miércoles 28 de octubre, 2020

COHERENCIA

Publicado el 09/05/11 a las 10:34 pm

Por Constanza Moreira.

Una mentira dicha mil veces termina transformándose en verdad, decía el ministro de propaganda de Hitler. Y si no hubiera sido por el permanente ejercicio de la memoria llevado a cabo por las víctimas del Holocausto, la inexistencia de los campos de concentración (¡sostenida hasta hoy!), hubiera podido ser sostenida y quizá, quién sabe, hubiéramos olvidado este genocidio. Fue la lucha de entonces, y la de ahora -jurídica, política y especialmente cultural (libros, películas, conferencias, etc.)- que llevaron a cabo generaciones y generaciones, para no olvidar. Esto es lo que hace hoy del nazismo una aventura irrepetible. La memoria. La lucha por no olvidar lo que pasó.

Mentiras repetidas que parecen verdad

También nosotros hoy estamos en la lucha por mantener viva la memoria. Igual que ellos. Por eso nos empeñamos en rebatir una y mil veces la hipótesis de la «guerra», la tesis de los dos demonios, y por eso luchamos por construir cultural, política y socialmente la idea de que hubo «terrorismo de Estado», y que a escala uruguaya, fue gigantesco. Pero no por los asesinados, ni siquiera por los torturados: lo que fue gigantesco fue el costo social de la dictadura. Nos ha convertido en lo que hoy somos: con todos estos miedos, con toda esta resignación, con toda esta cola de paja. Es por estas razones, y no por otras por las que la anulación de la Ley de Caducidad da tantas vueltas que tiene a todo el mundo confundido. Y esta es la razón por la que, cuando parece que el fin de la impunidad comienza, como una lucecita tenue, a iluminar al fin del túnel, tenemos otro tropiezo. Otra declaración en la prensa. Otra vuelta atrás. Hay miedo, y a no confundirnos: es mucho lo que está en juego. Por eso cuesta.

Por eso hay tantas mentiras repetidas con apariencia de verdad. La primera, la más repetida, es la de que «violentamos» la voluntad popular al impulsar esta ley en el Parlamento. Y que desconocemos dos plebiscitos. Error: uno fue un plebiscito y el otro una derogación. En la derogación, la voluntad popular se expresó: 58% de los uruguayos prefirieron mantener la ley. El otro, fue un plebiscito para anularla, veinte años después: 48% dijo que quería anularla. No alcanzó. Nos faltó un 2% para llegar a lo que la Constitución quiere. Pero esa es la voluntad popular: la que no alcanzó. No la otra, la del 52% que se mantuvo en silencio y del que no sabemos si quería mantener la ley, si se abstuvo, o si prefirió simplemente no votar. Eso no lo sabemos, no lo sabremos nunca. Y el silencio no es nunca expresión de voluntad soberana. Porque la voluntad soberana, desde la revolución francesa hasta nuestros días, es activa. Cualquier jurista lo sabe. Y esa es la razón por la que nunca los abogados se pronuncian sobre esto, porque ellos bien saben que decir que la «voluntad del soberano» ratificó la ley en octubre de 2009 es una mentira. Una mentira repetida tantas veces que se ha transformado en una verdad a la que, en su buena fe, mucha gente adhiere.

Otra mentira repetida es que el FA perderá las elecciones si vota la ley. Y que la única garantía de que no se violen los derechos humanos, es que haya gobierno del FA. Primero: el FA no perderá las elecciones si vota la ley. El FA perderá o ganará las elecciones por un conjunto de cosas, tantas y tan diversas, que politológicamente es imposible identificar hoy, cuando faltan aún cuatro años, qué peso tendrá la candidatura, el desempeño del gobierno, o la situación económica, que son las cosas que definirán la elección (y no la votación de la ley interpretativa, claro). Pero se dice, y se repite, y alguno se lo cree. Claro está que este mismo argumento no valió para la aplicación del IRPF: medida antipática si las había, y con varias encuestas de opinión advirtiendo: no hay cosa que disguste más a la gente que que le metan la mano en el bolsillo. No sólo pagamos costos electorales por el IRPF, sino que, además, se advirtió sobre su inconstitucionalidad, y se llevó adelante igual (y fue declarado inconstitucional en el caso de los pasivos). ¿Acaso en ese momento le tembló la mano al gobierno para implementarlo? Parece que la suerte electoral vale como argumento para algunas cosas, y no para otras.

No, no es el gobierno del FA el que va a asegurar que los derechos humanos se respeten. Esto es creer demasiado en la «voluntad de los hombres» y, por usar a Artigas, veleidosa es la voluntad de los hombres, sólo el freno de la ley puede cambiarla. Lo que va a asegurar derechos son las leyes y las normas. Los grandes gobiernos, como el primer batllismo, se caracterizaron por dejar un conjunto de leyes «de avanzada» que le cambiaron la historia a este país. Como lo será esta, de ser aprobada, para las generaciones que vengan.

