martes 20 de octubre, 2020

Más confianza para más seguridad. Confianza pública y gestión compartida en seguridad ciudadana.

Publicado el 20/01/11 a las 8:41 pm

Por Milton Romani Gerner, Secretario General de la Junta Nacional de Drogas.

Tomado de Cuadernos de Compañero Nro. 2, Diciembre de 2010.

Resulta absurdo: ahora TODO el problema de seguridad pública radica en “los menores”. Cifras que van y vienen ¿mostrando la realidad? No. Intentando centrar exclusivamente el fenómeno de la inseguridad en los pibes chorros. Que no es que no exista. ¿Es el único factor, no hay otras cosas? ¿Si el 100% de las rapiñas fuera de “menores”, seria la mano dura la salida? Ahora llegó la mano súper dura: recolección de firmas, plebiscito, reforma constitucional. Tiemblen los vándalos que van a ir todos presos a una cárcel especial… y está todo resuelto. Luego que cada ciudadano tenga su preciada arma propia y le arranque la cabeza a todo delincuente que se presente…así aprenden y chau. Aviso por las dudas: a estos adolescentes con cuatro generaciones de exclusión, les importa tres carajos este debate. No son disuasivos ni los anuncios, ni la puesta en práctica. No tiene efectos. Quizás otros códigos (porque la práctica violenta ya hace rato que está incorporada en estas vidas difíciles) y otros abordajes más inteligentes (no angelicales) tengan más eficacia que este tipo de baladronadas.

Estas son las cosas que generan desconfianza pública. El que piensa, pierde: los adolescentes YA son punibles y purgan penas en un instituto especial. Los problemas son otros. Ya hay un acuerdo inter partidario para crear un Instituto de Rehabilitación separado del Ministerio del Interior. Que tenga una parte para adultos y otra para adolescentes. El tema es darle contenido, orientación conceptual. Que trascienda el mero hecho de ser un nuevo depósito de excremento donde nos quedamos tranquilos porque los sacamos de la vista. Hay que tener coraje político para reconocer que son problemas de larga data (1), complejos, difíciles, que no tienen remedios mágicos. Pero la tentación del marketing politiquero, recostado sobre el sentimiento primario de la gente es muy fuerte. Ramplón, discriminador, absurdo y decididamente ineficaz. Cuando no, promovidos por algunos que quieren gritar “al ladrón” para ocultar los daños grandes, los de cuello blanco u ocultar la corrupción extendida. Aunque ello redunde en un mayor clima de zozobra porque los resultados no pueden ser nunca inmediatos y la desconfianza cunda rápidamente.

Lo obvio no tan obvio

Hay un incremento del miedo social. La inseguridad ciudadana esta vinculada obviamente al delito. Pero no solamente. Tanto al rapiñerismo, arrebato, las bocas de drogas como al delito del crimen organizado están presentes y representes (hasta el hartazgo) mediaticamente (2). La violencia familiar y en general los métodos violentos para resolver todo tipo de conflictos y presentes en la cotidianeidad aportan lo suyo. Sin embargo lo obvio no es tal. Por cuanto la inseguridad esta vinculada al miedo social presente y configurado a partir de otras variables menos obvias.

Hay una marca de la época actual: la falta de sentido y de proyectos compartidos es un drama que se vive con miedo, angustia e incertidumbre. Incertidumbres de diversos tipos. La falta de certezas acerca de la estabilidad económica, social y cultural. Una ecología pautada por las crisis mundiales cíclicas. Potenciadas mediaticamente cual fiebre aviar o N1H1 que terminan explotando en la cotidianeidad (efecto tequila, crisis de los tigres asiáticos, rusa, crisis de las hipotecas chatarras). Nada de lo humano parece frenar ni prevenir ni hay memoria para enfrentarla porque el formato mediático es la fugacidad, el presente permanente, la no historia. Esto es: la no política. La ex – comunión, en el sentido de no pertenecer a la comunidad porque la fuga hacia delante se hace sin colectivos confiables. Parece ser mecanismos post-post modernos de control y dominación social y política.

La nuevas tecnologías y la crisis del mundo del trabajo, junto a la incierto de la seguridad social aportan los miedos colectivos que nos hacen sentir inseguros en forma constante. Es muy elocuente el olvido, la amnesia colectiva acerca de los sucesos que tuvieron como centro el fatídico viernes 2 de agosto del 2002. Tras el feriado bancario y las imágenes que ya habíamos visto desde la vecina orilla, bastaron un par de imágenes televisivas de acecho a uno o dos supermercados para que cundiera el pánico. Las hordas de pobres hambrientos bajaban desde el Cerro y también por Av. 8 de Octubre. ¿Fue, además, una operación de guerra psicológica? No interesa tanto. Lo cierto es que la mayoría de nosotros se encerró en sus casas, los comercios cerraron y el ministro Stirling daba una conferencia de prensa explicando que “un pequeño Bin Laden” estaba actuando en Montevideo y presentaba la supuesta y bien montada “cadena de asedios y explosiones que sincronizadas que demostraban una fina organización detrás de ellas. Se nos engaño y se nos asusto como unos niños tontos. ¿Donde están? Metidos en un inconciente colectivo que nos dice como una pesadilla latente “cuidado con las crisis….pueden traer las hordas y los Bin Laden”. Aclaro: para la construcción de miedos colectivos se necesita más que una mentira organizada. Son múltiples variables que se basan en hechos reales y sufribles, en el cuerpo y en la mente, en los bolsillos y en las ideologías. No es una “conspiración del imperio”, externo a nosotros. Somos nosotros que políticamente no somos capaces de deconstruir y generar autocontroles que nos posibiliten gestionar estas crisis.

