CONFLICTOS: LA CAJA NEGRA.

Publicado el 21/09/10 a las 1:36 am

Por Constanza Moreira.

La decisión de convocar a un paro general de la central sindical la semana pasada desató un sinnúmero de polémicas. Hubo declaraciones de quienes habían votado a favor y en contra, y la televisión realizó unos cuantos programas destacando las divisiones en el seno del movimiento sindical. En general, los programas privilegiaron las posiciones de quienes se habían opuesto al paro. Pero los dirigentes máximos del movimiento sindical sortearon en buena media esta discusión exhibiendo un razonable discurso de unidad y de tramitación interna de sus diferencias.

La forma en que los medios cubren estas noticias parece en general tender a privilegiar los dos posibles factores de «política escándalo» que están habituados a cubrir, a veces con propósitos políticos, pero muchas veces con el simple objetivo de lograr más audiencia. El primero es el de mostrar las brechas y resquebrajamientos entre el gobierno y su base social. Cualquier noticia que tenga que ver con esto vende: anuncia un divorcio, y ya con esto alcanza. El segundo es resaltar divisiones dentro del movimiento sindical: otro divorcio que vende. Rara vez se tratan los temas de fondo. A saber, y más allá del paro, cuál es la naturaleza de la conflictividad social que se vive hoy, a seis meses de instalado el gobierno.

Un dato del Programa de Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica afirma que la conflictividad es hoy tres veces superior a la verificada durante el primer gobierno de Vázquez. El dato, sin más referencias, sólo significa una cosa: los gremios (los malos de la película, ¡especialmente los públicos!) le van a hacer la vida más difícil al gobierno de Mujica que lo que se la hicieron a Vázquez. Los mensajes son dos: la primera es que el estilo «negociador» de Mujica, con los gremios, no va. Hay que tener mano fuerte, se deduce. La segunda es que el gobierno entienda, de una buena vez, que ahora que es gobierno se dará cuenta que los gremios son sus adversarios, y no sus aliados, como lo sufrieron gobiernos blancos y colorados. Mera expresión de intereses corporativos, cuya insaciabilidad, no acaba nunca. Y si bien puede que haya «malas prácticas corporativas» en muchos gremios, esto no es, ni de lejos, una verdad universal. Mas aún, esto sólo oculta una verdad universal: la única manera de obtener derechos es luchar por ellos. Si los aumentos de salarios resultan de una confrontación con mis empleadores, ¿quién no iría a una confrontación?

Abramos ahora la «caja negra» de la conflictividad laboral, para entender qué es lo que está pasando. El primer dato, básico, es que los conflictos aumentan cuando hay algo que repartir. La conflictividad (así como los grandes acuerdos sociales) se han producido en épocas de bonanza, no en épocas de estancamiento, o de crisis. Hay abundante literatura sobre ello. Por consiguiente, la conflictividad es un resultado natural del proceso de crecimiento, y no su opuesto. La forma en que el propio gobierno (y el equipo económico) anuncian, una y otra vez, el aumento del producto y por consiguiente del gasto público, aumenta las expectativas de los trabajadores de beneficiarse de estos frutos. Así, la conflictividad no indica algo malo sino, por el contrario, algo positivo socialmente. De los conflictos surgen las buenas leyes, y las buenas leyes son la salud de la República, dijo Maquiavelo alguna vez, examinando la abundante legislación surgida en la muy conflictiva y floreciente república romana.

