SINDICATOS, TRABAJADORES Y GOBIERNO

Publicado el 05/05/09 a las 1:08 am

Por Constanza Moreira

Con una variedad de actos y oradores, este viernes se celebró el quinto aniversario del Día de los Trabajadores, desde que asumiera el gobierno del FA. Hasta hace poco tiempo atrás, los actos del 1º de mayo eran unitarios, y tenían una convocatoria más amplia que cualquier partido, sector u organización. Las cosas han cambiado desde entonces.

Esta vez se celebraron tres actos: el «oficial» (PIT-CNT), el de la Tendencia Clasista y Combativa, y el de Asamblea Popular. Hubo tres discursos y tres evaluaciones. También desfilaron todos los políticos en campaña del Frente Amplio, y algunos legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Así, el acto del 1º de mayo se transformó no sólo en una suerte de plebiscito sobre si el gobierno había respondido a las demandas de los trabajadores en estos cinco años, sino también en una ensayo sobre las internas del próximo junio.

El tema central del acto del PIT-CNT fue la crisis. Su consigna: que no la paguen los trabajadores. La elección del tema y la consigna reflejan la situación actual con justeza. Efectivamente, y más allá de que el Uruguay esté entre los países de mejor pronóstico relativo para este año, los anuncios indican que habrá una recesión global. Los uruguayos han experimentado muchas crisis en los últimos cincuenta años, y dos graves en los últimos veinte. Recién salidos del colapso de 2002, han aprendido que el resultado directo de la crisis es un aumento de la pobreza, una caída del salario y el empleo, un aumento de la desigualdad, y un retroceso en los niveles de vida de buena parte de la población. Los trabajadores, en particular, han aprendido que las crisis transforman sus demandas en «privilegios», y que toda demanda por el salario o las condiciones de trabajo, deja de ser prioridad cuando lo que está en cuestión es el trabajo.

Pero también el PIT-CNT volvió sobre sus viejas consignas. Algunas de ellas muestran la distancia crítica que media entre sindicalismo y gobierno, y que evidencian la necesaria autonomía del movimiento sindical respecto de gobiernos y partido. La defensa de la anulación de la Ley de Caducidad, esta vez con más de trescientas mil firmas en el haber, fue una consigna del movimiento sindical desde el inicio del gobierno. Y fue éste, junto con algunos partidos (PVP, NE, PCU), personalidades y grupos, quienes conformaron la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad, que contra viento y marea luchó a lo largo de estos años para hacer esto posible.

Otras posiciones, como la crítica a la política de viviendas en el actual gobierno, por parte del sector cooperativo, la defensa de empresas estatales «testigo» para controlar precios (como un frigorífico), la reforma del sistema de seguridad social, o el cogobierno en la educación, estuvieron también presentes. La intervención del Casmu fue una de las novedades, en este acto, como consigna y reclamo hacia el gobierno.

Los actos paralelos no escatimaron críticas al «oficialismo» del movimiento sindical, su actitud de colaboración con el gobierno, o su posición abierta a favor de un segundo gobierno del Frente Amplio. Sus críticas recogieron algunas de las preocupaciones del Congreso del Pueblo, como la extranjerización de la tierra, o la política de pago de la deuda externa. Sin embargo, otros temas, como la seguridad social o la Ley de Caducidad, estuvieron presentes en estos actos, como en los «oficialistas», aunque el tono fue distinto.

A falta de la proliferación de actos, además se emitió un comunicado por la televisión, en el nombre del PIT-CNT, que hacía énfasis en otros aspectos de la convocatoria. También el gobierno realizó una intervención en cadena, a través del ministro de Trabajo.

Muchas convocatorias, muchos actos, muchos mensajes. La preocupación por la unidad, aparece como tema central en este movimiento sindical, cuyas contradicciones no son menores a las que el conjunto de la izquierda experimenta. La llegada del Frente Amplio al gobierno está en el centro de la cuestión.

Cuando el Frente Amplio asume el gobierno, una parte del sindicalismo comienza a asumir ocupaciones propias del gobierno, y se produce, por llamarlo de alguna manera, un «descreme» del sindicalismo hacia arriba (hacia el Ejecutivo). Este proceso es parte de un proceso más general, ya que los partidos de izquierda revisten entre sus filas a representantes del movimiento sindical: son, por decirlo de algún modo, la entrada del trabajo al mundo de la política. Esto se refleja en los datos sobre la composición del Parlamento, que muestran un descenso en el número de profesionales universitarios (de 52% a 26%) y un aumento en el número de asalariados (22% de los diputados y 38% de la bancada frenteamplista). El 10% del gabinete ministerial proviene de las clases trabajadores (Miguel Serna, La composición de la élite política uruguaya: circulación y reconversión en democracia).

Pero no solamente cambia el vínculo entre movimiento sindical y gobierno: también durante el actual gobierno ha cambiado la política hacia los trabajadores. La instalación de los Consejos de Salarios, la aprobación de legislación que defiende los derechos de los trabajadores (como la ley de fueros sindicales), la presión por la formalización de los trabajadores «en negro», y el aumento del salario mínimo, figuran entre algunas de las medidas realmente inéditas de este gobierno, comparado con los anteriores.

Ello hace que la percepción de los sindicalistas cambie, con la llegada del actual gobierno. Están más satisfechos con la democracia, realizan una mejor evaluación de este gobierno que los anteriores, y tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro. Como contrapartida, este elenco gobernante evidencia también mucha más confianza en los sindicatos que los elencos gobernantes anteriores. Pero no siempre coinciden las evaluaciones, en especial sobre lo que ha hecho o dejado de hacer el gobierno.

Las cuestiones de percepción hacen a la realidad misma, o dicho de otra manera, parte de nuestra realidad se construye con las percepciones que tenemos sobre ella. A pesar de la «carnalidad» de las relaciones entre gobierno y sindicatos, de su contigüidad ideológica, y de la construcción, a lo largo de cuarenta años, de un proyecto común, hay diferencias en términos de la percepción que unos y otros tienen sobre lo que hace el gobierno, y lo que el gobierno debería hacer.

En una encuesta a líderes sindicales, parlamentarios y representantes de organizaciones empresariales realizada en 2007, se mostraba que la inmensa mayoría de los sindicalistas creía que el gobierno había priorizado los objetivos de crecimiento económico en vez de los de justicia social (distribución), y que debía haber hecho (y hacer) exactamente lo contrario. Los dirigentes empresariales y los legisladores blancos y colorados pensaban lo opuesto: que el gobierno había priorizado la distribución, y debería priorizar el crecimiento económico. Los legisladores del FA tenían opiniones divididas: la mitad pensaba que el gobierno priorizaba el crecimiento, y la otra mitad que el gobierno priorizaba la distribución. Pero cuando se les preguntaba qué debería priorizarse, señalaban que la distribución.

La pluralidad de actos, señales, y consignas expresadas por el movimiento sindical en este 1º de mayo es una evidencia de las contradicciones que surgen entre los sindicatos y el gobierno, cuando es la izquierda la que lo ejerce. Las más importantes de las diferencias, sin embargo, no surgen sólo de distintas preferencias entre gobierno y sindicatos (que las hay), sino y sobre todo de distintas percepciones y evaluaciones acerca de lo que se ha hecho.

Tomado de La República, 4/5/09