miércoles 21 de octubre, 2020

DERECHOS HUMANOS: UNA LARGA LUCHA, UNA CAUSA JUSTA.

Publicado el 20/06/11 a las 11:28 pm

Por Raúl Olivera Alfaro.

Hace casi 26 años en el parlamento de un Uruguay que recién salía de la dictadura, un Senador –José Germán Araujo -, realizaba bajo el titulo de “Múltiples violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto”, una extensa intervención que insumió gran parte de las sesiones del 2 y 3 de julio de 1985.
Dicha intervención que giraría en torno al caso del secuestro de la maestra Elena Quinteros, tiene una introducción que es bueno recordar a la luz de los deberes incumplidos de este Uruguay de 26 años después. Expresaba Araujo en sus primeras palabras, que como resultado de su exposición no pretendía otra cosa que el envío de sus palabras y de los documentos que iba a aportar, a la Justicia.
Seguramente la contundencia de los hechos que denunciaría a continuación y el recordarle a las fuerzas políticas el documento suscripto por ellas, por las organizaciones sociales, empresariales y sindicales, el día 26 de octubre de 1984 sobre esta materia en la Concertación Nacional Programática, abrían expectativas de que la naciente democracia encararía y resolvería como corresponde en un Estado de Derecho, las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.
El documento de la Concertación Nacional Programática a que hacía mención el Senador y que leyó al cuerpo expresaba como posición unánime del sistema político y las organizaciones de la sociedad: “El gobierno de hecho, ha actuado desde el 27 de junio de 1973, sin la presencia del órgano de contralor parlamentario y ha reducido por la vía normativa o de los hechos, las facultades del Poder Judicial. Esas carencias, alcanzan especial gravedad en -lo que se refiere a la violación de los derechos humanos, según lo denunciado reiteradamente”. “Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de las denuncias referidas y dejar impune los hechos que constituyen ilícitos penales”.
“Voy a detenerme – continuó diciendo Araujo-, en esta parte del documento. Creo que es necesario prestar mucha atención a la frase que terminamos de leer. Las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, empresariales y sindicales, establecen con claridad que constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas sobre violaciones de los derechos humanos, o sea que, el día 26 de octubre, todos establecimos el compromiso de revelar ante la opinión pública de nuestro país, toda la verdad sobre dichas violaciones en el entendido de que, su ocultación, su ignorancia, constituirán un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, En esta misma cláusula que terminamos de leer —y esto es tan importante como lo ya analizado— se establece que no deben quedar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales; ó dicho en otras palabras: que los responsables de todas las violaciones tendrán que ser enfrentados a la justicia”.
“El documento, señor Presidente, continua diciendo Araujo, termina expresando: “Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas, procuran el esclarecimiento de los hechos respectivos”. Lo que es decir, si mal no interpreto esta cláusula, que en nuestro caso, como senadores de la República, estamos obligados —por el compromiso contraído en la Concertación Nacional Programática— a procurar contribuir al esclarecimiento de todas y cada -una de las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que procuraremos con ésta nuestra intervención. Por último, el documento establece: “Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial” —y esto es muy importante— “de – los instrumentos jurídicos y reales, -que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”.
“Sin duda alguna, se trata de otro punto muy importante, continua Araujo. Por este documento, señor Presidente, todos los órganos del Estado, en él marco de sus respectivas competencias, están obligados a esclarecer todo lo negro de este pasado reciente. Para ello, es preciso que los tres Poderes del Estado cuenten con los instrumentos necesarios —diría yo, imprescindibles— para -el efectivo cumplimiento de esa misión. El Poder Ejecutivo cuenta con ellos y sólo sería necesaria su voluntad política, para que tal extremo sea alcanzado en los hechos. Dicho en -otras palabras: el Poder Ejecutivo cuenta con los medios y los instrumentos necesarios para llevar adelante todas las investigaciones a las que por el compromiso contraído en la Concertación está obligado”.
26 años después, palabras más, palabras menos, la Corte Interamericana nos retrotrae y nos exige en el mismo sentido de lo que reclamaba la izquierda en la voz de Araujo.
Han trascurrido muchos años desde el punto de vista humano. Los uruguayos que nacían en 1985 con ese debe del Estado uruguayo, hoy ya con 25 años ya cumplidos lo siguen teniendo. Las obligaciones del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, siguen incumplidas.
En el ínterin, se violó aquel acuerdo político de la Concertación Programática, se violó la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el país, aprobando la ley de caducidad. Y por si eso fuera poco, se extralimito sus alcances para que en el país se instalara la impunidad más absoluta. Y quién se atrevió a recordarle a los partidos tradicionales su inconsecuencia, fue expulsado del Senado. En ese acto vergonzoso, vengativo y de odio, no se tuvo en cuenta que se pasaba por arriba de un pronunciamiento popular inequívoco que era el que había llevado a Araujo al parlamento.
