Debemos dar los instrumentos adecuados al Poder Judicial.

Publicado el 20/07/11 a las 2:20 am

El camino de los Derechos Humanos requiere de una constancia extraordinaria, y también la capacidad de distinguir como decía Andreu Nin, las derrotas desmoralizadoras y las derrotas fecundas. Los derechos humanos son una práctica o no son nada. Por ello, la Secretaría de DD.HH. del PIT-CNT volvió a golpear la puerta del Poder Legislativo. Resulta de notable interés el intercambio producido en su visita a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
(Sesión del día 13 de julio de 2011)

(Ingresa a Sala una delegación de Secretariado de Derechos Humanos del PIT-CNT)

——La Comisión de Derechos Humanos da la bienvenida a la delegación del Secretariado de Derechos Humanos del PIT-CNT, integrada por los señores Washington Beltrán, Raúl Olivera y Jorge Taborda.

Secretariado de Derechos Humanos del PIT-CNT, integrada por los señores Washington Beltrán, Raúl Olivera y Jorge Taborda.

SEÑOR BELTRÁN.- En nombre del Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, agradecemos que nos hayan recibido en el día de hoy.
De acuerdo con una decisión adoptada por el Secretariado Ejecutivo, comenzamos a realizar contactos con instituciones y organismos que han venido trabajando en materia de derechos humanos, a efectos de transmitir una preocupación del movimiento sindical que ha causado sorpresa y que, para nosotros, es consecuencia de una serie de omisiones.
Para nosotros, es fundamental conocer la opinión del conjunto de estos organismos, sobre todo, luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, que también tiene consecuencias para la Ley de Caducidad. Esta norma permanece en nuestro ordenamiento jurídico, pero, que si se diera cabal reconocimiento a esa decisión de acuerdo con nuestra modesta opinión , tendría que dejar de existir.
Nosotros estuvimos en el Ministerio de Educación y Cultura, con el Fiscal de Corte Ubiría y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. De parte de estos organismos no hay un comunicado oficial sobre todo de parte del Ministerio de Educación y Cultura a otros organismos , hecho que nos sorprende y nos llama la atención, porque esto no ha permitido a la Fiscalía de Corte, por ejemplo, pasar la resolución a los demás Fiscales.
Nosotros reclamamos de parte del conjunto de las organizaciones un papel más proactivo para poner en funcionamiento lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana. De alguna manera, nuestro país tiene la obligación de asumirla, pues ha suscrito estos acuerdos internacionales, que tienen carácter vinculante.
Conocer la opinión del Parlamento, en especial, de la Comisión de Derechos Humanos de la que forman parte todos los partidos con representación parlamentaria , para nosotros, es algo vital. Entendemos que el conjunto de la sociedad debe jugar un rol fundamental; nosotros, como movimiento sindical, lo hemos hecho siempre.
Reitero que es importante conocer la opinión de estos organismos y de esta Comisión para que sepamos qué tipo de lectura debemos hacer que permita a nuestro país garantizar alguna de las obligaciones que tiene a nivel internacional, en particular, esta, que, para nosotros, es muy sentida, y puede empezar a ponerse en práctica.
SEÑOR OLIVERA.- Tal como se ha afirmado, hemos recorrido algunas instituciones del Estado. Si bien es cierto que existe responsabilidad de parte del Gobierno de conducir los destinos del país me refiero al partido de Gobierno , también es cierto que hay responsabilidades que le caben a todo el sistema político.
También hemos solicitado entrevistas con las distintas organizaciones políticas con representación parlamentaria, porque nos parece importante que exista una reflexión sobre algunos aspectos que para nosotros son centrales.
En las últimas sesiones en que se consideró el proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad; a nuestro entender, solucionaba algunos aspectos que aún siguen sin solución, porque en nuestro ordenamiento jurídico sigue existiendo una norma que hasta el propio Estado, en este caso la Suprema Corte de Justicia, ha dicho que es inconstitucional y violatoria de los Convenios Internacionales.
Esa omisión de parte del sistema político, en este caso, del Parlamento, porque es quien debe tomar la iniciativa en determinadas leyes, es de carácter grave.
