jueves 22 de octubre, 2020

LA NECESARIA REPARACION A LAS CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

Publicado el 19/03/09 a las 12:00 am

Por Raúl Olivera

La Reparación de las consecuencias del Terrorismo de Estado es obligación de los Estados. Obligación que las políticas de los gobiernos de turno, deben materializar en nombre de la sociedad. La forma en que la misma se define, debe ser una operación transparente, democrática y ajustada a los parámetros y criterios establecidos por las normas y los acuerdos de la comunidad internacional.

La omisión de los tres primeros gobiernos que siguieron a la dictadura, y la “solución”a medias tintas que se inició en el gobierno de Batlle con la aprobación de la ley de restitución de los derechos jubilatorios a los trabajadores de la industria privada – posteriormente ampliada en la ley 18.033-, llevan a que a casi un cuarto siglo de recuperada la democracia, el tema continué sin resolverse adecuadamente.

La forma en que la sociedad toma conocimiento de su encare y las informaciones que se vuelcan a la opinión publica en el inicio de este año, indican que la transparencia y la claridad, falta.

ANTECEDENTES MÁS RECIENTES DEL TEMA

En los primeros meses del año 2007 , el Presidente de la República envió al Parlamento un proyecto de ley que establecía un mecanismo de reparación para las víctimas de la violencia en tiempos de dictadura y pre-dictadura. El mismo tenía además, el objetivo explicitado de que con ello se cerraría una etapa de nuestra historia reciente. Allí se establecìa una forma llamativa del “nunca más”: «nunca más habría lucha entre hermanos». Además, el proyecto insólitamente estaba basado en una iniciativa del diputado Daniel García Pintos, reparaba tanto a las víctimas de la «sedición» como a las que sufrieron el terrorismo de Estado.
El hecho que desde el gobierno de izquierda, mediante esa iniciativa se instalara sobre los hechos del pasado, la teoría de los dos demonios, manejada tradicionalmente por la derecha uruguaya, introdujo a los justos reclamos de reparar algunas de las consecuencias del terrorismo de Estado, en un terreno cargado de contradicciones. Desde él, se irán alineando las distintas visiones sobre el pasado reciente y por ende, de los posicionamientos que en otros aspectos de la lucha contra la impunidad , continúan- pese a las definiciones de sus máximos órganos de decisión-, existiendo en filas de algunos integrantes del partido de gobierno.
Ya no se trataría solo de debatir como cumplir con una obligación establecida en la legislación del derecho humanitario; sino de establecer, si el terrorismo de Estado había sido una lógica y buscada consecuencia del violentísimo de sectores de la izquierda o todo lo contrario.

El archivo posterior de ese proyecto del Ejecutivo que contradecía la visión histórica de la fuerza política en el gobierno, no evitará que ese aspecto continuara incidiendo en la consideración del tema de la reparación de las consecuencias del terrorismo de Estado.

En tanto la reparación es un paso más en la lucha contra la cultura de la impunidad que existe aun en el Uruguay, no es extraño que los vaivenes  y las indefiniciones en encarar el tema de la impunidad con la responsabilidad y la fuerza que corresponde a un gobierno de izquierda, se manifiesten en este tema.

¿COMO DIJO?

El año 2009 se abre, en referencia a la obligación del Estado uruguayo de encarar una verdadera y autentica reparación a las victimas del terrorismo de Estado, con el anuncio en un medio de prensa, de que “Por primera vez, el Estado reconocerá que cometió crímenes de lesa humanidad”  en el texto de un proyecto de ley que se enviaría en marzo al Parlamento. El mismo anuncio periodístico expresaba, que dicha ley plantearía además, resarcir a quienes padecieron cárcel, exilio, persecución ideológica y a los familiares de los detenidos desaparecidos .

El anuncio de que el Estado se hará «único responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad» y de haber propiciado el «terrorismo de Estado» entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 y que pedirá «perdón» por las violaciones cometidas a los Derechos Humanos e institucionalizará el 11 de abril  como el «día nacional de la memoria», levanto polvareda en sectores vinculados al colectivo militar y cierto nivel de cautelosa aceptación en el campo de los defensores de los derechos humanos.

