domingo 23 de febrero, 2020

Milton Romani: 6 años de lucha contra el narcotráfico.

Publicado el 29/05/11 a las 9:17 pm

Milton Romani fue responsable de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay por seis años. Desde su gestión, la temática de drogas se conviritó en un tema de agenda. Al retirarse de ese cargo, Romani conversó con Latinhub sobre los aprendizajes y los desafíos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos ha sido señalada por algunas ONG como una manipulación desde la OEA hacia los países más pobres a través, por ejemplo, de la CICAD, pero sin tener efectividad. ¿Qué opinión le merece el comentario? ¿Qué logros ha tenido la CICAD?

No está bien planteada la pregunta. En la complejidad del tema existen múltiples oportunidades para impulsar cosas nuevas. Manipulación, dicho así, parece apelar a la idea de una conjura externa que no tiene nada que ver con los factores internos de nuestros países. Y como si el narcotráfico y el lavado de dinero son una especie de argumento falaz que “se impone”. Es, al menos, un poco más complicado. En el seno de la CICAD se ha dado últimamente un excelente debate en la construcción de la Nueva Estrategia Hemisférica que recoge algunos elementos interesantes. En la CICAD se ha desarrollado una herramienta de gran valor: el Mecanismo de Evaluación Multilateral que se trata de una herramienta opuesta totalmente a las certificaciones unilaterales del Departamento de Estado. Y la acción de CICAD impulsando las herramientas de combate al lavado de activo son muy buenas.

Dicho esto, es importante señalar que mas allá de la OEA y sus vicisitudes políticas, hay un modelo hegemónico, impulsado por EEUU conocido como “guerra de las drogas” que incide y mucho en la OEA, en las relaciones bilaterales y tiñe todo el hemisferio. Pero no es solo propiedad de EEUU. Muchos países comparten esta visión militarizada y reduccionista del problema drogas. El problema de las drogas, en su faz de mercantilización ilícita esta favorecido por ese hecho: la ilicitud. Allí se potencia la fetichización de una mercancía pero que solo tiene provecho en la medida que se pueda reciclar en el mercado lícito. Los niveles de corrupción PREVIOS AL FENOMENO han potenciado al narcotráfico y al lavado. Hay una especie de banalización de los “negocios” que usan cualquier mecanismo para acumular riquezas. En Uruguay la década del 90 y la flexibilización del mercado financiero tuvo un nombre: Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (que han sido erradicadas en la administración pasada). SAFI fue uno de los mecanismos para lavar mucho dinero y convertir a Uruguay en un paraíso fiscal y un país desprestigiado. En la ultima campaña electoral todavía había candidatos que reclamaban “sociedades anónimas…..para lo que sea”. Y existe una especie de cultura en la que se admite que los capitales son bienvenidos “vengan de donde vengan”. Hace poco el Subsecretario del Interior Jorge Vázquez dijo que el tema de la inseguridad había que buscarla también en Punta del Este. Se levantaron muchas voces ofendidas sin reparar que el primer operativo contra el lavado de dinero se llevo en Punta del Este ya en el año94 y se detuvo a Raúl Vivas. Hoy hay en el mundo desarrollado una desesperación por evitar la fuga de capitales y después de las hipotecas chatarras y la crisis consiguiente, se extreman los recaudos para evitar el blanqueo y la evasión fiscal. Si. Es una exigencia inequitativa porque hay muchos paraísos fiscales consentidos que no son controlados. Es un aspecto de una responsabilidad común y compartida en forma no equitativa. En el combate contra el lavado, así como en la arbitraria decisión de imponer acciones duras en los “países productores” sin compartir en forma justa las cargas de la demanda de los países consumidores, hay un traslado de cargas totalmente injustas. Pero atenti al gol: eso no quiere decir que nuestros problemas, los de estas regiones no constituyan un desafío en materia de políticas públicas racionales, integrales, equilibradas y que atiendan la inequidad social y la marginación como aspectos centrales del encare en drogas. Que deben estar acompañadas de una decisión inflexible de aplicar la ley pareja para todo el mundo que tenga por ello un criterio de proporcionalidad entre el daño y las penas. El centro de la acción represiva debe ser el crimen organizado y el lavado. La recuperación de territorio para cumplir las obligaciones tan postergadas de un estado que estuvo ausente y omiso, no puede ser solo en términos policiales. Debe ser con el conjunto de de obligaciones. Militarizar este conflicto social es una premisa que está en la lógica de la guerra de las drogas que para lo único que ha servido es para incrementar la violencia y no solucionar los aspectos más importantes que tienen que ver con la salud pública y la seguridad ciudadana con enfoque de inclusión social.