Siempre hemos repetido que esa era la primera sentencia condenatoria a Uruguay por violación a los derechos humanos, pero no es cierto; es la segunda. En este caso, se trata de una violación a los derechos humanos vinculada con la dictadura, pero hubo otra sentencia anterior sobre la que el sistema político no ha cumplido. ¿Este es el camino que seguirá el sistema político con relación a esa otra sentencia? ¿No la va a cumplir? Ha mantenido vigente la Ley de Caducidad ¿Aceptará lo que la sentencia establece respecto a superar los obstáculos?
Nuestro sistema jurisdiccional ha avanzado al entender que los delitos de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos no pueden ser tratados con las normas del derecho penal ordinario, porque existe un derecho de carácter internacional que ha establecido otras normas, por ejemplo, la imprescribilidad, la no existencia de cosa juzgada y distintos instrumentos. | Los debates que se han dado con relación a la ley de caducidad han puesto el acento en los pronunciamientos populares y no en que Uruguay tiene que cumplir con una sentencia. De lo contrario, los partidos políticos tienen que decir a la ciudadanía que lo que van a hacer es apartarse del concierto internacional. En este momento, Uruguay está aportando muchos recursos materiales a la defensa en un juicio que mantiene con una tabacalera. Si la política del Gobierno es no cumplir con ninguna sentencia, no vemos para qué gastamos ese dinero pleiteando con Botnia o con Philip Morris.
Nos parece que debe haber un pronunciamiento, no solo del Gobierno, sino de todo el sistema político, en cuanto a qué posición tienen con relación a los compromisos que Uruguay votó. Los cuatro partidos, en su momento, levantaron la mano y suscribieron determinados tratados; o sea, asumieron una determinada responsabilidad. En ese sentido, nos parece que no podemos omitir que todo el sistema político se incorpore a la necesidad de cumplir con esta sentencia.
Nosotros tenemos una concepción. Si Uruguay efectivamente cumple con esta sentencia más allá del cumplimiento puntual con las víctimas de nuestra sociedad , será respetuoso de sus compromisos de carácter internacional.
Como movimiento sindical y como organización que ha estado muy comprometida con este tema no se trata de un problema filosófico ni ideológico, sino de derechos , nos parece que el sistema político debe tener una respuesta clara en este sentido.
Si la política del Gobierno es no cumplir con los tratados internacionales, que empiece a renunciar a ellos, y dentro de un año la mayoría de los tratados establece un plazo de un año para que un país lo cumpla y, si quiere, renuncie , quedará libre de esa obligación. Si el partido de Gobierno tiene esa posición, tiene que decirlo; si los partidos de la oposición tienen esa posición, tienen que decir: «Cuando nosotros seamos Gobierno, nos vamos a apartar del concierto internacional y no vamos a acatar ninguna resolución más».
Nos preocupa que los debates que se han dado en el Parlamento hayan obviado ese aspecto fundamental. Hay una sentencia que es obligatoria para el Estado uruguayo. Para nosotros, es como si la Suprema Corte de Justicia uruguaya dictara una sentencia y otro Poder del Estado dijera que no la va a cumplir. Nosotros no abrimos opinión con respecto a si la ley interpretativa era buena o mala. Simplemente, intentamos resolver algo que sigue sin resolver.
Debemos dar los instrumentos adecuados al Poder Judicial, no solo decirle: «Ahora, arréglense ustedes para ver cómo tienen que hacer». Necesitan herramientas para resolver este tema de la forma más adecuada posible, que es ajustándose a las normas de derecho internacional.
SEÑOR ESPINOSA.- Puedo interpretar que esto es un intercambio de opiniones o que es una entrevista para exponer la opinión que tiene el PIT-CNT sobre este punto. Es estilo de esta Comisión es recibir a las delegaciones que exponen una problemática, y después, internamente, nos damos la posibilidad de intercambiar opiniones y, muchas veces, debatir sobre lo que se plantea. Si el mecanismo sugerido es el intercambio de opiniones, colateralmente, es un debate político que ya tuvimos durante muchas jornadas, inclusive, en el plenario.
