viernes 30 de octubre, 2020

20 AÑOS DESPUES: LAS DEUDAS CON EL PASADO RECIENTE Y LAS NUEVAS GENERACIONES

Publicado el 06/04/09 a las 8:36 pm

Por Raúl Olivera


Cuando esta finalizando el plazo de entrega de las firmas ciudadanas, que posibilitarán que, finalmente, el Uruguay se despegue de la una lógica de impunidad que determinó desde hace más de dos lustros, el desarrollo pleno de la vida democrática de nuestro país, se están cumpliendo también, 20 años de aquel 16 de abril de 1989, en que se vió frustrado el primer intento de anular la ley de caducidad.

Muchos de los que en 1989 no habían nacido aún, en estos días debieron firmar y juntar otras adhesiones para que esa herencia nefasta del terrorismo de Estado, no siga obstaculizando los rumbos fundamentales por los que debe transitar una sociedad auténticamente democrática.

Muchos que nacieron en los albores de la dictadura, crecieron en ella, y no pudieron opinar aquel 16 de abril de 1989, también estuvieron inscriptos en este gran desafió que buscó y finalmente logrará derrotar el actual acotamiento por una lógica de impunidad, de la relación que el Estado uruguayo mantuvo con nuestro pasado reciente.

Dicho de otra manera, esa relación con la impunidad que el Estado uruguayo ha mantenido – con matices de distinta profundidad y calidad-, desde el fin de la dictadura hasta nuestros días, en aspectos sustanciales, fue puesta en cuestión por – entre otros-, integrantes de una generación a la que se quiso dejar de lado. Es más, se pretendió fundamentar por algunos actores políticos su original resignación a vivir en impunidad, que no teníamos derecho de traspasarle ese problema a las nuevas generaciones. Y esa generación no sólo aceptó ese reto, sino que puso sus esfuerzos para que así sea.

¿Quiénes son los jóvenes, en este tema? Aquellos que nacidos en el curso del año 1971, no pudieron opinar, en aquel 16 de abril de 1989, pero que aún impedidos de expresarse, trabajaron para que aquel desafío ciudadano y democrático, pudiera materializarse.

Una parte importante de ellos, identificados con los compromisos históricos de la fuerza que hoy ocupa el gobierno, contribuyeron con su voto y otras formas de militancia, a que en el Uruguay se instalara el actual escenario político de estos últimos años. No es una afirmación caprichosa ni traída de los pelos, decir que esa generación tiene dificultades que son consecuencia de que “su” gobierno, ha optado por convivir en un escenario de impunidad a partir de la supervivencia de la ley de caducidad.

Para una generación que debe y necesita creer en las infinitas posibilidades que le puede ofrecer una sociedad, no le es suficiente, una mirada autocomplaciente que sólo enumere los avances que en este terreno se han operado – excavaciones en unidades militares, informes de las fuerzas armadas, apertura de algunos archivos de la represión, habilitación de extradiciones y una interpretación de la ley de caducidad que permitió el procesamiento de algunos violadores de los derechos humanos.

Se sostiene que supuestas faltas de participación –o insuficiente involucramiento-, de los jóvenes en las tareas históricas que el movimiento popular se ha planteado con relación a los cambios en nuestra sociedad, tiene causas complejas y variadas. Y muchas veces las visiones críticas de los jóvenes, hacia la política u otras formas tradicionales de organización del movimiento popular, han llevado a la conclusión simplista y parcial de que esa generación perdió (si laguna vez lo tuvo), o no ha logrado inmiscuirse en las tareas colectivas que significa participar en un sindicato o una organización social o política.

Sería interesante, analizar en cifras, cuantos nuevas voluntades ciudadanas integrantes de las nuevas generaciones se sumaron para hacer posible la consulta popular sobre la ley de caducidad y cuantos finalmente se inclinaran por declararla nula. Creemos sin temor a equivocarnos, que tienen un peso sustancial y definitorio, las “nuevas opiniones”, que no solo quieren definir sobre una deuda del pasado, sino que han entendido acertadamente, que esa sombra del pasado se extiende sobre su futuro de no resolverla- y disiparla-, adecuadamente.

Hace pocos días, para llevar agua al molino de la resignación y del estatus quo del reino de la impunidad, se traía a colación opiniones de personajes políticos, sobre lo que de alguna manera esta como telón de fondo de la impunidad: la transición de la dictadura a la democracia.

Una de esas opiniones trascritas en un medio de prensa, decía: En definitiva, la transición viene a ser algo así como una transacción. También es una lección que podemos sacar de nuestra transición, la necesidad de solucionar las cuestiones pendientes del pasado con criterio político y conciliador. Se recupera la democracia, se recupera el Estado de Derecho y no hay excepción que valga de ahí para adelante, pero de ahí para atrás hay que marcarse no sólo criterios jurídicos, sino criterios políticos, que atiendan más a la conveniencia política que a la justicia”.

Un analista político, expresaba: “Aceptación casi unánime del cierre de la transición, con la excepción de un pequeño grupo de personas que no se resignaron a ello y siguieron luchando por la apertura del tema” (de los derechos humanos).

Esa porción del electorado nuevo que se incorpora para resolver, no sólo que partido gobernara el país y que candidato encabezara cada oferta electoral, se ha preguntado con valentía y sin prejuicios ni conveniencias políticas si con relación a las formas de relacionarnos y resolver las deudas con nuestro pasado reciente ¿es todo lo que se podía y debía hacer?, y se han respondido que no es todo lo que se podía y menos aun lo que se decía hacer.

No podemos afirmar si esa respuesta en la mayoría de los casos fue construida a partir de analizar las definiciones del Programa de la fuerza política que hoy esta al frente del gobierno; o si lo hizo a partir de las obligaciones y los acotamientos legales que emergen del derecho interno y la legislación internacional; y tampoco a partir de una fina evaluación de la estrecha relación entre las formas de encarar este tema y la necesidad de avanzar en la profundización democrática.

Lo que si es claro que se inclino por la justicia y no por la conveniencia política. Que se considero integrante – o se sumo a medida que estuvo en condiciones de integrarse a la vida política-al pequeño grupo que no acepto los términos del cierre de la transición y no se resigno. Que quiere otro cierre de la transición, donde se abran los amplios caminos de la verdad y la justicia.

El proceso de renovación generacional al que todos los partidos no dejan de referirse, no es sólo un problema de edad. Jóvenes que piensen con la lógica de aquellos que pueden pensar que los derechos son una moneda de cambió, o los que se resignan, es el mismo perro con distinto collar, o con menos años.
El proceso de renovación necesario a todos los niveles, no debe limitarse a un tema de edad, ni la igualdad de la participación exclusivamente a la incorporación de la mujer. Ese proceso necesita avanzar en mas jóvenes y mujeres participando en formas políticas que no subordinen la justicia a las conveniencias políticas, y sí concluyan que si la ley de caducidad es un mamarracho jurídico, sus interpretaciones, más allá que permitan avanzar en perforar el muro de la impunidad, no están libres de ser también una suerte de desprolijidad antijurídica y política que la seriedad del Estado no debería permitir.

Es comprensible, aunque no compartible, que los jóvenes sientan cierto rechazo de participar en política si quienes hacen política desde los gobiernos intenten permanentemente ser los “administradores” de los derechos humanos.

Trabajo y Utopia No. 86, marzo del 2009.

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