martes 20 de octubre, 2020

LISTAS, CARGOS, CUOTAS

Publicado el 11/05/09 a las 9:34 pm

Por Constanza Moreira

Este mes deberán entregarse a la Corte Electoral las listas a convencionales para todos los partidos que compiten en las elecciones internas del 29 de junio. Durante este mes ha tenido lugar una de las ceremonias más clásicas (y enojosas) de la política uruguaya: el armado de lista. Y lo es, precisamente, por el tipo de sistema electoral que tenemos.

El lugar en la lista que ocupa cada individuo es el resultado de un complejo sistema de transacciones, negociaciones y apuestas de futuro. Pero sin duda es el resultado de una decisión que recae, básicamente, en la cúpula partidaria. Este proceso, que a cualquier uruguayo le parece tan «universal», es sin embargo diferente en otros países. En aquellos que tienen un sistema electoral abierto (como Brasil), son los ciudadanos los que eligen a sus representantes directamente y no a través de un sistema de listas cerradas y ordenadas «desde arriba». En Argentina, los electores tienen a su disposición la posibilidad de realizar varias mezclas eligiendo a candidatos de distintos partidos para distintos puestos. En otros países, la gente elige, de entre una lista de candidatos, a aquellos que prefiere marcándolos en la misma lista. Las combinaciones de sistemas son múltiples.

En todos lados hay problemas, sin embargo, y sería muy difícil afirmar qué sistema es el mejor. Las listas cerradas y bloqueadas, como las nuestras, reducen la opción del elector por el candidato, y lo obligan a votar por el partido, o más bien, por la fracción del partido. Quienes defienden este sistema dicen que favorece la adhesión a los partidos y evita «personalismos». En cambio, quienes defienden el sistema de listas abiertas señalan que es más democrático que el elector marque sus preferencias, antes que las cúpulas partidarias decidan por él. Hay razones de peso para defender una u otra opción. Lo que es claro es que fenómenos como el de Obama en el Partido Demócrata difícilmente podrían haber surgido en sistemas de partidos como el nuestro.

La principal novedad, en el armado de las listas a junio, hoy, es la aplicación de la cuota para mujeres. Esta fue aprobada este mismo año, con la salvedad de que su aplicación se restringiera únicamente a dos elecciones: a estas internas de junio y a las nacionales próximas (de 2014), y por única vez. Las restricciones dicen mucho sobre el clima político que rodea esta discusión. En las internas no se juegan los verdaderos cargos (legislativos) y en 2014 no se jugará buena parte de los cargos actuales, porque habrá renovación. Quienes se opusieron a que la cuota empezara a regir ahora hipotecaron los cargos masculinos de la próxima legislación y defendieron los propios. Serán otros los que tendrán que lidiar con eso, argumentaron.

Prácticamente no existe ninguna democracia desarrollada donde el proceso de incorporación de la ley de cuotas para mujeres haya sido tan retardado y su aprobación haya sido tan restringida. Y esto, sin descontar la interpretación que la Corte Electoral hiciera en su momento de la ley, que despertó las críticas más duras por parte de quienes defendieron el proceso, especialmente de la Bancada Femenina.

Pero la implementación de las cuotas en estas listas muestra algunos de los problemas que se hacen más evidentes cuando se trata de modificar el sistema de reparto de cargos en las listas. La crítica más común es que la cuota obliga a poner personas (mujeres) que no eran «tan buenas» como el candidato que hubiera entrado sin ellas (que era, por ejemplo, más visible o presumiblemente «tenía más votos»). La cuota aparece así como una suerte de mordaza institucional, que obliga a tomar en cuenta un elemento, que se suma a todo lo que se debe tomar en cuenta en el armado de listas: el género. Por virtud de la ley de cuotas, este extraño elemento de la política (el género) se debe ahora combinar con los otros ya clásicos elementos de la política nacional: el peso de las fracciones en la lista, los compromisos asumidos (cuando se negociaron apoyos) y la susceptibilidad de todos y cada uno de los que se sienten con derecho a estar en algún lugar en la lista.