¿Por qué es necesario trabajar la lucha contra el narcotráfico con la del lavado de activos? ¿Podría explicarlo para el ciudadano común?

Creo que esta respondida en el anterior. Pero de nada vale detener y procesar personas que trafican drogas sino actuamos contra los bienes y dinero que acumulan. La acumulación de dinero del narcotráfico tiene varios mecanismos para convertirlo en dinero lícito. Es decir que pueda justificarse ante los bancos y ante todo tipo de transacción. Eso convierte a la lucha contra el lavado en una medida inteligente para desarmar a las organizaciones criminales que tienen un alto grado de organización y profesionalización. Por otra parte castigar este aspecto, que esta altamente vinculado a actores económicos muy pudientes, que actúan legalmente y son de alto nivel es una forma de “democratizar” la penalización y afirmar que en esto no hay impunes. Porque sino terminamos persiguiendo a los “perejiles” a los consumidores o a los pequeños traficantes y no pegamos en la cabeza financiera del gran negocio. Es un desafío que además apunta al núcleo mas corrupto de la sociedad. El narcotráfico, la corrupción y el lavado son impensables por separado. Es un desafío de seguridad ciudadana que va mas allá del trafico de drogas.

¿Cuál es el impacto de drogas como la pasta base en la criminalidad por una parte, y en la percepción de criminalidad, por otra?

La pregunta pertinente es si estamos así –con grados de inseguridad- porque llego la pasta base al país, como si fuéramos un paraíso terrenal al que llegaron los alienígenas, o es al revés: la pasta base llego porque se fracturó la sociedad, se duplicó la pobreza y la indigencia y se perdieron los parámetros de una vida compartida. El año 2002 en Uruguay es una fecha clave. Lo fue el 2001 en Argentina. No digo que esa sea la única causa, pero es muy significativa la aparición de la pasta base en esos años.
El aumento de la criminalidad tiene que ver con la falta o la pobreza de perspectivas. En el último carnaval la murga Agarrate Catalina hizo una canción sobre La Violencia. Allí habla un joven presuntamente delincuente. Dice:
Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan
En la ruleta rusa yo soy la bala que te toco
Cargo con un linaje acumulativo de misia dura
Y una alma que supura veneno de otra generación

Es llamativo. En Uruguay, cuya tasa de homicidios es la más baja del continente, se vive el miedo y se tiene una percepción de inseguridad muy alta. Es una discusión absurda entre realidad y percepción. Es evidente que hay un aumento de la violencia en América Latina y también en nuestro país. El problema es que la violencia no está restringida sólo a la rapiña y el arrebato. Aumentó la violencia domestica en proporciones alarmantes. La violencia en el deporte es de un nivel absurdo. La receptación (compra de cosas robadas) se ha convertido en un recurso bastante común del ciudadano común. Parece bastante absurdo que en un país y una región donde ha costado tanto sancionar a criminales de lesa humanidad y que se hayan instrumentado regímenes de impunidad que tanto cuestan sacar, se siga criminalizando la pobreza y se atribuya el fenómeno sólo al consumo de pasta base.