El Vacío Ético y banalidad.

Otro factor sobreañadido a los miedos e incertidumbres (que son enfrentados con grandes dosis de soledad e individualismo) de la vida actual es la creciente banalidad de lo delictivo. En grandes sectores donde la exclusión social, el desempleo y la economía de sobrevivencia imponen nuevos códigos de sobrevivencia, el delito pasa a integrar un menú que no esta cargado ni de culpa, ni de valor de ley. No es que no haya códigos. Son otros códigos, donde el arrebato o el hurto integran una forma y estilo de vida necesario, inevitable, ocasional, cotidiano e integrado a una forma de ser, ver y sentir en el mundo.

Para otros sectores pudientes y bien acomodados, la fractura se da en lo que Bernardo Kliksberg ha desarrollado bajo el titulo de “ética y desarrollo”. ¿Todo vale para maximizar la ganancia? Es una forma empresarial que se impuso por vía de la ultra competencia en un mundo ultra competitivo. Insisto en una experiencia realizada en EEUU luego de los escándalos de la quiebra de empresas muy renombradas En una reciente conferencia en la Universidad George Washington (3) cité a Kliksberg cuando se preguntaba:

“¿Cómo pudo ser posible? ¿Qué motivó estas conductas? Se trataba de un grupo de ejecutivos formados en algunas de las mejores escuelas de administración de empresas del mundo y que, por otra parte, ganaban algunas de las mayores remuneraciones anuales de la economía americana. Superbien pagados y supereducados.(…) Una investigación del Aspen Institute sobre 2000 graduados de las 13 escuelas de negocios líderes analizó el perfil ético que tenían al ingresar y al salir. Este último era peor al inicial. En otro estudio se preguntó a participantes de MBA qué harían si pudieran cometer un acto ilegal que les diera a ellos (o su empresa) una ganancia de 100,000 dólares, la posibilidad de que los descubrieran fuera del 1% y la pena no mayor de un año. Más de la tercera parte contestó que robaría” (4)

Este estudio es del 2000. Mucho antes del escándalo y crisis mundial por las hipotecas chatarras, donde todo el sistema bancario mundial estuvo en cuestión y solo en EEUU la Reserva Federal tuvo que movilizar 700.000 millones de dólares para salvar el sistema. La noticia fue el procesamiento de un icono de la Bolsa, hombre de bien, supereducados y que ganaba muy bien: Bernard Madoff por un fraude de 50.000 millones de dólares. Por “suerte” en Uruguay hemos sido precursores en estos temas.

Permítanme referirme a la versión nacional del vacío ético. Con su cuota de impacto simbólico demoledor en el fenómeno que intentamos describir.
Tenemos unas 8000 rapiñas anuales reportadas, de las cuales el 49% son por menos de $500. Con su dosis de violencia. Ahora se descubre una organización de crimen organizado, conformada por algunos Oficiales Superiores. Que fueron educados en la Escuela Naval con formación terciaria, instruidos en el honor militar y con la misión de defender la soberanía marítima y fluvial incluido el control del ingreso de drogas. Los costos monetarios son mucho más altos. Pero hay un tratamiento diferente. No genera alarma de nuestras vecinas. Los noticieros no lo incluyen en policiales ni con musiquita de fondo. No se sale a pedir el aumento de penas contra estos delincuentes. Es más: tienen amigos que los defienden. Como a renombrados abogados, contadores o escribanos “de bien” que han sido procesados por lavado de dinero y hay quienes salen a defenderlos por las lesiones a no se sabe que garantías individuales.

El delito y la banalidad del mal.

Se puede afirmar (copiando sesgadamente a Hanna Arendt) que existe respecto una cierta banalidad del mal referido al pasaje al acto delictivo, sea grande o pequeño. Incluidas las prácticas de corrupción preexistentes e intensificadas. Si la vida no tiene sentido y la angustia se calma con objetos, rapiñar al otro, en el arrebato en la calle, o a lo grande no tiene contenido moral. Tengamos claro, además, que no solo hubo Terror de Estado con su secuela de crímenes y de miedos. Sino que con “por la lógica de los hechos” se justificó todo un régimen de impunidad que hizo caducar la pretensión punitiva del Estado. Es decir que los más horrendos criminales, fueron INIMPUTABLES. Hasta ahora.

El manejo irresponsable de algunos medios de difusión masiva y el uso demagógico de algunos políticos sobre estos fenómenos lo único que hacen es incrementar el circuito toxico. Se intensifican y agrandan las secuencias, se pide incrementar los niveles de violencia priva da y publica, se recurre al mito que las penas mas duras y la cárcel prolongada solucionan el tema y lo único que se logra es incrementar la desconfianza y aumentar el miedo por lo tanto la inseguridad.

En algunos sectores de izquierda parece que hay una tentación: arrebatar las demandas mas primarias que surgen en la gente y arrebatárselas como bandera a la derecha. Es de una simpleza practicista ramplona que nos come el futuro. Lo peor de todo es que no tiene posibilidades reales de ser precisamente prácticas.
Es una fuga hacia el futuro en un terreno complejo, difícil donde hay que promover una gestión colectiva y no comerse la papota, prometiendo imposibles.

Hay que persuadir que la responsabilidad es compartida. De varios actores del Estado, del sistema político y de los actores sociales y económicos. Generar confianza y no aumentar o incrementar los componentes de alarma es tan importante como los dispositivos de proximidad de la Policía y de la gestión local de la seguridad ciudadana.