Por lo tanto, solicito que la señora Presidenta me oriente con respecto a cuál será el mecanismo utilizado. Un debate tan profundo como este, no lo podemos dar en quince o veinte minutos. Tampoco logro ordenarme en esta línea de trabajo, conforme a los estilos de esta Comisión, es decir, no sé si recibimos a la visita para que exponga una preocupación, si desean hacernos escuchar la idea que tiene el PIT-CNT, a través de su Comisión de Derechos Humanos, o si la propuesta es promover un intercambio de opiniones, un debate, una consulta más generalizada, que deberíamos dar en otro ámbito y en otra oportunidad.
SEÑORA PRESIDENTA.- En las entrevistas, escuchamos los planteamientos que hacen los invitados, y luego, la Comisión asume los pasos a seguir. No abrimos un debate en las entrevistas, porque no es lo que el Reglamento indica.
De todas maneras, me parece bueno que, además de lo que va a quedar registrado en la versión taquigráfica, nos dejen algún planteamiento por escrito o CD para adjuntar.
La Comisión de Derechos Humanos fija las audiencias para escuchar las inquietudes, los planteamientos y luego asumir los temas vinculados a esas entrevistas. Creo que contesté la pregunta del señor Diputado Espinosa.
SEÑOR TABORDA.- No es la primera vez que tengo la oportunidad de concurrir a una Comisión parlamentaria. No está en nosotros generar un debate, porque conocemos las reglas de juego, pero, en otras Comisiones, hemos participado y opinado. Opinar no quiere decir debatir. Hemos aceptado algunas opiniones que, como decimos los trabajadores, son duras de pelar
Nosotros hemos generado opinión como parte de la ciudadanía. Una cosa es el debate en la Cámara, que se genera en base a uno, dos o tres ejes y, otra, es aspirar a tener la opinión del que la quiera dar. No queremos generar un debate porque este no es el lugar. Nosotros vamos a debatir en otro ámbito.
Me llamó la atención lo que expuso el señor Diputado Espinosa, porque entonces, nosotros no perdemos tiempo, mandamos un CD con lo que queremos plantear y no venimos a dar nuestra opinión.
SEÑORA PRESIDENTA.- Quizás, el señor Diputado entendió mal. Yo también creí escuchar: «Venimos a intercambiar, venimos a debatir». Cuando leamos la versión taquigráfica, veremos si nos equivocamos.
De todas maneras, lo que importa es que hoy la Comisión de Derechos Humanos está recibiendo el planteamiento formal del PIT-CNT y asume la responsabilidad de analizarlo.
No es lo mismo mandar un CD que venir a una Comisión parlamentaria a exponer una postura sobre un tema. En la entrevista anterior, tuvimos algunos planteamientos vinculados con la aplicación de la Ley de Procedimiento Policial. Como legisladores, tendremos que asumir qué hacemos con esa ley que votó todo el sistema político o ver cómo se está aplicando. Lo analizaremos oportunamente.
La versión taquigráfica de esta entrevista se cuelga en la página del Parlamento, lo que da un carácter diferente al que pueda tener que a cada uno de nosotros nos llegue un CD. La circulación de esto dentro del Parlamento es diferente a si hubieran mandado un CD. Concurrir a una Comisión parlamentaria tiene alguna otra importancia anexa: contamos con la documentación oficial de vuestra presencia y, además, queda reafirmada la postura que vinieron a presentarnos o la que puedan volvernos a plantear.
SEÑOR TABORDA.- Lo del CD no lo planteé de forma peyorativa. Cualquiera de ustedes se podrá preguntar qué alcance tiene lo que venimos a exponer o hacia dónde lo dirigimos, pero, muchas veces, nosotros no somos muy claros y damos por sobreentendidas las cosas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas veces, para nosotros, es importante que la exposición verbal venga acompañada de documentación. Yo lo solicité previamente. Hoy en día, se trae en un CD. Quería aclarar el plus que tiene que sus palabras queden registradas en la versión taquigráfica del Parlamento.
SEÑOR OLIVERA.- En realidad, nosotros podríamos haber traído un documento, que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una de las entrevistas que mantuvimos con el Ministerio de Educación y Cultura, dijimos que ningún Poder del Estado había sido notificado oficialmente de la existencia de la sentencia. Nosotros la podríamos haber traído, pero en otra entrevista nos enteramos de que se había dado el paso de notificar al Presidente de la Asamblea General. Por lo tanto, todos los Diputados estarán notificados de ello.
