Diversidad sexual e izquierda política. Radicalizar la democracia

Publicado el 16/08/09 a las 12:00 am

Por Diego Senpol, integrante del PVP

A partir del año 2003 en Uruguay la agenda de la diversidad sexual se ha vuelto importante e ingresó en el debate político. Este proceso tiene que ver con el progresivo fortalecimiento de las organizaciones Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (LGBT) uruguayas, su mayor capacidad de convocatoria, así como su creciente incidencia en el sistema político, algo que se visualiza a través de la conquista de varias transformaciones legales que garantizan el respeto de algunos de los derechos humanos de la población LGBT (Ley antidiscriminación, Unión Concubinaria).

En ese sentido, a fines de 2007 Uruguay se convirtió en el primer país en América Latina en aprobar una ley que ampara a las parejas homosexuales y les reconoce los mismos derechos que a las parejas heterosexuales (salvo la adopción). Este proceso despertó un debate en el seno del Frente Amplio, que muchas veces se resolvió en forma casi epidérmica, sin verdaderas discusiones políticas sobre lo que implican los derechos humanos de la diversidad sexual. Por el momento sólo se avanzó en algunos sectores del FA en una verdadera integración y transversalización de esta agenda. Algo similar sigue sucediendo con la introducción de temas como el género y el racismo. Se pasó a aplicar, sin mucha discusión, un discurso  “políticamente correcto”, pero no se logró la elaboración de estrategias políticas que promuevan un compromiso real y estrecho con la lucha contra la discriminación en todas sus formas.

Estamos a tiempo de ir un poco más lejos. ¿Es posible ser de izquierda y ser racista? ¿Es posible estar comprometido con la lucha por los derechos humanos y ser homofóbico o machista? La respuesta es un no rotundo.  Es necesario que comencemos a romper con nuestras propias prácticas discriminatorias, y se avance en la construcción de una agenda política que integre esta perspectiva en forma sistemática, para enriquecerla y ampliarla.

Es importante renovar nuestro compromiso con la lucha por la felicidad y la dignidad que supo hacer suya desde el inicio la izquierda política. Para ello además es necesario repensar las nociones más clásicas de derechos humanos, hasta ahora muchas veces asociada exclusivamente a las violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, para pasar a incorporar la nueva generación de derechos que exigen los movimientos sociales. Esta transformación y reconceptualización de las nociones de derechos han sido históricamente frecuentes en las sociedades occidentales. Piénsese en el proceso que llevó a hablar de derechos políticos, luego económicos y sociales, y en la última mitad del siglo XX sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos.

Muchas veces la izquierda política tendió a subestimar este proceso por considerarlo en un principio demasiado jurídico, “liberal burgués” y luego porque reprodujo el pantano analítico que presentaba en falsa oposición los discursos “universalistas” y los “particularistas”. Esta supuesta contradicción, que durante años sirvió para ningunear la incorporación de esta agenda, ha sido superada en el debate político hace ya casi 20 años, gracias a que se entiende que la única forma de crecer con un proyecto político hegemónico es integrar en forma productiva la diversidad, antes que silenciarla, ensamblando en forma casi indisociable universalidad y particularidad para dejar así de lado una lectura binarista y esquemática.

También es un buen momento para comenzar a problematizar la centralidad excluyente de la lucha de clases en los procesos de transformación social y plantearse que los procesos de dominación son complejos y sumamente interdependientes. En la medida que el contexto internacional y local impiden la instrumentación de un proceso de transformación estructural de la sociedad, se hace necesario tentar por radicalizar lo más posible los contenidos de la democracia vigente, avanzando en todas aquellos cambios que modifican la vida cotidiana de la gente, la politicen y la llevan a hacer una lectura de la realidad nacional, e incrementan su capacidad de agencia social y participación política. Hay mucho por hacer dentro de estos estrechos límites y las posibilidades de su impacto son muy fermentales.

