miércoles 28 de octubre, 2020

La inseguridad y el efecto lupa.

Publicado el 02/06/11 a las 11:59 pm

El nombre de Rafael Paternain fue de los primeros en aparecer cuando se pensó en universitarios que hayan dedicado tarea académica a la cuestión de la criminalidad de menores.

Pero fue no sólo desde el desarrollo intelectual sino desde su práctica profesional desde donde se encaró esta entrevista. Recordemos: trabajó como sociólogo en el Ministerio del Interior (mi); ingresó en el Instituto de Criminología; luego fue director del Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis; también impulsó la creación del Observatorio de Violencia y Criminalidad; en marzo de 2009 asumió como Gerente de Política Institucional y Planificación Estratégica del mi.

¿cree que se ha incrementado la participación de los jóvenes en los actos delictivos?

Rafael Paternain: El grueso del delito contra la propiedad —que es el que explica las 3/4 partes de los delitos que se cometen— en todas partes del mundo es esencialmente juvenil; eso se da como una modalidad que tiene una serie de reglas y características.

Cuando hablamos de delito juvenil hay un rango fuerte entre los 15-16 años y los 23-24.

Seguramente muchos de los delitos que han ido creciendo se explican también por esa alta participación. Más allá de la obsesión que existe en resaltar el incremento de los delitos cometidos por menores de 18 años, cuando es sólo un límite jurídico, parecería ser menos relevante la participación de mayores.

Por otra parte es muy difícil, desde el punto de vista técnico, determinar si hay mayor participación de menores en algunos delitos. En los homicidios es bastante exacto el dato, y los números reflejan que la participación de menores es estable a lo largo del tiempo. En las rapiñas y los delitos contra la propiedad el mi no ha dado respuestas demasiado claras. Uno podría pensar que existe mayor participación en la medida que han aumentado las rapiñas y los hurtos.

¿qué porcentaje de delitos son cometidos por menores?

R. P.: Es imposible saberlo, yo tengo una posición bastante inflexible desde el punto de vista técnico. En Uruguay tenemos aproximadamente unas 200.000 denuncias al año, también hay un 40% de delitos que no se denuncian. De los delitos que llegan a conocimiento de la policía es muy difícil determinar el porcentaje en el que participan menores: nos puede robar una persona que parece menor y no lo es y viceversa; es muy alto el grado de imprecisión en estos datos.

En segundo lugar debemos tener en cuenta que la policía, como los medios de comunicación, actúa siempre con criterios de selectividad, abordan una parte de la realidad y sobre ella operan. Es muy posible que al ser más selectivos, los datos policiales le den un mayor incremento en la participación de los menores.

Un dato interesante es que es mucho más alto el porcentaje de detenidos menores de 18 años en función del peso poblacional que tienen, que el porcentaje de detenidos de 18 años o más a nivel de la población. De los detenidos por presuntos delitos la gran mayoría no son encontrados responsables.

Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los datos policiales, porque muchas veces reflejan más el trabajo policial que la propia realidad.

En términos generales advierto que hay un meollo en aquellas manifestaciones de delitos más violentos, eventualmente la participación en homicidios, copamientos, y algunas rapiñas especialmente violentas que tienen la participación de menores. El problema no es si son menores o mayores, sino el tramo vital en el cual están. Cuando se debate sobre la edad de imputabilidad es una discusión jurídica, pero el tramo vital de una persona es absolutamente indiferente.

Un argumento que ha tenido poca repercusión es que en Uruguay existen más denuncias de violencia doméstica que de rapiñas, esto no quiere decir que hay que olvidarse de los robos.

Tenemos dos realidades, fenómenos de criminalidad de distinta naturaleza, sin embargo la respuesta política, los medios de comunicación y el debate público se centran en una sola realidad, como si la otra no existiera y no explicara también la inseguridad. Del mismo modo, sabemos perfectamente que es mayor la cantidad de homicidios que se dan en contextos de violencia doméstica que los que se dan en delitos contra la propiedad privada y en contextos de rapiñas.

¿Por qué hay una priorización de algunos delitos? La respuesta nos llevaría a realizar una lectura más de corte político-institucional, y simbólico-cultural.

El país está en un proceso de construcción en el manejo de la seguridad, con una hegemonía conservadora muy fuerte y que tiene que hacer de los sectores más vulnerables un punto focal para restablecer posiciones de poder, de autoridad o de respuesta política frente a un tema de preocupación.

Por momentos queda la sensación de que la realidad importa poco, en cuanto a los balances, y lo que importa es hacer caudal de una parte de lo real. En este sentido están involucrados los actores políticos, los medios y los actores institucionales.

¿qué es el «sentimiento de inseguridad»?

R. P.: Es una representación colectiva, un estado de ánimo social muy consolidado que se instala en nuestro país en la década de los noventa y es preexistente a la explosión de los delitos, así lo demuestran las encuestas de opinión pública.

Uruguay se ha caracterizado tradicionalmente por tener altos niveles de inseguridad que no se correspondían en su momento con los indicadores de criminalidad.

