Es hora de ponernos de acuerdo.

Publicado el 21/11/10 a las 10:00 pm

Por Margarita Percovich.

«más allá de oportunismos tácticos en cada coyuntura: ¿por qué hay representantes y dirigentes frenteamplistas que nunca entienden oportuno dejar que la Justicia actúe de igual forma para todos y todas?»

Es curioso que hayamos llegado al gobierno nacional, y aún a repetir la experiencia, acordando algunos objetivos estratégicos que sólo tienen que ver con el reparto más justo de los bienes y servicios que administra el Estado. Sin embargo la mayoría de los frenteamplistas fuimos construyendo un acuerdo cada vez más profundo sobre la importancia de la libertad.
Donde creo que nos bifurcamos en nuestras concepciones es sobre el significado de la palabra igualdad.
¿Qué significa la igualdad para los y las frenteamplistas que votaron este gobierno?
Porque no me refiero a los que nos acompañaron con su voto porque quisieron un cambio, la primera vez, y los que vieron que éramos buenos administradores y menos corruptos, la segunda vez.
Los que arriesgaron su libertad, su vida, la de sus familias, el exilio, la desocupación, la exclusión del aparato del Estado y el fichaje para acceder a un trabajo privado; los que tuvieron que callar sus broncas durante 12 largos años, disimular sus miedos, llorar sus muertos, sus mutilados, sus violadas, sus desvariados: ¿se sintieron iguales en el tratamiento que recibieron?
Algo que nunca habíamos incorporado en nuestras reflexiones de izquierda lo aprendimos a sangre y fuego: las personas tienen derecho a su dignidad desde que nacen, porque allí empiezan a interactuar en sociedad y por lo tanto se hacen acreedores a que el Estado garantice sus derechos fundamentales, y esta dignidad es preexistente e inherente a la dignidad humana; ningún plebiscito ni ley puede derogarla ni limitarla.
La dignidad comprende varios de los derechos que nuestra Constitución establece como básicos y que es responsabilidad de todos cuidar como un tesoro para vivir en esa sociedad justa a la que aspiramos.
Trabajamos por el derecho a la vivienda, a la salud, a la protección social, a la igualdad de oportunidades, al trabajo, a no ser discriminados/as, a vivir en un ambiento sano.
¿Y quién garantiza que esos derechos se cumplan? El Estado, administrando las relaciones entre las personas por medio de la Justicia.
Se me dirá: todo esto es muy elemental.
Si, pero de tan elemental parece que algunos nos olvidamos de estos principios que conforman el más básico Estado de Derecho, al que los hombres y mujeres de izquierda contribuyeron con sus luchas y su acción permanente en pos de las profundizaciones democráticas.
Por eso me pregunto, más allá de oportunismos tácticos en cada coyuntura: ¿por qué hay representantes y dirigentes frenteamplistas que nunca entienden oportuno dejar que la Justicia actúe de igual forma para todos y todas? ¿Qué dudas existenciales se les presentan ante el dilema de juzgar a los agentes de un Estado que usaron el poder del mismo para ejercer acciones criminales?
¿Dudan porque nunca fueron realmente democráticos y nunca creyeron en el Estado de Derecho?
Yo, como feminista, tengo montañas de críticas sobre las leyes, normativas, instituciones y sus accionar, creadas a partir de sectores dominantes masculinos, con una cultura de dominación y de subordinación sobre los sectores más vulnerables de la población.
Pero de eso se trata la evolución de los derechos humanos, tan criticados en estos días por algunos dirigentes supuestamente de izquierda.
Si hoy tenemos tribunales internacionales que juzgan a los criminales que los propios Estados no juzgan, es porque miles y miles de organizaciones de trabajadores/as, de víctimas de distinto tipo, de militantes sociales de todo tipo, han empujado a concretar una legislación internacional que muchos Estados han suscrito, entre ellos todos nuestros gobiernos. Ello implica compromisos de adecuación de la legislación y de las políticas públicas para atender lo comprometido.
El significativo avance en conciencia que en el mundo se ha dado en las últimas décadas en la construcción de reglas más justas para las relaciones entre los Estados y sobre todo, entre los Estados y sus gobernados, ha sido justamente en la dirección por la que luchamos hombres y mujeres de izquierda.
La visualización de los sujetos de derecho que antes no eran tales (mujeres, niños/as, adolescentes, los presos, las personas con discapacidad, las distintas identidades sexuales, etnias, los derechos de los consumidores y los ambientales, etc.) han contribuido a mejorar la eficacia de las políticas públicas al mostrar las diferencias y obligar a atenderlas en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y resultados.
No puede ser que en 2010, en el Uruguay, desde dirigentes de izquierda partan las dudas sobre si eliminar de nuestra legislación las normas más encontradas con los derechos a ser iguales ante la ley: esto es que los que cometieron crímenes desde el poder del Estado sean juzgados con las mayores garantías que da la Justicia.
Aunque sean lentos los cambios culturales positivos que llegan de la globalización en la que estamos inmersos, debemos seguir queriendo y aspirando a que se construya desde la perspectiva de los derechos.

Tomado de Participando Digital: http://www.mpp.org.uy/participando