En ese sentido, estamos en un momento en que podemos empezar a complejizar un poco la mirada. La cuestión, a nivel teórico y político, no es elegir entre la lucha de clase o la lucha contra la homofobia, sino que el asunto pasa por superar la forma tradicional en que entendíamos estas categorías. Estamos acostumbrados a entender las nociones de clase social, homofobia y genero como categorías separadas que aluden a problemas diferentes. La clase alude a un problema universal, el género y la homofobia a asuntos particulares, la clase es importante y central para combatir la injusticia social, el género y la homofobia asuntos secundarios que se resolverían  automáticamente una vez solucionados los temas centrales. Esta forma de entender el conflicto social nos impide visualizar la manera en que estas categorías trabajan juntas, así como las múltiples formas (y por eso tan eficaces) que habita la reproducción social de la injusticia. Muchas veces cuando una de estas categorías falla en su capacidad de ordenar el espacio social, allí están las otras dos, tejiendo formas de subordinación que permiten fortalecer y reforzar la dominación. ¿Por qué una trans que cuenta (excepcionalmente) con educación y habilidades laborales ocupa los estratos sociales más bajos? ¿Por qué un “puto” se transforma en gay cuando asciende en la estructura social? ¿Por qué las mujeres pobres son más pobres que los hombres pobres? ¿Por qué un hombre para ser exitoso políticamente tiene que “parecer” (como mínimo) heterosexual? ¿Por qué cuando hablamos del “pueblo” o de los “obreros” pensamos siempre en hombres heterosexuales con esposa e hijos y no en mujeres jefa de hogar con varios niños a cargo o en homosexuales que viven con su pareja?

El desafío pasa así por una problematización de las nociones de clase social que reproducen la homofobia y  la subordinación de género, y por la problematización de la homofobia en tanto productor de sistemas de jerarquización social que consolidan y configuran las clases sociales existentes.

Posibles efectos políticos

El Frente Amplio apareció como una fuerza política renovadora en 1971, sensible a la injustita social, la pobreza y la explotación. La reformulación del bipartidismo a fines del siglo XX y la guerra de posiciones que existe actualmente entre el FA y los partidos tradicionales, el desgaste que genera en la opinión pública cualquier gestión gubernamental, hace imprescindible hoy sumar más que nunca y tratar de politizar sectores sociales mediante una reformulación del discurso político que tienda a interpelarlos a partir de su propia particularidad.

Los procesos políticos que hoy buscan la integración social, deben revertir la atomización social que dejó el impacto de las medidas neoliberales, deben tomar en cuenta la necesidad política de aprender a reconocer la diversidad social existente (en todos sus niveles) y a discutir políticamente, de ahora en más, su gestión. La construcción ciudadana no es un proceso dado por hecho y acabado de una vez para todas, sino un proceso dialéctico, que exige la renovación de los ejes de lucha y la politización de aspectos de la realidad que hasta ahora por motivos ideológicos y de dominación siempre fueron relegados a la esfera “de la vida privada”.

La sociedad uruguaya tiene cada vez menos miedo al cambio, y lo reclama en diferentes aspectos de la vida social y política. Por eso es un buen momento para ir un poco más lejos y tratar de instrumentar una estrategia política que permita abrir camino en este sentido. La idea fuerza es promover la difusión de la relación existente entre derechos humanos y discurso antidiscriminatorio en la vida cotidiana y en la acción política en todas sus dimensiones, así como nociones más complejas y ricas de clase social, género y homofobia. Esta puede ser la única alternativa para lograr transformar meros derechos ya consagrados en un papel en una realidad social nueva, generadora de nuevos actores políticos y nuevas perspectivas para acercarse al trabajo político.

