«Hay que reintegrar al delincuente; no podemos echarlo de todos lados»

Publicado el 18/01/10 a las 11:22 pm

Entrevista a Jorge Vázquez
El actual prosecretario de la Presidencia anunció que el gobierno de José Mujica continuará con su combate contra las grandes organizaciones de contrabandistas y narcotraficantes. Dice que en Uruguay estas organizaciones están muy bien armadas y con una «máscara de buenos señores». Jorge Vázquez habla de las políticas de rehabilitación de drogadictos -no comparte del todo la posición de Mujica de internarlos compulsivamente- y de la «expulsión» de sospechosos de Punta del Este.

Por Eduardo Delgado

-Usted será primero subsecretario del Interior y poco después ministro, cuando Eduardo Bonomi pase al Ministerio de la Presidencia. ¿Cuáles serán las prioridades en seguridad pública del gobierno de José Mujica?

-El tema de las prioridades las fija el nuevo presidente y el próximo ministro que es Bonomi. De todas maneras hemos acordado algunas cosas. Sobre el tema cárceles hay que hacer un trabajo bien importante y de hecho la Junta Nacional de Drogas (JND) ha estado trabajando en este tema. Vamos a trabajar sobre la base de una reforma del sistema penitenciario.
-¿Las cárceles deben salir de la órbita del Ministerio del Interior?
-La idea es que salgan, mejorar la parte de recursos humanos, hacinamientos e incluso construir alguna nueva cárcel.
-¿Y en cuanto a la seguridad pública de la población?
-Hay que tener un concepto integral de la seguridad, que no es un patrimonio exclusivo de la Policía. Queremos recrear el gabinete de seguridad creado en este gobierno, con medidas coordinadas de reincorporación de jóvenes al sector educativo, bajar índices de desocupación, mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones habitacionales en la periferia de la ciudad, ganar las áreas públicas para que la gente las ocupe. En mi opinión la seguridad es un producto, trabajar para lograrla es un compromiso de todos.
-Usted fue uno de los principales impulsores de que se crearan dos juzgados y dos fiscalías especializadas en crimen organizado. ¿Con las herramientas que tenía al Poder Judicial se le dificultaba investigar y juzgar a miembros de organizaciones criminales?
-Sí. Una de las cosas que dificultaba el trabajo de la JND es que teníamos muchos casos vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero distribuidos por muchos juzgados en todo el territorio. Percibimos que había cierta dificultad en el relacionamiento con el Poder Judicial en cuanto al manejo de la situación.
-¿Comparte la posición de Mujica de internar en centros de rehabilitación a los adictos sin su consentimiento?
-Hemos mostrado una experiencia de estos cinco años en que hay distintos tipos de modalidad en atención, pero lo que nos ha dado mucho resultado es tratar de trabajar con el adicto y su familia, con sus amigos, su núcleo. La internación en forma coercitiva quizá no nos dé los resultados que todos desearíamos tener. En última instancia pasa por si alguien quiere o no tratarse y por un concepto moderno y actualizado del tema de las adicciones. Yo estoy abierto a discutir opciones nuevas que nos permitan buscar soluciones a los problemas que tenemos, pero tenemos muchas modalidades antes de aplicar la internación compulsiva. Se nos presenta el mismo problema en la legalización de algunas drogas, también estamos abiertos a discutir el tema. La experiencia nos indica que generalmente los adictos consumen varios tipos de drogas.
-En los informes de transición se marca que el sistema privado de salud y el hospital militar están en el debe en cuanto a atención a adictos.
-Si el sector mutual se organizara para tratar las adicciones les iría mucho mejor en cuanto a resultados. Seguir pensando en las adicciones como un problema psiquiátrico y usar el mecanismo del mes de internación al que tienen derecho los usuarios de mutualistas para tratar el problema es seguir yendo al fracaso. Ya tenemos dos experiencias, el Portal Amarillo y el Jagüel en Maldonado, tenemos que convencernos que el adicto solo no se cura, se debe hacer un enfoque global del asunto.