Nadie duda que el consumo como el mini tráfico de esta sustancia es un elemento que contribuye a la violencia y al reciclaje de la exclusión. Es una pregunta brutal que hay que plantearse seriamente porque las poblaciones vulnerables realimentan estos mecanismos a partir de un protoempresarismo que le promete “ser alguien”. No sólo es un mecanismo de sobrevivencia, sino un control ideológico del consumismo y el capitalismo vigente. Los pibes aspiran a los objetos de marca. ¿Por qué no? Si los empresarios grandes recurren a otros mecanismos corruptos más dañinos. Ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento del abogado Carlos Curbelo Tammaro (defensor de varios civiles y militares acusados de delitos de lesa humanidad) y el Escribano D’Angelo por lavado de dinero del narcotráfico. Los grandes medios han omitido esta noticia, siendo que algunos están especializados en la noticia-espectáculo y cuando este procesamiento generó una especie de cruzada por “los derechos de los abogados y los escribanos en la confidencialidad con sus clientes”. Varios abogados de izquierda se sumaron al coro. Nada puede estar justificado éticamente. Y también hay que decir que hay millones de pobres dignos que pelean por el trabajo y por la vivienda, por una convivencia compartida. También hay empresarios que no son corruptos. Pasta Base, exclusión, vulnerabilidad, miedo e inseguridad son tramas complejas que no tienen un orden de jerarquía explicativa.

¿Está a favor de permitir el cultivo de marihuana para consumo personal? ¿Por qué?

Creo que el autocultivo de cannabis, como la experiencia de los clubes sociales cannabicos que pueden constituir en una experiencia de auto control interesante. Tampoco creo, que esto, como otras iniciativas “resuelvan” los problemas de drogas. Se necesita un gran debate con todas las opiniones, que rompa con el fundamentalismo puritano y con las prohibiciones de intentar otros caminos. En varios organismos pronunciar o proponer la “reducción de daños” es casi como sacrílego y motivo para ir a la hoguera. No. Se trata de un debate democrático imprescindible. Legislar y fiscalizar de otra manera el consumo de cualquier tipo de sustancia es una forma de avanzar en otro tipo de controles que no sean solo la ley penal. En Uruguay no está penalizada la tenencia individual de una dosis razonable para consumo propio. Se está discutiendo un proyecto de ley de auto cultivo. Es un avance en términos de derechos y constituye una experiencia de alto valor para evaluar la forma de impedir el negocio del narcotráfico. Esto no tiene nada que ver con los efectos nocivos que tiene el cannabis en la salud. En algunos con más virulencia que otros. Eso debe ahora, intensificarse, así como los mecanismos para impedir el cultivo por parte de menores o el uso ilícito que algunos puedan darle a este mecanismo. Insisto: es un recurso de control compartido, de autogestión que puede constituir un avance para reducir la carga de lo penal en un tema complejo.

Cuando se habla de políticas para abordar el consumo abusivo de drogas, hay muchas bibliotecas. En discusiones parlamentarias no es raro escuchar que un legislador diga que la experiencia de un país donde hay programas de minimización de riesgos, el consumo aumentó. Y luego otro legislador, utiliza el mismo ejemplo para decir que el consumo bajó. ¿Qué hace el ciudadano?¿Dónde corrobora las fuentes, a quién le cree, a qué estudios?

Desgraciadamente, el consumo de drogas, que tiene infinitas variables, no tiene, hasta ahora criterios estandarizados para evaluar las políticas al respecto. En parte por aquello que la mirada del observador de alguna manera modifica el campo. Pero en realidad desde el Observatorio Uruguayo de Drogas se hacen esfuerzos por evaluar, medir, encuestar para intentar tener datos científicos sobre consumo y tráfico. También hay investigación científica de gran valor. El mes pasado el Dr. Thomas Babor presentó en Uruguay con apoyo de la OPS y la JND la versión en español de un trabajo excelente: con 12 colaboradores de la OMS-OPS hicieron una compilación y evaluación de 47 experiencias de políticas de drogas.

¿Cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentó durante sus dos gestiones para llevar adelante su programa?

