DECLARACION DEL PVP SOBRE EL PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVA QUE ELIMINA LA LEY DE CADUCIDAD.

Publicado el 15/11/10 a las 1:19 am

1) La sentencia de la justicia procesando a los jerarcas militares Chialanza y Dalmao por el asesinato de Nibia Sabalzagaray es un hecho que reafirma y fortalece la democracia. A pesar de las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejercito Gral Rosales pretendiendo presionar sobre el juez actuante, se pudo investigar, recoger testimonios y adoptar una decisión judicial con todas las garantías. Quedó demostrada la tortura sistemática a todos los detenidos hasta llegar en ocasiones a la muerte.

2) Esa actuación libre del Poder Judicial fue lo que impidió la ley de caducidad. Fue necesario que la Suprema Corte declarara la inconstitucionalidad de la ley de caducidad en este caso para que pudiera actuar la Justicia. La investigación judicial que permitió llegar a la verdad sobre este crimen y procesar a sus responsables fue posible por ese pronunciamiento. Para que exista igualdad ante la ley , para que todos los casos puedan ser sometidos a un juicio justo, es imprescindible eliminar la ley de caducidad, tal como establece el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados.

3) El proyecto de ley interpretativa de la Constitución que elimina los efectos de la ley de Caducidad cumple con el programa de gobierno del Frente Amplio. Votado en octubre 2009 por la ciudadanía, este programa explícitamente mandata : “La cultura de la impunidad que ha impregnado el accionar de los gobiernos luego de recuperada la democracia deberá quedar definitivamente atrás y en su lugar se forjará una cultura en el respeto a los derechos humanos para los cual es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, incluyendo la anulación de la Ley de caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad.”

4) Dicho proyecto de ley fue aprobado en los máximos organismos de dirección del Frente Amplio: Mesa Política Nacional, Plenario Nacional, sin ningún voto en contra. Todos los sectores políticos, coordinadoras y departamentales del interior hicieron consenso con el mismo. La bancada frenteamplista de diputados sin excepción alguna votó favorablemente el proyecto, frente a los Partidos Nacional y Colorado que tuvieron 19 legisladores ausentes en el debate y en la votación. No ha habido explicaciones convincentes para que tantos diputados opositores evitaran tener que votar en contra o a favor del proyecto de ley.

5) La unidad de acción del Frente Amplio es una condición esencial a su vida como fuerza política transformadora. La pluralidad y la unidad han sido trabajosamente forjadas en la historia frenteamplista. Debates, todos los necesarios, pluralidad de puntos de vista, sin duda. Pero la democracia interna tiene sus ámbitos orgánicos y sus acuerdos que preservan el compromiso con un programa común y con un accionar unido. Aceptar la ruptura abierta de esos compromisos fundamentales significa una herida de muerte a su identidad y a su capacidad de acción política.

6) De ninguna forma se valoró que esta iniciativa parlamentaria vulnerara el resultado del plebiscito del 25 de octubre de 2009, que se respeta como ha sido histórico en el Frente Amplio, única fuerza política que ha promovido la consulta popular en reiteradas ocasiones. Quienes hoy se golpean el pecho con la democracia directa fueron siempre contrarios a toda consulta a la ciudadanía.

7) Rechazamos completamente la interpretación sesgada que, sobre los resultados del plebiscito, realizan los Doctores Sanguinetti, Batlle y algunos otros interesados en mantener la impunidad, pretendiendo extraer dos conclusiones erradas: a) la ley de caducidad quedó consagrada y es intocable b) el tema está laudado y no hay más nada que hacer al respecto.

8) Aquella iniciativa no alcanzó los votos necesarios aunque concito más de un millón cien mil voluntades. Respetamos ese resultado. Pero el tema no está cerrado. No lo estuvo durante los 20 años que estos mismos doctores clausuraron a cal y canto el acceso a la verdad y a la justicia. Mucho menos ahora que se ha avanzado mucho desde el Poder Judicial, desde el gobierno y desde la sociedad civil. El proyecto actual procura un instrumento distinto para alcanzar los valores de fondo en juego y resolver una situación insostenible.

9) La ley de caducidad ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en primer lugar para el caso de Nibia Sabalzagaray y ahora en la sentencia 1525 para el asesinato por torturas de 19 luchadores sociales. ¿Cómo puede pretenderse mantener una ley inconstitucional en el ordenamiento jurídico nacional?

