LA MATRIZ ENERGÉTICA
Publicado el 02/09/10 a las 12:00 am
ENCUENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
INTRODUCCIÓN
Los trabajadores de la energía, nucleados en la Coordinadora de Sindicatos de la Energía de Uruguay, hemos venido trabajando de larga data el problema de la matriz energética.
Nuestro objetivo ha sido y es que la misma se desarrolle para impulsar la construcción del País Productivo con Justicia Social y Profundización Democrática, lo que implica que la energía contribuya a romper la histórica dependencia de los productos agrícolas y agroindustriales para desarrollar cadenas productivas que sienten las bases de una industrialización que incorpore mucho mayor valor agregado y puestos de trabajo, así como ponernos en perspectiva de generar la producción de medios de producción.
La matriz energética debe contemplar políticas activas para la elevación sostenida y sostenible de la calidad de vida de nuestro pueblo, partiendo de la base de la eficiencia energética pero asumiendo que ello implica un aumento del consumo. La responsabilidad por el pleno goce de los derechos humanos con su contenido en democracia, igualdad en el acceso y disponibilidad, es del Estado y no del mercado, por eso la generación de energía debe estar en manos del Estado.
A diferencia de otros países nuestro mayor consumo no radica en el sector industrial sino en lo que podría denominarse “consumo final” (residencial, transporte automotor, etc.), lo que implica un elevado costo del sector. Si se lograra invertir esta relación, la energía sería un insumo para producir bienes transables que estarían generando una mayor riqueza al país, y esto posibilitaría reducir el precio al consumidor.
Para los trabajadores estos objetivos solo pueden alcanzarse con un papel central del Estado, a través de sus empresas públicas e incorporándose a las áreas hoy totalmente privatizadas, en función de la defensa de la soberanía nacional frente al gran capital trasnacional, no reduciendo su papel a brindar la infraestructura para el negocio de éste.
Este trabajo antes aludido no ha sido una labor de escritorio, exclusivamente desde los documentos. Fuimos actores fundamentales en la lucha contra la estrategia neoliberal de los gobiernos blanquicolorados evitando, de hecho y de derecho, la privatización de UTE o ANCAP, y hoy entendemos que tenemos un papel relevante a jugar, junto con el movimiento sindical todo. Habría que reflexionar sobre qué sucedería con el actual gobierno, y el anterior, sin la posibilidad de tener estas herramientas fundamentales, o analizar la situación argentina donde el gobierno está excluido de las políticas energéticas de fondo al no contar con entes productivos propios.
Estamos convencidos que esta estrategia supone la diversificación de la matriz energética en su conjunto, adoptando políticas integradoras de todas las variantes (combustibles líquidos, gas natural, GLP, electricidad) a partir de las fuentes tradicionales y también de las autóctonas alternativas, apostando al desenvolvimiento de la tecnología nacional y de los puestos de trabajo directos. También supone la más amplia participación social en la definición de acciones y políticas que necesariamente son de largo plazo, en vez de reducir estas definiciones a intercambios de Partidos Políticos como si fueran los únicos actores de peso en el Uruguay.
PROPUESTAS CONCRETAS
Establecer un Plan Nacional de Energía, que atienda las necesidades del país de aquí a 30 años, contemplando las diferentes alternativas energéticas.
Este plan debe tener como objetivo principal el desarrollo del país productivo, con justicia social y que asegure un desarrollo sustentable. Respecto al primer punto, el sector energético debe apuntalar una nueva política de industrialización del país. En relación a la justicia social, se afirma la necesidad de garantizar la universalidad del acceso a la energía, asegurando el bienestar a todos los sectores sociales. Por último, la política energética contemplará las condiciones ambientales y calidad de vida para toda la sociedad y las generaciones futuras.
Este Plan Nacional de Energía tendrá como objetivo, más allá de contemplar el crecimiento vegetativo de la demanda, ampliar la producción a niveles que permitan desarrollar este proyecto de país productivo. Por otra parte, en el marco del fortalecimiento del proceso de integración regional, se promoverá un proceso de estrategias de complementariedades productivas, incluido el sector energético. En este aspecto, las relaciones entre empresas públicas energéticas e industriales adquieren una dimensión regional.
La fijación de líneas estratégicas de fuentes y usos energéticos y las políticas energéticas a largo y mediano plazo debe ser definida y enfocada como una política al servicio de las grandes mayorías y que involucre a los actores políticos, sociales, académicos, sindicales y a los usuarios, factor imprescindibles para un plan nacional de energía. Lamentablemente, desde 2005 no ha existido un ámbito real de negociación con el Poder Ejecutivo donde tengamos la participación necesaria, por lo que es imprescindible su instalación en forma inmediata.
En relación con la matriz energética actual existe aún hoy una fuerte dependencia de la importación del petróleo, heredada de un período de gobiernos neoliberales, que no desarrolló inversiones en el sector energético nacional y favoreció a las multinacionales en detrimento de los intereses nacionales.