La falta de una percepción compartida en el sistema político y en la sociedad de la complejidad del tema. La total ausencia de percepción compartida de las amenazas que significa algunas prácticas económicas y el desinterés en valorar algunas medidas preventivas. El clima de alarma y de depositación masiva en «la droga» como chivo expiatorio de todo lo malo que nos ocurre y de transformación de todo elemento asociado en un espectáculo morboso a ser mostrado en las cámaras de televisión. No quiero generalizar, porque hemos contado con comunicadores serios y éticos que han aprendido al lado de nosotros y junto con nosotros. Porque en esto hay que tener mucha humildad y prudencia.
La tentación del grito politiquero fácil que reclama y dice tener soluciones mágicas, rápidas y grandilocuentes abusando y manipulando un dolor y un malestar verdaderamente existente. Hay formatos y responsables de comunicación y actores políticos que sin lugar a dudas han sido multiplicadores y aumentadores de la toxicidad referida a las drogas.
La cultura de la banalidad del delito, en sus dos versiones son obstáculos. La versión del que «todo vale» para hacer un mango, un negocio o lo que sea. Eso va desde la señora que vende torta fritas con pasta base, a un gerente de una empresa que junta una vaquita para hacer un traslado de cocaína, pasando por un abogado o escribano de prestigio que lava dinero con su cliente y todavía promueve y tiene el apoyo de sus pares y de algunos eminentes abogados y termina nuevamente con el vecino que compra objetos robados. Esa cultura de la banalidad y de la pretensión de impunidad son el caldo de cultivo de la corrupción primero, y luego de la transa grande o chica. El consumo es algo más complejo pero desgraciadamente es hijo de la época y se engancha con fenómenos identitario y de exclusión social que perversamente sirven de mercado para el tráfico ilícito.

¿Cuánto pesa la ignorancia en el consumo abusivo de sustancias?

No es solo ignorancia. Como en otros fenómenos complejos no es por falta de información sino por mecanismos que hacen a las necesidades de lo humano, de las expectativas sociales y colectivas generadas a partir de un sistema donde el consumo es un ícono y una identidad, un mecanismo cotidiano y cultural impensable en zafar. Con sus patologías propias. También de los miedos potenciados en el mundo actual como mecanismo de control. A veces, esto se expresa en mecanismos autodestructivos de poblaciones que eligen “la marca” o el despliegue de un negocio infame que profundiza su condición de esclavos. Hay situaciones de pseudo desarrollo económico y social que implican consumos abusivos. Hay mecanismos de promoción comercial, como en el caso de las bebidas alcohólicas que son incorporadas masivamente como recurso divertido que no admite los riesgos, o que asumen los riesgos como forma identitaria. La falta de horizontes compartidos y de una “adrenalina” natural que explique la vida, las utopías, la posibilidad de calmar un vacío existencial de una sociedad liquida. Un vacio ético que es peculiar de este momento del capitalismo de las “hipotecas chatarras”. Las civilizaciones siempre usaron diferentes mecanismos de alteración de la conciencia, o de búsqueda de placer en un sentido religioso o espiritual. El problema es que en esta etapa del capitalismo, el mecanismo de control social que era (o sigue siendo en algunas comunidades) la religión, por ejemplo, no existe. El concepto individualista de la “libertad” unido al libre tránsito de mercancías y objetos fetiches que prometen y venden “felicidad, libertad y pertenencia a un grupo aun en las sustancias ilícitas, o quizás fundamentalmente en estas cuyo monto de fetichización es mayor, lo convierte en un tema de bien público. Como se ve, son múltiples las variables y determinaciones que hacen al consumo de drogas, a su uso abusivo o nocivo (que no todos lo son) y a los que se convierten en adictivos.

¿A quién le sirve el discurso de la “guerra contra las drogas”, en esta forma genérica y poco analítica?

