viernes 30 de octubre, 2020

LA AUTARQUIA CONSERVADORA

Publicado el 11/06/10 a las 7:00 am

Por Constanza Moreira.

Los representantes parlamentarios de nuestros partidos tradicionales parecen afectados por una suerte de rechazo anti-regional, que se manifiesta, justamente, en un gesto anti-institucionalista (cuando a instituciones del Mercosur se refiere). Quienes tanto denunciaron al proteccionismo, en la era (neo)liberal de los noventa, ahora promueven una suerte de autarquía conservadora, con el objetivo de frenar todo avance en el Mercosur. Así, hemos pasado de la era de las relaciones «carnales» a una actitud de sacra abstinencia. Porque ahora son otros los que gobiernan.El jueves 3 de junio tuvo lugar uno de los primeros enfrentamientos parlamentarios entre el oficialismo y la oposición, luego de una suerte de «luna de miel» auspiciada por los acuerdos interpartidarios que culminaron con la integración de representantes de la oposición a los organismos y entes del Estado y los acuerdos interpartidarios en áreas estratégicas como la seguridad, la educación, o la energía. El punto de división fue en este caso, el de la constitución del Parlamento del Mercosur.

Se debía elegir a los nuevos parlamentarios que representarían al Uruguay, habida cuenta del nuevo Parlamento que asumió el 15 de febrero. Para ello se requería que la Asamblea General designara a los dieciocho nuevos parlamentarios. El criterio de la proporcionalidad de parlamentarios de acuerdo al peso de cada partido, debía ser mantenido. Para ello, el Frente Amplio planteó que los dieciocho nuevos parlamentarios fueron escogidos de la siguiente manera: diez para el Frente Amplio, y ocho para la oposición. Estos ocho, debían ser cinco para el Partido Nacional y tres para el Partido Colorado, para mantener la proporcionalidad del peso en cámaras de cada partido. El criterio parecía razonable, y no evidenciaba modificaciones sustantivas con la forma en que se había designado a los parlamentarios en el pasado. Para los legisladores de la oposición, en cambio, la representación de gobierno y oposición en el Parlamento del Mercosur debía ser igual: nueve representantes para el gobierno y nueve para la oposición. Basaban este criterio en que la representación en el Parlamento debía respetar la de la Asamblea General. Allí, el Frente Amplio tiene 67 legisladores (51,5%) y la oposición 63 (48,4%); el criterio estrictamente numérico arrojaría 9,3 (?) legisladores para el FA y 8,7 (?) para la oposición. Por redondeo, serían nueve y nueve para cada uno.

El argumento parecía bastante absurdo: la representación en el Parlamento del Mercosur debía mantener el sistema de minorías y mayorías que expresa la propia composición del Parlamento uruguayo, y este es un criterio político elemental que resiste cualquier principio de «redondeo». Pero la oposición no cejó en su intento y reclamó, en aras de tal proporcionalidad, que el Partido Independiente debía estar representado. Olvidó, sin embargo, que la demanda de proporcionalidad es totalmente contradictoria con la participación del Partido Independiente, ya que habiendo obtenido el 2% de los votos (razón por la que no tiene representación en una de las cámaras), deberíamos tener al menos cincuenta legisladores en el Mercosur para que el PI tuviera al menos uno. Pero el Uruguay tiene 18 legisladores en el Parlamento del Mercosur, no cincuenta. De hecho, y hasta ahora, todos los países tienen dieciocho legisladores.

La siguiente argumentación fue, entonces, la oposición a la representación «atenuada» que el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur establece que deberá regir a partir del 31 de diciembre de 2010. Esta establece que deben armonizarse los intereses de los países con escasa población como Uruguay (3.4 millones) y Paraguay (6.3 millones) con los de mayor población como Brasil (188.3 millones) y Argentina (39.7 millones), y para ello se busca una representación proporcional pero atenuada. Así, Brasil pasaría a tener 75 representantes, Argentina 43, Uruguay y Paraguay 18 cada uno y Venezuela 27.

