martes 20 de octubre, 2020

REPRESION Y EXTERMINIO DE URUGUAYOS EN LA DICTADURA

Publicado el 14/10/09 a las 12:00 am

RAZONES PARA LA ANULACION DE LA LEY DE CADUCIDAD

Por Alvaro Rico

LA DESAPARICION FORZADA fue un método represivo sistemático y continuado. Todos los años, desde 1971 (antes del golpe de Estado y la dictadura) hasta marzo de 1982 (salvo en 1980), se verifica el fenómeno de la detención y desaparición forzada de ciudadanos uruguayos en nuestro país y en otros cuatro de la región latinoamericana. Según los datos de la Comisión para la Paz, el total registrado hasta el presente es de 172 detenidos desaparecidos (132 hombres y 40 mujeres; tres menores de edad). En ese universo de víctimas no se contemplan los 31 cuerpos NN aparecidos en las costas uruguayas entre 1975 y 1979.

En nuestro país hay 26 casos de uruguayos y una ciudadana argentina detenidos desaparecidos; existen otros cinco casos de argentinos que fueron detenidos aquí, trasladados ilegalmente y finalmente desaparecidos en la República Argentina. En este último país se constataron, hasta el presente, 129 casos, incluida la desaparición de los menores de edad. En Chile nueve casos, en Bolivia uno y en Colombia uno. La mayoría de los crímenes estatales por desaparición forzada en Uruguay se verifica en el período 1975-1978: 22 personas (incluida la detención de los ciudadanos argentinos que luego desaparecieron). Ese dato y esas fechas también se relacionan con transformaciones internas en el régimen dictatorial uruguayo y su pasaje a una etapa de rasgos totalitarios. En Argentina, la mayoría de los casos acontecerán entre 1976 (año del golpe de Estado) y 1978: 118 personas.

CAUSAL POLITICA DE LA DESAPARICION. Así como en otras experiencias mundiales las practicas genocidas se «justificaron» por causas étnicas o religiosas, los crímenes de Estado por desaparición forzada en Uruguay se perpetraron por razones políticas. Efectivamente, la casi totalidad de los ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos eran militantes de distintos partidos y grupos de izquierda y fueron secuestrados en el marco de operativos a gran escala y coordinados regionalmente contra sus organizaciones de pertenencia, tras sucesivas oleadas represivas. Alrededor de 136 personas desaparecidas tenían militancia política comprobada en Uruguay y 28 de los mismos tenían doble militancia vinculada y/o integrada a organizaciones revolucionarias de Argentina, Chile, Bolivia y Colombia.

Los partidos o grupos de la izquierda uruguaya con militantes desaparecidos son: Movimiento deliberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Partido por la Victoria del Pueblo (PVP, hacia el cual confluyeron militantes originarios de la Federación Anarquista del Uruguay, Resistencia Obrero Estudiantil, Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, Frente Estudiantil Revolucionario y Fuerza Revolucionaria de los Trabajadores), Partido Comunista (PCU), Grupos de Acción Unificadora (GAU), Partido Comunista Revolucionario (PCR), Agrupación de Militantes Socialistas (AMS) y grupos anarquistas.

TRASLADOS CLANDESTINOS Y DESAPARICIONES GRUPALES. Asimismo, la reconstrucción del contexto de los operativos represivos con secuela de personas desaparecidas permite verificar los casos conexos (detenciones simultáneas o con escasa diferencia de días) y los traslados grupales clandestinos, incluidos los llamados vuelos de la muerte. Así, por ejemplo, los informes personales entregados por la Comisión para la Paz a los familiares de las víctimas mencionan 44 casos de traslados, y 28 casos mas pueden inferirse como probables traslados a partir del contexto de los operativos y las detenciones de otros compañeros de militancia. También son trasladados ilegalmente ocho menores de edad, quienes serán posteriormente localizados con vida.

En todo caso, si bien los traslados individuales y grupales de prisioneros entre países, en particular entre Argentina y Uruguay, se inician tempranamente, al menos desde 1974, el informe del comandante en jefe de la Fuerza Airea al presidente de la República, Tabaré Vázquez, del 8 de agosto de 2005, constata oficialmente: «De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976″, partiendo desde la ciudad de Buenos Aires con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Dichas operaciones fueron ordenadas por el comando general de la Fuerza Airea a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID).

El primero de los vuelos colectivos transportó a Uruguay 24 exiliados en Argentina, militantes del PVP y del MLN que finalmente sobreviviera»; el segundo vuelo y traslado grupal mencionados arroja por resultado alrededor de 23 militantes del PVP residentes en Buenos Aires, desaparecidos. El 16 de mayo de 1978 resulta la otra fecha en que se verifica el traslado masivo de prisioneros uruguayos recluidos en los pozos de Quilmes y Banfield en Argentina quienes, según el informe final de la COMI-PAZ: «Fueron probablemente ‘trasladados’ con destino final desconocido, junto a otros uruguayos detenidos » que finalmente desaparecen.