La ley, contendría, de acuerdo a la publicación de un matutino, además reparación asistencial  y económica dirigida a ciudadanos que, hasta ese momento, no habían sido amparados por leyes anteriores .
Se anunciaba que el  proyecto de ley, redactado por un grupo de parlamentarios e integrantes del Poder Ejecutivo del Frente Amplio , al igual que las anteriores en esa materia, requerirá de los posibles beneficiarios para ser acogidos, registros oficiales de haber estado detenido, de haberse visto obligado y por razones políticas o gremiales a ausentarse del país o de convivir clandestinamente a causa de la persecución ideológica.

Con esta iniciativa, se anunciaba que se pretendería atender una de las demandas de organismos de la ONU desde hace 23 años.

Como expresamos anteriormente, desde el campo de las víctimas se expresó satisfacción y matices ante el anuncio: la abogada Hebe Martínez Burlé declaro que » Ya era hora, después de 23 años, de que se reconociera que hubo delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, que no es lo mismo que los cometidos por una guerrilla o seres humanos que atentan contra las leyes», y se manifestó de acuerdo con el proyecto de ley . El Dr.Oscar López Goldaracena, autor de un proyecto de ley que con el mismo propósito había presentado la organización que nuclea a los ex presos políticos (CRYSOL) en julio de 2007, anotaba que todo parecía indicar que el proyecto de ley «no contendría todos los elementos del proyecto general»  presentado. «Lo que hay que dejar en claro, puntualizaba, es que, si deja fuera a un universo de víctimas o si no se da una reparación integral acorde a los estándares internacionales, no se puede hablar de un proyecto de reparación integral».

Otra línea de matices, dejan traslucir desde la oposición blanca, las declaraciones de la diputada Beatriz Argimón . Para la diputada nacionalista, el anuncio de que la norma cubrirá los sucesos registrados entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, lo que en principio dejaría fuera de la posibilidad de reparación a las víctimas de otros episodios de violencia política, anteriores a aquella fecha: “siempre consideré que se necesita una ley que ponga todo en orden, que abarque todas las situaciones (…) son diferentes grupos de la sociedad los que tienen necesidad de reparación». Por es razón, confesaba Argimón, en algún momento se manejó la posibilidad de sancionar dos proyectos de ley diferentes: «En esto de las reparaciones hay que ser muy cuidadosos, y la propia ley tiene que contemplar excepciones (…) es «muy posible» que «tras el debate parlamentario, se consideren situaciones fuera de la previsión de la ley».

A pocas horas de aquella noticia, otro medio de prensa  instalaba el tema desde otra lógica, ya que se desmentían las informaciones de LA REPÚBLICA y se establecían nuevos elementos que por supuesto agitaron aún más las aguas del enero montevideano. Según LA DIARIA, el anteproyecto de reparación integral redactado por una comisión de legisladores frenteamplistas no incluye un pedido de perdón del Estado, no habrá Día de la Memoria el 11 de abril, y la reparación no será sólo para quienes sufrieron el terrorismo de Estado: el grupo maneja la idea de incorporar “no sólo a las víctimas que tengan que ver con el terrorismo de Estado” directamente, sino también “a las víctimas de todo lo vinculado al terrorismo de Estado”, dando cabida, con una “visión abarcativa”, a aquellos que murieron a causa de acciones de la guerrilla de izquierda. Se tiene en cuenta tanto a “los familiares de asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado” como a los de “todos aquellos que murieron o sufrieron pérdidas como consecuencia de conflictos armados” .
Desde la oposición, no se ocultaron las molestias por el retorno a la agenda política de la reparación a las víctimas de la dictadura.

En conferencia de prensa el diputado colorado Daniel García Pintos criticó la posibilidad de que la reparación abarque a las víctimas del terrorismo de Estado y reclamó al presidente Vázquez que una futura indemnización contemple también a  familiares de policías y militares muertos “en defensa de las instituciones”. A su vez la Asociación Patriótica «14 de Abril de 1972», integrada por militares retirados con actuación durante la dictadura -y que integra también García Pintos, reclama al gobierno que repare económicamente a ambas partes involucradas en los enfrentamientos de los años 60 y 70. Según esta organización el Presidente Vázquez debe mantener su palabra, cuando en el año 2007 resolvió impulsar un proyecto presentado por ellos reparando económicamente a familiares de cerca de 70 militares, policías y civiles muertos por los subversivos, y otras 70 personas fallecidas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado, con una suma de US$ 150.000.

