, que era hacer una lista como la guía telefónica».
«El abandono de una vivienda o un terreno, estaría indicando un daño a la sociedad, porque algo que tiene mucho valor, el propietario decide no utilizarlo, y eso implica el deterioro del bien, se arruina y esa ruina se trasmite a los edificios vecinos. Es ocupado como guarida de delincuentes, le hace perder valor, seguridad y calidad de vida a los vecinos. Frente a eso, ¿sigue siendo la propiedad privada algo que no se puede tocar? La Constitución dice que la propiedad es derecho inviolable. Hay muchos que leen hasta ahí, pero después de la coma dice, «pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general».
Los autores del libro «Los Sin Tierra Urbanos», Nahoum y González mantienen críticas a aspectos de la ley de promoción de construcción de viviendas de interés social, al tiempo que consideran que el presupuesto para viviendas es insuficiente.
«El presupuesto actual es igual o menor que el anterior, en términos reales, en capacidad de compra de metros cuadrados, etc. Con esa inversión no vamos a salir del problema», explica González. Enseguida critica la ley de promoción de la vivienda social en un aspecto. «Ahora se le llega a asignar fondos del Estado por si el que invierte en construcción tiene problemas al cobrar. Es vergonzoso».
Nahum añade que «en ese proyecto se exonera de casi todos los impuestos existentes a la construcción, sin que exista en el texto de la ley, garantías de que esa exoneración va a reducir el precio de venta. También se crea un seguro de hipoteca que asegure a los bancos privados que intervengan en el financiamiento que si el deudor no paga, el Estado le paga a los bancos con ese fondo».
González sostiene que con los actuales planes no se frena el déficit de vivienda. «Cuando hablamos de soluciones habitacionales, ¿de qué hablamos? Por ejemplo esta fundación Un techo para mi país, puede ser muy bueno, pero la vivienda que le dan a la gente es una caja de fósforo. Eso no se puede catalogar como vivienda digna. Naciones Unidas es clara en qué es una vivienda adecuada, dice el metraje, la ventilación, la iluminación qué debe tener, y por ahí tenemos que andar».
Publicado en el Diario La República 23/7/11