Avanzar en políticas públicas en este terreno es una obligación del Estado. Responder a la emergencia, calmar las angustias y contrarrestar los miedos, es ineludible. Pero no sin desplegar planes de mediano y largo plazo y fundamentalmente descentrar la mirada. La respuesta policial a diferentes niveles es primordial. Pero no basta. Sobrecarga a los institutos y unidades policiales y no logra resolver las múltiples dimensiones que tiene el tema.

Hay que generar Gabinetes de Seguridad a nivel nacional y local (5), donde los diferentes componentes educativos, municipales, laborales, de espacios públicos, de abordajes locales con la comunidad, de salud pública. Descentrar no quiere decir desentenderse, sino involucrar a varios actores para dar respuestas integrales y también focales que sean positivas y no se queden en mera enunciación de intenciones.

En la propuesta del Frente Amplio sintetizábamos con la consigna de mas confianza para mas seguridad. Se intentaba descentrar el tema de seguridad en los diferentes componentes, crear una situación y sensación permanente y autosustentable de la confianza ciudadana en la convivencia. Ello implica intervenir en las diferentes áreas que haces al fenómeno multidimensional de la seguridad. Eso implica medidas en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional. Pero es una propuesta que debe abarcar a otros organismos.
No solo al más alto nivel político. Sino a nivel operativo que tenga como objeto LA GESTION LOCAL PUBLICA Y CON PARTICIPACION SOCIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (6). Esto implica tensión entre las corporaciones profesionales y la ciudadanía. Mando político firme, lucha contra la corrupción y tratamiento equitativo del delito.

El antiimperialismo a la hora de proteger el secreto
(y la joda)

El Senado discutió y aprobó un proyecto de ley llamado de “flexibilización del secreto bancario”. Algunos senadores, devenidos en antiimperialistas línea norcoreana, criticaron duramente la “postración ante la banca internacional”. Los argumentos usados por todos era proteger el derecho a la “intimidad” a las garantías individuales que tiene la “gente de bien”. Que sea dicho de otra manera tienen el derecho de ocultar sus cuentas. Claman porque una “potencia extrajera” pueda mirar capitales que cometen evasión fiscal. Es decir que no pagan impuestos y hacen maniobra para no aportar al fisco. Las modificaciones introducidas tienden a proteger esas garantías y las someten al juez como hasta ahora se sometía en casos de narcotráfico y lavado de dinero, u omisión de las obligaciones familiares.

Hasta la Asociación Rural salio a clamar por derechos y garantías en el tema secreto bancario. Lo que llama la atención no es solo este arrebato antiimperialista de Bordaberry que pertenece a un Partido que firmo con cuatro bancos un acuerdo ominoso, que por otra parte ahora nos va a costar 119 millones de dólares por un juicio que hace esa “banca internacional”.
Se rasgan las vestiduras en nombre del derecho a la “intimidad” (que forma cool de referirse a los secretos encubridores) pero no en imputabilidad de menores o volver a reformar el código penal para aumentar penas.

Tenemos el derecho a pensar que en lo del secreto bancario se quiere defender una forma de “hacer negociossonnegocios” donde hay espacio banal para deslizarse a la joda. Ya se dijo en campaña electoral por parte de Lacalle: “sociedades anónimas para lo que sea”. Tenemos el derecho a pensar que los gritos contra el rapiñismo y los adictos es una cortina de humo para no centrar la mirada en los de cuello y guante blanco.

Memorando del incremento de la desconfianza pública.

Incremento de rapiñas, hurtos y arrebatos como aspecto distintivo, que tiene una tendencia creciente no solo en los últimos años sino en un periodo prolongado. Describir las causas sociales y económicas es una condición necesaria pero no suficiente para reducir el fenómeno social. Estamos ante la consolidación de un estilo de vida: es un modelo de sobrevivencia, acumulado en cuatro generaciones de exclusión social, que no tiene incorporado un proyecto compartido de vida. Las redes de microtrafico, que no son una empresa rentable como otros negocios de narcotráficos, se han desplegado en los barrios donde los índices de desocupación, de pobreza e indigencia son altísimos.

Incremento de los métodos violentos para zanjar conflictos de convivencia social de cualquier naturaleza. Se manifiesta en el aumento de las muertes por violencia llamada domestica, de arreglo de cuentas, eventos deportivos o de masas que devienen en acciones masivas.

Despliegue y acción de grupos organizados con acción en delitos de mediano y gran porte que giran en torno a la plataforma del contrabando, el narcotráfico y otros negocios conexos. La instalación de grupos extranjeros se hace a partir de bases nacionales con vínculos fuertes con actores nacionales que actúan desde lugares de poder. El lavado de dinero en Uruguay ha sido un verdadero trampolín que demuestra fehacientemente que el crimen organizado está bien organizado en sectores de la economía formal y con buenos defensores legales, contables, políticos y empresariales.

Incremento insidioso de los casos de corrupción. Las señales del mando político en este terreno deben ser contundentes, incluso a riesgo de barrer con actores cercanos al mando. En Uruguay tenemos sobrados ejemplos no solo de corrupción policial. Fiscales y jueces. Militares como en el caso de la Armada Nacional, o políticos que con grandes o pequeñas acciones amparan o fomentan prácticas corruptas. Esta cultura se extiende a prácticas ciudadanas nefastas: la compra de objetos robados, las pequeñas corrupciones callejeras, la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, la justificación de venta de drogas por mandato de sobrevivencia, etc.

