viernes 23 de octubre, 2020

AHORA SÍ, TODOS IGUALES ANTE LA LEY

Publicado el 29/09/10 a las 10:27 pm


Por Raúl Olivera.

Como anunciamos en nuestra nota anterior de Trabajo y Utopía, ya estarían dadas las condiciones para que el gobierno a través de su bancada de diputados presente para su aprobación un Proyecto de Ley, declarando como interpretación auténtica de la Constitución, que determinados derechos ( a la vida, a la integridad personal, a no ser desaparecido, torturado, así como al acceso a la justicia para que esta investigue, persiga y juzgue castigando a los responsable) establecidos en las normas de Derecho Internacional, están incorporadas a la Constitución de la República y deberán ser aplicadas por los tribunales del Uruguay.
De esta manera, la iniciativa reconoce el rango constitucional de las normas internacionales de protección de derechos humanos y de derecho internacional humanitario y como resultado de ello, deja sin efecto por resultar inaplicables, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Dicho proyecto, declara a su vez, que la ley de caducidad viola artículos de nuestra constitución, siendo en consecuencia inaplicable.

Parece claro, que si el mencionado proyecto quedara en esos términos, nos encontraríamos ante una simple derogación de la ley de caducidad, y no una anulación como ha pretendido reiteradamente consagrar la movilización popular. Pero, lo dispuesto en su artículo final, aleja esa posibilidad al establecer que toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley de caducidad podrá ser reactivada y no se podrá invocar la validez de la ley de caducidad ni de actos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, de cualquier manera, indagatorias o acciones penales. Tampoco deja margen el proyecto, a que pudiera invocarse la prescripción de los delitos cometidos, dado el tiempo trascurrido, al establecer en ese mismo artículo final que sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22/12/86 y la fecha en que finalmente se promulgue la presente ley.

Una ley que termina saldando una situación que afectó la agenda política durante tantos años, es acompañada de una profunda fundamentación jurídica, al mismo tiempo que expresa un claro e inequívoco sentido de ratificar el compromiso del Uruguay con la plena vigencia de los derechos humanos.

Desde las distintas manifestaciones de repudio a la impunidad en nuestro país, hemos hecho centro en la igualdad de todos frente a la ley. Igualdad ante la ley que por otra parte esta establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la garantía de los derechos de la persona humana y base fundacional de toda la sociedad humana y condición imprescindibles de la existencia de un Estado de Derecho.

En esa lógica el mencionado proyecto avanza en el sentido de reconocer el predominio de esas normas por sobre toda otra de carácter interno de los Estados, inclusive, respecto de las normas constitucionales. En resumen se consagra a nivel de nuestro ordenamiento interno, el hecho de que esas normas del derecho internacional constituyen un estándar mínimo indispensable, un bloque inexpugnable, frente al cual ceden las normas internas, aún las de rango constitucional.

En tal sentido, se sostiene que las garantías genéricas esenciales del Estado de Derecho tales como el derecho a la justicia, y la separación de poderes entre otros, constituyen principios universales básicos, que no pueden ser derogados ni aún por mayorías circunstanciales, ya sean de carácter popular o parlamentarias.

Por otra parte, con justeza se establece que la Convención Americana de Derechos Humanos fue aprobada y ratificada por Uruguay en 1985, por lo que la ley de caducidad aprobada posteriormente en 1986 no puede derogar derechos constitucionalmente garantidos.

Sostiene la exposición de motivos que la ley de caducidad ha sido una de las más controvertidas y repudiadas en la historia de nuestro país y que su aplicación e interpretación hasta marzo del 2005, permitió “garantizar la impunidad más absoluta para los autores de los delitos y crímenes más oprobiosos que recuerde la historia nacional utilizando todo el aparato estatal para la consecución de tales crímenes como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas dentro y fuera de fronteras, el secuestro de niños y niñas y la tortura sistemática —incluida la violencia sexual— entre otras prácticas aberrantes cumplidas en forma sistemática, en el marco del terrorismo de estado que asoló la República entre 1973 y 1985”.

Reconoce el proyecto, que a nivel de la movilización popular la ley de caducidad, “ha sido un factor de constante movilización en su repudio, pues los supuestos factores que le dieron origen y justificaban su vigencia, hoy son anacrónicos, y en cambio perduran los efectos mas nocivos de la impunidad que impide a las víctimas y sus familiares acceder al amparo del Estado para la salvaguarda de sus derechos y el ejercicio de los mismos a través de los cometidos constitucionalmente asignados al Poder Judicial de ser salvaguarda última de los derechos inherentes a la persona humana”.

Si bien es cierto que esta iniciativa ha sido activada, también por el hecho de que ha sido presentada una acción contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ingreso en el parlamento del citado proyecto de ley, no es un hecho parlamentario más. Es, también, el resultado de una larga lucha de nuestro pueblo contra la impunidad. Por esa razón no deberá ser el movimiento popular un espectador pasivo de ese acontecimiento. Al igual que cuando se instaló la impunidad, deberemos ser parte activa de ese momento, siguiendo su tratamiento desde las barras, o en actividades que nos permitan, reencontrarnos con los que fueron momentos significativos que recorrimos para llegar a que seamos todos iguales, frente a la ley.

Tomado de Trabajo & Utopía, setiembre/2010.

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