lunes 26 de octubre, 2020

LA IMPUNIDAD: lo que vendrá.

Publicado el 29/03/11 a las 2:31 am

Por: Raúl Olivera Alfaro.

1.- Cuando este número de Trabajo & Utopía se encuentre en manos de los compañeros, posiblemente ya se habrá conocido la Sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado uruguayo. En nuestros dos últimos artículos tratamos de dar a conocer, mediante dos casos paradigmáticos considerados por esa Corte, los parámetros jurídicos a partir de los cuales fue resolviendo situaciones de demandas similares a la presentada por la familia de Maria Claudia García de Gelman.

Es poco previsible, aunque parecería que la fuerza política de gobierno lograría alinear sus fuerzas en torno a un proyecto de ley que busca restaurar el derecho a la justicia afectado por la existencia de la ley de caducidad.

Es de esperar, cuando se conozca el contenido de la Sentencia de la Corte, lecturas de la misma con acentos distintos, desde los actores políticos, sociales y gubernamentales. A nivel del gobierno, sin duda que se intentara leer y resaltar de la mencionada sentencia, aquellos aspectos que – con justeza –, reconocerá los avances que se han operado en materia de derechos humanos en las dos ultimas administraciones. A nivel de los actores políticos y sociales empeñados en terminar con la impunidad, se podrá el acento en aquellos aspectos que hacen a la obligación que tendrá el Uruguay de erradicar de nuestro ordenamiento jurídico interno la impunidad instalada desde el 22 de diciembre de 1986. Por otro lado, los sectores comprometidos históricamente con la impunidad – y otros incorporados a esa lógica últimamente -, se atrincheraran en el vetusto argumento del ex presidente Sanguinetti , de que ninguna norma internacional puede desconocer la voluntad expresada por la ciudadanía en un referéndum y un plebiscito.

Otros argumentos y lecturas, muchas veces desarrollados en los pasillos o en chismorreo descalificador, trataran de establecer que esta demanda solo tiene motivaciones pecuniarias.

2.- Desde estas páginas hemos intentado aportar elementos que nos permitan reflexionar juntos sobre estos temas. A partir de esa tarea de reflexionar, hemos estado en mejores condiciones, tanto para protestar, como para hacer conocer nuestras propuestas frente a los distintos problemas que han afectado a nuestra sociedad. Siempre hemos reclamando lo que creíamos justo, rechazando lo que creíamos que no lo era. Tanto en una u otra oportunidad, el movimiento sindical ofreció las soluciones que pensaba más adecuadas, Lo hizo en proclamas, en documentos. Muchas veces acompaño esos pronunciamientos con manifestaciones que han sido a veces numéricamente chicas, otras grandes y algunas veces multitudinarias. En ellas, siempre hemos intentado sintetizar la bronca, la indignación, la esperanza y hasta la desazón, en propuestas de acción colectivas que abran caminos de tránsito a una sociedad más justa y más solidaria. Todo eso, en el entendido que no hay caminos más anchos y de mejor transito, que aquellos que se recorren con unidad, con lucha y en pos de objetivos justos. Y con el convencimiento profundo, de que no es posible una sociedad justa y solidaria si no la construimos en una democracia firme y sin limitaciones

3.- Por eso hoy está en el centro de nuestras preocupaciones, lo que está en juego a partir de las decisiones que tome el sistema político, es que destino tendrá la vida democrática a partir de que se defina claramente terminar o no con la política de impunidad imperante desde hace mas de un cuarto de siglo en nuestro país. Y eso, hoy esta íntimamente ligado a cómo cumple Uruguay con lo que obligan sus compromisos internacionales que nos lo recordara la Sentencia de la Corte Interamericana.

Desde estas páginas, hemos sostenido que la impunidad en el Uruguay no es solamente la renuncia a la pretensión punitiva del Estado consagrada en la ley de caducidad. El castigo, es solo la consecuencia obligada que impone la sociedad a través del sistema judicial ante la violación de un derecho establecido en las normas de derecho nacional o internacional. De ahí que concluyamos y pensemos a la impunidad como la ausencia, el desconocimiento por parte del Estado de derechos inderogables e irrenunciables que conquistamos los seres humanos. Si no se restablece la obligación del Estado de castigar a quien asesina, a quien tortura, a quien hace desaparecer, a quien viola, tendremos en nuestro país, como lo hemos tenido en estos últimos 25 años, un Estado que no reconoce como lo manda la Constitución y las normas de derecho internacional, el derecho a no ser torturado, el derecho a la vida, el derecho a no ser desaparecido, a no ser violado.