Es funcional a objetivos geopolíticos de dominación, presencia militar y control estratégico de determinados territorios estratégicos. Es funcional además a un discurso y una política que intensifica el miedo en nombre de un control criminal y represivo de la pobreza y de toda la población. En nombre de la cruzada contra el mal, ya se dijo que dios está del lado de Bush. No se si sigue estando del lado de América. Dicho así, no hay nada para debatir, no hay nada de lo humano que pueda ser analizado. Es una grave contradicción que tienen los estadounidenses, que han sido abanderados de las ideas republicanas y que han hecho culto de la libertad. Nada más contrario a la República que poner fuera del control de las gentes este tema que es un problema vincular de las gentes. Responde sí, a una tendencia general de EEUU en establecer un dominio sobre estos territorios. Es absurdo que se proponga un régimen de fiscalizaciones estricto y rígido de drogas, descargando la responsabilidad en los denominados “países productores”, se traslade la intensidad del conflicto en estas zonas muy vulnerables a nivel social y por otro lado, en territorio norteamericano haya un mercado totalmente liberalizado de producción, venta y distribución de armas de fuego. Ese es el verdadero drama en la frontera EEUU-México. La última cumbre de Presidentes de UNASUR celebrada en Bariloche, analizó la intención de establecer bases militares norteamericanas en Colombia. Esto es un tema en debate. Incluso dentro de EEUU.

Hay personalidades uruguayas con fortunas cuyo origen se desconoce. El gobierno ¿tiene la potestad de investigar estos casos extraños?

Desconozco esos rumores y esa situación. Cuidado con esto. La ley sólo puede actuar a partir de denuncias concretas y solo puede proceder con pruebas solidas que incriminen a la persona acusada. Sino en nombre de las drogas también empezamos a patear las puertas y establecer que el acusado debe demostrar que no es culpable, cuando es al revés. La desconfianza pública se da por otro motivo. Es que en Uruguay ha existido cierto nivel de impunidad para los sectores acomodados. Hubo omisión, mirar para el otro lado. Porque no es creíble que antes del 2005 no hubiese un solo caso de procesamiento por lavado, y ahora ya tenemos más de 50 procesamientos en ese plano. No era una novedad: en el año 1994 por acción de las agencias norteamericanas se extraditó a Raúl Vivas que accionaba desde Punta del Este y había convertido a Uruguay en el primer exportador de oro. Esta purgando 505 años de cárcel. En 1999 el jefe de la DEA en Buenos Aires Abel Reynoso denunciaba por lo menos 11 empresas creadas y criadas en Estudios de renombrados abogados uruguayos que estaban en el lavado. Fue enfrentado duramente por Don Ignacio. Pero acá, no se investigo nada. El día que se quiso investigar algo, nuevamente en Punta del Este, en base a una documentación que provenía del Homeland Security Service de Miami, y de las acciones de la justicia argentina conocida como Operación Casablanca, fueron abortadas con una grave intromisión del Director de un semanario y de actores de primera línea del sistema político. Es más: le costó el cargo de Director de la Policía Nacional al Inspector Roberto Rivero. En la década del 90 la política de flexibilización financiera promovió, apañó y prohijo la proliferación de Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, que fueron uno de los instrumentos para el lavado de dinero y que desprestigiaron a Uruguay como paraíso financiero. Eso reventó también en el 2002. Ahora un Tribunal de Apelaciones confirma el procesamiento del Dr. Carlos Curbelo Tammaro, prestigiosísimo abogado penal (defensor de varios acusados por crímenes de lesa humanidad), y del Esc. D’Angelo, por lavado de dinero del narcotráfico, negocio que hizo con uno de sus defendidos. Una ola de abogados y escribanos hicieron campaña para defenderlo diciendo que se estaba lesionando el derecho de los abogados y de los escribanos para con sus clientes. Macanas: se lo proceso porque no solo hizo negocios con narcotraficantes, sino que además los estafó. En fin.

¿Cuál siente que fue su mejor logro?

