miércoles 21 de octubre, 2020

A 38 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO, el Poder Ejecutivo anunció la revocación de los actos administrativos que impidieron investigaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad en base a la ley de Impunidad..

Publicado el 28/06/11 a las 11:14 pm

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó que se revocarán -a través de una resolución y por razones de legitimidad- todos los actos administrativos incluidos en la Ley de Caducidad. El anuncio se realizó este lunes 27, fecha en que se conmemoran los 38 años del golpe de Estado, luego de finalizada la reunión del Gabinete Social.
El Poder Ejecutivo anunció en la Torre Ejecutiva, que se revocarán los más de 80 actos administrativos que se encuentran amparados por la Ley de Caducidad para que se continúe con las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
En ese marco, la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros decidieron dictar una resolución que, por razones de legitimidad, revocará los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo -en aplicación del Artículo 3º de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986- que consideró que los hechos denunciados se comprendían en las disposiciones del Artículo 1º de la Ley 15.848.
Explicó que la resolución se sustenta en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó para el caso Gelman versus Uruguay, el cual dispone que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación.
Asimismo, recordó que nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 15.737 del 8 de marzo de de 1985), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (24 de octubre de 1986) y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (21 de setiembre de 2001), así como también la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Por su parte, en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República se conformó una comisión ad hoc, integrada por la Dirección de Derechos Humanos y Cancillería, la cual trabaja en el análisis exhaustivo de la sentencia dictada por la CIDH a los efectos de su cumplimiento.
En ese ámbito se incrementarán las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) y se apostará a la conformación de una comisión interministerial en la materia. Además, promueve el cumplimiento de la sentencia de la CIDH en materia de reparación económica a la familia Gelman.
Breccia resaltó que la resolución solamente revoca los actos realizados por el Poder Ejecutivo para excluirlos de la Ley de Caducidad. Una vez promulgado el Poder Judicial será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como también si corresponde o no desarchivar los expedientes.

REACCIONES

«Política seria y efectiva»

El anuncio del Poder Ejecutivo implicó reacciones diversas en el ámbito social y jurídico, sobre la legitimidad de la revocación de actos administrativos dictados por anteriores gobiernos. En este sentido, el integrante de Hijos, Valentín Enseñat, evaluó «positivamente» la decisión del gobierno.

Hijos presentó ayer una «petición administrativa» promoviendo la revocación de todos estos actos administrativos, por considerarlos «ilegítimos» y contrarios a la Convención Americana. El objetivo era obtener un «decreto genérico», como forma de evitar una acción «caso a caso» por parte de los familiares de las víctimas. Empero, la decisión del Poder Ejecutivo se adoptó antes del ingreso formal de esta petición.

«Esperamos que (la decisión) se enmarque en una política seria y efectiva de derechos humanos y no sea un atajo en la búsqueda de una mágica solución al tema (…) y que Uruguay, de una vez por todas, se encause y se ponga a tiro con el derecho internacional», expresó Enseñat a LA REPÚBLICA.

En tanto, los abogados del Centro Militar analizan la posibilidad de recurrir, por la vía administrativa, la decisión del Poder Ejecutivo, según indicaron fuentes del ámbito castrense a LA REPÚBLICA. «Los actos administrativos no pueden ser revocados, porque significaría violentar el principio de cosa juzgada. El decreto será recurrido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) porque contraviene el precepto de seguridad jurídica», expresaron las fuentes.

Los mismos argumentos esgrimió el catedrático en Derecho Administrativo, Augusto Durán Martínez. «Si un acto administrativo es creador de derecho no es revocable de oficio bajo ningún concepto; es parte del principio de seguridad jurídica». «Si el asunto pasa por revocar actos administrativos firmes y estables, es un disparate, es inconstitucional y violatorio de todo el sistema de derechos humanos», señaló Durán Martínez a «El País Digital».

«No existe cosa juzgada»

Por su parte, el abogado Pablo Chargoñía, aseguró que un decreto genérico revocando actos administrativos de anteriores gobiernos, no violenta el principio de cosa juzgada.

«No existe la cosa juzgada administrativa desde hace muchísimo tiempo, porque desde la perspectiva administrativa, el Estado tiene el derecho y el deber de ajustar sus conductas ilícitas». Empero, el abogado estimó «inevitable» el impulso de un debate jurídico y administrativo sobre el tema ante los futuros planteos de los abogados de militares enjuiciados por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, Chargoñía estimó que la reciente sentencia de la Corte IDH es un «elemento insoslayable», cuyo contenido no podrá ser obviado por ningún órgano del aparato estatal. «La sentencia de la Corte IDH ordena que no haya ningún obstáculo, de ninguna naturaleza y en ningún ámbito, que impida investigar graves violaciones a los derechos humanos», lo cual incluye al Poder Judicial y al TCA, expresó. La decisión del Poder Ejecutivo «es una de las formas que tiene el Estado para cumplir el fallo de la Corte IDH», concluyó Chargoñía.

En tanto, la fiscal Mirtha Guianze estimó que el decreto habilitará la investigación en caso de impulsarse una denuncia por parte de «los familiares». «Todos los actos son ilegales porque la Ley de Caducidad, en sí misma es ilegal». «La persecución, puede quedar al arbitrio de los familiares, pero la nulidad existe de pleno Derecho», dijo Guianze a «Radio El Espectador».

Tomado de la página de Presidencia de la República y del diario La República.

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