Además estos cambios, en un sentido político, implican la posibilidad de transformar la vida cotidiana de miles de uruguayos y uruguayas que hasta ahora viven como ciudadanos de segunda categoría, excluidos de las instituciones educativas, el sistema laboral y las redes de asistencia estatales. En Uruguay la población trans, al igual que en el resto de América Latina, tiene un promedio de vida de 35 años, debido a que son expulsadas de sus hogares a los 12 o 13 años, excluidas del sistema educativo y el sistema sanitario, y obligadas a ejercer la prostitución como única estrategia de sobrevivencia.

En nuestro país no existen datos oficiales sobre casos de violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, la Primera Encuesta Marcha del Orgullo 2005 (1), determinó que el 67 % de los encuestados sufrió alguna forma de discriminación: el 19 % fue víctima de agresiones directas (un 5 por ciento padeció agresiones físicas, un 3 por ciento agresiones sexuales, un 6 por ciento fue chantajeado y un 5 por ciento asaltado). A su vez, el 48 % declaró haber sido amenazado o insultado verbalmente al menos en una oportunidad por su orientación o identidad sexual en espacios públicos abiertos, el sistema educativo y/o el espacio laboral.

El debate actual en torno a la reforma del sistema de adopción (que permitiría a las parejas homosexuales adoptar) y el cambio de sexo registral (que permite a la población trans adquirir un documento acorde con su identidad de género) coincide con un reforzamiento de las posturas religiosas en el contexto uruguayo. Este empuje vuelve a apelar a la “ley natural”, intenta repatologizar la homosexualidad y difunde la idea de que esta es “curable” mediante terapias reparativas. En ese sentido, pueden considerarse emblemáticas las declaraciones realizadas en un programa televisivo (miércoles 11 de junio de 2008, Tenemos que hablar), del psiquiatra Alexander Lyford-Pike  quien se presentó como director del Instituto de Psiquiatría y Psicología de Montevideo. Lyfor-Pike durante su intervención en televisión abierta señaló que la homosexualidad es una “enfermedad” y que por este motivo “no es en absoluto aconsejable” que las parejas homosexuales adopten niños. Esta no es la primera vez que este especialista, afirma, amparado en una supuesta experticia científica, mensajes prejuiciosos sobre la diversidad sexual, que generan una grave desinformación en esta temática entre el público en general. De hecho en julio de 2006 durante la Primera Jornada Arquidiocesana sobre Familia y Vida, organizada por la comisión de Bioética de la Iglesia Católica, Lyford-Pike había afirmado que la homosexualidad era una “desviación sexual” y una “patología”, y además había promovido -haciéndose eco del movimiento homofóbico estadounidense- la utilización de “terapias reparadas” que buscan “corregir” la homosexualidad

Ante la creciente articulación entre Partido Nacional y el discurso conservador de la Iglesia Católica (se oponen a derechos sexuales y reproductivos, a los derechos de la diversidad sexual y reivindica la familia tradicional que ya no coincide con el 80 por ciento de la sociedad uruguaya), el FA tiene la posibilidad – y muchas herramientas disponibles- para marcar enormes diferencias.

El Frente Amplio debe promover una pluralidad de modelos de familia y dar un paso más en el camino irreversible de la igualdad. Uruguay supo ser a principios del siglo XX un referente latinoamericano en derechos y avances jurídicos, hoy estamos ante un desafío similar que nos impulsará sin lugar a dudas a la victoria electoral y a una profundización de los cambios hasta ahora consagrados.

NOTAS

(1)  Brecha 20/09/2006, págs. 16 y 17. La encuesta fue realizada por el Colectivo Ovejas Negras, el Área Queer-UBA, el IDES, y el Taller de Sexualidad y Ciudadanía de la Facultad de Ciencias Sociales. Los datos estadísticos fueron procesados por Nahir Silva, Daniel D´Oliveira y Ana Zapater. Se encuestaron a 300 personas entre aproximadamente unos 600 asistentes, la muestra no busca ser representativa de la comunidad LGTB, aunque si de los asistentes a la marcha, ya que se habría llegado a entrevistas casi a un 50 por ciento de los asistentes.