Un debate fuera de foco.

Publicado el 08/11/10 a las 2:15 am

Por Pablo Anzalone, Secretario General del PVP – Frente Amplio.

En los últimos días el proyecto de ley interpretativa de la Constitución sobre la Ley de Caducidad ha sido objeto de muchos ataques. La discusión se ha centrado en dos aspectos: la disciplina interna de la fuerza de gobierno y el respeto a los plebiscitos, omitiendo otros muchos que hacen a la sustancia misma de lo que se está discutiendo. Como en las fotografías, es una imagen fuera de foco.

La caricatura pone en el centro de la atención pública al senador electo por el Frente Amplio que se niega a votar la ley y hasta califica de «golpe de estado técnico» la decisión de su fuerza política y de la Cámara de Diputados, e insulta al canciller de su propio gobierno y a los compromisos internacionales suscritos por el país.

Esta faltando el tema de fondo: la impunidad de los crímenes cometidos, la igualdad ante la ley y la actual violación de la independencia de poderes. Estamos hablando de torturas masivas, asesinatos, desapariciones. De la apropiación de niños cuyos padres fueron desaparecidos. Se habla de la condena de Uruguay por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como si fuera una intromisión en nuestra soberanía. Recordemos que fue el Estado uruguayo, la dictadura cívico militar y sus oficiales quienes secuestraron a una muchacha argentina embarazada, la asesinaron y se apropiaron de su hija. ¿No hay un problema ético de fondo al querer evitar que estos hechos sean investigados por la Justicia? ¿No estamos ante una forma de convalidar el horror?

Esto va más allá de una discusión de disciplina partidaria. Faltan otras voces, las de las víctimas en primer lugar, con quienes hay una deuda moral, histórica.

Los pronunciamientos de Hijos Uruguay, nucleamiento de los hijos de desaparecidos, y de Familiares de Detenidos Desaparecidos, son muy clarificadores y han recibido poca difusión.

Veamos la operación de la derecha. Durante 20 años esa derecha enquistada en las cúpulas de los partidos colorado y blanco fue artífice de la impunidad. No hubo un sólo caso de crímenes de la dictadura sometido a la justicia durante 4 gobiernos. Ampararon las atrocidades más grandes y hasta los delitos económicos cometidos por los personeros de la dictadura. Esos defensores de la impunidad y de una ley inconstitucional hoy se golpean el pecho con el resultado de las urnas.

Fue el gobierno de Tabaré quien comenzó a excluir de la ley de caducidad las demandas judiciales de los familiares de las víctimas. Por otra parte, el caso de Nibia Sabalzagaray motivó la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad por parte de la Suprema Corte y se pronunciaron en igual sentido la anterior legislatura, el Poder Ejecutivo y la universidad.

En octubre de 2009 no se alcanzaron las mayorías para anular la ley. Más de un millón de uruguayos se pronunciaron y otro tanto se omitieron. No hubo opción por NO. Quedaron en la misma bolsa los defensores confesos de los torturadores, junto a desinformados, indecisos, prescindentes. Esta heterogeneidad es tan amplia que no puede interpretarse el resultado como un respaldo absoluto y explícito a la impunidad, ya que se sumaron los votos anulados y en blanco en contra del SI. Asumimos esa derrota, hemos reflexionado sobre sus causas, así como las responsabilidades que corresponden a los distintos actores, incluyéndonos.

Al argumento del resultado de los plebiscitos respondemos con total claridad: sí respetamos ese pronunciamiento ciudadano. Esa iniciativa de anulación de la ley fue derrotada. Por muy poco, pero fue derrotada. Lo respetamos.

Pero de ninguna manera ello significa que no puedan plantearse otros instrumentos, otros medios para alcanzar el fin de la igualdad ante la ley, el derecho a la justicia y la verdad. Recordemos que siguen ocultando aún hoy dónde están los desaparecidos. Siguen torturando a sus familiares con la mentira y el ocultamiento.

La derecha y sus cómplices, ensoberbecidos, sacan como conclusión que la población respaldó la impunidad. Les falta poco para decir que votaron a favor de la protección a los dictadores y por la libertad de militares presos. En su opinión, la ley de impunidad es sacrosanta. Esta interpretación tan interesada, es presentada con grandes voces, como de principios.

No les importa si la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley de caducidad. Los voceros actuales de la impunidad desestiman la cuestión básica de que una norma inconstitucional pueda seguir en el orden jurídico. La sentencia de la Suprema Corte es explícita al señalar que el hecho de haber sido considerada en el referéndum de 1989 no le otorga ningún status especial a esta ley porque estuvo viciada de inconstitucionalidad desde su origen. Porque viola derechos fundamentales de la humanidad.

Muchas veces las luchas populares han sufrido derrotas: electorales, sociales y políticas. Algunas muy profundas. Y solo la derecha más recalcitrante puede soñar con que a partir de allí sólo cabe la resignación, con que no puedan replantearse los mismos valores de fondo con otros instrumentos igualmente democráticos. Porque el Parlamento es una instancia constitucional y democrática de toma de decisiones.

Eso es lo que hizo el Frente Amplio. No volvió a plantear la anulación de la ley o su derogación, sino que elaboró un proyecto interpretativo de la constitución para poner las cosas en su lugar o sea, el derecho a la vida, la integridad física y el acceso a la Justicia por encima de cualquier otra norma. Luego de una larga discusión llegó a un acuerdo unánime en la comisión plural que trabajó el tema, en la Mesa Política y en el Plenario Nacional. Este organismo, la máxima autoridad de la fuerza política, resolvió por consenso apoyar esta propuesta de ley. No hubo ningún voto en contra. Participan allí todos los sectores integrantes de la fuerza política y todas las representaciones de base. Estas instancias de la mayor representatividad posible resuelven en consonancia con el programa de gobierno aprobado por el Congreso Zelmar Michelini, y votado por la ciudadanía. Recordemos que este programa dice claramente que se promoverá la eliminación de las normas nacionales que contradigan los compromisos internacionales suscritos por el país, refiriéndose expresamente a la ley de impunidad. Ese programa obliga a todos los legisladores y a todos los gobernantes.

El debate democrático y la unidad de acción son dos pilares de la subsistencia del Frente Amplio. En los períodos de resistencia y mucho más ahora desde el gobierno, son las formas de sostener la pluralidad y la unidad en una fuerza política que sigue siendo imprescindible para alcanzar transformaciones profundas en nuestro país.

TOMADO DE LA REPÚBLICA, 5/11/2010.

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