Cuando el delito comienza a crecer, el sentimiento de inseguridad se hace mucho más sólido y más compacto, llegando al estado actual. Lo que tenemos hoy a nivel social es una manifestación política de la ciudadanía, una sensación de vulnerabilidad por segmentación o fragmentación a lo largo del tiempo, y sobre todo una idea de desprotección profunda.

Lo que tratamos de hacer colectivamente es canalizarlo hacia algún lugar o buscar desde determinados sectores del Estado todas las respuestas, eso nos hace una sociedad más intolerante, autoritaria y reactiva.

Lo que estamos viendo en las iniciativas políticas para bajar la edad de imputabilidad es el corolario de estos procesos, estas cosas ocurren porque existe un caldo de cultivo social.

¿en qué países no ha dado resultados la baja de la edad de imputabilidad?

R. P.: Yo no conozco ninguna experiencia en el mundo donde bajando la edad de imputabilidad a nivel penal se hayan solucionado los problemas de delincuencia juvenil. Tampoco conozco ningún caso de políticas ciudadanas exitosas en donde se prioricen los mecanismos de sanción y de control.

Hay que tener en cuenta que una política de seguridad tiene varios capítulos: la dirección política, todo el capítulo de prevención —social, comunitaria, situacional, policial—, luego vendría el control que pueden ejercer los aparatos policiales; después la sanción donde participa el Poder Judicial y, por último, la rehabilitación y reinserción.

Es algo tan amplio que no conozco un solo caso donde se obtengan buenos resultados enfocándose en un solo ítem.

La pena en este caso se haría más fuerte imponiendo la sanción penal del mundo adulto. Lo mismo con la discusión de borrar los antecedentes de los menores: es algo estrictamente sistémico, un detalle de funcionamiento del sistema penal.

Desde el retorno a la democracia han fracasado las iniciativas que agravaron las penas. Esto no mejora la situación de seguridad y tampoco mejoran los indicadores de seguridad objetiva.

Muchos países que tienen menores tasas de victimización van por otro camino.

¿qué soluciones integrales se podrían encontrar?

R. P.: Si se tiene una perspectiva progresista de la seguridad, el capítulo policial y el penal son apenas capítulos, y no necesariamente los más importantes, para una política de seguridad exitosa.

En algún momento se pensó que la policía debía llevar adelante políticas sociales, lo cual es un error bastante feo. La policía puede hacer prevención policial estrictamente y contribuir a la prevención situacional.

Todos los demás capítulos preventivos tienen que ser articulados por otros actores del sistema, y seguramente el aparato público deba tener una fuerte participación.

Cuando se habla de la prevención social no significa que cada ministerio haga tareas por separado si no atacar los factores de riesgo de la violencia y la criminalidad con un enfoque global. En América Latina hay países que han logrado grandes resultados. Las políticas sociales tienen que abrirse y generar sus programas específicos que trabajen en la prevención social.

La experiencia más importante que hemos tenido en materia de políticas de seguridad en todo el ciclo democrático la tuvimos desde 2005 a 2009. Allí tuvimos los gérmenes de cosas que con el tiempo no se pudieron consolidar. En ese período el gabinete de seguridad estaba integrado por el mi, el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Salud Pública (msp). Fue un intento de darle un enfoque integral, pero no se profundizó.

Hoy el gabinete de seguridad está integrado por el Ministerio de Defensa, el mi y Cancillería.

¿qué cree que sucedería si el pueblo aprobara la baja de la edad de imputabilidad?

R. P.: Primero, no creo que esto suceda. Hoy en día tenemos la voluntad de varios partidos políticos que se manifestaron en contra y por lo general el electorado refleja las definiciones partidarias.

En el caso hipotético de que esto prosperara creo que sería un escenario político-cultural extremadamente negativo y para llegar a eso el país tendría que dar un giro autoritario muy inquietante.

¿qué rol debería jugar la udelar para revertir el aumento de la criminalidad de los menores?

R. P.: La Universidad debería jugar un rol central en este tema. Lamentablemente mi experiencia indica que estos temas no son muy promocionados en la agenda de investigación académica.

En el último tiempo se ha avanzado, pero estos temas deben tener un abordaje integral; tienen que aportar distintas disciplinas: psicología, trabajo social, economía, sociología, ciencia política.

El mayor aporte de la Udelar es tratar de que en los temas de seguridad no se pierda la perspectiva social, que el conocimiento social pueda tener mayor incidencia en los diagnósticos y las políticas institucionales de seguridad. También se deben crear herramientas de evaluación y monitoreo.

Si el pensamiento social no incide en el debate de estos temas, se corre el riesgo de que el aspecto técnico sea solo desde la perspectiva policial, ese es el mayor error, el policía es profesional de una parte de la seguridad.

Rafael Paternain es sociólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales (fcs) de la Udelar desde 1991. En 2001 finalizó el máster en Ciencias Humanas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (fhce) y en 2002 realizó estudios de doctorado en la Universidad de Alicante, España. Desde 1992 se desempeña como docente e investigador en el Departamento de Sociología de la fcs.

Tomado de Gaceta.Ur, mayo de 2011.

http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/13643/siteId/1

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