¿Cuál es la política energética?
Publicado el 12/09/10 a las 11:30 pm
Entrevista a Gabriel Portillo.
Por Virginia Matos.
Los trabajadores de la energía proponen derogar la ley de marco regulatorio eléctrico y aprobar una nueva ley de energía que la considere un derecho humano. Reclaman una mayor apuesta del gobierno a las energías renovables y participar en la elaboración de las políticas energéticas. Consideran que los acuerdos de la comisión multipartidaria que trabajó en el tema significan un retroceso.Consultado sobre cómo evalúan los trabajadores del sector la política energética del gobierno, Gabriel Portillo, integrante de la Coordinadora de Sindicatos de la Energía dijo a suplemento Energía que “en algunas cuestiones se ha avanzado y otras siguen con un atraso importante. Nuestra idea era armar un plan nacional de energía en el que se definan las metas para los próximos 30 años, con el conjunto de la ciudadanía o, por lo menos, con los actores de primer nivel en el tema. Esto lo venimos planteando desde 2006 pero no se concretó. Lo que queremos es que exista un ámbito real de negociación con el Poder Ejecutivo para participar en la elaboración de las políticas energéticas a lo cual nunca se nos ha dado respuesta”.
Según los trabajadores, ese plan de energía “debe tener como principal objetivo el desarrollo del país productivo con justicia social, universalizándose el acceso a la energía y que asegure el desarrollo sustentable”.
Retroceso y contradicciones
A instancias del presidente José Mujica, al comienzo de este período de gobierno se conformó una comisión multipartidaria para definir la política energética a seguir en los próximos años. Los trabajadores consideran que los acuerdos alcanzados en ese grupo significan “un retroceso a los 90 porque se insiste en considerar a la energía como una mercancía, es una concepción en que las distintas reparticiones de la UTE son miradas como unidades de negocio, y eso está absolutamente perimido. Las crisis energéticas de California, Argentina, Chile y Brasil se dieron justamente por esa visión, entonces, estos acuerdos implican no ver qué fue lo que pasó en el mundo”, señaló Portillo.
Por otro lado, “los acuerdos en materia de energía tienen que ir mucho más allá de lo multipartidario y estos acuerdos multipartidarios dejan afuera a todo lo social”.
“La gravedad de esto”, añadió, “es que el gobierno hizo suyo lo acordado en la comisión y además vemos contradicciones porque tanto las declaraciones del ministro [Ernesto Kreimerman] como las del director de energía [Ramón Méndez] no parecen ir en consonancia con el acuerdo de la multipartidaria porque admiten que laenergía puedeser un derecho humano. Entonces, ¿cuál es la política? ¿Los acuerdos de la multipar
tidaria o lo que se nos dice en los foros y por la prensa?”.
Nueva ley de energía
Según el dirigente sindical, la única forma de superar la visión mercantilista de la energía es “derogar la ley de marco regulatorio y caminar hacia una nueva ley que contemple la matriz nacional, las energías renovables, que no hable de la energía como mercancía, que no establezca posibilidades de privatización. Tenemos un principio de borrador y conjuntamente con el PIT-CNT vamos a empezar a difundir esto a través de charlas en el interior del país”.
Estado más renovable
Los trabajadores consideran que el plan energético gubernamental hacia 2030 “está bien en líneas generales pero tiene algunas carencias, entre ellas el tema de las inversiones públicas que tienen que ser en energías renovables porque las energías tradicionales en el largo plazo no van a ser rentables. Y lo que se ha hecho en este sentido es poco –UTE tiene solamente los molinos de Sierra de los Caracoles–ya quela opción del gobierno fue abrir la inversión a los privados. No nos oponemos a que se abra el mercado a los privados pero el Estado tiene que invertir en energías renovables porque si es rentable para un privado lo es para el Estado”, indicó Portillo.
Respecto al reciente anuncio del presidente de UTE, Gonzalo Casara-villa, de que el ente buscará asociarse con privados en emprendimientos de energía eólica, Portillo dijo que “hay que discutir el carácter de la asociación, cuál es la necesidad y las inversiones que se van a hacer, porque hay muchas inversiones en infraestructura para garantizar la rentabilidad de los privados y no nos parece correcto, ya que el Estado invierte donde no hay retorno y donde hay retorno invierten privados”.
La coordinadora de trabajadores de la energía reclama además que en los proyectos de renovables se incorpore mano de obra uruguaya calificada. “El desafío es tratar de construir tecnología en Uruguay, no solamente caminería. Reconocemoselesfuerzodel gobiernoal decir que tiene que haber un porcentaje nacional del equipamientopero ese porcentaje es absolutamente insuficiente porque está incluida la caminería”.
Gas sí, nuclear no
Respecto a otras fuentes energéticas, el dirigente sindical expresó que “si bien el gas natural no es una energía renovable, su incorporación como un energético nacional en el corto plazo podría ayudar a salir de una crisis estructural y abatir algunos costos que también son importantes para la industria nacional y para el consumidor residencial”.
“El gas boliviano no es una solución a corto plazo, entre otras cosas por las dificultades que tiene Bolivia y por las que hay en Argentina, que es un gran consumidor de gas. El volumen de importación de gas boliviano que está manejando Uruguay es muy pequeño y tendría que multiplicarse para que pueda ser un energético de uso industrial extendido. Para eso la planta regasificadora parece
ser una opción razonable que, además, nos ayudaría a disminuir la inseguridad energética en caso de que venga una sequía y nos evitaría tener que pagar los altos precios que nuestros vecinos nos cobran por la venta de energía”.
Para los trabajadores de la energía el uso de la energía nuclear “no es una opción. Se puede prescindir perfectamente de ella. Si se trata de inversiones públicas en energía nuclear, preferimos poner toda esa plata en inversiones eólicas”. Rechazan la alternativa nuclear debido a “factores ambientales, de costos y tiempo de construcción. Una planta de 800 MW demandaría una inversión de entre 5 mil y 6 mil millones de dólares, lo que la hace inviable”, aseguran.
Eficiencia en el transporte ya
El sindicalista recordó que “en el año 99 nosotros habíamos planteado un tema que ahorael gobierno tomó, que es la eficiencia energética. Pero nos parece que hay que ampliar el concepto de eficiencia energética que hoy está restringido principalmente al tema eléctrico. Eso es absolutamente insuficiente porque en la matriz uruguaya el sector eléctrico es 25%. Por lo tanto, hay que incorporar en formaurgenteunplandeeficienciaenergética en el transporte nacional, ya sea transporte colectivo, de carga, y lo que se lleva todos los premios de consumo y contaminación: el transporte individual. Consideramos que hay un debe muy grande en el gobierno al no encarar el tema de eficienciaenergéticaen el transporte nacional”, concluyó Portillo.
Tomado de ENERGÍA, suplemento mensual de LA DIARIA, 6/9/2010.