-¿Hay carteles internacionales de droga operando en el país?
-En general el tráfico de drogas se monta sobre el contrabando, son grupos bien organizados con un poder económico importante. Generalmente responden a organizaciones internacionales que usan a Uruguay como lugar de tránsito hacia Europa. Cuando empezamos a trabajar en el tema nos encontramos que en nuestro país hay organizaciones muy bien armadas y con personas con una máscara de buenos señores que financiaban al narcotráfico que trae como consecuencia la violencia y la delincuencia.
-El BHU le otorgó un préstamo para la compra de una casa por cuestiones de seguridad, tal como lo habilita un convenio que usted mismo firmó para quienes trabajen en la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted u otro funcionario sufrieron ataques o amenazas?
-Este tema se personalizó en mí, esto es un artículo aprobado en una Rendición de Cuentas que habla de la profesión de quienes trabajan en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Es innegable que tenemos la obligación de proteger a las personas que realizan determinado tipo de actividad que insume algún tipo de riesgo. Si hubiéramos tomado algún tipo de medida de protección en 2005 se podría decir que era algo desmedido. En ese año no teníamos la situación actual, por tanto no lo hicimos, no somos paranoicos. Cinco años después hemos desarticulado organizaciones serbias, mexicanas, colombianas, bolivianas, uruguayas. Hay organizaciones que han perdido más de US$ 100 millones. ¿La gente que en Uruguay tiene esta responsabilidad debe o no ser protegida? Estoy convencido de que debe ser protegida y no solo yo. Lo votó el Parlamento y lo reglamentó el Poder Ejecutivo. Si mañana a alguno de nosotros nos pasa algo, se puede decir que ni siquiera fueron capaces de proteger a las personas que están haciendo este tipo de tareas.
-¿Estas personas han sufrido ataques?
-No queremos hablar de guerra al narcotráfico porque en algún momento alguien va a tirar algún tiro y no sabemos cuándo terminamos. Se hicieron muchísimos procedimientos y no hemos tenido un muerto ni un herido. Además, damos la señal clara, cae uno de nosotros y otro lo sustituye; vamos a seguir en el combate al narcotráfico. Cada vez que aparecen amenazas o planes de ataques contra algunos de nosotros le damos vista a la justicia.
-La Policía y la Justicia de Maldonado «expulsan» de Punta del Este a personas que tengan antecedentes y que llegan sin domicilio ni trabajo fijo con la intención de robar o realizar mendicidad abusiva. ¿Usted concuerda con esto?
-Con esas medidas hay que ser tremendamente cautelosos, no voy a opinar de cómo trabaja el Poder Judicial porque respeto su independencia. En este gobierno hemos trabajado sobre la recuperación de la gente. Cuando llegamos al gobierno había unos 6.000 presos, hoy hay unos 9.000. Procesamos cerca de 3.000 por narcotráfico y lavado de dinero. Miremos para adelante. ¿Vamos a transformar al Uruguay en una enorme cárcel? ¿O nuestro objetivo tiene que ser que la delincuencia sea cada vez menor? Para eso tenemos que trabajar sobre los niños, los jóvenes, los adultos y las personas que han cometido algún delito y que tienen que reintegrarse a la sociedad, no los podemos expulsar del país. Acá pasó que se aumentaron las penas y no bajó la delincuencia. Alguien dijo por ahí que los delincuentes no leen el Código Penal antes de cometer el delito, lo leen después para ver cuánta pena les toca o cómo deben declarar. Tenemos que darle a la gente la posibilidad de que pueda recuperarse, que puedan ser ciudadanos como cualquier otro. Yo creo que no hay que detenerlos porque supuestamente van a cometer un delito, hay que detenerlos cuando lo cometen. Hay que trabajar en la parte de prevención pero no podemos estar echando a la gente de todos los lugares. Capaz que en Punta del Este no le gusta la cara de alguno, pero el tipo tiene derecho a hacer playa donde quiera. Ahora si comete un delito…

Tomado de El País Digital