Batlle, Aguirre y el «Ejército Nacional Libertador»

Publicado el 04/04/11 a las 1:34 am

Por Pablo Anzalone, Secretario General del Partido por la Victoria del Pueblo, ­ Frente Amplio.

La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la resolución unánime del Plenario Nacional del Frente Amplio para dejar sin efecto la Ley de Caducidad generaron un nuevo contexto en materia de derechos humanos. Como una bocanada de aire fresco que pone las cosas en su lugar, frente a una orquestada campaña de la derecha para cuestionar las actuaciones de jueces y fiscales.

Personajes como Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre han lanzado en las últimas semanas una serie de embestidas virulentas al Poder Judicial. Se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y llegaron a realizar una conferencia de prensa para amplificar sus ataques. No fue un hecho aislado. El principal «partido» de derecha del país, «Búsqueda», viene desplegando, artículo tras artículo, una verdadera cruzada, y la tertulia de la radio El Espectador también se hizo eco de los cuestionamientos.

El objetivo seleccionado esta vez fue atacar la sentencia de la jueza Mariana Mota procesando al coronel Carlos Calcagno, antiguo jefe de la Compañía de Contrainformaciones, por la desaparición de los compañeros del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. Batlle llegó a sostener que Mota apelaba a «recursos hitlerianos» y en El Espectador se la tildó de «loca» a pesar de admitir los opinantes no haber leído siquiera la sentencia.

Como en la sentencia del juez Vomero procesando al general Dalmao, se busca desprestigiar al Poder Judicial diciendo que los militares han sido juzgados sin pruebas. Alcanza leer la sentencia para ver una investigación judicial llena de testimonios sobre cómo operaba la tortura sistemática en el cuartel donde asesinaron a Nibia Sabalsagaray y las responsabilidades directas de Chialanza y Dalmao en el hecho.

Blancos y colorados agravian las decisiones del Poder Judicial, en defensa del principio de que nadie está obligado a autoincriminarse. Además de ser doctrinariamente muy discutida esta tesis, como bien señala la sentencia judicial, esto quiere decir lisa y llanamente que estos dirigentes políticos pretenden que los militares sigan guardando silencio sobre el destino de los desaparecidos. Ese ocultamiento constituye la esencia de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. El artículo 17 de la Declaración de Naciones Unidas establece que «Todo acto de Desaparición Forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos».

Es una tortura sistemática a las familias de las víctimas que han vivido por décadas las consecuencias de la falta de verdad. Las sentencias se basan en trabajosas investigaciones en Paraguay, donde los «Archivos del Terror» involucran directamente al coronel Calcagno y los testimonios de los sobrevivientes confirman su responsabilidad. Las víctimas del aparato del terrorismo de Estado no son anónimas. Tuve la alegría de conocer a Nelson Santana y a Gustavo Inzaurralde. Conversando con Gustavo fue que resolví integrarme a la Resistencia Obrero Estudiantil. Era un maestro en muchos sentidos de la palabra, un compañero de cabeza amplia, de gran capacidad y compromiso revolucionario, con actitudes solidarias que venían de una ética personal muy íntegra. Nos impulsaba a leer textos de distintas vertientes teóricas, a leer mucho y a pensar con cabeza propia. Unos años más tarde en el proceso de formación del PVP, Gustavo trasmitía la experiencia de la Unidad Popular de Chile, en la que había participado durante su exilio, poniendo el énfasis en la unidad de la izquierda, que en nuestro país ya había construido el Frente Amplio.

En las últimas semanas ha tenido mucha difusión el tema del video donde algunas personas con uniforme militar anuncian el comienzo de operativos para defender a los militares procesados por crímenes durante la dictadura. Las fuentes, la existencia, los autores del video han sido muy discutidos; sin embargo el texto en sí no lo ha sido tanto. En particular me interesa destacar los ataques al Poder Judicial con supuestos argumentos jurídicos, llamativamente coincidente con la campaña desatada por los partidos tradicionales.

No es menor la responsabilidad que los dirigentes de los partidos tradicionales asumen con estas actitudes. Quedan voluntariamente en el mismo barco que los responsables del peor tramo de la historia de nuestro país, plagado de crímenes.

¿Qué harán los representantes nacionalistas y colorados cuando se ponga a votación el proyecto de ley para dejar sin efecto la Ley de Caducidad? Después de tantas sentencias de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad de dicha ley, ¿seguirán respaldando su permanencia? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas sentencias serán necesarias para que se convenzan de que debe ser erradicada de nuestro sistema jurídico?

Luego de la fortísima resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reafirma la invalidez de esta ley por ser contraria a las normas internacionales y a principios fundamentales, y que expresamente demuele el argumento de las consultas populares al respecto. Una resolución con efectos vinculantes, obligatorios para el Estado uruguayo.

¿Qué van a votar los senadores y diputados blancos y colorados?

http://www.larepublica.com.uy/editorial/446020-batlle-aguirre-y-el-ejercito-nacional-libertador