Pero el impacto de la cuota, en casi todos los lugares en que se aplicó, con independencia de su efectividad (que varía, según el sistema electoral), ha sido siempre benéfico para las mujeres y para el sistema de representación en su conjunto.

En primer lugar, ha servido para hacer visibles a mujeres políticas que de otra manera hubieran quedado relegadas a un segundo plano. Al hacerlas visibles, además, ha mejorado el clima de respeto por las mujeres en general y por las políticas en particular. Hemos aprendido incluso que las mujeres pueden ejercer la Presidencia sin que haya cataclismos políticos ni desautorizaciones públicas. El incremento de mujeres en los cargos ejecutivos en la última década (y más aún en los últimos cinco años) en toda América Latina no es solamente un «signo de los tiempos» sino el resultado de muchas luchas en el seno de los parlamentos por incrementar políticas de discriminación positiva.

En segundo lugar, ha afectado la tendencia a la reelección permanente en los cargos. Aunque los cargos parlamentarios son esencialmente cargos de representación, la apropiación del cargo por la persona parece ser parte de una tendencia ineluctable. Según los datos disponibles sobre renovación del Parlamento en Uruguay, siete de cada diez parlamentarios buscan su reelección de elección en elección. Uno de cada diez no busca la reelección porque prefiere un cargo ejecutivo o un cargo parlamentario más importante (los que pasan de la Cámara de Diputados a la de Senadores) y sólo la quinta parte se retira o desiste de competir. Algunos fracasan, claro: poco más de la tercera parte. Pero muchos de esos fracasos se deben a que el partido perdió bancas (claramente el Partido Colorado en las dos últimas reelecciones) y no a que pierdan su pretensión de reelegirse. En el Frente Amplio, más del 60% de los legisladores se han reelegido en las dos últimas elecciones (Daniel Chasquetti, Informe de Desarrollo Humano en Uruguay, 2008). Una entrada significativa de «intrusas» a la muy masculinizada política uruguaya, seguramente tendrá como efecto una renovación de los cargos parlamentarios. Esto es bueno, desde el punto de vista de cualquier consideración democrática: todos sabemos que la rotación en los cargos es un principio democrático básico. Los cargos de representación dependen de la voluntad del soberano: no le corresponden a la persona «como tal».

Pero quizás es importante hacer una última consideración sobre las elites políticas, tomando pie en las bases de datos disponibles sobre las modalidades de reclutamiento de los parlamentarios en América Latina (Alcántara, Universidad de Salamanca). Más o menos la mitad de los políticos que se desempeñan actualmente en política tuvo un familiar directo que estuvo en la política. La línea de trasmisión generacional es el padre. La mitad de los que tuvieron un familiar involucrado en política, y que hoy ocupan cargos importantes, son hijos de políticos. La trasmisión familiar de los cargos, y la línea «patriarcal», son componentes de las más viejas y antiguas formas de la política. Y no precisamente favorables a las mujeres.

Cuando los partidos de izquierda invaden la política en la América Latina de la última década, se producen algunos cambios muy importantes. Aparecen líderes parlamentarios que vienen de los movimientos sociales (sindicalistas, dirigentes estudiantiles, miembros de organizaciones populares de la más diversa índole). La política se vuelve más «popular» (las elites se comienzan a reclutar en estratos socioeconómicos más bajos). Los abogados comienzan a ser sustituidos por otras profesiones y se abre el abanico de especializaciones disciplinarias entre los parlamentarios. También aparecen más mujeres. Pero en buena medida porque los partidos de izquierda hacen de la cuestión de la «igualdad de género» una consigna central.

Uruguay está dando los primeros pasos en ese sentido. Tal vez el aprendizaje de esta primera aplicación de la ley de cupos sirva para el futuro y, ¿quién sabe?, esta comience a ser más una práctica que una imposición y se refleje en las listas «que pesan»: las de octubre.

Tomado de La República, 11/5/09.

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