Por un auténtico y eficaz fin de la impunidad.

Publicado el 15/11/10 a las 12:53 am

Por Raúl Olivera.

En el ejemplar de Trabajo y Utopía de agosto anotábamos en la sección correspondiente a la temática de los derechos humanos, que todo parecía indicar que se acercaba el fin de la impunidad impuesto por la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No nos atrevimos a ser categóricos en una afirmación de ese tipo, escribimos que todo “parecía indicar”, que terminaban de anudarse determinadas condiciones que obligarían al Poder Ejecutivo y al Legislativo- “con mayor o menor entusiasmo” – a materializar una iniciativa a nivel parlamentario en ese sentido.

En esa oportunidad, repetimos, que la impunidad en el Uruguay, “no sólo tenía que ver con un debate exclusivamente jurídico, sino con situaciones políticas que la promovieron y la defendieron incansablemente en todos estos años. Por lo tanto el esfuerzo realizado para librarnos de ella, necesitaba de batallas en esos dos terrenos específicos”. Y finalmente alertábamos que se debería “prestar especial atención a los puntos y las comas del texto” del proyecto de ley que se ponga a consideración del Parlamento para su aprobación.
Las normas internacionales de protección de derechos humanos y de derecho internacional humanitario forman parte de nuestro orden constitucional y en consecuencia de ello, dejaban sin efecto por resultar inaplicables, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado; establecía que toda intervención judicial que haya sido interrumpida por aplicación de la ley de caducidad podría ser reactivada y no se podría invocar en ningún caso la prescripción de los delitos.

A partir de entrar oficialmente ese proyecto de ley al ámbito de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, se desataron polémicas previsibles y otras inesperadas.

Era de esperar que los partidos que históricamente fueron sostenedores de la política de impunidad en el Uruguay, fueran coherentes y manifestaran su férrea oposición al proyecto del partido oficialista.
No era de esperar, que dentro del partido de gobierno, surgieran voces de oposición a la resolución de su propia fuerza política y menos aun que los fundamentos sean los mismos sostenidos por el ex presidente Sanguinetti.

También resulta preocupante, que en Comisión y a la luz de presuntos cuestionamientos jurídicos, se modifique el proyecto original, no para mejorarlo, sino para rebajar los fines que tenía el proyecto original.
Los sucesos ocurridos en Ecua¬dor, donde tenía proyectado funcionar la Corte Interamericana, postergaron la casi segura resolución condenatoria al Estado uruguayo para el mes de noviembre. La falta de firmeza del Estado uruguayo a la hora de resolver su inconsecuencia con la jurisprudencia internacional, no solo dará lugar a que la sentencia obligatoria de la Corte Interamericana, sea la que le corrija la plana al país, sino que podrá producir efectos no deseables a la interna de una fuerza política que dice estar comprometida en una profundización de los cambios, y que para ello le resulta indispensable la confianza de la gente.

Tomado de Trabajo & Utopía, octubre/2010.