martes 20 de octubre, 2020

¿AL FIN EL FIN DE LA IMPUNIDAD?

Publicado el 20/08/10 a las 12:00 am

Por Raúl Olivera.
UNO.
Todo parece indicar que finalmente, luego de recorrer un largo e intrincado camino, se acerca el fin de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecido en una norma legal. De ser así, se anulara una norma, que pauto casi de forma permanente la agenda política, social y jurídica del Uruguay desde el fin de la dictadura hasta nuestros días. Y al reestablecerse el derecho a la justicia, se empezará a desandar, en parte, un camino que sólo nos condujo a frustraciones y afectación de derechos elementales.
Al momento de escribir esta nota, todo parece indicar, que terminaron de anudarse determinadas condiciones que obligaran al Poder Ejecutivo y al Legislativo- con mayor o menor entusiasmo – a materializar una larga aspiración del movimiento popular.
Durante estos últimos casi 24 años (1986 – 2010), se debió recorrer diversos caminos y ensayar distintas estrategias. En ellos, se debieron vivir momentos de inflexión, en los que pareció que las batallas contra la impunidad entraban en callejones sin salida. Momentos en los que se ensayó desde el poder del Estado, ofrecer atajos que desnaturalizaban objetivos sobre los que no cabe más que un comportamiento radical.
Algún día, habrá que hacer un recuento de los esfuerzos y los caminos que condujeron a este resultado que hoy se avizora. Ese recuento será una saludable rendición de cuentas, en la que se reafirmara, sin duda alguna, que a la lucha democrática, nunca hay que abandonarla.
Este resultado, que nos aventuramos a pronosticar como un dato de la realidad política de los momentos que vivimos, no tiene en el campo del movimiento popular protagonistas que valgan más que otros, ni esfuerzos  que deban despreciarse a la hora de hacer ese balance. Tampoco deberemos olvidar, que dentro del sistema judicial, algunos jueces y fiscales, realizaron aportes sustanciales para llevar a buen puerto este desafío democrático. Que también existieron abogados comprometidos radicalmente con la defensa de los derechos humanos, que no calcularon a la hora de ponerse al frente de denuncias, si se trataba de una causa ganable en los estrados judiciales que aumentara su prestigio personal y profesional, y sí, que era una causa esencialmente justa.
Que esta tardía reconciliación del país con sus mejores tradiciones democráticas y republicanas, haya tardado tanto, marca lo dura que debió ser la batalla. No será poca cosa, a nivel de nuestra conciencia y de nuestra moral democrática, el poder ofrecerles al  recuerdo de nuestros compañeros asesinados y desaparecidos, que honramos su ejemplo de lucha en el pasado con este presente de nuestros tiempos. Tampoco será poca cosa, el poder ofrecerle a las generaciones futuras, un autentico instrumento para el Nunca Más que deberá fortalecerse y reafirmarse como parte de una tarea continuada y perseverante de los pueblos frente a los desbordes del Estado.
Pero, en este largo camino de lucha por derrotar la impunidad, entrañables compañeros de lucha y sufrimiento, no pudieron ver el fruto de sus desvelos. Pensamos en Tota Quinteros, en Luz Ibarburu, en Quica Errandonea, en Blanca Artigas; por poner solo algunos nombres.
Muchas veces repetimos, que teníamos que convencernos que cualquier ley y con más razón la ley de caducidad, no sólo tenia que ver con un debate exclusivamente jurídico, sino con situaciones políticas que la promovieron y la defendieron incansablemente en todos estos años. Por lo tanto el esfuerzo realizado para librarnos de ella, necesitaba de batallas en esos dos terrenos específicos. Demostrado pareció quedar esa afirmación, cuando un cambio de gobierno, como el operado en el 2005, tocó una serie de resortes que provocaron algunos cambios que permitieron avances sustanciales pero no suficientes. También, supimos que por razones políticas, no estaría claro, hasta dónde se estaría dispuesto desde el gobierno a seguir avanzando en la defensa de los derechos violados durante la dictadura. Sospechamos con razón, que consolidar esos avances e ir a más, dependían de la anulación de la ley de caducidad.
Habrá que prestar especial atención a los puntos y las comas del texto que termine con una etapa ignominiosa para nuestro país, a la luz de ejemplos recientes ocurridos a nivel parlamentario, sobre los que nos referiremos más adelante.

DOS.