Nadie puede hacerse el distraído con relación a este tema. Los tres Poderes del Estado tienen obligaciones que cumplir con relación a esta sentencia. Por eso, nosotros decimos que no nos podemos limitar a hablar solo con la fuerza de Gobierno, que tiene una gran responsabilidad; también la tiene la oposición, todo el sistema político que actúa de oposición. En realidad, se realizó un debate que omitió el tema central, quizás, por desconocimiento. Ahora, les notificamos que hay una sentencia, que hay una obligación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos preguntamos qué va a pasar con eso. También nos preguntamos acerca de otro aspecto al que hace referencia la sentencia. Me refiero a otro Poder del Estado, que es la ciudadanía, que también está en falta. La Corte habla del Estado uruguayo en su conjunto, y en esto incluimos las expresiones de voluntad popular que se dieron, que también constituyen una falta frente al Derecho Internacional. La Corte no dice: «Es el Gobierno, es el Poder Judicial o es el Poder Legislativo». Dice: «Es el Estado». Y el Estado son todos; inclusive, ese otro Poder que constituye el ciudadano para tener una expresión de democracia directa.
Cuando hablábamos de intercambiar opiniones, queríamos traer a la mesa algunos elementos que no habían estado presentes en el debate. Sobre ese tema, nadie ha dicho una palabra. El Gobierno ha dicho que va a cumplir con la sentencia. Nosotros queremos saber qué pasa con el resto del sistema político. Sería bueno que no fuera solo la fuerza de Gobierno la que cumpliera con esta sentencia, sino el Estado en su globalidad, el sistema político en su globalidad. Nuestra preocupación va en ese sentido. Por eso decidimos hablar con las direcciones de todos los partidos con representación parlamentaria a fin de tener un panorama y trasladar ese aspecto de la cuestión que para nosotros es central. Si Uruguay tiene una actitud prescindente con relación a sus obligaciones de carácter internacional, para nosotros, como ciudadanos, eso es muy grave. Si es así, entonces, no respetamos nada y rige la ley del más fuerte y de la voluntad política de cualquier sistema.
De manera que nuestra preocupación era trasladar esto a una Comisión que me parece tiene una responsabilidad importante. Capaz que erramos el camino y deberíamos ir también a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración para plantear la situación desde el punto de vista legal y ver qué actitud va a asumir el Parlamento ante el hecho grave de que desde hace mucho tiempo no solo después de esta sentencia, sino a partir de la primera sentencia de inconstitucionalidad en el caso de Nibia Savalsagaray en Uruguay se permite que coexista una ley que está declarada inconstitucional con la Constitución. Una de dos: tiramos la Constitución al diablo o sacamos esta ley. Eso es algo que debe resolverse con prontitud por parte del sistema, porque es lo que le da credibilidad ante la ciudadanía. Esa es nuestra preocupación. Es en ese sentido que nos parecía importante intercambiar sobre este tema. Y reitero que vamos a hablar con las direcciones de los partidos políticos para que nos digan cuál es su posición. La ciudadanía tiene que saber, dentro de tres o cuatro años, cuando haya elecciones, cuál es el rumbo que dará cada partido al tema de los derechos humanos y de los convenios internacionales. Para nosotros, todos esos aspectos son fundamentales porque ayudan a la democracia.
SEÑOR PUIG.- No soy miembro titular de esta Comisión; soy delegado de sector y voy a hacer uso de la palabra simplemente en representación de ese sector.
Tenemos entendido que esta no es la primera reunión del PIT-CNT con los Poderes del Estado; se ha entrevistado con el Poder Ejecutivo y ha hecho planteamientos al Poder Judicial. Sin duda, a partir de lo que significa la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde nuestro punto de vista, los tres Poderes del Estado tienen responsabilidades a asumir.
En ese marco, sin duda se han dado algunos pasos. Me refiero a lo actuado por el Poder Ejecutivo con relación a los decretos que en Gobiernos anteriores imposibilitaron la investigación en torno a las violaciones a los derechos humanos; abrir ese camino es importante. Por supuesto, el Poder Judicial en toda su estructura, no solo la Suprema Corte de Justicia, sino también los Jueces tiene otras responsabilidades en lo que refiere al cumplimiento de la sentencia y de las convenciones asumidas por el país.