Parte de esta estrategia fue la privatización de las empresas públicas del sector, objetivo logrado en el caso del gas por cañería, estatuido legalmente en la UTE mediante el Marco Regulatorio Eléctrico y evitado con relación a ANCAP, aunque se priorizaron negocios que fueron en detrimento de esta última. Mientras se mantuvo una participación marginal en el sector de la distribución de GLP envasado.
Como parte de esta política se creó la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) a los solos fines de cumplir con un ente regulador (sin contralor estatal alguno) que fungiera de regulador y controlador de un mercado energético privatizado.
En resumen, se mostró que tal como fue previsto en su momento, la actual crisis estructural del sector es una consecuencia natural de la política desarrollada en las últimas décadas.
En relación a las acciones del actual gobierno, en contraste con el accionar de gobiernos anteriores, se valora la inversión en diferentes iniciativas para fortalecer el sector energético nacional, frente a graves situaciones de contingencia. Se destaca la instalación de la planta generadora de Puntas del Tigre, y los esfuerzos por lograr la interconexión con Brasil, las diferentes obras de remodelación de la Refinería de LA TEJA, la instalación y desarrollo de ALUR, y la planificación de instalar una Planta de Regasificación en un emprendimiento binacional con Argentina, así como el intento de concretar la importación de GN desde Bolivia, a través del vecino país. Sin embargo aún continúa la ausencia de una política energética global inserta en los objetivos definidos al principio.
Se plantea que en el marco del futuro plan el Estado tenga el rol principal en producción y distribución, sin perjuicio de la posibilidad la complementariedad con el sector privado, pero sin lesionar la soberanía nacional supeditándose al mismo. O sea, se destaca la necesidad que el estado mantenga el control sobre el conjunto del sector desde la intervención activa, no solo como regulador.
En el caso de la electricidad es necesario derogar o modificar la actual ley de marco regulatorio, creando una nueva ley con todos los actores, desde una concepción progresista y soberana. En el caso del gas por cañería deben renegociarse los contratos de concesión, para permitir la intervención del Estado en la gestión y comercialización en forma efectiva, evitando repetir los negociados ocurridos con CONECTA. Por su parte la distribución de GLP debe estar en manos del Estado y no de patronales que en busca del lucro avasallan los derechos laborales, incumplen convenios de seguridad y ponen de rehén a la población.
Tiene que tenderse a la autonomía energética del país, de una forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo, tomando dicha autonomía como directiva de las medidas a asumir. En el corto plazo es necesario tomar medidas inmediatas para superar la contingencia, mediante la diversificación de fuentes, pero considerando también la importancia de inversiones en el largo plazo que consoliden una mayor autonomía. Por ello es imprescindible la rápida concreción de una Planta de Regasificación, con el objetivo ponerla a funcionar en un plazo no mayor al invierno de 2012, tanto para la generación eléctrica como para la expansión del gas por cañería, contribuyendo a reducir la dependencia del petróleo.
Para el país tiene un valor estratégico la presunta existencia de yacimientos en la plataforma continental, por lo que entendemos relevante continuar y ampliar la política respecto a ello. Es necesario, en forma complementaria, la llegada de técnicos para la transferencia de conocimientos, así como el fomento de la investigación y desarrollo de tecnologías y conocimientos para la explotación de este recurso por parte de centros científicos públicos del país. Tanto la posibilidad de explotación de estos recursos, como la instalación de una planta regasificadora debe asegurarse que estén bajo control estatal, sin perjuicio de posibles asociaciones puntuales con transnacionales por motivos financieros o tecnológicos.
En la administración encabezada por el Dr. Vázquez se impulsó como gran alternativa la generación de electricidad a base de energía nuclear, los trabajadores rechazamos esta alternativa, debido a factores ambientales, de desarrollo sustentable, de costos y de tiempo de construcción. A modo de ejemplo, la inversión en una planta de 800 MW implicaría unos 5.000 a 6.000 millones de dólares. Lo que vuelve inviable esta opción.
La cuestión de la soberanía energética también implica el uso de energías alternativas y la descentralización de la producción eléctrica a través de tecnologías producidas en Uruguay o la región. Estos lineamientos pueden contribuir a fortalecer la independencia energética del país.
Respecto a energías alternativas, debe continuarse con la iniciativa de emprendimientos de generación mediante todas las variantes de energías renovables. Esto se complementa con lo anteriormente mencionado respecto al aprovechamiento de la biomasa, que viene a usufructuar con fines energéticos algunas producciones forestales o agrícolas promovidas desde el gobierno. En el caso de la producción eléctrica descentralizada debe avanzarse el tema regulatorio, para que la distribución quede en manos del Estado, sin perjuicio de habilitar la generación por privados de iniciativas de pequeño porte. La participación de privados en la generación de electricidad mediante fuentes de energía alternativas puede ser una vía para cubrir un porcentaje del aumento de la demanda.
Asimismo, se considera que un Plan Nacional de Energía no sólo debe centrarse en la producción y distribución, sino también promover y facilitar su uso responsable, razonable y eficiente. En relación a esto, se promueve el avance hacia políticas para los sectores de transporte y construcción de vivienda que contemplen los problemas de la situación energética del país, lo que debería ser controlado y monitoreado por el gobierno, evaluando el rendimiento de las diversas fuentes energéticas para los respectivos usos.