Otra de las mentiras repetidas que se ha transformado en verdad, y más aun cuando a la mayoría los asuntos jurídicos le resultan un embrollo imposible de entender, es que esta ley es un «mamarracho jurídico» y adolece de vicios de «inconstitucionalidad». La única ley que es un mamarracho jurídico es la Ley de Caducidad. Por eso la Suprema Corte de Justicia la ha declarado inconstitucional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos la mandó sacar (sí, es correcto: la tenemos que eliminar por mandato de la Corte). La ley interpretativa tiene problemas, como todas las leyes. Y puede ser recusada por inconstitucional, como todas las leyes. Pero no es un «mamarracho»: en ella han trabajado nuestros mejores juristas, y han puesto el empeño muchos de los partidos, grupos y personas del Frente Amplio. La hemos ratificado en el Plenario del Frente ya dos veces. ¿Por qué de pronto ahora aparecen soluciones mejores? ¿Cualquiera que venga y nos proponga una solución «mejor» saldremos corriendo a escucharlo, y abandonaremos el camino tan costosamente construido hasta aquí? Coherencia, compañeros. Es una virtud política esencial. Y más en tiempos difíciles.

La «solución Risso»

Recientemente hemos escuchado hablar de una nueva solución jurídica propuesta por un profesor de la Universidad Católica. Básicamente propone derogar la ley, y que el Poder Ejecutivo por decreto anule los actos anteriores en los que dijo que tal o cual investigación estaba comprendida en la Ley de Caducidad. Esta supuesta solución, para el FA es una trampa mortal. Y esto no tiene nada que ver ni con el jurista que la propuso, ni con la calidad de lo que propone.

La ley interpretativa que votamos en el Senado es infinitamente superior a esta solución, aunque tenga problemas. Pero la trampa mortal es hacer que el FA cambie de posición, otra vez. Y anule lo que el Plenario decidió. Y luego pedirle nuevamente disciplina en cámaras para votar la derogación (que, claro está, también «violaría al soberano»). Y dejar, al igual que en la Ley de Caducidad, que sea el Poder Ejecutivo quien diga, discrecionalmente: esto vale, esto no vale. Por si faltara poco, tampoco resolvemos lo de Gelman, y entonces habrá que inventar alguna cosilla «ad hoc» para resolver lo que la Corte Interamericana nos mandó.

Esta no es una solución, es una trampa. Y es la estocada final, no sólo al espíritu, ya tantas veces jaqueado, de quienes quieren poner fin a la impunidad, sino al propio Frente Amplio, en la forma en que lo conocemos. Esto sólo tiene costos y ningún beneficio. El único, colateral, es que el gobierno salga bien parado de haber impuesto su principio de «autoridad». Pero ya no podrá hacerlo. En primer lugar, porque fue el Poder Ejecutivo el que mandó el primer proyecto de ley. En segundo lugar, porque el gobierno dijo que estaría a lo «que la fuerza política decidiera». En tercer lugar, porque ya no hay tiempo ni circunstancia política favorable para ejercer el principio de autoridad.

La marcha atrás, las dilaciones, las postergaciones, las declaraciones ambiguas, las señales de la «interna» de las FFAA, el llamado a un nuevo plenario, la aparición de «nuevos elementos» (¿cuáles?, ¿la opinión de juristas de las universidades privadas?, ¿la especulación sobre el posible fallo de la Corte?), sólo confunden más y crean un peligroso clima de opinión, en especial cuando el gobierno está en el medio. Mal cálculo para los que lo proponen. El gobierno se debilita, metiéndose en el medio y generando «ruido». Debe dejar que la fuerza política continúe adelante con el plan ya acordado. La coherencia, ahora, es la única actitud posible. Coherencia y firmeza. Coherencia con lo que se acordó y firmeza para sustentarlo. No más aplazamientos. No más soluciones «de última hora».

El FA se debilita si hay marcha atrás. Y hay interesados en que eso suceda: los que preferirían un partido de líderes y electores (con una buena tecnoburocracia capaz de gobernar el Estado), sin molestos comités, plenarios, coordinadoras, y toda esa parafernalia de «bases» que han hecho del FA lo que es, aunque funcionen mal. Pero ese cálculo está mal hecho pues, ¿quién va a asegurar que los líderes no se devoren entre sí? ¿Qué la cooperación venza sobre la competencia? ¿Que los individuos obedezcan lo que las mayorías resuelvan y no se «corten» por sí mismos? Hasta ahora, la única argamasa que mantuvo todo unido fue esa estructura, pesada, envejecida y burocrática, pero garantía de que las decisiones se toman entre muchos, y no en el conciliábulo de unos pocos. Y que las decisiones colectivas no pueden ser «bypasseadas» por unos pocos poderosos. Sí, eso es lo que representa el Plenario, y por ello debe ser preservado.

La República, 9/5/11.

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