IMPUNIDAD Y DEBATES

Publicado el 25/05/11 a las 12:08 am

Escribe Pablo Anzalone.

Los debates actuales sobre la ley de caducidad han generado una gran confusión dentro de la izquierda. La derecha, por el contrario, actúa unida en una amplia alianza que va desde la ultraderecha militar y civil organizada en el Foro Libertad y Concordia, con ramificaciones internacionales, financiación fluida de sus actividades, centros jurídicos y maniobras de desinformación, hasta el centro derecha de Larrañaga, Mieres y cía.
Los debates del Plenario Nacional del Frente, a partir de las opiniones de Mujica y Astori, han reafirmado casi unánimemente la votación de la ley interpretativa, abriendo al mismo tiempo un grupo de trabajo para ver otras medidas por verdad y justicia. Se apoyan expresamente las acciones del gobierno derogando las resoluciones de gobiernos anteriores que incluían en la ley de caducidad muchas denuncias de familiares de las víctimas. Debates conceptuales, respetuosos de las demás opiniones, es algo que deberían aprender muchos, que desde la prensa se consideran con autoridad para insultar en lugar de argumentar.
Más allá de que se pretenda enredarlas no es lo mismo defender la impunidad que discutir cual es la mejor manera de eliminarla.
El próximo 19 se votará en diputados y la unidad del Frente Amplio se pondrá a prueba una vez más. Sin embargo sería un error pensar que la impunidad se resuelve con una sola medida. Hay un debate de fondo que continúa, una lucha que no empezó ni se termina ahora.
Quienes interpretan que el referéndum derogatorio de 1989 y la propuesta de reforma constitucional de 2009 convalidaron la ley de caducidad para siempre, confunden el resultado negativo respecto de un instrumento específico con el sueño de la impunidad eterna. Desconocen que, con los resultados de las consultas sobre la mesa, los dos tribunales jurisdiccionales más altos, la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de DDHH establecieron que la ley de caducidad es inconstitucional y contradice los compromisos internacionales asumidos por el país.
Son esos tribunales máximos de justicia de nuestro ordenamiento institucional quienes mandatan al respecto. Los parlamentarios del FA cumplen con esa obligación mientras los blancos y colorados no proponen nada alternativo.
La Corte Interamericana de DDHH estableció una sentencia que obliga a los tres poderes del Estado a actuar para que la ley de caducidad no impida la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos, y en particular los delitos que continúan o permanentes como la desaparición forzada.
¿Qué va a hacer el Poder Judicial para acatar esta resolución?
Alberto Pérez Pérez sostenía que una declaración general de la Suprema Corte saldaría el tema. Todo juez debe ajustarse a lo resuelto con carácter vinculante por la Corte Interamericana.
¿Qué hará el Poder Ejecutivo?
Comenzó la derogación hacia atrás de los 88 actos administrativos que referían los casos en la ley de caducidad y hacia adelante no se ha vuelto incluir ninguna nueva causa.
¿Qué hace el Parlamento?
No se han presentado otras opciones mejores que la ley interpretativa.
La derecha va a seguir haciendo campaña, ensuciando la cancha, atacando a los jueces como que investigan y procesan con todas las garantías, pero no pueden responder a la pregunta: ¿cómo piensan que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana?

VOCES, 19/5/11.