El destino de la impunidad en el Uruguay: continuidad o cambio.
Publicado el 02/12/10 a las 12:05 am
Por Raúl Olivera Alfaro.
En gran parte de nuestra historia política, es posible constatar claros divorcios entre las promesas de los partidos en sus campañas electorales, y lo que finalmente se cumplía una vez instalados en el gobierno.
Las formas más desprolijas de consumar esas estafas políticas, se sustentaban ya sea en las ausencias de debates de sus programas y en una acentuada política clientelística con el único propósito de captar el voto ciudadano. Los programas eran a lo sumo una suerte de letra chica de los contratos.
En todos casos, los ciudadanos son consumidores de propuestas electorales, cuyo incumplimiento no genera para quienes lo ofrecen, consecuencias inmediatas y seguras. A lo sumo el ciudadano memorioso, puede armar una suerte de “bolsa de agravios” a cobrar en la siguiente contienda electoral. No existió ni existe para la propaganda electoral engañosa, una suerte de institución de “defensa del consumidor” que proteja al ciudadano.
EL APORTE DE LOS MEMORIOSOS.
El peso creciente en la escena política nacional de la izquierda producto de la existencia de los memoriosos que con su “bolsa de agravios” buscaron otras perspectivas electorales, y el peso de los trabajadores organizados tras un programa de avanzada, contribuyó indudablemente a lograr una mejora general en el mercado de las ofertas y demandas electorales.
Las ofertas electorales escriben y debaten sus programas, y no puede decirse que se mantenga de forma acentuada la lógica de la letra chica. Los debates políticos, se encargan muy bien de marcar las contraindicaciones que cada propuesta puede implicar para los distintos intereses en juego.
El papel de los medios de comunicación, donde existe un casi monopolio por parte de los sectores conservadores, cumple un papel importante a pesar de que muchas veces determinan la agenda política en determinadas coyunturas.
Pero, como en todo contacto entre dos realidades distintas, existe la posibilidad de la mutua influencia, del contagio, de la contaminación. En ese sentido, para bien del sistema democrático uruguayo, la lógica de la importancia del programa y su cumplimiento muy arraigado en la cultura de la izquierda, influyó de alguna manera en los partidos tradicionales acostumbrados a tropear votos mediante prácticas clientelísticas.
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA.
En el otro extremo, algunas prácticas de los partidos tradicionales, permearon a la cultura de la izquierda de algunas prácticas, que nada bien le hacen a la vida democrática. Como dice el refrán, una de cal y otra de arena.
Entonces, si bien, se debe constatar, una evolución en el comportamiento de los partidos políticos, que deben intentar darle una mayor legitimidad a la relación entre las propuestas electorales y las políticas que luego llevan a la práctica cuando se llega al gobierno; y un marcado avance de la conciencia ciudadana, también se debe constatar que los mecanismos de falseamiento exis¬ten. Solo que son más sutiles.
LAS SUTILEZAS DE LA MANIPULACIÓN
Esa sutil “manipulación”, apela por lo general a dos recursos: el de ofrecer a la ciudadanía programas “marco” donde se establecen generalidades en las que se puede luego meter adentro cualquier cosa. Otro recurso consiste en apelar a una suerte de reinterpretación de lo que se ofreció originariamente en el programa.
Este último recurso, es lo que de alguna manera se puso en práctica con relación a lo establecido en el programa respecto al futuro de la ley de caducidad con el que llegó por primera vez al gobierno la izquierda. Programa discutido y votado en el Congreso, máxima autoridad de esa fuerza política.
Programa que establecía con absoluta claridad dos aspectos relacionados a la impunidad. Que se cumpliría a cabalidad el artículo 4to de la ley de caducidad y que se debía adecuar la legislación interna a los convenios internacionales.
LO PROMETIDO Y LO CUMPLIDO.
Con respecto al primer aspecto, resulta algo obvio y hasta innecesario establecer en un programa de gobierno, que se cumpliría lo que establecía una ley -la de caducidad-,que estaba vigente. Lo sustancial, era que se lo cumpliría cabalmente. Eso ningún otro gobierno lo había hecho y era importante establecerlo como un compromiso.
Interpretar que a partir de esta formulación programática, se establecía que se mantendría vigente la ley de caducidad, hay un mundo de distancia. Menos aun, teniendo en cuenta el segundo aspecto: la adecuación de nuestra legislación interna con las normas internacionales vigentes, larga y ardorosamente discutido en el citado Congreso. Es como si los sindicatos que luchan por mejorar la venta de su trabajo, sirviera para concluir que el movimiento sindical se propone como parte de su programa, mantener las reglas de juego del capitalismo.