Durante la dictadura con la complicidad y participación de un número no menor de civiles, las Fuerzas Armadas, se apoderaron del Estado. En ese marco, el Estado fue transformado en parte de un aparato al servicio de conductas delictivas de variada índole. Desde allí, se pusieron todos sus recursos materiales y humanos para encarcelar, torturar, violar, asesinar y desaparecer a cientos de ciudadanos.
Ese uso indiscriminado de los aparatos armados del Estado, se extendió al uso de los dineros públicos y privados. Las probadas operaciones de extorsión, los saqueos de las casas y los bienes de sus víctimas, era moneda corriente.
La impunidad con que se desarrollaban esas prácticas, tenía en los años de dictadura, el sostén del miedo, la prepotencia y la arbitrariedad más absoluta. Desde ella se incrementaron los patrimonios de integrantes de los aparatos armados y sus cómplices civiles. Las desavenencias en el reparto del botín, se solucionaban también con los mismos métodos que se aplicaban a los opositores políticos. Una investigación de los pormenores del caso de desaparición de Américo Soca – casualmente amparado en la ley de caducidad-, arrojaría luz sobre la corrupción en la dictadura.
Ya en democracia, la impunidad sobre las prácticas corruptas de l dictadura, no se asentó en el miedo. Cabalgó a lomo de la caducidad sobre los delitos relacionados con los derechos humanos. Minimizar al menos la corrupción existente en los aparatos armados, debiera haber sido una apuesta de la transición de los años 80. Pero como para eso era imprescindible una limitación de los poderes discrecionales de las autoridades militares, ésta continuó sobreviviendo bajo el manto de la cultura de impunidad orquestada en 1986. En ese marco, estructuras creadas en dictadura a partir de las cuales se planificaron y ejecutaron los más atroces asesinatos políticos, sirvieron para orquestar otras conductas no menos delictivas, cuyas motivaciones centrales fueron el enriquecimiento ilícito personal. Ya en democracia, se reciclaron y continuaron teniendo un poder que hasta permitió obviar el propio texto de la ley de caducidad que establecía que no caducaba la acción penal sobre aquellos delitos “que se hubieran cometido con el propósito de lograr, para el autor o para un tercero, un proyecto económico».
Sobre Gregorio Álvarez, por ejemplo, jamás fueron indagadas sus cuentas bancarias ni sus propiedades. Mientras estuvo libre, vivió suntuosamente y le pagamos una jubilación por su usurpación de la Presidencia de la República. A diferencia del dictador Pinochet, el Goyo no ha sido investigado a pesar de los fuertes indicios existentes en ese sentido (1).
Como vemos, la cultura de impunidad se extendió, hasta esos niveles.
Los recientes escándalos de corrupción en la armada y de convivencia y complicidad de personal policial, nos recuerdan la complicidad de ese mismo estamento con los hechos vinculados al asesinato del agente chileno Eugenio Berrios.

La acción de la Justicia que procesó hasta ahora a unos integrantes de la armada y a un jerarca de Inteligencia policial, en el marco de la investigación del manejo irregular de fondos militares, parece realizar la depuración que el sistema político no tuvo el coraje de hacer en su momento. Nunca es tarde.

TRES

Con la ayuda de una ley aprobada en el año 2008 por el Parlamento, que modificaba otra ley, se clausuro uno de los pocos expedientes en lo que se logro castigar uno de los tantos vaciamientos de bancos que luego asumía el Estado con nuestros dineros. Con ese acto del Parlamento, se crearon las condiciones jurídicas para que los hermanos Peirano, responsables del vaciamiento de un  banco, quedaran «limpios de antecedentes delictivos».
Sobre este hecho insólito e indignante, al principio se argumento ignorancia de los legisladores a la hora de votarla. En esa línea una vocera de los damnificados por los delitos que ahora se “borraron” declaraba: «No sé si decir corrupción, pero sí mucha ignorancia, porque los legisladores no sabían lo que votaban”.
Posteriormente se supo que al momento de ser considerada la citada ley, cierta alarma de un legislador nacionalista dejó planteada la eventualidad de la liberación de culpa de los Peirano que hoy se hizo realidad. Este legislador expresó que de aprobarse dicha ley “los que están presos salen y los que deberían estarlo no lo estarán”.
Como el hecho de que alguien este preso y deje de estarlo, no es un hecho baladí, la preocupación del legislador nacionalista dio origen a consultas a un prestigioso jurista del gobierno de izquierda, que debió alejar esa posibilidad de “amnistiar” a los Peirano.
Pero lo cierto es que lo pronosticado por el legislador nacionalista, se hizo realidad, ante el asombro y la indignación generalizada.
Una legisladora del Frente Amplio, ahora no en ejercicio, que votó esa ley, dice hoy que “había sido engañada a la hora de votar. Hubo falta de responsabilidad por parte de los legisladores», indica que ese jurista de izquierda dio luz verde para que se votara. Por si faltaran elementos para pensar eso, la misma declara: “Yo me siento engañada porque no creo que esto sea fortuito… está claro que la ley que dejó libre a los Peirano, tiene nombre y apellido».
El legislador que impulsó la norma que permitió esta situación de impunidad, el jurista del gobierno que desestimo lo que finalmente ocurrió, guardan silencio. La cultura de impunidad sigue ordenando conductas en nuestra sociedad.

NOTAS

(1) Entre otros el llamado ‘Operativo Conserva’, las presiones sobre propietarios rurales, sus relaciones con Licio Gelli y Umberto Ortolani de la Logia P2, las maniobras con el mármol utilizado en el Mausoleo de Artigas y que se vinculan con el asesinato del contador José González, el asesinato del contador Sáenz y la desaparición de Américo Soca.

09/08/2010

Tomado de Trabajo & Capital, agosto, 2010.

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