miércoles 21 de octubre, 2020

OPERACIÓN MEMORIA

Publicado el 08/07/09 a las 8:00 pm

Escribe: Raúl Olivera

Estas reflexiones se realizan a pocas horas de haberse confirmado por parte de la Corte Electoral, que se habían validado la cantidad necesaria de firmas para que en las elecciones de octubre, el pueblo decida en torno a la nulidad de la ley de caducidad. Es decir, junto a qué fuerza política se le confía la conducción del país y en que condiciones deberá hacerlo[1], el pueblo decidirá en torno a la nulidad o vigencia de la impunidad.

Ese nuevo anudamiento entre la decisión ciudadana en torno a la renovación de una parte importante de sus autoridades políticas[2], y el restablecimiento de la plenitud del estado de derecho afectado por la existencia de la ley de caducidad, es un escenario interesante de abordar. Hacerlo, con justeza y la suficiente información, es un elemento fundamental para que la decisión ciudadana supere los standares de calidad democrática. Es decir que el voto sea el resultado de una cabal información de lo que se esta definiendo.

Aunque solo fuera por esa razón, es importante alentar miradas que ubiquen en su justo término las cosas que están en juego.

Para esa tarea, es importante que el movimiento sindical o cualquier sector organizado de la sociedad, no limitarse a realizar un examen reducido a lo que hoy pensamos de lo pasado. Es importante analizar también, lo que pensamos en el pasado, de lo que era actualidad en aquellos momentos, y fundamentalmente en las previsiones políticas a partir de las cuales se articularon las acciones que se desarrollaron.

Seis años atrás[3], denunciábamos que la desaparición de personas era “Un acto que se planificó, para que “no existiera” perdura en efectos, no calculados por sus ejecutores”.

Y efectivamente esos efectos se empezaban a materializarían y a hacer manifiesta la inutilidad de las políticas de impunidad articuladas sobre las leyes de impunidad[4]. Mientras desde el campo de los gobiernos defensores de la impunidad, se trató de implementar ingeniosos complementos que taponearan las grietas de la impunidad, para la lucha democrática, el desafío de aquella coyuntura estribó, en articular acciones que impidieran la continuidad de la impunidad que se materializaba en un estiramiento del manto de la impunidad[5], que lo denunciábamos así:” Y para que no vuelvan, hay que declarados muertos. Asesinarlos, y hacerlos desaparecer nuevamente, para que no molesten. Que sean, como decía Videla, una incógnita, sobre la que no se puede avanzar. Hay que desenterrarlos, cremarlos y arrojarlos al mar[6].

Mientras esas intenciones se materializaban en el caso de Elena Quinteros y para el resto de los casos quedaba la aceptación de la versión de “fuentes militares” en el Informe final de la Comisión para la Paz, empecinadamente sosteníamos que “Quienes no hemos renunciado al derecho a la justicia, esperamos con expectativa los resultados de otras causas radicadas ante la justicia nacional: la relativa a los asesinatos de Zelmar y el Toba; del destino de María Claudia García de Gelman. Saber si la Suprema Corte de Justicia en la denuncia presentada contra Bordaberry, indicará a los futuros aspirantes a apoderarse ilegítimamente del poder y ejercerlo en el marco de la más brutal ilegalidad, no puede ser consumado impunemente[7].

Denunciábamos que “En nuestro país, tenemos formas muy peculiares de hacer las cosas: las hacemos “a la uruguaya”. Tuvimos una “dictadura a la uruguaya” que no hacia lo que los argentinos, tuvimos una “transición a la uruguaya”, una ley de impunidad “a la uruguaya”; una renuncia a un derecho irrenunciable, mediante un referéndum “a la uruguaya”; tenemos leyes que ratifican Convenios internacionales que no se aplican, porque “a la uruguaya” no se crean los instrumentos jurídicos en la legislación interna; y últimamente una Comisión para la Paz, sin guerra, pero “a la uruguaya[8].