En el ínterin, se lucho de mil maneras. Se denunció a nivel nacional e internacional, se presentaron causas y recursos, se realizaron petitorios, se pusieron recursos infrahumanos para lograr instancias de consulta popular, se realizaron muchas marchas del silencio. En resumen, se batalló incansablemente, con todas las armas y los medios que nuestro ordenamiento legal permite.
Esos jóvenes que hoy tienen 25 años y muchos de los que en aquel entonces eran niños, hoy se han sumado mayoritariamente a ese reclamo añoso y épico de verdad y justicia. Lo que siempre fue inconstitucional y violatorio de los convenios internacionales, finalmente es entendido así, por los tres poderes del Estado y por la Corte Interamericana. Lo que muchos consideraban un tema laudado, siguió afectando la agenda política del Uruguay. La página que mayoritariamente se pretendió dar vuelta, sin leerla, fue escrita en importantes sentencias judiciales en el país y en la Argentina. Pocos aun, pero no por eso sin importancia, fueron rescatados los restos de compañeros que estaban enterrados en cuarteles. Los muchos hijos de nuestros compañeros, dejaron de ser botín de guerra y se suman paulatina e inexorablemente a la lucha de sus padres desaparecidos. Ya no son contados los jueces y fiscales, que ante las causas en sus juzgados, no les tiembla la mano a la hora de aplicar la ley con todo su rigor a quienes se creyeron impunes de por vida.
Este sintético recorrido por estos 26 años de nuestra historia, tiene un punto de partida que se ubica en el momento en que como ciudadanos viviendo en democracia, debimos contar con la posibilidad de recuperar derechos avasallados por el terrorismo de Estado. Continúa con la acción del Estado en democracia, eludiendo esas justas aspiraciones mediante las políticas de impunidad que desarrollaron los gobiernos blancos y colorados. Incluye, los esfuerzos que desde la sociedad, se hicieron para quebrar esa impunidad y los avances que pese a la importancia de las fuerzas que se debió enfrentar y desafiar, se alcanzaron.
Porque es necesario traer todo esto a cuenta hoy? Por una razón elemental, la de comprender la índole y la magnitud de la lucha en la que nos hemos comprometido y de la que no abandonaremos. Y porque al igual que nos deben doler los fracasos, también nos deben fortalecer los avances.
Hoy, teniendo en cuenta el punto de partida, el camino recorrido y la situación en que nos encontramos, debemos afrontar un desafío nuevo, que a diferencia de los anteriores, puede ser – en caso de resolverlo adecuadamente -, el inicio de una nueva etapa, un nuevo escenario- no sin desafíos-, pero de otra magnitud y de otra índole.
Este desafío debe ubicarse en como logramos que en el Uruguay termine el largo ciclo de impunidad, con un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que se niega a considerar delitos de lesa humanidad los crímenes de la dictadura; con un sistema judicial que no se pone a tono con los distintos pronunciamientos de otras Supremas Cortes de América Latina que aplican el derecho internacional estableciendo que los crímenes cometidos por el Estado en el marco de las violaciones sistemáticas a los DDHH deben ser considerados de lesa humanidad; con un sistema político que escurre el bulto a sus obligaciones políticas, éticas y jurídicas. Eso se alcanza poniendo fin al instrumento que instalo en el Uruguay una cultura de impunidad.
Desafío que pasa y debe tener en cuenta como un elemento fundamental y decisorio, una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que obliga a que todas las violaciones a los DDHH deben ser investigadas y que sus responsables deben de ser castigados. El resultado de este desafió, ya no puede ser incierto, la respuesta que dé el sistema judicial, el parlamento y el Ejecutivo a esa orden de la Corte Interamericana determinará indubitablemente si el Estado uruguayo cumple o incumple la Convención Interamericana de DDHH, y con ello si se suma a los esfuerzos por terminar con la impunidad o sigue inmerso en la lógica que intaló el autoritarismo militar. Si por la causa que sea – falta de voluntad política, mantenimiento de la prescripción, o por cualquier otra causa -, Uruguay no cumple con sus obligaciones, el Estado estaría desacatando la sentencia de la Corte Interamericana.
El hecho de que la Suprema Corte no haya hasta hoy calificado los crímenes de la dictadura como de lesa humanidad, no nos libra de reclamar que por medio del Parlamento o del Sistema Judicial, esos crímenes no prescriban, teniendo en cuenta que la Corte Interamericana estableció que la Ley de Caducidad no tiene validez. Si la Corte Interamericana dijo que la ley de caducidad sancionada por el Poder Legislativo carece de valor jurídico, ese mismo Poder Legislativo sobre ese acto debería actuar legislando en ese sentido.
Por desde el Poder Ejecutivo también se debería hacer algo en ese sentido, revocando los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle que ampararon casos en la Ley de Caducidad e impidieron la actuación de la justicia.
Ese fallo de la Corte Interamericana, le exige a todos los órganos del Estado uruguayo el cumplimiento de lo establecido en ese dictamen. De ahí, que deberían los distintos órganos administrativos del Estado, que adviertan que decisiones suyas fueron tomadas al amparo de una ley que carece de validez jurídica, revocarlos.
No es necesario demostrar que la sociedad civil ha sido la principal protagonista en la lucha por Verdad y Justicia, ante las omisiones y complicidades del Estado. El reclamo del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, también debe tener ese protagonismo.

Tomado de http://raulolivera.blogspot.com/2011/06/derechos-humanos-una-larga-lucha-una.html

El autor es Asesor de la Comisión de DD.HH del PIT/CNT.

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