domingo 25 de octubre, 2020

2º ENCUENTRO LATINOAMERICANO POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Publicado el 28/06/11 a las 1:25 am

Los participantes del 2º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia desarrollado en Uruguay, reclamaron que el delito de tortura sea tipificado como un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, no amnistiable y pasible de persecución por la justicia internacional, en un documento denominado el Compromiso de Montevideo que fue divulgado en el Día Internacional contra la Tortura.

La reunión de organizaciones de derechos humanos, contó con la presencia del diputado chileno Hugo Gutiérrez, las activistas argentinas María Sondereguer y Sara Waitman, la representante del Cejil, Liliana Tojo, y los brasileños Jair Kirschke y Afonso Lincks, que alternaron en las mesas de debate a las que enviaron sus intervenciones el jurista Alejandro Artucio y la periodista Stella Calloni.

El 2º Encuentro es la continuación de una primera reunión celebrada en Buenos Aires en marzo último, al cumplirse el 35 aniversario de su golpe de Estado, y es antesala de un evento similar que se organizará en Chile para el 11 de setiembre próximo, cuando se conmemore la fecha del golpe de Estado en el país trasandino. Los encuentros continuarán luego en Paraguay y Brasil.

En la actividad realizada en la Facultad de Ciencias Sociales, con cientos de espectadores en ambas jornadas de debate, se destacaron la intervenciones de los historiadores Clara Aldrighi y Alvaro Rico, el psiquiatra Miguel Scapusio, el abogado Pablo Chargonia, el maestro Miguel Soler, el sociólogo Enrico Irrazabal, el hijo de desaparecidos Valentín Enseñat y las víctimas de torturas Nélida Fontora, Baldemar Taroco e Ivonne Klinger.

La reunión en Montevideo fue convocada por las principales organizaciones de derechos humanos del país: Familiares de Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Hijos, ex presos políticos (Crysol), Casa Bertold Brecht, Fundación Zelmar Michelini, Fundación Mario Benedetti y el Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (Cecso), auspiciados por el sindicato bancario (Aebu).

El periodista Roger Rodríguez señaló en las palabras de apertura del evento que “las organizaciones no gubernamentales uruguayas convocantes y quienes militamos en ellas, estamos indignados. (…) no somos dignos de que en Uruguay los tres poderes del Estado declaren inconstitucional una ley y ninguno de los tres la elimine del sistema jurídico. No somos dignos de la discusión y resultado del debate parlamentario que en ambas cámaras se dio sin anular la ley de caducidad. No somos dignos de que la Suprema Corte de Justicia considere homicidio los casos de desaparición forzada. No somos dignos de que el Poder Ejecutivo electo no cumpla su programa electoral o admita la presión o el desacato de las fuerzas armadas. No somos dignos de que se ataque o amenace a los fiscales o jueces que quieren cumplir su trabajo de indagar e impartir justicia. No somos dignos de que en nuestros países siga rigiendo la impunidad que protege a los violadores de los derechos humanos”.

La declaración final del encuentro, fechada el 26 de junio, denominada el “Compromiso de Montevideo” expresa:

“Los participantes del 2° Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia, celebrado en la ciudad de Montevideo entre el 24 y 26 de junio de 2011, a 38 años del golpe de Estado en Uruguay y en el Día Internacional contra la Tortura, coincidimos en que en nuestros países se debe investigar, juzgar, penalizar, reparar y no olvidar los casos de tortura sufridos por nuestros pueblos, que indignan a nuestro sentimiento y condición humana, y constituye un crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, no amnistiable y pasible de persecución por la justicia internacional, cuando y donde fuera que se cometiere el delito, ya sea cuando las dictaduras del cono sur o por cualquier autoritarismo del presente.

Nos comprometemos contra la impunidad. Porque los impunes y los impunidores, militares o civiles, no deben continuar sin castigo, ya que la aplicación de la tortura en la región implicó un plan supranacional, practicado en forma sistemática, con idéntica metodología y desde los mismos manuales, para imponer desde las dictaduras un modelo político y social, que requería la eliminación de toda resistencia popular y la instauración del terrorismo de Estado, con sus muertes y desapariciones, antes que el autoritarismo permitiera una reinstitucionalización condicionada por la aceptación de distintos tipos de leyes de amnistía, punto final o autoperdón.

Nos comprometemos con los reclamos de las víctimas y sus familiares. Porque con la tortura se buscó la cosificación del ser humano, su deshumanización y su destrucción física y moral, para dañar no sólo el cuerpo de la carne y el hueso, torturado con el golpe, la picana, el tacho, la colgadura, el plantón o la violación y llegar hasta a la perdida de embarazos, sino también al cuerpo social, cultural y ético de convivencia, entretejido por la comprensión y la solidaridad, para generar el miedo y la desprotección de la sociedad, provocándole un daño transgeneracional con la interrupción de la continuidad del relato no oficial de su propia historia.

Nos comprometemos con la reparación a quienes padecieron la tortura. Porque la tortura no es un tema del pasado, sino que su daño, secuelas físicas o morales, se siguen viviendo en forma constante por quienes la sufrieron y su entorno, transformándola en un crimen permanente, porque es tan cruel el tormento como la posterior ausencia de políticas de reparación social a sus víctimas, quienes deben convivir con los impunes victimarios, y porque también es necesario repensar, desde una mirada de género y otras ópticas, las políticas de memoria, justicia y reparación, ante las características que la violencia represiva tuvo sobre hombres y mujeres.

Nos comprometemos con los juicios contra la tortura a nivel local e internacional. Porque las víctimas tienen el derecho de realizar las denuncias ante un sistema judicial independiente, que no debe estar sometido por el poder político, porque es un crimen imprescriptible que en cada país impone la justicia universal establecida por los convenios y tratados acordados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta las normas que lo tipifican en el tratado de Roma.

Nos comprometemos a impulsar una cultura y una educación que, basadas en los derechos humanos, sostengan la memoria. Porque es la cultura la que produce conceptos a partir de sus propias prácticas y herramientas, porque es la educación la que forja el aprendizaje y el conocimiento, porque ambas trasmiten y construyen la memoria colectiva que permitirá recordar y comprender lo ocurrido, para asegurar el nunca más al terrorismo de Estado. Un Estado que deberá ser vigilado por la sociedad, alerta en su conjunto, y a través de órganos autónomos de contralor».

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