No creíamos que nuestro país podía seguir dando la espalda a avances que otros países, también victimas de la acción criminal del Plan Cóndor, venían teniendo. Y por eso sosteníamos, muchas veces en soledad, que “Para resolver el pasado que ser instala en el presente o el presente que vuelve sobre el pasado, solo es posible si la impunidad de hoy no tiene futuro. Ese es el verdadero nunca más[9].

En el marco de una orientación que se asentaba en esas visiones, la sociedad uruguaya debió resolver la instalación de un nuevo gobierno conduciendo los destinos del país. La forma que lo resolvió, si bien alentaba fundadas esperanzas para el movimiento popular, no evito que nos preguntáramos si con la instalación en el gobierno de la izquierda la impunidad no tendría futuro. Nos interrogábamos si esa nueva fuerza seria garante de los Derechos Humanos o simple administrador de los mismos.

Desde estas mismas páginas, decíamos que “Responder adecuadamente esas interrogantes es muy importante ya que la respuesta implica una conceptualización de los derechos humanos. Los derechos humanos son un amplio cuerpo de leyes que obligan a los Estados”. Y agregábamos “El derecho penal y administrativo del Uruguay, que ha suscrito esos tratados que consagran derechos fundamentales e inalienables de los ciudadanos, debería traducir esos principios en normas concretas que garanticen a los ciudadanos el goce pleno de esos derechos fundamentales (…) “la iniciativa de adecuar la legislación interna a las obligaciones internacionales, no debería ser una conducta a hesitar desde el ámbito ciudadano, sino desde el Estado[10].

El movimiento sindical y otras organizaciones humanitarias y políticas, tenían claro, entonces que “En Uruguay, la impunidad en cuanto ausencia de los derechos a la verdad y a la justicia, contrariamente a lo que comúnmente se piensa, no es el simple y lineal efecto de la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La impunidad uruguaya, es el resultado de una operación que asienta su efectividad en el poder político: más precisamente desde el partido que detenta el gobierno. Afirmar esto, implica decir también que la instalación en el país de un gobierno que no este comprometido con la impunidad, instala un mapa político en el que se encuentra amenazado seriamente el sustento principal del sistema de impunidad. Estamos ante un dato de la coyuntura, muy fuerte[11]. Por esa razón, desde la especificidad de su papel a nivel de la sociedad actuaron y no fueron indiferentes, en ningún caso, a las cosas que están siempre en juego en momentos que la ciudadanía con su voto determina el tipo de gobierno que tendremos. Y por la misma razón, la operación memoria que impulsa el movimiento sindical en estos días es muy pertinente también para la temática que nos convoca.

Raúl Olivera

Secretaria DD.HH y Políticas Sociales

Publicado en Trabajo & Utopía Nº 89


[1] Al definirse la composición del futuro parlamento (senado y diputados), la correlación de fuerzas existente en esos ámbitos, es un dato importante a la hora de analizar las posibilidades que la fuerza política del nuevo Presidente, cuente para materializar muchas de sus políticas.

[2] El Presidente de la República, la totalidad de los Senadores y Diputados que conforman el parlamento.

[3] Nos referimos a una Ponencia realizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT, en un Taller realizado en el Salón Rojo de la I.M,M, el 26/6/03.

[4] Esos efectos se originaban en el carácter de delito permanente de los casos de desaparición de personas, que empezaban a tener fuerza en los ámbitos judiciales.

[5] En la citada intervención denunciábamos que: “Los victimarios, han elegido ubicar el problema en el ámbito político, mediante las leyes de impunidad acompañadas de actos esencialmente políticos buscando sellar cualquier posible fisura de aquellas”.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Trabajo y Utopía diciembre 2005.

[11] Ponencia de la Secretaria de DD.HH del PIT/CNT en el seminario “Verdad y Justicia en la nueva coyuntura política”, 19 de mayo de 2005.

Un Comentario para “OPERACIÓN MEMORIA”

  1. arlette

    Jul 13th, 2009

    EXCELENTE
    ENTRE ESAS FIRMAS ESTA LA MIA..UNA ALEGRIA HABER SOPBREPSADO LAS FIRMAS PARA QUE CAIGA LA ALEY DE CADUCIDAD
    ATTE
    ARLETTE

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