Por otra parte, desde nuestro punto de vista, el Parlamento también tiene responsabilidades en cuanto a la existencia de una ley que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha dicho que es inconstitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es violatoria de los convenios que Uruguay soberanamente asumió.
Por lo tanto, este es un debate instalado. Podrá o no darse la discusión en este ámbito, pero es un debate instalado en la sociedad uruguaya, y el Estado tiene determinadas premisas a cumplir. Es un aspecto que involucra al conjunto de la sociedad, también a este Parlamento. Podrá decirse que no se va a dar el debate hoy, en este ámbito, pero sin duda el Parlamento tiene responsabilidades a cumplir porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional del Uruguay, no porque haya tenido una actitud de injerencia sino porque nuestro país, en forma soberana, suscribió ponerse a disposición cuando se cerraran los mecanismos de justicia interna, negados en el país durante décadas.
De manera que entiendo que es realmente interesante esta iniciativa del movimiento sindical de intercambiar acerca de qué forma la sociedad uruguaya en su conjunto va a poner en cumplimiento normas de derechos humanos a las que hemos resuelto adherir.
Saludo esta comparecencia. Instala en el Parlamento la necesidad de debatir sobre estos temas.
SEÑORA PRESIDENTA.- El Estado uruguayo somos todos. Hay tres Poderes que seguramente tendrán tareas para realizar. Nosotros somos integrantes de esos tres Poderes.
Fue un gusto escucharlos en el día de hoy.
Agradecemos su presencia.
(Se retiran de Sala los representantes del Secretariado de Derechos Humanos del PIT-CNT)
SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con la sesión. Considero que deberemos analizar la versión taquigráfica de lo expresado por las tres delegaciones. Si la Comisión está de acuerdo, podemos agregar ese punto en el orden del día de la próxima sesión, en la que vamos a analizar el proyecto de institución nacional de derechos humanos, porque, de otra manera, serían considerados recién el mes que viene. La otra opción es citar una reunión extraordinaria para el día 27, pero no sé si al señor Presidente le va a gustar, o si podrá concurrir, y, además, corremos el riesgo de que algunos de los integrantes de la Comisión no puedan concurrir.
Teniendo en cuenta que soy Presidenta ad hoc, no quisiera tomar esa resolución.
SEÑOR ESPINOSA.- Estoy de acuerdo en que analicemos estas tres comparecencias el día 20.
Me veo tentado a formular una pregunta, porque, de pronto, estoy equivocado. No sé si lo que está proponiendo el PIT-CNT con su entrevista, además del intercambio pido disculpas al señor Diputado Puig por aludirlo , es la necesidad de que los Poderes del Estado debatan sobre esta situación planteada recientemente, o si es una propuesta política formal. Quizás yo me estoy extralimitando, o estoy comprendiendo mal. Si así fuera, daré las disculpas del caso. Me parece que se está tirando un guante sobre la mesa de esta Comisión, para que después el tema tenga que ser trasladado a nuestras correspondientes fuerzas políticas. Yo quisiera saber si ese era el objetivo de esta visita. Reitero que, si yo estoy interpretando mal, pido las disculpas del caso. Quizás, se trate solamente de una visita que pretende como ocurre en otros ámbitos ser un intercambio, pero, por nuestros propios mecanismos, no corresponde que se dé un debate ahora, sino que se analice lo planteado como Comisión.
Seguramente, en cuanto a los otros dos puntos, daremos nuestra opinión más adelante.
SEÑORA PRESIDENTA.- De pronto, podríamos ir adelantando el trabajo enviando las versiones a quienes normalmente se resuelve enviarlas. De esta manera, podríamos ir ganando tiempo en cuanto a definiciones posteriores sobre las versiones de las tres comparecencias. Quizás este sea un mecanismo de estilo de la Comisión que se hace normalmente. Entonces, el Presidente hablará con la Secretaría a fin de ver dónde podrán enviarse las versiones.
No me estoy refiriendo específicamente al caso del PIT-CNT, aunque también podría ser, porque hace referencia a una cantidad de ámbitos a donde está llevando este planteo. Por lo tanto, todos los ámbitos mencionados son a los que normalmente se les envían las versiones.