Incremento de la tenencia de armas de fuego por parte de los ciudadanos que tiene efectos múltiples ya definidos: la perdida de confianza en el monopolio de la fuerza por parte del Estado, cantera de aprovisionamiento de los delincuentes, muertes y heridos por mal uso, aumento paradojal del miedo ciudadano a pesar de estar armado individualmente.

Incremento de los miedos ciudadanos a partir de la desconfianza en todo y todos. La cultura hegemónica actualmente basada en la lucha individual por la sobrevenía y la conquista del poder por vía de la obtención de toda clase de objetos domina la vida de todas las capas sociales. Ocurre que para algunos es la tarjeta de crédito permanente. Con los niveles de endeudamiento e insatisfacción también permanente. Para otros, con un salto delictivo, es el arrebato.

Incremento de las patologías sociales de la frustración con su secuela de trastornos mentales que aumentan los índices de acciones asociadas a patologías de conducta o de auto agresión. Los índices de suicidio siguen siendo altísimos en Uruguay, incrementándose en las franjas etarias de los mas jóvenes y los mas viejos (7).

Decimos incremento sin perjuicio que el tema ya hace mas de 20 años esta en la agenda publica. Se pueden mostrar muchos recortes de prensa, el debate parlamentario de la ley de seguridad ciudadana del 95, pero más elocuentes es:

Montevideo se queja pues vive entre rejas desde el fondo hasta el jardin
Pero igual señor, robos por mayor a los afanes nadie pone fin
Pero una voz: ministro del interior seguridades no puede ofrecerle
porque pa hacer la justicia triunfar, al subalterno tiene que encanar

Si, si, cuento contigo,
el gran testigo, porque tu conoces la verdad…
Sabemos que no es primicia si te hablamos de injusticia
eso es lo que reina por acá….
acá hay mucha barbaridad

(Popurri “Barbaridades”. Murga Los Saltimbanquis 1998)

Señales equívocas que intensifican la desconfianza pública

No es aumentando las penas, nuevamente (8), ni bajando la edad de imputabilidad ni abordando el tema de seguridad ciudadana solo con tratamiento policial. No es tampoco convirtiendo a cada ciudadano en un policía.

Los planteos “duros”, o pretendidamente duros de toda dureza, incluidos aquellos que llaman a armarse para defender la vida y la propiedad, adolecen de dos errores:

Apuestan a diseminar la violencia contra todo lo que se mueve sin darse cuenta que la población objetivo que en todo caso recibirá la dureza del código, de las penas y de la represión le importa tres carajos el código, las penas y la fuerza. Es más: los confirma en su tesitura y los lleva a redoblar la apuesta. La escalada de violencia en ese sentido puede llevarse a grados inimaginables.

Los grupos criminales con grados diferentes de organización y especialización, que tienen grandes y variadas conexiones con la parte “legal” y “formal” de la sociedad, exigen mucha inteligencia, mucho trabajo previo en lo patrimonial, es un tema policial y judicial cada vez más especializado. Las herramientas para desmontar estas verdaderas amenazas son de otro tipo.

La inseguridad ciudadana, motivada por diversos fenómenos delictivos, pero no solo vinculados a la rapiña y el hurto, se remonta con políticas integrales que le brinden confianza, que generen controles ciudadanos autogenerador, que le permitan identificar a la ciudadanía algunas pautas culturales violentas que están en nuestras propias entrañas como sociedad. Que no incrementen los niveles de violencia que generan paradójicamente más inseguridad y menos confianza. Porque el tema central, además de la delincuencia (la chica y la grande) esta vinculada no solo a determinantes sociales y económicas, sino a pautas culturales modernas que tienen algunos iconos violentos que no se abaten ni con disuasión, ni con represión ni con castigo. Mi hipótesis es más trabajosa y pesimista. La complejidad del tema de la convivencia humana es tan complicada como el fenómeno humano del tráfico y consumo de drogas. Pariente directo de la inseguridad ciudadana, pero no padre absoluto de ella.

La proliferación de casos violentos de rapiñas y arrebatos genera una sensibilidad inevitable. La reacción primaria es igualmente violenta. Pero no puede ser, nunca la base de una política publica.

Porque insisto en la ineficacia del aumento o creación de nuevos delitos para castigar? Porque resulta absurda la idea de la baja de edad de imputabilidad?

Porque la historia, el mundo y la calle demuestran que no respetar códigos es un pésimo negocio. El imperio de la ley y de derechos tendría que ser el arma princeps. Llama la atención que quienes siempre claman por la mano dura a expensas de los derechos, sean los mismos que lo invocan para los delitos de guante blanco. El reciente episodio de las voces que se levantaron airadamente por el derecho de los profesionales con su cliente, criticando la figura del “colaborador” o de la “entrega vigilada” a propósito del procesamiento del Dr. Curbelo Tammaro es elocuente. Para el pichiruchi, leña. Para el dotor, clemencia. Que después de todo con este tomamos en la misma barra…..en fin…
El tema humano es que aquella mula que fue engrupida y se tentó con un viaje por 10000 pesos, no se pone a leer el código. El guri que fuma pasta base, que hace un arrebato, para comprar pasta o porque es un estilo de vida, ese guri sea menor o no, no tiene noción de ley. Pero no de ley penal. De Ley como estructurante de la vida. El 62% de los pibes que están en SEMEJI tienen cortes autoprovocados en sus brazos. Autoagrasevidad, depresión, consumo, falta de proyectos. ¡¡Que carajo le importa que sean condenados por uno u otro Código!!! Están jugados. Pero hace rato que lo están (9).

