La violencia entre nosotros

Publicado el 21/04/09 a las 10:29 pm

Escribe Pablo Anzalone, dirigente del PVP- FA

En estos días los informativos han destacado diversos episodios de violencia entre jóvenes vinculándolos  a liceos públicos. Aunque en realidad estos incidentes ocurrieron fuera de los centros educativos, la asociación  de jóvenes y violencia  ha sido remarcada una vez más. También el asesinato de un muchacho  a manos de otros para rapiñarlo ha vuelto a alimentar la campaña sobre los menores infractores, reclamando más represión, bajar la edad para encarcelarlos, mano dura para salvaguardar la seguridad pública.

La derecha, lease los doctores Lacalle, Larrañaga, Bordaberry, entre otros,  han transformado el tema de la seguridad y en especial las acciones contra los menores de edad, en el eje central de su campaña. Se suceden múltiples pronunciamientos para bajar la edad de imputabilidad y así poder encarcelarlos desde más jóvenes, y hasta se engola el discurso para apelar al miedo de la población. Estos mismos señores que ampararon a los criminales  de la dictadura, que hicieron que el Estado renunciara a su “pretensión punitiva”  ante  delitos  de enorme gravedad, hoy  claman por mas autoridad y mas represión contra los jóvenes. Como si mandar a prisión a niños de 14 años fuera a resolver algo.

Hay  en todo esto una manipulación mediática y  política muy fuerte. Las encuestas de opinión pública dan cuenta de un crecimiento en la preocupación ciudadana por la inseguridad  al tiempo que  desciende por otros temas como la desocupación que ocupaba los primeros lugares. Esto pesa mucho en política, y más aún en tiempos electorales.

La  manipulación y el problema real

Pero también existe un problema real, que requiere una estrategia adecuada. La crisis en el INAU,  el reciente informe del relator de Naciones Unidas sobre la situación de las cárceles, que se suman a otras denuncias  muestran que el gobierno frenteamplista no ha logrado avanzar sustantivamente  en este tema.  La izquierda debe asumir  sus derrotas,  analizar sus causas,  autocriticar los errores, definir caminos para seguir luchando por las transformaciones. Nunca compartimos las visiones conformistas, autosuficientes,  que tapan los errores e impiden los análisis francos. Es verdad que  estas situaciones se heredaron de períodos anteriores, y desde los episodios puntuales como la compra de las celdas metálicas en el Penal de Libertad durante el gobierno colorado, a la fractura social y la exclusión que promovió el neoliberalismo del Dr. Lacalle, hay responsabilidades  enormes de la  derecha en la situación actual. Pero a 4 años de gobierno frenteamplista este argumento es insuficiente.

Es  un tema complejo que tiene muchas aristas. Aunque la inseguridad es una bandera de los poderosos, no son ellos los principales afectados, ya que sus propiedades están en general protegidas y sus barrios  son  los más seguros, pudiendo disfrutar en mayor medida de los  espacios públicos. En cambio en barrios populares  la inseguridad se ha convertido en un dispositivo de fragmentación social, de retracción en la participación ciudadana, de enfrentamiento de pobres contra pobres,  de estigmatización y segregación contra los jóvenes. El miedo se instala como mecanismo social de aislamiento, cercenando el ejercicio del derecho a la ciudad.

La violencia intrafamiliar: una agresión frecuente y oculta

Otros     planos  de la violencia como la que se aplica dentro del ámbito familiar contra  mujeres y niños, son invisibilizados   . Sin embargo sus efectos sobre la personalidad y el desarrollo futuro  de las víctimas son enormes, estimulando  una espiral que reproduce la violencia hacia las siguientes generaciones. Los victimarios no son aquí adolescentes infractores sino hombres de todos los segmentos sociales. Están fuera de la estigmatización establecida. La cultura autoritaria y machista justifica esta   violencia y la  sociedad no genera los mecanismos de  censura y cuestionamiento  para reveer este tipo de vínculos.

Las cárceles y la inseguridad

La situación de las cárceles ha llegado a niveles de violación sistemática de los derechos humanos, lo cual es muy grave. El gobierno está tomando medidas para paliarla. Obtener más y mejores cárceles  puede  figurar en las medidas inmediatas, pero  la estrategia no puede basarse en ello.  “Vigilar y Castigar “, un trabajo formidable de Michel Foucault  señalaba ya en 1975  que la prisión ha sido un producto histórico en los mecanismos de disciplinamiento de la  sociedad,  que se apoya en su supuesto papel de  transformar a los individuos. Sin embargo una y otra vez se ha comprobado que la prisión no disminuye la tasa de criminalidad. La detención provoca la reincidencia, constata Foucault. La prisión no puede dejar de fabricar delincuentes. Lo sabemos por experiencia. “Admitamos que la ley esté destinada a definir infracciones, que el aparato penal tenga como función reducirlas y que la prisión sea el instrumento de esta represión. Entonces hay que levantar un acta de fracaso.” Luego de tantos años de fracaso uno podría asombrarse de que siga siendo la herramienta central del sistema legal-policial-judicial.

Entonces hay que dar vuelta la pregunta y cuestionarse, dice Foucault, para que sirve este “fracaso” persistente y  las consecuencias  reiteradamente denunciadas  de  inducción de la reincidencia, transformación de un infractor ocasional en un delincuente. Solo cabe suponer que la penalización no está destinada a impedir las infracciones sino a administrar la transgresión de las leyes en una táctica general de sometimiento. El sistema legal-policial-judicial-penitenciario traza los  límites de la  tolerancia,  da cierto campo de libertad a algunos, presiona sobre otros, excluye o castiga, y lo hace por mecanismos  sutiles.  Durante mucho tiempo  los banqueros estafadores estuvieron excluidos, hasta que el crack del 2002 generó una reacción popular que puso a los Peirano en la cárcel.  Por décadas  los grandes traficantes de droga y los lavadores de dinero de esa procedencia fueron  inmunes, mientras el mini -tráfico y hasta el consumo eran castigados. Es un gran logro de este gobierno, que a través de la Junta Nacional de Droga, la Brigada Especial  y el poder judicial, fueran detenidos y procesados  peces gordos del tráfico y el lavado. Sin que funcionaran llamadas telefónicas ni argucias leguleyas.  Y además que ello se hiciera en el marco de una estrategia que  encaró también con  las drogas legales,  que no estigmatizó a los jóvenes, sino que  apostó a la recomposición del entramado social, a la promoción y prevención.

Todavía no se ha logrado algo similar con el gran contrabando y las aduanas.

El parlamento votó una ley sobre penas alternativas que abre otras posibilidades a la acción de la Justicia. Sin embargo su utilización efectiva sigue siendo  mínima y el sistema policial-judicial bajo la presión de la derecha y de los medios de comunicación, continua llenando las cárceles de gente más allá  de lo aceptable  humanamente.  Con la conciencia clara de que con ello no bajará la criminalidad.  ¿Hasta cuando los uruguayos apostaremos a esta vía?

En el debate actual, en el programa aprobado por el Frente Amplio , en las  medidas de gobierno, hay otras alternativas.