10) Ya en octubre de 2009 el máximo órgano judicial sentenciaba que el referéndum del 89 no le otorgaba ningún status especial porque la ley de caducidad había nacido inconstitucional. A texto expreso la ley reconoce que surgió por “la lógica de los hechos”, es decir por la amenaza militar de no presentarse a los juzgados. Hay una inconstitucionalidad original surgida de la votación de blancos y colorados en 1986. El Dr. Sanguinetti utilizó el chantaje del desacato militar para poner de rodillas al parlamento. Aquella decisión parlamentaria debe ser corregida hoy por otra que restablezca la separación entre los poderes del Estado.

11) La sentencia 1525 adoptada por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia, tira por tierra todas las alharacas sobre el sustento jurídico de la ley de caducidad. Es una demostración ilevantable de que el tema no está laudado. Por el contrario es un pronunciamiento que exige al sistema político una solución que elimine la ley del sistema jurídico. ¿Cuántas sentencias serán necesarias para que se convenzan que la ley de caducidad no puede seguir?

12) Tan claramente insostenible es la situación creada por los sucesivos pronunciamientos de inconstitucionalidad que algunos vuelven sobre propuestas de derogación, contradiciendo así su argumentación respecto a los resultados de referéndum y plebiscito. Para ellos si es derogación sería aceptable una decisión parlamentaria.

13) La posición de quienes pretenden eternizar la ley de caducidad es tan endeble que algunos hablan de convocar a nuevas consultas populares. Nadie puede oponerse al derecho a recurrir contra la ley interpretativa apelando a un pronunciamiento ciudadano, que esta vez podría identificar claramente las voluntades favorables a mantener la ley.

14) Los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos son avances de la humanidad que obligan al país, y establecen el carácter inalienable de derechos fundamentales como la Verdad y la Justicia. ¿Cómo pueden banalizarse por parte de dirigentes políticos democráticos? ¿Qué tienen de burocráticos si estamos hablando de derechos esenciales a la vida y la libertad? ¿Qué tienen de imposición externa si hemos suscrito y ratificado nuestra adhesión como sociedad a esos valores trascendentes? ¿Cómo minimizar los efectos para el país de apartarse del concierto internacional?

15) El país está en deuda con las víctimas del terrorismo de Estado. La gran mayoría de los familiares de desaparecidos sigue sin saber donde están sus seres queridos. La sociedad entera continua sin conocer la verdad de lo que sucedió. La justicia debe poder investigar y juzgar. Igual que al resto de los crímenes. Los intentos de desprestigiar o atacar a las víctimas para defender a los torturadores nos muestran la ética de algunos dirigentes. ¿Hasta cuándo deberán hacer oír su voz reclamando verdad y justicia? ¿Cuántos 20 de mayo irán en silencio a recordar a sus familiares?

16) Todo intento de comparar la ley de caducidad con la amnistía a los presos no pasa de un burdo remedo de la teoría de los dos demonios, la guerra civil, y otras caricaturas. Pretende ocultar una vez más el golpe de estado, la eliminación del estado de derecho y las libertades públicas, la tortura sistemática, la cárcel y la desaparición, llevada a cabo por la dictadura cívico-militar. Es un hecho grave que dirigentes políticos sigan equiparando el terrorismo de estado con una guerra entre bandos armados. Y que mandos militares sigan reivindicando la dictadura, sin consecuencias para sus responsabilidades institucionales. Desprestigian a las Fuerzas Armadas y las contraponen a la conciencia democrática de la ciudadanía.

17) Hay en esta lucha muchos afectos y muchos dolores. Podemos expresarlos en las figuras de Germán Araujo y Tota Quinteros, y de tantos luchadores incansables contra la impunidad que murieron sin ver la verdad y la justicia. También es por ellos.

18) La igualdad ante la ley es un derecho de los uruguayos. La separación de los poderes del Estado es una condición del régimen democrático. Ambos principios son violados por la ley de caducidad. Hoy el Frente Amplio promueve restablecerlos para que, interna e internacionalmente, tengamos una democracia mejor.

Partido por la Victoria del Pueblo, Comité Central, 14/11/10.