Haber instalado el tema en la agenda publica, con la pretensión de construir una política pública en un tema complejo, descentrada para abarcar el conjunto de dimensiones, equilibrada en el sentido de tener una base en la prevención y tratamiento y la otra en la aplicación de la ley con sentido de equidad y de proporcionalidad. Lo que yo más valoro en estos seis años de gestión, fue poder crear una poderosa Secretaría Nacional, que hoy queda armada para seguir sosteniendo lo que yo llamo Plataformas Institucionales. Es decir otros equipos con agentes de otros ministerios y organismos públicos o de organizaciones sociales y no gubernamentales, que son la verdadera telaraña que sostiene la gestión en este problema complejo. Esto no existía, (ni siquiera funcionaba el estamento de mayor jerarquía, los 9 viceministros con el Prosecretario y los dos secretarios generales) y tampoco había una concepción, un enfoque colectivo de abordajes del tema drogas. Hoy lo tenemos con la suficiente firmeza y flexibilidad para abarcar las diferentes dimensiones que tiene el tema. La SND no se transformo en un organismo hipertrofiado que abarcase todo. El merito de nuestra gestión es haber potenciado los recursos humanos que había (no tuvimos ni la pretensión ni la altanería de barrer con todo) y en base a una concepción y a un mando firme, motivar a que los técnicos y funcionarios pudieran entender que esto se hacía y se ejecutaba a través de otros. Esta concepción de gestión es solidaria del descentramiento que hemos impulsado para que no quedemos (paradojas) pegados a «la droga» sino que en la integralidad que propusimos, conectar los diferentes efectores que tenían que implicarse en el tema. Hacerse cargo de todo y deslindar a los otros es un pecado que se paga caro.

Eso significa además tener el merito de haber colocado el tema en la agenda publica desde la responsabilidad ineludible del Estado, que había sido omiso y ausente en este tema. También de comprometer a los actores sociales y económicos, culturales y de diversa índole desde el concepto de responsabilidad compartida y de cogestión participativa.
Dicho esto, afirmo: lo que hicimos no basta. Que en este tema se trata de un compromiso permanente que hay que renovar constantemente porque es un problema mundial dinámico, que resurge con otras caras y otras facetas. No olvidemos que tanto desde la demanda , es decir el consumo de drogas legales e ilícitas, como por el trafico y el lavado, son actividades humanas que son funcionales a un mercado activo de consumo y de tráfico. Ni que hablar de la importancia que tienen los capitales que vienen de los ilícitos pero que mantienen el flujo financiero. Eso existe en el mundo y pretender negarlo es una mentira y una estafa. Creo que el enfoque global (no terapéutico que en este plano todas las herramientas pueden ser útiles) las políticas públicas deben apuntar a reducir y acotar los daños, a generar controles sociales de gestión de riesgos, construidos y cogestionados con la comunidad.

En estos seis años hemos construido tres centros especializados en drogas, pero no basta. Ahora desde el MSP y la JUNASA ya es un hecho que el subsector privado debe atender los consumos problemáticos y debemos incorporar el tema alcohol. Pero también decimos que esto no es una atención «especializadas». Tiene que estar en todas las especialidades y fundamentalmente en el primer nivel de salud para la detección e intervención precoz. Es más: tiene que estar extramuros de las policlínicas. Es decir en un abordaje comunitario que vaya u recorra las poblaciones. Que se una en intervenciones con otros recursos del estado. Eso es lo que impulsamos como gestión local en drogas con participación activa de los vecinos, de líderes comunitarios para transformar esto que es un problema, en una oportunidad para la inclusión social. Hay que estar de cara al sufrimiento social con múltiples recursos, incluidos los específicos en drogas, pero no únicamente.

Generamos un Plan Nacional Integrado de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Falta mucho, pero el nivel de incautaciones, de enfoque de inteligencia para desbaratar las grandes y medianas organizaciones de crimen organizado ha sido un merito de la DGRTID pero también un merito del mando que se ejerció. Trabajamos además con la Suprema Corte de Justicia en varios planos. Este es solo uno de ellos. Cuando hubo que generar nuevas normas legales, por ejemplo en el tema lavado, se trabajo en forma conjunta. Se crearon los Juzgados y Fiscaliza Especializadas. Generamos un ambiente de confianza y de autonomía e independencia ejemplar y necesario para manejar estos temas. Es difícil: hay que construir confianza y a su vez mantener una distancia óptima que nos preserve a todos de los mecanismos de amiguismo y corrupción.

Trabajamos con el CODICEN y con el INAU. Con el Pit-Cnt y varias cámaras empresariales en prevención laboral. Instalamos y promovimos estas cosas. Creamos y armamos con todo el andamiaje legal y reglamentario nada menos que el Fondo de Bienes Decomisados. Tarea postergada, difícil, compleja que hoy camina en forma ejemplar.