Como la versión es pública, planteo que hoy podamos avanzar en ese aspecto. Las demás consideraciones, las haremos oportunamente. Entonces, me gustaría dejar un espacio para el día 20, porque en esta última presentación, hay elementos que quisiera analizar para después tener opinión.
Si la Comisión está de acuerdo, podemos reunirnos el día 20 o la seguimos trasladando en el tiempo. Me da la impresión de que si hacemos los deberes sobre algunas cosas planteadas, podríamos tener alguna opinión y ver cómo sigue el trámite. Si hay temas que consideramos que deben ser objeto de una reunión posterior o de un debate, o no, porque la urgencia no es tal, lo podremos decidir el día 20. Sugiero que pongamos este asunto en el orden del día, a fin de tenerlo presente.
De pronto decidimos que no tenemos que considerarlo en esa oportunidad o incluirlo en el segundo punto del orden del día, porque tenemos el debate sobre el proyecto de institución nacional de derechos humanos, que esperemos que sea breve y arribemos a acuerdos. De esta manera, nos daríamos tiempo, porque ya estaría incluido en el orden del día. Entonces, si nos da el tiempo, lo desarrollaremos o lo pasaremos; también podemos considerar en la Comisión si es un tema que debe estar o no en el orden del día, o si tendremos que tomar nota y hacer otras gestiones, además de las naturales y de práctica.
Me gustaría saber si todos están de acuerdo en poner como primer punto del orden del día institución nacional de derechos humanos.
Se va a votar.
(Se vota)
——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
SEÑOR PUIG.- En relación a lo planteado por el señor Diputado Espinosa, creo que la delegación del PIT-CNT señaló que consultó al Poder Ejecutivo sobre si se había cumplido con uno de los mandatos de la Corte Interamericana que, insisto, es un órgano jurisdiccional en Uruguay en el sentido de informar a los distintos Poderes del Estado sobre la sentencia de la Corte.
En la medida en que se le confirma que la sentencia fue enviada al Presidente de la Asamblea General, lógicamente, quieren saber qué piensa el Poder Legislativo sobre este tema, porque, en definitiva, hay un mandato explícito en el dictamen de la Corte Interamericana para los tres Poderes del Estado.
Entonces, con toda legitimidad, el PIT-CNT pregunta cómo se plantea el Parlamento si es que tiene resuelta esa situación aplicar la sentencia de la Corte. Está en el Parlamento la respuesta que se va a dar, que implicará una discusión.
SEÑOR ESPINOSA.- Sin pretender dialogar, vuelvo a preguntar. Me gustaría saber si se hace una consulta formal o se trata de un intercambio y un traslado de una consideración o evaluación que hace el PIT-CNT a través de su Secretariado de Derechos Humanos. ¿Es algo formal que a través de esta Comisión se pretende accionar el mecanismo político parlamentario para que se responda qué acción, que idea, que definición o resolución va a tomar el Parlamento? ¿Es algo formal, o simplemente se trata de recibir a la delegación y escuchar que desde el PIT-CNT hay determinada visión, pensamiento, consideración o ponderación, y se traslada a esta Comisión, como a otros ámbitos fuera de este Parlamento, algo que me consta que se está haciendo?
SEÑORA PRESIDENTA.- Yo le voy a responder de esta forma. Acá hay un planteo, y el día 20 la Comisión analizará los pasos a seguir. No debemos preguntarnos si es el inicio de un debate o no. Lo primero que se me ocurre estoy adelantando opinión es notificar, transmitir a la Presidencia de la Asamblea General que concurrió una delegación del PIT-CNT, enviar la versión taquigráfica e informarnos si llegó el comunicado del Poder Ejecutivo acerca de las consideraciones de la Corte Interamericana, que todos lo tenemos, aunque no de forma oficial, como legisladores.
De todas maneras, sabemos que ingresó a este Poder del Estado. Tal vez, podamos cursar una nota al señor Presidente de la Asamblea General a fin de preguntarle si el trámite que se nos dice que fue hecho es así, y solicitar que se nos haga llegar a todos los integrantes del Parlamento. Después, el debate se instala cuando se considera que se debe instalar, y será la Comisión de Derechos Humanos la que podrá definir criterios.
