La caducidad se empieza a desmoronar

Publicado el 25/02/09 a las 2:23 am

Por Luis Puig – Integrante de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad

Analizar la actual coyuntura en materia de DDHH implica una mirada rigurosa del contexto histórico en que se ha desarrollado esta lucha en los últimos 30 años.

La construcción de la impunidad en torno a los crímenes del terrorismo de estado comenzó en la propia dictadura cívico militar. Pero sin duda, un papel fundamental en esta construcción le correspondió a los cuatro gobiernos que la sucedieron.

El golpe de estado y la instalación del terrorismo en el país y la región no fue la aventura de un grupo de militares fascistas y mesiánicos, sino la respuesta de las clases dominantes a la resistencia popular que enfrentó la reestructuración capitalista impulsada por el imperialismo. Una constante en los países de la región fue que al fin de las dictaduras cívicos militares se promulgaran leyes que aseguraran la impunidad para los crímenes de lesa humanidad. En Uruguay la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada en tiempo récord por ambas cámaras (en apenas 5 días) y promulgada el 22 de diciembre de 1986 por el Poder Ejecutivo el mismo día que debían declarar ante la Justicia connotados terroristas de Estado.

La mayoría del Parlamento cedió al chantaje militar y del gobierno colorado votando una ley que impedía la acción de la Justicia, que desconocía la independencia del Poder Judicial y que violaba todas las normas internacionales en materia de DDHH suscritas por el país.

En las propias Actas parlamentarias quedaron estampadas las constancias del chantaje impuesto al Parlamento y a la sociedad.

Un clima similar se vivió hacia el plebiscito de 1989 en el que nuevamente la amenaza, el ocultamiento de la verdad, la negación de hechos irrefutables (por ejemplo cuando se afirmaba que en Uruguay no había niños desaparecidos ni se había ejecutado prisioneros) en medio de una censura tal que impidió que se difundiera el video televisivo en el que Sara Méndez denunciaba que su hijo Simón, de 20 días de edad, fue secuestrado en Buenos Aires por un comando militar uruguayo, impidieron la libre determinación del pueblo uruguayo en aquel referéndum. Doce años de dictadura habían dejado instalado el miedo en buena parte de la sociedad y la ignorancia de los aberrantes hechos que habían sucedido en el país. Luego vinieron los años del «este tema está laudado, en Uruguay no es posible la justicia».

La lucha inclaudicable en aquellos años de madres y familiares de detenidos desaparecidos, organizaciones de DDHH y organizaciones sociales, como el PIT-CNT, Fucvam, FEUU, Serpaj, hicieron posible que el tema no fuera enterrado.

Desde 1996, las marchas del 20 de Mayo no han dejado de crecer, reafirmando la voluntad de nuestro pueblo de luchar por Verdad y Justicia.

El movimiento popular no estuvo ajeno a debates sobre la necesidad o no de presentar testimonio, de instalar causas judiciales. Lentamente se fue abriendo espacio la decisión de articular la denuncia con la movilización y la presentación de causas que empezaran a abrir grietas en la impunidad.

En ese marco se inscriben las denuncias realizadas ante la justicia uruguaya como las presentadas ante la justicia española, italiana y argentina.

La asunción del gobierno de Jorge Batlle en el año 2000 reinstaló el debate con su inflexión en el tema DDHH al constituir la llamada Comisión para la Paz.

En el campo popular, incluyendo sectores políticos, sociales y de DDHH, hubo quienes generaron expectativas en la política de DDHH del presidente Batlle, sin advertir que la misma en lo fundamental estaba orientada a consagrar la impunidad.

En el año 2000 se produce el primer dictamen judicial que ampara a una madre en el derecho a saber sobre el destino de su hija desaparecida. La Dra. Juvet sentencia que el Ministerio de Defensa debía esclarecer el destino de la maestra Elena Quinteros. La prosecución de esa causa dio como resultado el primer procesamiento en Uruguay de un terrorista de estado, que fue el caso del canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.

¿Qué hubiera pasado si hubiéramos aceptado la «verdad posible» de la comisión para la Paz?

Uruguay debe, tal cual lo reclaman desde el año 1992 la Corte Interamericana de DDHH y la Comisión Interamericana de DDHH, anular la Ley de Impunidad por ser contraria a la protección y promoción de DDHH.

Esta resolución Nº 19/92, en pleno gobierno del doctor Lacalle, da por tierra la argumentación que dice que durante su administración no hubo reclamos sobre los crímenes del terrorismo de Estado.

La campaña por la anulación de la ley de impunidad que lleva adelante la Coordinadora Nacional por la anulación tiene que ver fundamentalmente con el futuro; con asegurar que las futuras generaciones de uruguayos nunca más se vean expuestas a la dictadura, al terrorismo de estado y a la tortura como práctica sistemática de represión política.

Seguramente a que es una apuesta fundamental al futuro se debe la enorme adhesión que esta campaña está teniendo entre los jóvenes.

La recolección de más de 210.000 firmas y la certeza de que antes del vencimiento del plazo constitucional se superarán largamente las firmas requeridas instalan en el país, una diyuntiva ineludible de la que ningún sector político podrá sustraerse.

No habrá 3 alternativas, sólo 2: se está a favor o en contra de la verdad y la justicia ,

Se apuesta a un futuro democrático o a ser cómplices de los peores criminales de la historia del país.

Como dice Cacho López Balestra, figura señera del Partido Nacional, ex presidente de la Cámara de Diputados y luchador incansable contra la impunidad, esta campaña tiende a convertirse en un movimiento ciudadano que traspasa las fronteras de los partidos. Es así que ciudadanos frenteamplistas, blancos, colorados e independientes dejan estampadas en las papeletas su decisión de Afirmar el futuro.

¿Cuál será el mensaje de los líderes a la ciudadanía? ¿Lacalle y Larrañaga le darán la espalda a los cientos de miles de votantes blancos profundamente democráticos que votarán para anular la impunidad?

Ha sido muy importante la respuesta del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte, la situación no admite ambigüedades.

Hoy el Parlamento tiene la oportunidad histórica de declarar algo que rompe los ojos que esta ley es inconstitucional. Ojalá que la votación no refleje conveniencias electorales, sino la decisión de comprometerse con un futuro libre de impunidad, esa que ha impregnado a nuestra sociedad durante décadas