Escuché atentamente al diputado herrerista José Carlos Cardozo cuando el desastre del incendio de la cárcel de Rocha. Ponía por ejemplo a un pibe joven que había muerto y estaba preso “solo por vender droga en la plaza”. Aludía a la falta de discriminación de lo que es un primario y la brutalidad del hacinamiento que lo llevo a la muerte. Pero agregaba algo nada menor: conocía a su familia, sabia de quien se trataba. Conocía su rostro, su historia, su drama.

A todos nos pasa lo mismo. Cuando se trata de números sin rostros, acusados por la comunicación mediática, transformados en “planchas” con gorrito víscera, camperita, pobre, y joven…….hay que darles con todo. Cuando le ponemos nombre y apellido, los conocemos, es más difícil.

¿Vas a esperar a las políticas sociales cuando abatan la pobreza y la indigencia para resolver esto, gil? Se me puede preguntar. No. Pero en el mientras tanto hay que hacer algo para cambiar el rumbo de estas vidas concretas. La crisis penitenciaria no es solo por hacinamiento. El sistema penitenciario es una plataforma imprescindible para generar líneas de integración social. Las dificultades de este sistema son una expresión perversa que hay que enfrentar también con una visión integral y de responsabilidad compartida de varios ministerios, del Poder Judicial y Legislativo. La inflación de las cárceles tiene que ver por ejemplo con la imprescindible reforma del proceso penal que tiene insólitas resistencias.

Droga, delito y la “guerra contra las drogas”

En un reciente trabajo que expuse en el Seminario Internacional “Geopolítica de las Drogas” (10) celebrado en el Palacio de Itamaraty (Río de Janeiro) expresaba entre otras cosas una posición crítica sobre el enfoque bélico de esta temática

“El lenguaje bélico instalado en el tema drogas es ambiguo y paradojal. Porque en principio no son las leyes de la guerra con las que se pueda enfrentar problemas sociales complejos y mercados ilícitos que actúan con leyes propias formales e informales. En segundo lugar porque en términos de guerra es un conflicto mal planteado y una opción por determinado modelo: la guerra-total. Recordemos que en otros enfoques, el arte supremo de la guerra (según Sun-Tzu) es doblegar al enemigo sin librar una sola batalla. En este actual enfoque parece ser que hemos dado mil batallas, tenemos ciento de miles de bajas, ejércitos corruptos y desanimados, retaguardias no movilizadas y poco concientes para un largo combate, recursos económicos y financieros volcados al frente de batalla sin beneficio evidente. Se ha desplegado un frente de batalla extensísimo: se han multiplicado los enemigos (el conflicto es con una larga cadena: productores grandes, medianos y chicos; grandes traficantes ilegales, medianos y pequeños y traficantes, y como si fuera poco, los consumidores). No se han realizado alianza puntual para aislar al enemigo más poderoso. No se enfocan la recuperación de quienes considerados “enemigos” o considerada la retaguardia de consumo donde se mueve el narcotráfico. No se destinan fondos suficientes para prevención y tratamiento. Las cárceles de muchos son en realidad campo de entrenamiento para futuras combatientes que pasan de grado. La violación del derecho de guerra, el no respeto de la dignidad de los “vencidos”, las ofensas realizadas contra “los enemigos” multiplican y realimentan el odio y la sed de venganza. No se realiza siquiera acción civil vinculada al desarrollo para actuar sobre la población civil y ganarla para la causa “sagrada”. Más bien que por vía de las aspersiones y las erradicaciones forzadas se termina colocando a la población civil en aliada de los enemigos. Como técnica militar, un desastre.”

No obstante :

“Es necesario subrayar los fenómenos que Lucia Dammert expone claramente:

• El aumento de la violencia en América Latina es un dato irrefutable. Las diferentes formas de violencia se han convertido en la manera más común de mediar en los conflictos individuales y sociales y resolverlos. Los altos grados de violencia dentro de los hogares, que tienen como principales víctimas a mujeres y niños, pero también a los adultos mayores, así como el ejercicio permanente de violencia en el ámbito escolar, son ejemplos de esta situación. El crimen se agrava por la presencia de armas de fuego. La última informa¬ción disponible sobre las tasas de homicidios en América Latina muestra un agravamiento de la problemática.

• El aumento del consumo interno genera serias consecuencias en términos de seguridad y salud pública en la mayoría de los países latinoamericanos, especialmente en aquellos en los que los episodios de violencia armada por el enfrentamiento entre bandas rivales de traficantes se han tornado más cotidianos,

• De esta forma, se puede afirmar que América Latina ha pasado de ser una región de tránsito a una de consumo de drogas, especialmente de cocaína. Las rutas de tránsito abarcan prácticamente todos los países de la región, con complejas consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales. Esto define un complejo panorama regional, en el que el consumo y el tráfico de drogas y la criminalidad se han convertido en elementos claves para descifrar la vida cotidiana. Este breve repaso permite afirmar que ambos fenómenos se han agravado. Sin embargo, no se sabe aún si existe una relación de causalidad entre drogas y criminalidad.” (11)

