ACERCA DE LA REFORMA DEL ESTADO
Publicado el 02/08/10 a las 11:00 pm
Por Gabriel Portillo.
El tema reforma del Estado, es un tema amplio y complejo que tiene varios ángulos para su tratamiento. Para nosotros, que estamos en proceso de discusión y que venimos de una ofensiva desde lo político por años, tiene una vertiente económica y una significación ideológica muy importante. Hubo también una ofensiva sobre los trabajadores públicos en particular, no solo en los aspectos económicos.
A MODO DE INTRODUCCIÓN
Lo que realmente estuvo en el centro de la discusión en estos últimos 20 años, es el cuestionamiento implícito a la intervención del estado en las actividades económicas y productivas. En estos años se realizaron innumerables diagnósticos sobre el «tamaño» del estado y se determinó que el mismo debía reducirse, en lo productivo, a los aspectos del servicio prestado a través de empresas públicas.
Recordemos el elemento en que se sustentaron esos diagnósticos: la carencia de recursos por parte del Estado fue la principal causa de la crisis económica de finales de los años setenta. En esas circunstancias, y con estos argumentos, proclamaron la necesidad de reducir las actividades y la estructura de apoyo del estado, como condición para alcanzar la recuperación económica.
El programa económico neoliberal se aplicó primero en los países del primer mundo y después en los países de menor desarrollo. Así en nuestro país se impuso la visión económica del neoliberalismo, que concede al mercado y a la libre competencia, la capacidad de crear mejores condiciones de crecimiento. En este marco, la disminución del tamaño del estado y la eliminación de funciones que apoyaban la redistribución del ingreso, se colocó como “la piedra angular” de un nuevo programa de desarrollo económico. Y todo esto, independiente de la eficiencia con que se prestaban dichos servicios, o quienes eran los mayores beneficiarios de esa estructura de Estado, que estaba montada con la idea de amortiguar las crisis sociales.
En este contexto, el Informe del BM de 1997 titulado «El Estado en un mundo en transformación» representó un hito, al plantear la reforma del Estado como un tema clave en la nueva agenda del desarrollo. En el inicio, el Informe formula una afirmación categórica: «Han fracasado los intentos de desarrollo basados en el protagonismo del Estado, pero también fracasarán los que se quieran realizar a sus espaldas. Sin un Estado eficaz el desarrollo es imposible». El resultado fue un desastre: en 2005, el ingreso promedio de la población latinoamericana se ubicaba más lejos que la de los países industrializados y de otras economías emergentes que en 1990.
Dejemos acá lo que podemos llamar un resumen grueso de los aspectos iniciales que nosotros entendemos debe contener un debate sobre la reforma del estado. Se vuelve imperioso un balance de lo que se intentó hacer en nombre de la reforma del Estado, recordando, por otra parte, que en nuestro país el conjunto de la ciudadanía tuvo activa participación en el desarrollo de la resistencia al modelo hegemónico de los 90, de allí que se imponga una necesaria consulta sobre el rumbo que debe tener una Reforma del Estado en esta nueva etapa que se ha abierto.
LA ACTUALIDAD
En estos días se presentó otro borrador sobre Reforma del Estado, sinceramente perdí la cuenta de cuantos borradores se han presentado en los últimos cinco años. Lo que nos parece sí, es que no hay un rumbo claro sobre lo que hay que Reformar. Los alcances de la “transformación democrática”, como se lo denominó en su momento (ahora tiene otro nombre), no proponen una alteración sustantiva de las relaciones sociales. Esto no está presente en ninguno de los borradores. Es más: parecen encuadrados en la actual tónica “post-neoliberal” imperante en América Latina, en el contexto de reformas de “segunda generación”.
Ahora bien, nosotros arriesgaremos colocando algunas ideas para ayudarnos a ordenar por donde empezar una reforma que es esencialmente política y a nuestro juicio debemos ubicarla en la estrategia de qué queremos del Estado, y es allí donde nos parece que radican las diferencias, surgen algunas interrogantes con respecto hacia donde caminamos y se abren incertidumbres.
Desde el inicio el gobierno, como forma de avanzar en temas claves, priorizó la alianza partidaria expresada en los acuerdos de la multipartidaria. A los sectores sociales se les asigna un papel secundario en el tema programático, porque la realidad es que en esos acuerdos se encierra también una reforma del Estado. En particular con el sector público se emprende una nueva ofensiva que desvirtúa las posibles propuestas de transformación. Frente a nuestras críticas sobre las distintas políticas somos acusados de defender intereses propios, sin duda tenemos problemas de fondo en materia de estrategia y acumulación de fuerzas en la dirección de la transformación del Uruguay.
Eso sin temor a repreguntarnos, como lo hacíamos hace unos años: » Desde la dinámica y las prácticas del Estado liberal-burgués, ¿pueden generarse dinámicas de un Estado popular, revolucionario? La experiencia del gobierno de izquierda de Montevideo presenta en ese terreno luces y sombras. Por otra parte, no supo resolver adecuadamente una relación con sus propios trabajadores. ¿Existe una reflexión seria sobre esos aspectos no resueltos?
ALGUNAS IDEAS
Como decíamos antes, para iniciar el intercambio sobre la dirección de la reforma que precisamos, pongamos prioridades: la profundización democrática, el trabajo, la educación, el desarrollo productivo sostenible.