Los temas vinculados con la ley de caducidad han sido tratados sistemáticamente en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Hoy recibimos una visita y tomamos nota de esa visita. En la próxima sesión, de acuerdo con el planteo que podamos hacer los integrantes de la Comisión y los delegados de sector, los legisladores que deseen concurrir podrán iniciar un intercambio o no; eso se verá. Sí tengo claro que hay mecanismos que desde la Comisión se pueden llevar adelante, como, por ejemplo, cursar una nota al Presidente de la Asamblea General solicitándole información acerca de esto que se nos plantea en el día de hoy y cuál es el trámite que se le dará a esa notificación para conocimiento de parte de todos integrantes del Parlamento.
SEÑOR ESPINOSA.- Disculpe, señora Presidenta, pero quizás hoy estoy lento; quizás me regalen una tortuga y se me escapa.
Lo que yo quiero saber es si lo que hoy estamos avalando es que el planteo que hace quien nos visita en Comisión es un planteo formal, porque una cosa es un intercambio de opiniones, es decir, que venga la delegación y que nos diga que piensa esto o aquello, que se comunicó tal cosa y que se conversó con el Poder Ejecutivo. Se trata de un intercambio de opiniones que pasa por un respetuoso encuentro en este ámbito en donde podemos intercambiar esas consideraciones e informaciones. Ahora bien; lo otro, es saber si estamos tomando como Comisión la exposición, la intervención de la delegación como un aspecto formal a tratar por el Parlamento, por lo que le vamos a dar el trámite enviando la versión taquigráfica al Presidente de la Asamblea General y demás.
Me gustaría saber cómo son las cosas, porque después, tengo que ir a conversar con mi fuerza política. Y yo no sé si esto es una simple visita de cortesía o un disparador para que se accione o se vuelva a conversar o a debatir sobre la ley de caducidad o, lo que es más específico, la resolución de la Corte Interamericana de Justicia.
SEÑORA PRESIDENTA.- Hoy, como Presidenta de esta Comisión, lo que puedo decir en cuanto a si esto es un disparador o no, dependerá del sistema político y no de una visita de una delegación, porque de esa manera, tendríamos que asumir visitas de muchas delegaciones que han venido a plantear temas muy importantes como éste, y las Comisiones no podrían estar fungiendo como asesoras del Parlamento sino como repicadoras de disparadores. No. Lo que estoy diciendo es que acá vino una delegación que sabía cuál es la forma en que las Comisiones analizan estos temas. Además, las Comisiones asesoras no son ámbitos de debate, aunque sí de intercambio. Si hay legisladores que consideran que este tema debe ser motivo de un debate político, tendrán los caminos para poder llevarlo adelante. Por otro lado, la delegación del PIT CNT está haciendo visitas a todas las direcciones partidarias, lo que significa que cada uno de nuestros partidos también tendrá oportunidad de hacer dichos intercambios, que podrán tener o no un aterrizaje parlamentario.
Estamos en un proceso en el que hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado, no solamente al Poder Ejecutivo, y habrá que ver si los instrumentos que nos damos para cumplir con la sentencia pasan por el Poder Legislativo. En tal caso, tendremos que asumir las responsabilidades, y serán las iniciativas privativas de cada partido las que hagan posible el trabajo parlamentario, porque no se legisla desde una Comisión, a no ser que exista un proyecto para legislar.
Sí se pueden hacer otras acciones desde el Poder Legislativo, y por eso, como primera acción, se me ocurrió la comunicación al Presidente de la Asamblea General para hacernos cargo de que el tema está en nuestra Casa. Después, con las potestades que tenemos quienes integramos partidos políticos distintos, hay que asumir si este tema debe ingresar o no, en el debate de la Comisión de Derechos Humanos.
SEÑOR PUIG.- Los procedimientos a nivel parlamentario los define el Parlamento. Sí hay que establecer que es un planteamiento formal del PIT CNT a partir de la existencia de una resolución de la Corte, que no solo, sino también, compromete al Parlamento.
SEÑOR ESPINOSA.- Me queda mucho más claro.
SEÑORA PRESIDENTA.- Es lo que intenté explicar, sin pretender ser mediadora entre lo que planteaba la delegación y lo que interpretamos como legisladores.