MODALIDADES DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD. Podría decirse que el delito de lesa humanidad asume en nuestra trágica experiencia nacional cuatro modalidades:

a) Detenidos desaparecidos. Refiere a los casos prototípicos de las que son previamente detenidas por la fuerza o mediante secuestro realizado por agentes estatales que no se Identifican como tales y que las retienen en centros clandestinos, negándose cualquier reconocimiento de tales hechos.

b) Asesinados desaparecidos. No se trata de personas detenidas sino asesinadas tras un enfrentamiento o que fueron encontradas muertas y abandonadas en la vía pública y cuyos cuerpos fueron desaparecidos, generalmente inhumados como NN en cementerios municipales en la República Argentina.

c) Cuerpos NN aparecidos en las costas uruguayas. El rasgo distintivo de esta modalidad de ocultamiento del crimen no es la tierra (el enterramiento clandestino) sino el mar. Son los casos de uruguayos detenidos, torturados y arrojados a las aguas del océano Pacífico (costas de San Antonio, en Chile) o del Rio de la Plata: ocho personas. Asimismo, un total de 31 cuerpos brutalmente mutilados aparecieron entre 1975 y 1979 en las costas de cinco departamentos de Uruguay y sólo cinco fueron identificados hasta el presente.

d) Desaparecidos temporarios. En esta modalidad, el período de desaparición del detenido (secuestrado) era interrumpido cuando reaparecía públicamente con vida y su situación se legalizaba («blanqueaba») mediante el procesamiento por la justicia militar y la reclusión durante años en establecimientos penales. Los casos que encuadran en esta situación transitoria resultan difíciles de cuantificar ya que decenas de presos políticos fueron inicialmente incomunicados y/o alojados en depósitos o centros clandestinos de reclusión durante varios meses y luego trasladados, sin que se informara a sus familiares hasta el momento de ser procesados.

OCULTAMIENTO DEL DELITO: LA MENTIRA INSTITUCIONAL. Es un componente del delito de desaparición forzada la negativa a reconocer la privación de libertad del ciudadano y a informar sobre el lugar y el estado de la persona detenida. Las estrategias estatales de negación y ocultamiento del crimen, con un patrón similar de respuesta, se verifican en 62 casos de uruguayos detenidos desaparecidos: desde la negativa del acto de detención o el requerimiento público estando ya la persona detenida (incluso muchos años personas que son después de su desaparición), pasando por la difusión de información falaz respecto a «fugas» o «viajes» al exterior de la persona denunciada, y terminando con las respuestas a los organismos internacionales de derechos humanos o la desfiguración de los cuerpos (recubrir los huesos con cal, cortar los dedos de las manos o extraer piezas dentales) y la transformación de la naturaleza en los sitios de enterramiento (forestar, cambiar el curso de arroyos, erigir nuevas y pesadas construcciones).

Un capítulo aparte en estas estrategias institucionales de mentiras y negaciones lo constituyen los centros de detención y lugares de enterramiento. En Uruguay, hasta el momento, se constataron ocho sitios clandestinos y otros siete sitios oficiales (cuarteles, jefaturas, comisarías) de detención de personas desaparecidas. Así mismo, dos lugares oficiales de enterramiento. En Argentina, son 13 los centros clandestinos de reclusión donde fueron torturados ciudadanos uruguayos luego desaparecidos (sin registros sobre lugares oficiales). En Chile, cuatro sitios de detención oficiales.

RESTOS RECUPERADOS Y SITIOS IDENTIFICADOS. Hasta el presente, transcurridos 38 años del primer caso confirmado de desaparición forzada en Uruguay (1971), en un total de 26 casos de detenidos desaparecidos sólo fue posible encontrar los restos humanos de dos personas enterradas clandestinamente en un predio militar (cuartel) y bajo jurisdicción militar (chacra). De una tercera persona sólo fue posible la localización parcial de sus restos (cráneo), enterrados inicialmente, y en forma clandestina, en un cementerio municipal del interior del país. En Argentina, hasta el presente, transcurridos 35 años del primer caso de desaparición forzada de un ciudadano uruguayo (1974), en un total de 126 casos de detenidos desaparecidos adultos y tres menores de edad, sólo fue posible localizar sitios de enterramiento clandestinos e identificar restos (no en todos los casos) de 15 personas. Entre ellas, seis fueron repatriadas y recibieron sepultura en Uruguay. En Bolivia se encontraron los restos de un desaparecido y en Chile de otra ciudadana uruguaya.