La ausencia de esos derechos es una situación de absoluta injusticia, que tiene un nombre: se llama impunidad.

Y mientras exista una ley como la ley de caducidad, mientras exista alguno de los efectos creados por la existencia de dicha norma, en nuestro país, habrá violación múltiple y contumaz de esos derechos humanos, y en consecuencia habrá una cultura de impunidad, que estará afectando profundamente las normas más elementales de la convivencia en sociedad.

4.- Quienes no han entendido esto o no han querido entenderlo, nos dicen: ¿Pero, es que acaso este gobierno y el anterior ampararon alguna denuncia en la ley de caducidad? ¿Acaso la política del gobierno de Vázquez y el de Mújica, no ha sido de declarar excluidos de la ley de caducidad toda denuncia que le llegara del Poder Judicial?

Debemos admitir, que todo eso es cierto, salvo en el caso de Nibia Zabalzagaray, que hizo necesario recurrir a un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que fuera posible establecer la responsabilidad del Gral Dalmao, juzgarlo y encarcelarlo como correspondía.

El derecho irrenunciable a la justicia, no puede seguir sujeto al arbitrio de la voluntad del gobierno de turno, de la misma manera que lo estuvo en los gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle y de Batlle. Y eso es inaceptable para quienes como el movimiento sindical, tiene una visión de largo aliento respecto a los derechos humanos, que no esta atada a problemas coyunturales o las políticas de los gobiernos de turno, sean del color y el signo que sean.

La Justicia, ya sea para castigar o para absolver una culpa, no debe bajo ningún concepto quedar a la libre y arbitraria decisión de ningún gobierno. La separación de poderes es la forma que las sociedades han encontrado para librar a las sociedades de esa forma de autoritarismo.

Eso es pensar en grande. Eso es lo que el esfuerzo de los pueblos y el pensamiento jurídico progresista y de avanzada a consagrado en distintos instrumentos legales internacionales.

5.- La anomalía existente en nuestro ordenamiento jurídico interno, debe ser encarada por los distintos Poderes del Estado, los tres poderes del Estado – cada cual desde la esfera que le corresponde -, puede y debe normalizar en serio y definitivamente esta situación definiendo adecuadamente que hacer con una norma violatoria de la Constitución y las obligaciones contraídas internacionalmente como lo es la ley de caducidad.

Mucho nos hubiera gustado y reconfortado como integrantes de la patria de Artígas, que la solución a esta problemática fuera el producto de que el sistema político entendiera la importancia de las políticas publicas de defensa de los derechos humanos, y no de un pronunciamiento condenatorio por parte de la Corte Interamericana, en el caso de Maria Claudia García de Gelman. No nos alegra, que nuestro país sea objeto de una condena de ese tipo.

Sin embargo no podemos obviar resaltar que nos resulta positivo, que esa sentencia de la Corte Interamericana, termine consagrando lo que desde hace 25 años venimos sosteniendo contra viento y marea.

Desde el movimiento popular, deberemos también realizar una lectura particular de esa Sentencia, al igual que de todas aquellas que en el sistema judicial uruguayo han ido haciendo justicia en algunos casos. En ellas, también escucharemos, nos hablaran los años de lucha de las Totas Quinteros, de las Luz Recagno, de las Blancas Artigas, de las Quica Errandonea, de las Maria Esther Gatti y de todos y todas las luchadoras que supieron rescatar del silencio a las utopías de sus hijos para sembrar semillas de esperanza en las tierras siempre fértiles de la lucha por las causas justas.

El mandato imperativo que establecerá la sentencia de la Corte Interamericana, implicará que en nuestro país se empiece a organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para desmontar todos los vestigios de sostén de la impunidad.

Al igual que lo hemos hecho en todos estos ultimas décadas, no nos ahorraremos ningún esfuerzo, no despreciaremos ningún terreno de lucha, para lograr que nadie se haga el distraído frente a esas obligaciones.

Porque los tiempos que vendrán serán de verdad y justicia, los que creyeron haber construido un mundo de impunidad que sobreviviría a las dictaduras que ejercieron en el pasado, empiezan a tomar sus recaudos, amenazan, presionan y pretender mantener el pacto de silencio. No van a tener suerte, habrá verdad y justicia.

Publicado en Trabajo y Utopía de Marzo 2011.
Tomado de http://raulolivera.blogspot.com/2011/03/la-impunidad-lo-que-vendra.html

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