La oposición centró entonces sus baterías argumentales en que la representación proporcional «atenuada» nos dejaba, prácticamente, en manos de Brasil. Olvidaban, sin embargo, que el Parlamento del Mercosur no podrá votar ninguna ley o norma que contradiga la normativa nacional. En ningún caso, entonces, el Parlamento será lesivo de la soberanía nacional. Esta compleja normativa que, construyendo supranacionalidad, asegura la soberanía de cada país, ha sido estudiada, analizada, y puesta en práctica durante décadas por la propia Unión Europea, cuya naturaleza y alcances funcionaron siempre como «modelos» para el Mercosur. Y claro está que nadie duda hoy de las ventajas de la Unión Europea en un mundo caracterizado por la coexistencia de grandes bloques económicos, ventajas evidentes si pensáramos en la suerte de cada país tomado aisladamente, especialmente, los más débiles y pobres de la Unión. Este razonamiento, sin embargo, parece difícilmente aplicable al Mercosur según la oposición que no ve en la supranacionalidad inherente a cualquier proceso de integración, ninguna ventaja, sino un obstáculo y una amenaza.

Sin escatimar encendidas declaraciones sobre la soberanía y la independencia del Uruguay que harían empalidecer al más conspicuo representante del nacionalismo continental de los años cincuenta, blancos y colorados arrojaron toda su artillería verbal denunciando el «entreguismo» del actual gobierno. Olvidan que fueron ellos (el gobierno «nacionalista») los que firmaron el Tratado de Asunción, o las famosas «cartas de intención» con organismos como el FMI que ataban de manos a los países deudores y tienen inicio bajo su mandato ­ el ministro Azzini en 1959­ (cartas que recién en el gobierno del FA dejaron de firmarse). Olvidan, tanto blancos y colorados, que en el siglo XIX sus alianzas con Argentina y/o Brasil para derribar al partido contrario, crearon un escenario de luchas fratricidas que hicieron de la soberanía nacional algo casi inexistente. ¿O no? Tal vez algo aprendieron de ello.

Y si algo se aprende de ello, es que la mejor (y única) solución para negociar con los «grandes» (especialmente si uno es un Estado «tapón» entre dos grandes), es a través de normas, protocolos y leyes. Que en la negociación «por la libre» siempre triunfan leones sobre corderos. Y que en el campo de las relaciones internacionales tiende a triunfar más la fuerza que las leyes. Y que es exactamente por eso, por lo que las leyes importan. Porque protegen a los débiles (los fuertes no precisan leyes: tienen la fuerza).

Lo que presenciamos este pasado jueves, en que la bancada del FA sólo contó con sus votos para renovar la representación parlamentaria, y en que quedó sola y a la espera de que blancos y colorados mandaran sus nominaciones para la integración del Parlamento del Mercosur, sin que estos volvieran a sala nunca, comenzó a producirse, sin embargo, cinco años antes.

En efecto, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur fue aprobado en diciembre de 2005 entre los países que integran el bloque, y sometido al Parlamento para ser aprobado como ley. Desde la propia discusión en Comisión, los desacuerdos se hicieron claros. El Partido Nacional elevó un informe en minoría en el cual se declaraba contrario a la sanción del Protocolo del Mercosur, y de la propia existencia de un parlamento del Mercosur, y el Frente Amplio, un informe en mayoría apoyando la ley. El resultado fue una votación dividida, y una extensa exposición de motivos, donde los constitucionalistas consultados revelaron, una vez más, que hay más de una biblioteca para opinar sobre leyes y reglamentos.

Sin embargo, y si de constituciones se trata, hay que recordar un artículo que está al inicio mismo de nuestra carta magna. El artículo 6 reza: «En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes, serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. La República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materia primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos». Esto se parece bastante a los objetivos del Parlamento del Mercosur, entre los cuales, además de «consolidar la integración latinoamericana», se asegura el «representar a los pueblos de los países parte respetando su pluralidad ideológica y política y garantizar la participación de los actores de la sociedad civil en el proceso de integración».

En un momento en que el gobierno está instando al acercamiento entre partes para definir políticas estratégicas de largo aliento, parece razonable suponer que blancos y colorados aceptarán la decisión que la mayoría tomó, el pasado jueves, y se avendrán a integrar el Parlamento del Mercosur. Así podrán asegurar que su voz, aunque sea en el desacuerdo, se haga sentir en los organismos correspondientes, y cumplirán con el mandato constitucional que incentiva la búsqueda de la integración latinoamericana, como una de las finalidades primordiales de la nación.

http://www.larepublica.com.uy/contratapa/412799-la-autarquia-conservadora
7/6/2010

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