Luisa Cuesta, de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que su grupo no fue convocado a discutir ese tema, que “nunca reclamó dinero” (…)“Queremos reparación integral, pero no dinero (…) que todo el mundo sepa que nuestros desaparecidos no eran delincuentes, sino hombres y mujeres que vivían la vida y peleaban por una idea (…) nosotros no necesitamos perdón. Necesitamos verdad”.

En medio de la confusión de informaciones contradictorias y posicionamientos en torno a ellas, otra integrante de la Comisión de parlamentarios del gobierno, la Senadora Lucía Topolansky , declara que la futura ley de reparación integral incluirá sólo a las víctimas del terrorismo de Estado y que el Estado fijará su mera culpa en el proyecto por los crímenes cometidos antes y durante la última dictadura. El reconocimiento y el perdón por parte del Estado de haber utilizado el aparato para reprimir «es lo único firme que tendrá la ley».

Acerca de las reparaciones, la senadora reflexionaba, que el universo de víctimas es tan amplio y complejo que «seguramente no vamos a poder saldar todas las deudas que el Estado tiene con la ciudadanía.

Tendríamos que sumar los 3 millones y pico de uruguayos, restarles los represores y ahí sí llegaríamos a la cifra de personas a resarcir, porque todos, de una manera u otra, han sufrido el terrorismo de Estado». En cuanto al periodo que comprenderá la futura ley, la Senadora agrega otra información novedosa: abarcará también a las víctimas que hubo entre el 16 de junio de 1968 y hasta el 26 de junio de 1973.

En cuanto al día del nunca más, Topolansky declara que la fecha 11 de abril, es la fecha que más aceptación ha recogido , pero que sería el Poder Ejecutivo quien tenga la determinara.

El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, declara que su cartera no está al tanto de ningún proyecto de ley de estas características .

Sin duda, más allá de las demoras y dilaciones en encarar el tema en profundidad, resulta totalmente ajeno a las prácticas de respeto a los derechos democráticos de los ciudadanos, que un tema de tanta sensibilidad social, sea debatido con tantas opacidades y desencuentros por parte del gobierno. Mientras tanto sigue planteada una deuda sin resolver y saldar que se suma a las otras dimensiones de la impunidad.

¿UN CORSO A CONTRAMANO?

Al cierre de Trabajo y Utopía, la organización que nuclea a presos políticos, emitía una declaración al tiempo que manifestaba que “Crysol desconoce el proyecto de ley de reparación integral que estudia el gobierno” y que “El único proyecto de ley reparación integral (…) que cumple con la normativa de DDHH que Uruguay ha ratificado en los foros internacionales, es el que presentó Crysol junto con el Dr. Oscar López Goldaracena el 9 de Julio del año 2007”.

En la declaración expresan que a“24 años de institucionalidad democrática es tiempo para que el Estado uruguayo: 1. Asuma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, inamnistiables e imprescriptibles, y que se investiguen todas las denuncias. Que se lleven adelante los juicios a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los DDHH, según estipula la legislación nacional e internacional, garantizando así el NUNCA MAS. 2. Instrumente una Ley de Reparación Integral para todos los universos de víctimas de la dictadura cívico militar y sus prolegómenos poniendo en práctica la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas (ONU) que trata integralmente los aspectos necesarios para que una ley sea efectivamente de Reparación Integral  implementando adecuadamente los principios básicos de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición”.

Tomado de Trabajo & Utopía, marzo/09.

3 Comentarios para “LA NECESARIA REPARACION A LAS CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO DE ESTADO”

  1. Luis Bertolino

    Abr 1st, 2009

    Han transcurrido 24 años que vivimos en democracia,ya es tiempo de que el estado uruguayo se responsabilice,por las violaciones de los Derechos Humanos y todo tipo de crimenes llevado adelante por la dictadura militar, y de acuerdo a la Resolucion 60/147 de la ONU se aplique una ley de Reparacion Integral que sea aceptada por Crysol, nuestra organizacion

  2. daniel

    Abr 2nd, 2009

    quisiera saber si la ley de reparacion integral que presento crysol comprende a familiares de los asesinados .porque no se los nombra explicitamente.
    desde muchas gracias.

  3. admin

    Abr 3rd, 2009

    Sí, comprende a los asesinados también.

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