1. En una amplia zona de la región de nuestro continente se ha consolidado un mercado de tráfico y consumo de pasta base de cocaína. En realidad se trata de productos diversos, con “marcas” diferentes de cocaína fumable de bajísima calidad (paco, crack, bazuco, pasta). Nuevo patrón de consumo de gran impacto social. Las Encuestas de Consumo (12), tanto de Hogares como de Estudiantes de Enseñanza Media revelan una baja prevalencia (0,8%-1,3%) en la población general y en los jóvenes estudiantes (que por estar escolarizados ya cuentan con un capital social de integración). Cuando se desagrega por zonas geográficas caracterizadas por índices de exclusión social, (con altos porcentajes de desempleo y deserción escolar) las cifras aumentan significativamente (8,5%) Las poblaciones de mayor vulnerabilidad social son destinatarias en cuanto a consumo y son generadoras de redes de mini tráfico de consumo interno. Este mercado, complementario al de clorhidrato de cocaína, esta pautado por el bajo precio unitario y la diseminación de estas redes, que responden a estrategias de sobrevivencia y de empresarismo pobre con mercado cautivo. Varias circunstancias regionales deben ser analizadas para explicar este nuevo fenómeno regional. Un desafío más para revisar los modelos de intervención. La dispersión del tráfico y consumo de este mercado, íntimamente vinculado a poblaciones vulnerables supone una estrategia de intervención social múltiple. La dispersión de las fuerzas represivas en múltiples focos de tensión justifica un replanteo de proporcionalidad y economía en el uso de la fuerza. En los registros de relevamiento internacionales y en muchos países de la zona las incautaciones no están desagregadas y se contabilizan como “cocaína”. No es solo un error. Es una muestra de cómo miramos nuestras propias realidades. Como también la cooperación, es, muchas veces unidireccional.

2. La evidencia científica (13) y la realidad expresan la contundencia que tiene el consumo problemático de drogas de circulación licita como el alcohol, tabaco y psicofármacos. La incidencia que las mismas tienen sobre la convivencia social y la seguridad ciudadana. Los costos económicos, sociales y humanos que provocan pasan inadvertidos por el alto grado de integración cultural que tiene por ejemplo el alcohol. La integración de políticas de prevención, tratamiento y de fiscalización incorporan un desafío mas a la complejidad del fenómeno drogas. La fuerte incidencia que las industrias de producción, la economía formal, obliga a estrategias muy complejas que han sido bien definidas por la OMS y la OPS. Este contraste y paradoja obliga a revisar las políticas de fiscalización y son una doble evidencia: por un lado demuestra que la fiscalización de las drogas ilícitas no tienen fundamento en su “peligrosidad” y al mismo tiempo que el curso legal no necesariamente resuelve todos los problemas.

3. El desplazamiento de organizaciones de crimen organizado que giran en el rubro del tráfico de drogas ilícitas, junto a una nueva territorialización y nuevos esquemas de organización empresarial, muestra el efecto globo de ciertos enfoques y de fiscalización puntual del sistema. La búsqueda de nuevas rutas de transito de la cocaína, y de esquemas de lavado, muestra la complejidad del sistema y la necesidad de revisar los efectos colaterales y no deseados, o mejor dicho, no pensados en las estrategias regionales.

4. La lucha contra el lavado de activos, vinculada en principio al tema narcotráfico y corrupción, ocupa un lugar ambiguo y ambivalente en nuestros territorios. Los países centrales que son depositarios del flujo del lavado, mantienen una ambigüedad y un doble discurso. Marcan e imponen normas que ellos se permiten violar a partir de «islotes» que nadie controla. Por otra parte hay Estados que lo enfocan, solo como oportunidad para captar bienes del delito. Ello implica riesgos de desviación de los verdaderos fines. Por otro lado, urgidos por atraer capitales, otros países adoptan una actitud condescendiente cuando no permisiva en la fiscalización e investigación. Siendo una herramienta útil para concentrar la fuerza represiva en las capacidades de reproducción del capital del crimen organizado y la corrupción, corre el riesgo de ser bastardeado por la inclinación a extender los delitos precedentes según una lógica de los países centrales que pretenden, ahora, superar la crisis con una gran aspiradora de capitales fugados (14). Es una poderosa herramienta que ataca un nudo central del mercado ilícito y del crimen organizado. Comporta un principio de no impunidad contra los crímenes vinculados a las drogas y de proporcionalidad en la política criminal. En términos simbólicos, si hay algo que desprestigia a las políticas de drogas, es que terminan siendo una herramienta más de la criminalización de la pobreza.”

Seguridad publica como responsabilidad compartida

La responsabilidad compartida que tienen los actores económicos y sociales, incluidos los medios masivos de difusión es un aspecto capital de la estrategia. No solo como colaboradores para combatir la delincuencia. Sino como actores que asumen compromisos. Hay prácticas económicas y sociales que cooperan con la violencia o con la corrupción. La venta de alcohol es una de ellas. Pero no solo.

Las Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana es una muy buena línea de trabajo. Pero hay que repoblarlas, convertirlas en foros ciudadanos donde no solo haya queja, no solo demandas. Son lugares donde se puede hacer gestión local en materia de seguridad que pase por la iluminación, el repoblamiento de plazas, de espacios públicos. No pueden ser solo mesas donde estén representados los estratos más viejos de la sociedad. Hay que convocar a los jóvenes y ver que pasa.

Descentrar no es desentenderse: las políticas de drogas hemos propuesto el concepto de descentramiento positivo, que habla de la necesidad de articular, coordinar, cogestionar el tema con actores que necesariamente tienen que implicarse y meter las manos en el barro.

Descentrar positivamente la tarea de seguridad ciudadana significa abrir los diversos desafíos en la que el conjunto de la sociedad y el Estado están implicados. Una política que centre inadecuadamente el tema en lo policial y en el código penal termina siendo suicida y aumentando los niveles de miedo e inseguridad. Es verdad que ello implica desafíos ahora, niveles de acción ahora. Pero el ahora no puede estar en contradicción con el después. Mas aun cuando las acciones inmediatas pueden poner en entredicho o conspirar con el desarrollo de líneas sustentables en materia de seguridad.

