domingo 25 de octubre, 2020

UN PAIS DE PRIMERA

Publicado el 20/12/10 a las 11:08 pm

Por Constanza Moreira.

El slogan de campaña «Un gobierno honrado, un país de primera», ha dado lugar a un uso repetido, a lo largo de este año, en especial el «país de primera». Para muchos de nosotros, la expresión generó una suerte de malestar, ya que la división en personas, países o sociedades «de primera» y de «segunda» (o de cuarta) revela una categorización perversa. No porque la desigualdad no exista, que existe, sino porque con esa forma de referirnos a ella no sólo la reconocemos sino que la legitimamos.

Pero supongamos, por un momento, que este «ser de primera» fuera el equivalente de algo así como «jugar en primera división», y supongamos también que el «país de primera» fuera una forma de ser los mejores, dentro de lo que inevitablemente nos ha sido dado o vinimos a ser (el vecindario, por ejemplo, o la demografía).

¿Cuán de acuerdo estamos con esas cosas que siendo parte de la campaña parecían muy justas, muy compartibles, tanto entre los que se definen de izquierda como entre los que no? Veamos.

En primer lugar, todos estamos de acuerdo con la importancia de la educación. En un país de primera, la inmensa mayoría de los jóvenes habría terminado el secundario, sea en su opción de bachiller o en sus opciones más tecnológicas. Más de un tercio continuaría sus estudios terciarios, dentro de la Universidad, o en carreras terciarias varias (como las de profesorado, magisterio o tecnicaturas del más diverso tipo). Probablemente, una buena parte de las personas continuaría educándose hasta el fin de sus días, disponiendo para ello de una amplia gama de carreras y cursos.

Claro está que en un país con buen nivel educativo, donde la educación secundaria fuera universal, las relaciones laborales tenderían a mejorar. Los salarios serían mejores, en todos los niveles de actividad, porque el nivel educativo sería más alto. Cuando la gente es más educada, también conoce más sus derechos, así que en un país de primera se cumpliría la legislación laboral, pero en todos los ámbitos y para todos los implicados en el mundo del trabajo. La ley de ocho horas se cumpliría a rajatabla (también en los asalariados rurales y sin duda con las trabajadoras domésticas), y las empleadas de comercio tendrían derecho a la bendita «ley de la silla» sin estar paradas horas y horas. Se cumpliría el descanso para almorzar y nadie tendría miedo a ser despedido si hace una reivindicación de derechos.

Con personas más educadas y mejores salarios, las demandas por la igualdad serían más fuertes, y deberían ser atendidas a los más diversos niveles. Así, en un país de primera la diferencia entre el salario de un obrero calificado y un profesional universitario no sería sideral, sino moderada, puesto que habría muchos más profesionales universitarios y los obreros serían, sin duda, más calificados. El índice que mide la desigualdad, sólo por esa razón, registraría niveles más bajos, similares a los de los países europeos, sean estos «de primera» o «de segunda».

Otras formas de la desigualdad serían mitigadas, o en vías de erradicación. Por ejemplo, la calificación entre los hombres y las mujeres sería similar, para todo tipo de tarea, y las mujeres y los hombres ganarían lo mismo. En un país de primera la «barrera invisible» para impedir el acceso de las mujeres a los cargos de poder se haría visible, a través de una legislación acorde, que obligue a que la realidad se parezca más a lo que debe ser. Y entonces la mitad de los empresarios, de los gerentes y de los políticos sería mujer. Sí, en los países de primera esto es así, y en virtud de las leyes, no de la buena voluntad de las personas.

Aumentaría, y considerablemente, la participación de las mujeres en los puestos de trabajo que en países de «segunda» o de «tercera» sólo realizan los hombres, como en las Fuerzas Armadas, la Policía, los bomberos, o los conductores ómnibus y taxis, con escasas excepciones. Claro está que en un país de «primera» también habría muchos más hombres en puestos femeninos como el profesorado, el magisterio o la enfermería. Habría más hombres cuidando hijos, cuidando ancianos. Y si no los hubiera ­porque los cambios culturales son muy lentos­ el Estado haría su parte, para impedir que la mujer que trabaja todo el día tenga una carga de cuatro a seis horas extra, todos los días, de cuidado de los otros (que los hombres no tienen).

Los países de primera son países envejecidos. Así que debemos saber que un país de primera tendrá una enorme carga de la seguridad social. Sobre todo si queremos evitar que unos cuantos miles cobren de jubilación algo tan miserable que sólo podrán vivir de prestado en la casa de los otros. Si a esto le sumamos toda la buena legislación (que también cuesta) y el gasto en educación, y el gasto en salud, veremos que el país de primera tendrá un alto gasto del Estado y no poco. Para ser de primera de verdad, entonces, tendrá que modificarse la carga tributaria entre los que más tienen y los que menos tienen. Los empresarios deberán ver moderada su búsqueda de beneficios, por la imposición de gravámenes proporcionales a sus ganancias. Y seguramente una parte de ellas deberá quedar en casa, para atender a la necesidad de un mercado de capitales propio, y una tasa de ahorro acorde a las necesidades de desarrollo. Las cuentas de las empresas serán claras y accesibles cuando se las precise. Tendremos información sobre el capital, tanto como sobre los salarios y transferencias sociales. Y se estudiará a los ricos con tanta minucia como ahora se estudia a los pobres.

Pero no sólo de pan vive el hombre. Los países de primera no son sólo de gente más igual, sino de gente más libre, con más capacidad para determinar su destino. En un país de primera, los derechos humanos serían sagrados e inviolables. Los presos sólo estarían privados de libertad, pero no del resto de los derechos. No habría hacinamiento ni enfermedades, ni tratos degradantes. Claro está que en un país de primera habría menos presos, menos policías y menos cuarteles; y el gasto en educación sería muy superior al gasto en seguridad.

La Ley de Caducidad habría sido erradicada para siempre de nuestro ordenamiento jurídico y no perdurarían leyes que, siendo declaradas inconstitucionales por los supremos organismos de Justicia nacionales, y violatorias del derecho internacional según la sentencia de los tribunales internacionales pertinentes, fueran mansamente aceptadas y toleradas por el Poder Legislativo. Se sabría la suerte de los desaparecidos y no quedaría cuerpo sin enterrar, ni duelo que no tuviera lugar.

En un país de primera no se podría tolerar, ¡jamás! que una mujer que no desee tener un hijo se vea obligada a hacerlo, porque sino será penada con cárcel, porque eso, pertenece a los viejos tiempos en que el orden político se confundía con el orden religioso y en países de «segunda» o «tercera», como este, la religión se separó del Estado hace ya un siglo. En un país de primera, las mujeres no deberían practicarse un aborto en situación de clandestinidad, arriesgando su vida y su salud reproductiva futura. En un país de primera las mujeres, las reproductoras por excelencia de la especie, deberían ser cuidadas, atendidas, escuchadas, protegidas.

Y se podría seguir. Quizá no todos estemos de acuerdo con este análisis de un «país de primera». En mucho de él se siguió la comparación eje a eje con las políticas que se practican en las democracias «de primera» (como las de las socialdemocracias nórdicas): en la legislación laboral, los derechos humanos, la desigualdad de género o la educación. Se discutirá que debemos buscar nuestro propio proyecto, la modalidad vernácula del «ser de primera». De acuerdo. A esto va este análisis. Y al debate libre, razonado y colectivo sobre lo que queremos como país; no de uno en uno, sino con todos.

Tomado de http://www.larepublica.com.uy/contratapa/435705-un-pais-de-primera

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