Al Congreso había llegado desde una de sus Comisiones una moción en mayoritaria que contenía, por un lado una formulación programática (la necesidad de adecuar nuestro orden jurídico a las normas internacionales) y una medida concreta de gobierno (la anulación de aquellas normas que fueran violatorias de los convenios internacionales) que establecía la forma de dar cumplimiento a la definición programática.
En ese momento existían dos claras violaciones de los compromisos internacionales por parte del Uruguay, sobre los que el país había recibido observaciones: el Código de la niñez y la ley de caducidad, las que por otra parte no se nombraban a texto expreso en la moción.
El Congreso, discutió con las intervenciones centrales de Hugo Cores y Fernández Huidobro, y resolvió finalmente aprobar casi unánimemente una moción en la que se quitaba la medida de gobierno y se mantenía textualmente la formulación programática.
Es decir, que ya desde el programa del primer gobierno de la izquierda, se era consciente de la existencia de una norma vigente de Derecho interno que violentaba el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado uruguayo había asumido. Y en consonancia con ello, se sostiene la posición de que a efectos de la vigencia plena del estado de derecho en el Uruguay, tanto en lo que hace a la vigencia plena de las normas constitucionales como del respeto pleno de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, resultaba necesario superar la incoherencia jurídica que significa la pervivencia de la Ley de Caducidad en colisión evidente con las normas constitucionales y las obligaciones internacionales.
Pese a los recursos de un debate de dos oradores de barricada con que debatieron Cores y Huidobro, lo que finalmente fue aprobado fue eso. Sin embargo, se reinterpretó lo resuelto a texto expreso, concluyendo erróneamente que la ley de caducidad se mantendría.
Si los que se oponían a la medida de gobierno que sostenía la anulación de la ley de caducidad, entendían y defendían, que la ley de caducidad se debía mantener, no podrían haber votado, como lo hicieron-, la adecuación a los convenios internacionales? Es más, si los que polemizando con Cores, proponían por las razones que fueran, mantener la ley de caducidad, por honestidad y transparencia política debían haberlo formulado en una moción. Hicieron todo lo contrario, sumaron sus votos para que el gobierno del Frente Amplio hiciera lo que la CIDH nos reclama desde los años 90 y por lo cual seguramente nos condenará, si no se aprueba la ley interpretativa a consideración del Senado.
EN EL MEDIO DEL RÍO
De ahí que sea lícito concluir, que la ciudadanía que llevó al Frente Amplio al gobierno en el 2005, lo hizo para que cumpliera entre otras cosas, el artículo 4to a cabalidad y adecuara nuestra legislación interna a los compromisos internacionales. Cumplió en lo que le fue posible y a su manera, lo primero. Pese a que tuvo los votos para hacerlo, no hizo lo segundo.
También es cierto, que la aplicación a cabalidad del Art 4to, ayudó a crear las condiciones para que el Congreso que precedió al segundo gobierno de la izquierda, no dejara ninguna duda ni margen para interpretar algo distinto, de que se resolvería ese tema. Y lo debería hacer el Estado uruguayo eliminando de su ordenamiento interno las trabas que existen para que se restablezcan plenamente los derechos conculcados por la vigencia inconstitucional de la ley de caducidad.
Ninguno de los dos últimos programas que llevaron a la izquierda al gobierno, manifiesta que la ley de caducidad se mantendría. Opinar lo contrario y empecinadamente bregar por mantener esa norma ignominiosa, nos pone faltando a los compromisos que soberanamente asumimos tanto a nivel ciudadano como a nivel internacional.
UN ÚLTIMO ASPECTO
Los partidos se comprometen a bregar por determinados objetivos. Son las acciones en torno a esos objetivos en las que se organizan los ciudadanos o suman sus opiniones y opciones.
La posición de quienes pretenden eternizar la ley de caducidad, argumentando que la ley interpretativa aprobada en Diputados no es representativa del sentir del soberano, no se sostiene en una verdadera lógica democrática que analice globalmente lo que realmente se expresó por parte de la ciudadanía en el 2009.
El Frente Amplio llegó al gobierno con un programa que establecía con absoluta claridad los objetivos en torno a la Ley de caducidad. Y si eso fuera poco, el voto rosado, hasta logró importantes apoyos dentro de otras colectividades políticas con otros programas de gobierno. Quienes crean o hagan otra lectura de esos pronunciamientos tienen el derecho de recurrir contra la ley interpretativa apelando a un pronunciamiento ciudadano, que esta vez podría identificar clara¬mente las voluntades favorables a mantener la ley y a apartar así al país del concierto internacional y los compromisos que desde allí se han acordado para defender los derechos humanos.
Trabajo & Utopía, Noviembre de 2010.
