viernes 30 de octubre, 2020

Impunidad para los dictadores y más cárcel a los jóvenes.

Publicado el 05/05/11 a las 10:57 pm


Por Pablo Anzalone, Secretario general del PVP.

Las dos principales iniciativas políticas de los sectores mayoritarios del P. Colorado y del P. Nacional son la mayor severidad en el tratamiento penal a los jóvenes y la defensa de la impunidad de los criminales de la dictadura. Estas posiciones pintan con una gran fidelidad a la derecha.

Bajar la edad de imputabilidad para aplicar el sistema penal de adultos desde los 16 años es la punta de una campaña para exacerbar el miedo en la población y afirmar respuestas meramente represivas al problema de la inseguridad. Dos grandes temas nacionales, la seguridad pública y la juventud aparecen unidos en un mismo movimiento político que apela a instrumentos de movilización característicos de la izquierda. Asistimos a una ofensiva mediática y política de envergadura que desmiente las expectativas de algunos de que acuerdos multipartidarios y cargos en el gobierno pudieran generar una actitud menos virulenta de las mayorías blancas y coloradas.

La inseguridad es un problema real que requiere acciones claras y fuertes y políticas de mediano y largo plazo. No solo del Ministerio del Interior sino de toda la sociedad. Pero centrar esta madeja en los jóvenes es un reduccionismo equivocado e intencional. No se puede enfrentar el problema jerarquizando solo los hurtos y rapiñas, eximiendo a los delitos de «guante blanco», a los delitos del ámbito doméstico o al crimen organizado vinculado al narcotráfico, la prostitución, el tráfico de armas, el contrabando, la receptación y comercio de lo robado. Mientras «Búsqueda» y otros actores atacan en forma destemplada cualquier intento de investigar o enjuiciar a los cómplices y/o responsables del crimen organizado, se incrementa la satanización de los jóvenes, magnificando la acción de cada menor infractor. La agresividad de sus ataques cuando los investigados son escribanos, abogados, financistas, comerciantes del fútbol, o ex directores de semanarios, sobrepasa varios límites.

Mientras se agita el fantasma del menor infractor, se omiten avances en el enfrentamiento a la inseguridad como las Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El acercamiento entre comunidad y policía es un objetivo clave para la seguridad, empezando a superar una merecida desconfianza sobre la eficiencia, honestidad y respeto a los derechos ciudadanos del accionar policial. El diálogo y el análisis de los diferentes aspectos que siempre tiene la inseguridad, los compromisos de los distintos actores institucionales y comunitarios, son la base para encarar estrategias integrales y al mismo tiempo generar medidas inmediatas. Hacerlo en cada barrio, tomando en cuenta la realidad local, es una premisa para la adecuación de las medidas a los problemas y evaluar los procesos con una mirada intersectorial y de participación comunitaria. La cárcel es necesaria para muchos delitos pero hay que tener claro que no es la solución al tema de la inseguridad. Tenemos una población carcelaria inédita en el país, más de nueve mil presos. Es decir que el sistema policial-judicial-carcelario ha funcionado eficientemente para esto. Las críticas de la derecha al accionar policial en este plano son infundadas. Tanto que ello ha generado una grave situación carcelaria. Sin embargo no ha reducido la inseguridad. La cárcel es una fábrica de reincidentes, lo sabemos todos, pero aún contando con una ley de penas alternativas todavía no se ha logrado aplicar otros mecanismos de sanción a los delitos menores.

La inseguridad tiene que ver con una amplia gama de problemas que van desde el trabajo, la vivienda, la educación, los espacios públicos, el deporte, las adicciones y todos los aspectos que determinan un entramado social incluyente o por el contrario uno fracturado desde la familia hasta el barrio. Refiere también a la distribución de la riqueza y las desigualdades que operan en la sociedad, aunque no estén allí todas las explicaciones.

Es válido discutir sobre las políticas respecto a estos problemas en las últimas décadas. Valorando los avances y también autocriticando los errores y las insuficiencias, en el Ministerio del Interior y en todos los demás actores involucrados. Incluyendo a la prensa y las fuerzas políticas, que juegan un rol no menor. Pero el 90 % de esos temas son omitidos en esta campaña.

Los menores son imputables desde los 13 años y pueden ser recluidos por aplicación de las normas jurídicas correspondientes y decisión del juez. La campaña se basa, por lo tanto, en una falacia. Al mismo tiempo es evidente que la situación de algunos cientos de muchachos que tienen problemas con la ley requiere medidas más efectivas. Para evitar que se escapen cuando hay sentencias judiciales que indican su reclusión, pero también para que la misma se dé en condiciones compatibles con los derechos humanos, para que se aplique sólo en los casos donde sea imprescindible y para encarar su rehabilitación.

Ese endurecimiento de las sanciones penales a los menores infractores se contrapone con la complacencia hacia los criminales de la dictadura. Para ellos hubo impunidad durante 20 años y cuando el Poder Judicial, por fin puede actuar, luego de 2005, blancos y colorados hacen fila para atacar a los jueces, sus investigaciones y sentencias. Una verdadera campaña contra el Poder Judicial.

¿Cómo reafirmar la autoridad del Estado para garantizar el cumplimiento de la ley si se pretende que este siga renunciando a su «pretensión punitiva» ante delitos gravísimos?

¿Cómo exigir menos edad para mandar a jóvenes a la cárcel común y al mismo tiempo exonerar de toda responsabilidad penal a quienes secuestraron, torturaron, asesinaron, hicieron desaparecer a tantos compatriotas? Blancos y colorados ­y algún parlamentario electo por el FA–pretenden mantener para siempre la Ley de Caducidad. Interpretan que no haber alcanzado los votos necesarios para anularla por vía de una reforma constitucional impide que nunca más vuelva a procurarse su erradicación por otros instrumentos. Es el sueño de la derecha: lograr eternizar las derrotas que logran infligir al campo popular.

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia sentencia una y otra vez la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado uruguayo y lo intima a dejar sin efecto dicha ley. El Frente Amplio, en este contexto, por la unanimidad de su Plenario Nacional resuelve actuar unido para aprobar otro instrumento, una ley interpretativa que, sin anularla, declara la ilegitimidad manifiesta de esta ley y su inaplicabilidad por incompatibilidad con los artículos de la Constitución que establecen la separación de poderes.

LA REPÚBLICA, 5 de mayo, 2011.

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