EL ASESINATO POLITICO. En el período 1973-1984 fueron asesinados o murieron por razones políticas y por responsabilidad del Estado 116 personas. En Uruguay 92 personas; en Argentina 23; en Chile una. Dentro de ese universo de víctimas, 23 fueron mujeres. En cada uno de esos 12 años transcurridos se produjeron asesinatos por el Estado de sus conciudadanos. El mayor número de casos, 73, acontecieron entre 1974 y 1977.Tambiin la causal política es la determinante de esta practica represiva del Estado uruguayo bajo la dictadura. La mayoría de las personas muertas pertenecían a organizaciones políticas, no todas de izquierda: MLN (Tendencia Proletaria y Nuevo Tiempo), PCU, Frente Izquierda de Liberación (FIDEL), GAU, ROE, OPR 33, FAU, PS, PCR, Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP), Partido Nacional.

Un dato importante sobre las formas que asumió el fenómeno del asesinato político durante la dictadura lo constituye el hecho de que la mayoría de las personas mueren en prisión (en cuarteles, centros clandestinos de detención, penales), son 68 personas. Dentro de ese universo, 12 o 13 detenidos terminan suicidándose, inducidos por las duras condiciones de reclusión y el permanente hostigamiento psicológico, las sanciones y celdas de castigo («la isla», «la casita»), instrumentadas por las autoridades carcelarias. Como resultado de operativos de las Fuerzas Conjuntas uruguayas o de las Fuerzas Armadas argentinas mueren 22 personas: diez de esas muertes acontecen en enfrentamientos directos en Uruguay y siete en la República Argentina. Otros 13 uruguayos son secuestrados y asesinados en Uruguay y Argentina como parte del despliegue de operativos de coordinación represiva regional, incluso realizados antes del golpe de Estado en la República Argentina (1976), con participación de la Triple A.

LA PRISION MASIVA Y LA TORTURA GENERALIZADA. Sin duda que la prisión masiva y prolongada por razones políticas constituyó el método represivo principal y generalizado aplicado por la dictadura uruguaya. A su vez, detención y tortura constituyó un par indisociable en el funcionamiento del sistema dictatorial: plantón, capucha, picana eléctrica, submarino, colgamiento, caballete, golpizas, violación, simulacro de fusilamiento, estaqueamiento, suministro de drogas y psicofármacos. La población carcelaria fue distribuida en tres penales principales: establecimientos militares de reclusión números 1 (penal de Libertad), 2 (Punta de Rieles) y 3 (Paso de los Toros). Además, otros 48 lugares de reclusión (cuarteles y sedes policiales en la capital y el Interior) albergaron mas de 6 mil presos políticos.

Ello determinó que Uruguay fuera el país con mayor proporción de presos y presas políticos en el mundo con relación a sus habitantes. Listados oficiales registran (hasta 1979), un total de 739 presas políticas en el penal de mujeres de Punta de Rieles y, con base en testimonios de ex detenidas, se ha podido reconstruir otro listado de 159 presas políticas en la cárcel de Paso de los Toros que albergó a las mujeres detenidas en el interior del país hasta 1977. Asimismo, se han podido reconocer diez lugares de detención de menores de edad y reconstruir una lista de 67 bebés nacidos en prisión, luego compartida con sus progenitoras, en algunos casos hasta por tres años. Sostener tales niveles represivos sólo es posible con un involucramiento del conjunto del aparato estatal en el control del «insilio», el seguimiento al exilio, la persecución a los extranjeros residentes, la represión al movimiento obrero y estudiantil así como a los partidos y grupos políticos de oposición.

La dictadura duró casi 12 años y la impunidad mas de 20 años. El juzgamiento de los responsables institucionales por los delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura fue postergado durante dos dicadas, ya en democracia. No obstante lo avanzado desde el año 2005 al presente, el próximo 25 de octubre por voluntad de la ciudadanía se abre para los uruguayos una nueva y definitiva oportunidad para la verdad, la justicia y el Nunca más terrorismo de Estado.

* La autoría de las «Investigaciones históricas sobre detenidos desaparecidos», de la Presidencia de la República (2007), y sobre «La dictadura y el terrorismo de Estado», de la Universidad de la República (2008), cuyos datos parcialmente sistematizo en el presente artículo, son el resultado de la labor colectiva de un equipo universitario integrado, en distintos momentos, por Jimena Alonso, Magdalena Figueredo, Carla Larrobla, Fabiana Larrobla, Aldo Marchesi, Carlos Demasi, Vania Markarian, Jaime Yaffe, Graciela Sapriza, Gabriel Bucheli, Mariana Iglesias, Isabel Wschebor, José Luis Gonzalez, Vanesa Sanguinetti, Valentina Curto, Viviana Ruiz, Ariela Peralta y Rosita Fuentes. No obstante, los posibles errores en este artículo me pertenecen. En Paraguay fueron detenidos dos uruguayos que son trasladados y desaparecieron, posiblemente, en Argentina; y en Brasil fue detenido otro uruguayo que finalmente desapareció en Argentina.

Fuente original: Brecha. Tomado de COMCOSUR, 12 DE OCTUBRE DE 2009.

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