Los delitos vinculados al hurto, la rapiña y el arrebato son una modalidad muy diseminada. Tanto como el mini trafico de drogas. Los mecanismos de integración social que amortigüen y vayan atemperando estas manifestaciones culturales son de largo aliento.

La Reforma Integral del Sistema Penitenciario es una pieza clave del mediano plazo. Parece haber un consenso en que la reintegración social es un desafío complejo. No es un tema del Ministerio del Interior. Acá hay que romper fuerte la chacra sin lastimar a nadie pero teniendo en cuenta que en el estado actual no son solo los presos que están presos. El personal penitenciario también. No es casualidad que sea uno de los grupos laborales con mayores índices de suicidio. Incorporar otros actores (ASSE-MIDES-Educación-Trabajo) con enfoque de trabajo social es clave. El tema hacinamiento es impostergable. Pero hay que parar la maquina que infla el sistema. El Poder Legislativo y Judicial tienen implicancia. La postergada reforma del proceso penal es una pieza clave.

Las penas sustitutivas y alternativas de la prisión no pueden ser solo libertades vigiladas. Hay que montar un sistema con varias instituciones publicas y privadas que garanticen que el trabajo y la educación, las tareas comunitarias productivas pueden y tienen que ser encaradas seriamente. No es limpiando el piso que se restituye la confianza. Es ofreciendo un trabajo digno donde no solo se asegure el mango, sino el aporte especifico a la sociedad. Los mecanismos de mediación entre victima y victimario, bien pautados e integrados a otros recursos son útiles.

El crimen organizado, es decir, las grandes o medianas organizaciones con diversas modalidades y plataformas son un tema creciente, cambiante y de gran incidencia en la verdadera seguridad del país. No parece adecuado comunicar este tema como el “gran responsable de los hechos” extendiendo sus alcances reales y generando más miedo que confianza. Las medidas a tomar son especificas y acá si se puede, y se debe mostrar resultados como los ya realizados.

Los agentes policiales y de seguridad tienden a generar conciencia de las amenazas con una comunicación directísima y a veces exagerada de las mismas. No se logra responsabilidad con ello. Solo se logra incrementar el miedo e inseguridad por lo inabarcable del ciudadano común de tales amenazas. Ellas deben ser atendidas, como no. Prioritariamente en el plano de la inteligencia, la prevención y disuasión descargando en golpe represivo con apego a la ley. Los procedimientos contra el narcotráfico han tenido la virtud de haber sido llevados a cabo con órdenes judiciales y trabajo previo, sin disparar un solo tiro ni herir los derechos de nadie.

Lo que si hay que comunicar intensamente es a la conexión del crimen organizado con los mecanismos legales y de cuello blanco, fachada o soportes del mismo. En la financiación como en el lavado de dinero hay tela para cortar y esfuerzo a compartir por varios agentes, no solo policiales.

Si el brazo de la ley y la represión no llegan a los intocables, es impensable la gestión de seguridad. Este aspecto no solo tiene virtudes en materia de eficiencia represiva: darle a la cabeza y a la espina dorsal de quienes mas perjudican a la sociedad. Tiene efectos disuasivos y simbólicos para el conjunto de la sociedad y para los efectivos policiales, agentes del sistema judicial y hasta los mismos delincuentes. Si el imperio de la ley es parejo y equitativo para todo el que delinque eso genera confianza, baja los decibeles de miedo y prestigia a la Policía y la Justicia.

Deben privilegiarse todos los mecanismos para combatir la corrupción. A todos los niveles. El ambiente y la cultura del “todo vale” es el caldo de cultivo de los delitos. Luego, las grandes organizaciones intentan avanzar sobre la corrupción. Pero el fenómeno es precedente de los delitos. Si se quiere avanzar en prevención del delito, hay que combatir y crear una cultura anticorrupción. La banalidad de la corruptela no tiene hechos grandes y chicos. Es corrupción. Para eso hay vacuna: la ética y el castigo.

NOTAS

1. En “El símbolo uruguayo del Mal” Eduardo Galeano cuenta la historia (olvidada pero en su momento muy intensa) de Zelacio Duran Naveiras, más conocido como “El Cacho”, que a los once años fue “depositado en un asilo” para luego, convertirlo en el símbolo del crimen. Infantos juveniles era la terminología del momento. “La población, escandalizada, clamaba por su seguridad hecha humo. Ya en el 55, se alzaron voces pidiendo la pena de muerte: silla eléctrica para el criminal” cuenta Galeano. “Desde la primera pagina de los diarios, “el Cacho” (con ese apodo) enfrentaba el relámpago del magnesio; los canillitas voceaban su nombre: el crimen del día”. En el 80 ese símbolo se llamó “El Pelado” (Marcelo Roldan). Ahora son muchos, es verdad, pero hace mucho tiempo que esto esta allí.
2. Los Medios de Difusión se han autoimpuesto una regla acerca del suicidio. Dicen que hay una norma legal que se lo impide, cosa que no es cierto, y por otra parte parece que esto no molesta a la “libertad”. Se argumenta que las noticias al respecto producen actos de imitación de contagio de conductas. ¿No es esto valido para la rapiña y los asaltos?¿No hay un momento donde en los medios se difunden métodos, incluso novedosos, formas muy tecnificadas de drogarse. ¿Cuál es el sentido de pasar la grabación de un copamiento? Mas allá del festejo que produce en sus protagonistas fugados, solo un efecto de contagio
3. “Un debate posible: revisar modelos de políticas públicas en drogas” en la Jornada “The Art of the Possible: Advancing Drug Policy Reforms in Latin America” organizado por Washington Office on Latin America and Transnational Institute (WOLA y TNI) y The George Washington University’s Latin American & Hemispheric Studies Program