Nuestra apuesta está en usar las palancas del Estado para generar aquellos elementos que nos permitan su profunda transformación. Y que además el Estado se transforme en dinamizador de la organización de la gente.
En los próximos años, todos los sectores de la industria van a enfrentarse a un reto demográfico: una verdadera salida masiva de conocimientos técnicos y competencias que afectará a las empresas. Sólo una política educativa pensada en términos nacionales, permitirá desarrollar las capacidades de producción y empleo. Se plantea también la cuestión central de la revalorización del trabajo, su contenido y su remuneración. Revalorizar los salarios en relación con el reconocimiento de las calificaciones es una garantía de reactivación, de crecimiento, una fuente de eficacia social y económica. Un plan de promoción del trabajo industrial y los servicios vinculados.
Desarrollar la industria no puede concebirse sin un desarrollo energético. Ahora bien, la urgencia medioambiental y en particular la cuestión del recalentamiento global, exigen simultáneamente políticas energéticas coordinadas y políticas públicas activas que logren controlar el mercado. Las energías renovables suponen un control público además de la necesidad de inversiones públicas. En esa dirección podríamos pensar en la creación de un sector público vinculando a UTE y ANCAP, donde una de las prioridades sería lanzar un plan estratégico de inversiones en energías renovables involucrando a la industria nacional como cogeneradores. Tengamos en cuenta que la decisión de incorporar energía eólica, en su enorme mayoría a través de la inversión privada donde el Estado garantiza la rentabilidad, en muchos casos no ha significado el desarrollo de industria local y su consecuente producción de empleo, al menos en la escala deseada. En ese sentido, hay que seguir pensando en sumar otras empresas públicas para generar sinergias que permitan crear un polo industrial público, que genere trabajo nacional en todo sentido (trabajo de calidad, bien remunerado, con aporte de tecnologías nacionales).
Por otra parte, hace unos días, en una reunión de trabajo en Montevideo a nivel regional como Coordinadora de Energía y junto al programa de Uruguay Sustentable, hacíamos las siguientes reflexiones:
”Es necesario repensar el modelo de producción industrial, el modelo de producción agropecuario y sus implicancias extractivas, el modelo de transporte y circulación de mercancías. ¿Es posible torcer la lógica de la división internacional del trabajo? ¿Es posible desarrollar modelos locales de desarrollo, “desenganchados” del mercado mundial? ¿Existen grados de libertad frente al proceso de globalización existente? ¿En que áreas pueden desarrollarse estos?”. Lo planteamos aquí como disparador, como inicio de un debate más amplio, precisamente en el marco del debate de la Reforma del Estado.
Rápidamente una mirada desde el sector donde nos encontramos, que nos parece debe ser incorporada también a la discusión.
El tema de la asociación de las empresas públicas está sobre la mesa. No se ha presentado ningún plan general, pero el caso de AFE es aleccionador. En cuánto a situaciones para el caso del sector energético, está clara la intención de favorecer la inversión privada en el sector instalando un mercado sin modificar las actuales leyes. No se ha definido participar en la distribución del gas natural en Uruguay, teniendo como paradoja un monopolio privado de la transnacional Petrobras, en el sector. En fin, una serie de señales que no van en la dirección de que el Estado invierta en aspectos productivos. Y las excusas están asociadas a discursos ya dichos en otros momentos, por ejemplo no hay recursos.
También debemos reconocer que fue tan devastadora la situación en la que se encontraban algunos Entes, como UTE y ANCAP, por falta de inversiones, que a los efectos de asegurar el suministro hubo que realizar si o si inversiones (nuevas máquinas de generación en Punta del Tigre, refinería) y además planificar algunas otras para más adelante, por ejemplo, cuestión bien importante fue la interconexión eléctrica con Brasil.
El mantenimiento de los patrones de producción y uso de la energía que estaban implantados por los gobiernos anteriores, en algunos casos se han profundizado. Incluso el proceso de integración en curso sigue vinculado al viejo proyecto generado por el neoliberalismo, los nuevos gobiernos no han podido generar nada alternativo.
Para terminar: más democracia directa y menos burocracia debería ser la consigna. Eso supone más intervención de los trabajadores públicos, de los usuarios y de los vecinos en la estrategia, en la gestión y en el control de la «cosa publica». Sin crear posibilidades de participación genuina en la cosa publica, -esto es llevarla a la vida diaria donde la gente trabaja, estudia, etc.- difícilmente funcione.
Es imprescindible continuar y profundizar los aspectos que hacen a la democracia social. Y ya que hablamos de reforma del Estado, algo bien concreto: colocar a representantes de los trabajadores en los directorios de los Entes y Servicios Descentralizados, sería un avance, así como democratizar los llamados organismos reguladores. Lo mismo debería ocurrir en el resto de la administración pública. La participación más amplia posible de los trabajadores, debe ser un objetivo de la Reforma. La democracia económica y social requiere nuevos lugares de intervención de los trabajadores en general.
Acerco estas reflexiones como un borrador para abrir una imprescindible discusión: ¿Qué papel le asignaremos al Estado en la dirección del anunciado país productivo y con justicia social?
NOTA: Intervención por la Mesa de Entes en el Seminario «Tendiendo puentes para la Transformación Democrática del Estado» organizado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Reforma del Estado, el 26/7/10