La segunda es que la conflictividad es superior en el gobierno de Mujica al de Vázquez no por el estilo de ambos, ni porque ahora se «ceben» contra Mujica (y los conservadores de siempre tratarán de alertar a un presidente que todas las voces escucha, sobre los peligros de una alianza con los egoístas pedigüeños de siempre), sino porque el primer gobierno del Frente Amplio sentó las bases para que esto pasara. En el mejor de los sentidos. Luego de la crisis de 2002, el primer gobierno del Frente tuvo que impulsar un vasto conjunto de medidas destinado a combatir la pobreza y la indigencia, aumentar el salario real, combatir el desempleo, y generar leyes que protegieran a los trabajadores. Todo eso que se logró en el primer gobierno es lo que potenció el conflicto para el segundo. Primero, porque ahora hay más gente organizada, y más gremios: el crecimiento de la masa de afiliados al PIT-CNT fue enorme, y permitió al movimiento recuperar terreno luego de la «década perdida» de los noventa. Segundo, porque con un gobierno de izquierda se sabe que se privilegiará el diálogo, y los sindicalistas públicos cuentan ahora con un ámbito de negociación colectiva (por primera vez!). El aumento en la organización de los trabajadores, las expectativas crecientes, y la posibilidad de formular demandas y que éstas sean contempladas aumenta la conflictividad. Y esto con independencia de la «oportunidad» o no de celebrar un paro general como el previsto.

Ahora vayamos a la causa y efectos de la conflictividad, que es sólo la parte «fenoménica» de un fenómeno más profundo: el del conflicto entre capital y trabajo inherente a todo sistema capitalista. Y su correlato: el poder material y político de la clase trabajadora bajo un gobierno de izquierda. La «justicia social» como principio normativo y la distribución del ingreso como evidencia de ello, dependen de esta difícil ecuación.

El aumento de la conflictividad que se da con el presupuesto resulta de un fenómeno evidente, señalado por Marcos Supervielle en su entrevista de Brecha del viernes pasado, ya que «los ciclos de relaciones laborales de los públicos, vía presupuesto, son absolutamente distintos de los privados». Pero la demanda por los salarios públicos, por la regularización de los contratos privados, o por la negociación sobre reforma de Estado, «derramará» sobre toda la sociedad, y claro está, sobre el sector privado. El Estado no sólo es rector de la negociación entre capital y trabajo, sino que también funciona como ente «testigo» frente a toda otra organización empresarial.

El Presupuesto es una herramienta clave (no la principal, sin duda) en la distribución del ingreso a través de dos instrumentos: los salarios públicos, y el gasto público en educación ­principalmente- (aunque no sólo). Un presupuesto que estuviera orientado básicamente por los objetivos de la equidad, debería priorizar estos dos rubros.

El aumento de los salarios públicos es determinante para la distribución, puesto que una masa importante de los asalariados son asalariados públicos. La pirámide salarial de los funcionarios públicos es achatada, a diferencia de lo que sucede con los privados (donde las diferencias salariales entre mínimos y máximos son muy superiores). Finalmente, los asalariados públicos son empleados con todos los derechos sociales. La reducción en el empleo público, desde inicios de los noventa hasta la crisis, fue una de las fuentes del incremento de la desigualdad social.

La educación, por otra parte, es responsable de las enormes diferencias de ingresos entre trabajadores con alta educación y trabajadores con educación básica. Son los llamados «retornos de la educación», que se vuelven crecientes. Por consiguiente, toda inversión en educación, tendiente a mejorar el nivel educativo promedio de la población, y a mejorar los logros educativos de la mitad más pobre, tendrá efectos determinantes sobre la desigualdad.

El conflicto sobre la distribución recién empieza y se proyecta sobre todo el período. Las negociaciones de los consejos de salarios, el aumento del salario mínimo nacional, y la forma en que el gobierno defienda a los trabajadores privados en un contexto de crecimiento de las ganancias empresariales -especialmente en algunos rubros-, sin precedente en los últimos años, podrán generar un nuevo equilibrio social tendiente por lo menos a restaurar, algo de lo que tuvo el viejo batllismo: trabajadores fuertes, clases medias robustas, y élites económicamente dominantes pero políticamente débiles. El contexto regional deberá ser determinante para generar un escenario favorable a ello.

Tomado de La República, 20/9/10.
http://www.larepublica.com.uy/contratapa/424423-conflictos-la-caja-negra