miércoles 6 de noviembre, 2024

Zafarrancho siniestro.

Publicado el 03/04/11 a las 9:44 pm


Instituto Cuesta Duarte advierte que desocupación sigue castigando más a jóvenes y mujeres, y alerta por baja “calidad” del empleo.

Una “extraordinariamente buena coyuntura económica” internacional para un país vendedor de materias primas y recursos naturales como Uruguay sigue representando el telón de fondo sobre el cual tiene lugar la expansión de la actividad económica local, una de cuyas principales falencias radica en la “escasa calidad de muchos empleos que dejan a una cantidad importantísima” de asalariados “sin los derechos básicos que otorga el trabajo”, reza el último Informe de Coyuntura Trimestral del Instituto Cuesta Duarte (Icudu) del PIT-CNT.

El trabajo reseña la evolución reciente de las principales variables macroeconómicas en el país, donde las cifras de desempleo conocidas en los últimos meses “continuaron mostrando registros históricamente bajos, que permitieron que en el promedio anual” del año pasado la tasa que lo mide se situara en 6,8%, “afectando en promedio a 112.000 personas”, siendo de esperar que la tendencia a la baja “se mantenga a lo largo de 2011”.

Sin embargo, “estos niveles históricamente bajos de desempleo contrastan con problemas del mercado de trabajo en los que se viene con retraso”. Es así que “los jóvenes y las mujeres siguen presentando tasas de desempleo superiores a las de otros grupos, que determinan que de los 112.000 desocupados registrados en promedio en 2010, casi la mitad fueran menores de 25 años, mientras que aproximadamente 67.500 eran mujeres”.

Además, “la calidad de empleo” se mantiene como un desafío de relevancia para Uruguay “en materia de combate a la pobreza y reducción de la desigualdad”, y en tal sentido el texto añade que durante el año pasado “la cifra de no cotizantes a la seguridad social se ubicó en 485.000, mientras que el subempleo afectó a aproximadamente 132.000 ocupados”. Pero en departamentos como Artigas y Rivera la informalidad o ausencia de cobertura a la seguridad social afecta a “alrededor de la mitad” de los trabajadores activos, determinando que éstos “no sólo carezcan de un ingreso al momento de su retiro sino que además implica que no cuentan con seguro de enfermedad, seguro de desempleo, cobertura ante accidentes, derechos a cobertura integral en salud para ellos y su núcleo familiar y otro conjuntos de beneficios”.

Si bien este grupo de asalariados tiene una composición heterogénea, la mayor parte de ellos y sus familias integran “la población más carenciada del país, por lo que las políticas que promuevan su acceso a la seguridad social son una herramienta imprescindible para avanzar en la redistribución de los ingresos”.

En cuanto a éstos, los salarios reales crecieron por “sexto año consecutivo” en 2010, año sobre cuya finalización el poder de compra de los sueldos “se encontraba levemente por encima del de 1999”; el año pasado, el salario real creció 3,3% respecto del nivel de 2009, “fruto del aumento de 3,6% de los salarios privados y de 2,8% de los públicos”.

No obstante esas mejoras, los niveles de ingreso asalariado “en muchos sectores continúan siendo sumamente bajos, lo que mantiene a un alto porcentaje de trabajadores en situación de pobreza, particularmente aquellos que al no estar registrados en la seguridad social, no siempre se benefician de los logros alcanzados por los trabajadores formales” a través de las negociaciones sectoriales.

Los acuerdos en el marco de los Consejos de Salarios y el incremento del 25% -a 6.000 pesos- del Salario Mínimo Nacional determinaron que en enero de 2011 el salario real se haya expandido 3,7%, quedando aún sectores de actividad con las negociaciones abiertas.
Inflador con válvula

El informe del instituto de investigación de la central sindical dedica un extenso capítulo al alza de precios, consignando que al cierre de 2010 la inflación marcó 6,9%, sobre el techo del rango de tolerencia de 3%-7%, habiéndose acelerado en el primer bimestre del año en curso “debido fundamentalmente al ajuste de algunos precios regulados y al aumento de los precios de alimentos con alta incidencia en el IPC” (Índice de Precios del Consumo). Con este último registro, la inflación acumulada entre enero y febrero es de 2,2%, “la mayor para el bimestre desde 2007, mientras que la de los últimos 12 meses a febrero se ubicó en 7,7%, el nivel más alto desde hace dos años”; el Icudu prevé que la inflación de marzo arrojará “un nuevo dato elevado” como producto de los ajustes en los precios de los combustibles y el boleto de ómnibus.

El texto recuerda que las expectativas de los analistas de plaza consultados por el Banco Central (BCU) proyectan que al cierre de 2011 la inflación se ubicará en 7,3%, muy por encima del techo de 6% del rango de tolerancia que comienza a regir desde junio (4%-6%). En este punto, el informe señala que el miércoles de la semana pasada el Comité de Política Monetaria del BCU elevó la Tasa de Política Monetaria de 6,5% a 7,5%, tras identificar la evolución al alza de precios como “el principal desafío de la coyuntura en un marco de fuerte expansión económica”. Pero el Icudu fue crítico al respecto: “Como hemos planteado en otras oportunidades, a nuestro entender la política monetaria es un instrumento muy limitado para actuar sobre la inflación en Uruguay, dado el aún alto nivel de dolarización de la economía”. En virtud de esta perspectiva, el efecto de la medida de la autoridad monetaria “se limita a las expectativas, afectando sí el valor tipo de cambio, que tiende a bajar en la medida en que aumenta la tasa en pesos”.

El informe recuerda que los factores inflacionarios de reciente data “son difíciles de controlar internamente”, como la presión alcista de los alimentos y el petróleo, y dado que su impacto es considerablemente mayor sobre “la población de ingresos fijos, es importante avanzar en la búsqueda de herramientas alternativas para controlar el incremento de precios”. En ese sentido, el Icudu apunta que “los acuerdos de precios llevados adelante a comienzos de 2008 y una participación más activa del Estado en la cadena de formación de los mismos pueden ser un buen camino a explorar para evitar que se erosione el poder de compra de los hogares, particularmente por la vía de la suba en los precios de los alimentos, que afectan más duramente a los hogares de menores ingresos”.

Tomado de LA DIARIA.
http://ladiaria.com/articulo/2011/3/zafarrancho-siniestro/

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