¿Qué le hubiera gustado hacer en el cargo que deja que no pudo o no le dio el tiempo?

No poder instrumentar y organizar un gran Debate Nacional sobre Drogas. No consolidar los dispositivos intermedios que gestionen el tema a nivel local con todos los recursos del estado y de la comunidad. No trasmitir suficientemente la necesidad de crear una conciencia y una practica sostenida con el enfoque de gestionar los riesgos que implique inclusión social para reducir los daños. Poderosos mecanismos a nivel barrial que puedan acoger, escuchar, orientar incorporando todos los recursos sociales para abordar el tema drogas desde una perspectiva integral y no centrado pura y exclusivamente en las sustancias o en la discriminación del adicto. No haber incorporado como enfoque general y como área de trabajo fuerte y estratégica todos los mecanismos de reinserción social, complementación educativa y capacitación laboral, como parte fundamental del tratamiento y del enfoque a nivel territorial y comunitario.

¿Cuál es su desafío ahora como embajador?

La Junta Nacional de Drogas aprobó en su última reunión donde presente mi renuncia la nueva Estrategia Nacional para el Abordaje de Drogas y resolvió que siguiera representando al país en mi calidad de Embajador Itinerante en los organismos internacionales de drogas. El Canciller además ha creído pertinente que cumpla misión especial ante organismos de Derechos Humanos.
En el área de los organismos internacionales en drogas es fundamental seguir insistiendo en la necesidad de habilitar y lograr un debate democrático acerca de los modelos de fiscalización. Una revisión crítica y de base científica de las Convenciones que regulan este fenómeno. Desde el punto geopolítico habilitar todos los mecanismos para superar el modelo de guerra contra las drogas, que no solo ha demostrado ser ineficaz e ineficientes, sino que ha sido la responsable de haber extendido e incrementado los niveles de violencia, de generar daños colaterales y centrales de gran envergadura y se ha consolidado como una maquina continua de avasallamiento de los derechos humanos fundamentales. El enfoque en drogas debe ser desde un enfoque del bien público donde las diversas dimensiones deben estar integradas a un objetivo de desarrollo humano justo y equitativo y que sea funcional a un control social construido con las comunidades y con enfoque de inclusión e integración social hacia las poblaciones en sufrimiento social. Hay que consolidar un principio de responsabilidad común y compartida pero con criterio de equidad. No se trata que descargar el peso de la responsabilidad, de la violencia y de los costos humanos en los países discriminadamente titulados como “productores” de drogas. Las drogas de diseño y la producción de marihuana en todo el mundo desarrollado, así como las terminales de los flujos de lavado de dinero, muestra la hipocresía y la injusticia en este tema. Para no hablar de los mercados ultraliberalizados de venta de armas que son los que proveen a los carteles mexicanos, por ejemplo. Un debate democrático que trasciende el moralismo y el fundamentalismo es imprescindible para romper con un esquema que termina siendo funcional para la hegemonía política y militar de las potencias dominantes. Es imprescindible también para poder intervenir en este tema de salud pública con racionalidad y equilibrio y sin recargar la política criminal con temas que no son del código penal.

En materia de DDHH hay un desafío internacional pero fundamentalmente a nivel regional para incorporar una conciencia y políticas que conviertan los instrumentos y principios de los derechos civiles, sociales y económicos como una carta democrática al servicio de los más vulnerables y como escudo democrático para erradicar la impunidad de crímenes de lesa humanidad que todavía hoy se reproducen todos los días. Hay un desafío de memoria en toda la América Latina que es una necesidad democrática para construir un futuro de los pueblos, ahora. Tenemos un patrimonio de dolor y de avasallamiento, así como una realidad social de marginación y exclusión que solo puede remontarse con políticas activas que incorporen el conjunto de derechos que les son negados a millones de hombres y mujeres.

http://www.latinhub.com.au/entrevistas/item/1579-milton-romani-6-a%C3%B1os-de-lucha-contra-el-narcotr%C3%A1fico.html

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