4. Kliksberg, B: Ética y gerencia de organizaciones. INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 22, julio – diciembre de 2003
5. El ejemplo del funcionamiento de la Mesa Local de Seguridad y Convivencia en el área del CCZ 3 y mas concretamente en la zona del Mercado Agrícola es un modelo a seguir. Recordemos que la zona era el Imperio de los Tumanes. Allí .donde todavía hay mucho por hacer- la tarea policial apoyada desde varios actores no fue lo único. Cooperativas de vivienda, recuperación de plazas y centros públicos, promoción social de la zona, etc.

7. El Maestro Tabarez, en la presentación del audiovisual Gurisa, Guri que hicimos en la Cámara de Diputados afirmó que en las semanas que se desarrollo la campaña de la Celeste se había constatado un descenso importante del número de suicidios. No se cual es la fuente. Pero parece bastante coherente con esto de compartir un proyecto.

8. El Dr. Milton Cairoli en el Parlamento dice: “(..) me interesa señalar que coincido con la afirmación de que el Derecho Penal debería ser la «ultima ratio» de respuesta del Estado. Participé del debate sobre la ley de seguridad ciudadana, y se nos decía que el aumento de las penas, las restricciones a los Jueces para su aplicación -siempre hacia arriba- y la existencia de mayores delitos, prácticamente iban a ser la panacea en materia de seguridad (…) lo que hemos vivido en Uruguay es una proliferación de normas penales -esto es cierto-, una especie de legiferación o inflación del Derecho Penal que lo único que ha logrado ha sido un éxito de «marketing», por decirlo de alguna manera (…) Vean ustedes: en el año 1995, cuando se estaba discutiendo la ley que luego se llamó de seguridad ciudadana y se creaba el delito de copamiento, fui uno de los invitados para hablar del tema en la Comisión respectiva. Recuerdo que una de las cosas a las que me opuse fue, precisamente, a la creación de ese delito (…) En determinado momento se me dijo que eso iba a ser necesario y que se iba a terminar con las pocas rapiñas con privación de libertad -eso es el copamiento- al aplicar el artículo 54, (…) Aparentemente, con eso quedaba solucionado y se iba a terminar con el copamiento. ¿Y se terminó? En este momento debe haber más de mil copadores en todas las cárceles de la República. Ahora no podemos derogar el copamiento. Ustedes lo saben bien porque últimamente hubo un caso muy notorio. Si derogamos un delito, se aplica el artículo 15 del Código Penal y el artículo 7° del Código del Proceso Penal, y la causa queda totalmente anulada, como si no hubiera existido. Además, todos los sujetos que están presos -la pena para los copadores va de ocho a veinticuatro años de penitenciaría- quedarían en libertad. Entonces, sería como para que a los legisladores y a los miembros de la Comisión de Reforma nos corrieran hasta sacarnos el pellejo”.(Comisión Especial sobre adicciones, consecuencias e impacto en la sociedad uruguaya Versión taquigráfica de la reunión realizada el día 2 de setiembre de 2010 recibiendo al Instituto de Derecho Penal)
9. Recomiendo dos lecturas imprescindibles: “Rostros que se hacen humo” de Ximena Aguiar y Ana Pais. Publicacion de la JND y la novela “Sucios” de Ignacio Fonseca. Premio de Narrativa 2009 de la IMM. Editorial Trilce.
10. Romani, Milton “En clave de debate democrático. Geopolítica desde el Problema Drogas: cambio de paradigma y descentramiento positivo”.2010. Inédito. Seminario Internacional “A Geopolítica das Drogas” 17 de setiembre, Palacio Itamaraty, Río de Janeiro. Organizado por la Fundação Alexandre de Gusmão Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais
11. Dammert, Lucia: “Drogas e inseguridad en América Latina: una relación compleja” Nueva Sociedad No 222, julio-agosto de 2009, ISSN: 0251-3552, .
12. Observatorio Uruguayo de Drogas de la JND – Proyecto “Sistema Subregional de Información, e Investigación Sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay y posteriormente la incorporación de Colombia” (ONUDD-OID-CICAD-OEA-OUD). QUINTA ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA. 2009. CUARTA ENCUESTA DE HOGARES 2006. ENCUESTA EN SALA DE EMERGENCIAS. 2007.
13. Todas las encuestas que se realizaron en el marco del Proyecto “Sistema Subregional de Información, e Investigación Sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay y posteriormente la incorporación de Colombia” (ONUDD-OID-CICAD-OEA-OUD) que fueron presentadas en marzo del 2010 en el marco de la 53 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, así como otros estudian revelan no solo el aumento del consumo problemático de alcohol, tabaco y psicofármacos. Sino de la incidencia que los mismos tienen en el consumo de otras sustancias.
14. La última crisis mundial que tuvo como epicentro la inversión hipotecaria “chatarra” es hija de la liviandad en los controles gubernamentales e internacionales sobre el sistema financiero y de transacciones bursátiles de la etapa anterior del Consenso de Washington y el fundamentalismo neoliberal. Teniendo que desembolsar grandes sumas de las reservas de cada país, llego el momento de regular e impedir todo tipo de fuga de capitales. La intención de extender los delitos precedentes de lavado a múltiples figuras parecen estar en la agenda de los organismos internacionales.

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